ADIF tiene que pagar el justiprecio . LETRADOX ABOGADOS
Los afectados de A Mariña por las expropiaciones pueden reclamar el dinero correspondiente a ADIF
La Voz de Galicia en su edición del 18 de febrero de 2022 se ha hecho eco de la plataforma de afectados que está constituyendo LETRADOX Abogados para reclamar el justiprecio por las expropiaciones de ADIF por las vías del tren.
a los vecinos afectados por expropiaciones de los terrenos colindantes a las vías del tren
Expropiación Viveiro Abogados
Los vecinos de A Mariña Lucense con fincas colindantes con las vías del tren tienen derecho a solicitar una indemnización (justiprecio) por los terrenos expropiados. Las alteraciones catastrales que se están llevando a cabo están relacionadas con la expropiación realizada en 1968 en las cuales estamos comprobando que no se cobró el justiprecio por los dueños de las fincas en la mayoría de los casos.
La Ley de Expropiación Forzosa de 1954 señala en sus artículos 47 y 48 que en todos los casos de expropiación se abonará al expropiado el justo precio mediante talón nominativo al expropiado o por transferencia bancaria.
LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA
Recomendamos realizar una actuación conjunta entre los afectados por la vía adecuada, iniciándose un expediente administrativo conforme a la Ley de Expropiación Forzosa– apunta Mercedes de Parada, abogada.
Estamos ya poniéndonos en contacto con plataformas y vecinos de la zona de A Mariña lucense para reunir a todos los afectados y que podamos defender los intereses del mayor número posible de vecinos para que cobren la indemnización que les corresponde con intereses.
Si algún vecino quiere obtener más información, sin compromiso, está aún a tiempo de hacerlo – señala Marcos Rivas Fernández, abogado del despacho LETRADOX® (teléfono: 645958948 email: info@letradox.es (Madrid y Galicia (Viveiro)).
expropiación viveiro abogados
https://www.letradox.com/wp-content/uploads/2022/02/VIVEIRO.-EXPROPIACIONES-ADIF.-LETRADOX-ABOGADOS.jpeg949896letradoxhttps://www.letradox.com/wp-content/uploads/2020/05/logo-letradox.jpegletradox2022-02-21 18:24:422022-02-21 18:24:42ADIF tiene que pagar el justiprecio. Viveiro. LETRADOX ABOGADOS
🛑Entrevista a don Alejo Vidal-Quadras (Vicepresidente del Parlamento Europeo 1999-2014, catedrático de Física Atómica y Nuclear y comentarista político) para Referentes® de LETRADOX® Abogados.
La entrevista en vídeo con las respuestas de nuestro invitado en nuestro canal de YouTube y nuestra web.
Referentes® es una marca registrada de Letradox® Abogados.
https://www.letradox.com/wp-content/uploads/2022/02/Entrevista-Alejo-Vidal-Quadras-Referentes-LETRADOX.jpeg6431170letradoxhttps://www.letradox.com/wp-content/uploads/2020/05/logo-letradox.jpegletradox2022-02-20 19:13:102022-02-20 19:13:10Entrevista a Alejo Vidal Quadras para REFERENTES® de LETRADOX®
Despacho de abogados internacional con sede en Madrid.
International Law firm in Spain
LETRADOX® International Law firm in Spain
Nuestra experiencia internacional ofrece a su empresa un servicio jurídico profesional de calidad con atención personalizada inmediata desde nuestras oficinas de Madrid (España) y con socios locales en las principales regiones de negocios del mundo: EEUU , Europa y Emiratos Árabes.
Las amplias áreas de práctica jurídica que abarca nuestro despacho y nuestra experiencia procesal en procedimientos judiciales y arbitrales aseguran un asesoramiento y defensa integral para todas las cuestiones que su empresa necesita.
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Multicanal. 24h/7días.
(English version)
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The broad areas of legal practice that our firm covers and our procedural experience in judicial and arbitration proceedings ensure comprehensive advice and defense for all the issues that your company needs.
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https://www.letradox.com/wp-content/uploads/2022/02/International-law-firm-madrid.jpeg6621170letradoxhttps://www.letradox.com/wp-content/uploads/2020/05/logo-letradox.jpegletradox2022-02-08 16:53:302022-02-08 16:53:57LETRADOX® International Law firm in Spain
Todas las preguntas y respuestas sobre los procedimientos judiciales.
LETRADOX® Abogados
(English version below)
En esta serie de 6 vídeos resolvemos las principales dudas que nos transmiten nuestros clientes a lo largo de los procedimientos judiciales.
Demanda
Contestación a la demanda
Audiencia Previa
Juicio
Sentencia
Costas
¿Cómo son los procedimientos judiciales? En estos vídeos realizados por nuestro equipo, la letrada doña Mercedes de Parada, fundadora y CEO de Letradox®, de principio a fin lo explica de manera sencilla.
El juicio principiará por demanda, en la que, consignados de conformidad con lo que se establece en la ley los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio o residencia en que pueden ser emplazados, se expondrán numerados y separados los hechos y los fundamentos de derecho y se fijará con claridad y precisión lo que se pida.
Junto a la designación del actor se hará mención del nombre y apellidos del procurador y del abogado, cuando intervengan.
Los hechos se narrarán de forma ordenada y clara con objeto de facilitar su admisión o negación por el demandado al contestar. Con igual orden y claridad se expresarán los documentos, medios e instrumentos que se aporten en relación con los hechos que fundamenten las pretensiones y, finalmente, se formularán, valoraciones o razonamientos sobre éstos, si parecen convenientes para el derecho del litigante.
En los fundamentos de derecho, además de los que se refieran al asunto de fondo planteado, se incluirán, con la adecuada separación, las alegaciones que procedan sobre capacidad de las partes, representación de ellas o del procurador, jurisdicción, competencia y clase de juicio en que se deba sustanciar la demanda, así como sobre cualesquiera otros hechos de los que pueda depender la validez del juicio y la procedencia de una sentencia sobre el fondo.
En la petición, cuando sean varios los pronunciamientos judiciales que se pretendan, se expresarán con la debida separación. Las peticiones formuladas subsidiariamente, para el caso de que las principales fuesen desestimadas, se harán constar por su orden y separadamente.
Video 2.
La contestación a la demanda.
El Letrado de la Administración de Justicia, examinada la demanda, dictará decreto admitiendo la misma y dará traslado de ella al demandado para que la conteste en el plazo de veinte días.
En la contestación a la demanda, que se redactará en la forma prevenida para la demanda, el demandado expondrá los fundamentos de su oposición a las pretensiones del actor, alegando las excepciones materiales que tuviere por conveniente. Si considerare inadmisible la acumulación de acciones, lo manifestará así, expresando las razones de la inadmisibilidad. También podrá manifestar en la contestación su allanamiento a alguna o algunas de las pretensiones del actor, así como a parte de la única pretensión aducida.
En la contestación a la demanda habrán de negarse o admitirse los hechos aducidos por el actor. El tribunal podrá considerar el silencio o las respuestas evasivas del demandado como admisión tácita de los hechos que le sean perjudiciales.
También habrá de aducir el demandado, en la contestación a la demanda, las excepciones procesales y demás alegaciones que pongan de relieve cuanto obste a la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo.
Video 3.
Audiencia Previa
Una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvención, o transcurridos los plazos correspondientes, se celebra la audiencia previa.
Se informará a las partes de la posibilidad de recurrir a una mediación.
Las partes habrán de comparecer en la audiencia asistidas de abogado y con procurador.
Si no compareciere a la audiencia ninguna de las partes, se levantará acta haciéndolo constar y el tribunal, sin más trámites, dictará auto de sobreseimiento del proceso, ordenando el archivo de las actuaciones.
También se sobreseerá el proceso si a la audiencia sólo concurriere el demandado y no alegare interés legítimo en que continúe el procedimiento para que se dicte sentencia sobre el fondo. Si fuere el demandado quien no concurriere, la audiencia se entenderá con el actor en lo que resultare procedente.
Cuando faltare a la audiencia el abogado del demandante, se sobreseerá el proceso, salvo que el demandado alegare interés legítimo en la continuación del procedimiento para que se dicte sentencia sobre el fondo. Si faltare el abogado del demandado, la audiencia se seguirá con el demandante en lo que resultare procedente.
Video 4.
El juicio.
El juicio tendrá por objeto la práctica de las pruebas de declaración de las partes, testifical, informes orales y contradictorios de peritos, reconocimiento judicial en su caso y reproducción de palabras, imágenes y sonidos. Asimismo, una vez practicadas las pruebas, en el juicio se formularán las conclusiones sobre éstas.
Si no compareciere en el juicio ninguna de las partes, se levantará acta haciéndolo constar y el tribunal, sin más trámites, declarará el pleito visto para sentencia. Si sólo compareciere alguna de las partes, se procederá a la celebración del juicio.
El juicio comenzará practicándose las pruebas admitidas.
Practicadas las pruebas, las partes formularán oralmente sus conclusiones sobre los hechos controvertidos, exponiendo de forma ordenada, clara y concisa, si, a su juicio, los hechos relevantes han sido o deben considerarse admitidos y, en su caso, probados o inciertos.
Video 5.
Sentencia.
La sentencia, según la ley, se dictará dentro de los veinte días siguientes a la terminación del juicio.(Aunque depende de la carga de trabajo de cada juzgado. Puede ser antes o después de ese plazo).
Una vez que se pronuncia la Sentencia, y ésta, por ejemplo determina que el condenado tiene que pagar una cantidad de dinero; si no lo hace , hay que instar un procedimiento de ejecución de sentencia.
Una vez que cumple el condenado, (ya sea después del procedimiento de ejecución o no), éste tiene que depositar el dinero al juzgado y el juzgado expide un mandamiento de pago (o por transferencia) que hace entrega al procurador. La manera de hacerse depende de cada juzgado. Finalmente, el dinero que corresponde se abona al ganador del pleito. La duración de estos trámites depende de la carga de trabajo de cada juzgado, por lo que no podemos precisarlo. En cualquier caso, cuando el abogado tiene noticia por el juzgado de que se han efectuado estos trámites, se lo comunica al cliente.
Video 6.
¿Quién paga las costas de un juicio?
Según la ley; en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares.
Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad.
All questions and answers about court proceedings.
LETRADOX Lawyers
In this series of 6 videos we solve the main doubts that our clients transmit to us throughout the legal proceedings.
Demand
Statement of Defence
Pretrial conference
Trial
Judgment
Court costs
What are the court procedures like? From start to finish we explain it to you in a simple way in this video of the lawyer Mrs. Mercedes de Parada, founder and CEO of Letradox®.
Video 1.
The claim
The lawsuit shall begin with the application, in which, in accordance with the provisions of the law, the details and circumstances of identification of the plaintiff and the defendant and the domicile or residence where they may be summoned, the facts and grounds of law shall be set out numbered and separately, and what is requested shall be clearly and precisely stated.
In addition to the name of the plaintiff, the name and surname of the procurator and of the advocate, where they intervene, shall be stated.
The facts shall be set out in an orderly and clear manner in order to facilitate their admission or denial by the defendant when answering. In the same order and with the same clarity, the documents, means and instruments that are provided in relation to the facts on which the claims are based shall be expressed and, finally, assessments or reasoning on these shall be formulated, if they seem appropriate for the rights of the litigant.
In the grounds of law, in addition to those relating to the merits of the case, the appropriate arguments concerning the capacity of the parties, the representation of the parties or of the procurator, jurisdiction, competence and the type of trial in which the claim is to be heard, as well as any other facts on which the validity of the trial and the validity of a judgement on the merits may depend, shall be included with appropriate separation.
Where several judgments are sought, they shall be stated in the application in such a way as to be duly separated. The applications made in the alternative, in the event that the main applications are rejected, shall be stated in their order and separately.
Video 2.
The defence to the application.
After examining the claim, the Legal Secretary for the Administration of Justice shall issue a decree admitting the claim and shall send it to the defendant so that he may answer it within twenty days.
In the defence to the application, which shall be drawn up in the form provided for the application, the defendant shall set out the grounds of his opposition to the claims of the plaintiff, raising such defences as he deems appropriate. If he considers the consolidation of actions to be inadmissible, he shall so state, stating the reasons for the inadmissibility. He may also state in his defence his acquiescence in one or more of the plaintiff’s claims or in part of the sole claim asserted.
The statement of defence must deny or admit the facts relied on by the plaintiff. Silence or evasive answers by the defendant may be considered by the court as tacit admission of facts detrimental to the defendant.
The defendant must also, in his defence to the claim, raise pleas in law and other pleas in law that may obstruct the valid continuation and termination of the proceedings by means of a judgement on the merits of the case.
Video 3.
Preliminary Hearing
Once the claim and, where appropriate, the counterclaim have been answered, or once the corresponding time limits have elapsed, the preliminary hearing is held.
The parties will be informed of the possibility of mediation.
The parties must appear at the hearing in the presence of a lawyer and a solicitor.
If none of the parties appear at the hearing, a record shall be drawn up and the court shall, without further formality, issue an order to dismiss the proceedings, ordering the proceedings to be closed.
The proceedings shall also be dismissed if only the defendant attends the hearing and does not allege a legitimate interest in the continuation of the proceedings so that a judgement on the merits may be handed down.
If :
it is the defendant who does not attend, the hearing shall be heard with the plaintiff in so far as is appropriate.
the applicant’s lawyer does not attend the hearing, the proceedings shall be dismissed, unless the defendant claims a legitimate interest in the continuation of the proceedings for judgment on the merits.
– the defendant’s counsel is absent, the hearing shall be continued with the plaintiff in so far as is appropriate.
Video 4.
The trial.
The purpose of the trial will be the taking of evidence of the parties’ statements, testimonies, oral and contradictory reports of experts, judicial recognition if necessary, and the reproduction of words, images and sounds. Likewise, once the evidence has been taken, conclusions shall be drawn from it at the trial.
If none of the parties appear at the trial, a record shall be drawn up stating this and the court shall, without further formality, declare the case to be ready for judgement. If only one of the parties appears, the trial shall proceed.
The trial shall commence with the taking of the evidence admitted.
Once the evidence has been heard, the parties shall orally formulate their conclusions on the disputed facts, setting out in an orderly, clear and concise manner, whether, in their opinion, the relevant facts have been or should be considered admitted and, where appropriate, proven or uncertain.
Video 5.
Sentence.
The judgment, according to the law, will be issued within twenty days after the end of the trial (although it depends on the workload of each court. It may be before or after this period).
Once the sentence is pronounced, and it determines, for example, that the sentenced person has to pay an amount of money; if he/she does not do so, a procedure for the execution of the sentence must be initiated.
Once the defendant complies (whether after the enforcement procedure or not), he/she has to deposit the money with the court and the court issues a payment order (or transfer order) which is handed over to the procurator. How this is done depends on the court. Finally, the money is paid to the winner of the lawsuit. The duration of these procedures depends on the workload of each court, which is why we are unable to say exactly how long it takes. In any case, when the lawyer is informed by the court that these procedures have been carried out, he/she informs the client.
Video 6.
Who pays the costs of a trial?
According to the law, in declaratory proceedings, the costs of the first instance will be imposed on the party whose claims have been rejected in their entirety, unless the court finds, and so reasons, that the case presented serious doubts of fact or law.
For the purpose of assessing whether the case was legally doubtful, account shall be taken of the case-law in similar cases.
In the event of a partial grant or dismissal of the claims, each party shall pay the costs incurred at its own instance and the common costs in halves, unless there are grounds for awarding them to one of the parties on the ground that it has litigated recklessly.
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Reclamar por implante capilar Turquía. LETRADOX Abogados
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Tlfs. 912980061 / 645958948
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Reclamar por implante capilar Turquía. LETRADOX Abogados
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En LETRADOX Abogados hemos defendido con éxito las reclamaciones de personas como usted que han tenido estos problemas. También podemos ayudarle en su caso. Contáctenos para poder comenzar a la mayor brevedad e informarle.
Nuestro equipo de abogados especialistas le proporcionarán el asesoramiento y defensa que necesita.
Tiene derecho a una indemnización por los perjuicios sufridos. Le ayudamos a conseguirla.
Estamos ante una responsabilidad civil en la que pueden co-existir elementos:
de una responsabilidad contractual, el incumplimiento, total o parcial, de la obligación (la falta de resultados prometidos),
e incluso, elementos de una responsabilidad extracontractual,
caracterizado por la infracción del principio general de no dañar a otro (“alterum non laedere”).
La naturaleza de la responsabilidad civil médica, que tradicionalmente en nuestro Derecho se configura como un arrendamiento de servicios, en la que la obligación del médico es una obligación de medios, al tener el médico la obligación de procurar, con su leal saber y entender, y conforme la lex ar’s ad hoc, la sanación del paciente poniendo todos los medios humanos y técnicos que tenga a su alcance.
Responsabilidad que no es de aplicación en estos supuestos en los que la persona como tal no busca la curación de una dolencia patológica, sino que estamos ante supuestos de medicina voluntaria en los que el individuo sano, voluntaria y conscientemente, se somete a un tratamiento médico y/o quirúrgico con una clara finalidad, mejorar su aspecto físico.
Este elemento esencial, la búsqueda u obtención de un resultado, es lo que determina que la Jurisprudencia de nuestros Tribunales califiquen la relación jurídica existente más próxima a un arrendamiento de obra.
Así se ha venido estableciendo por la doctrina del Tribunal Supremo entre otras, en Sentencia de 25 abril 1994 (RJ 1994/3073), en cuanto que declara que el contrato, sin perder su carácter de arrendamiento de servicios, impone al médico una obra, que propicia la exigencia de una mayor garantía en la obtención del resultado que se persigue, ya que, si así no sucediera, es obvio que el interesado no acudiría al facultativo para la obtención de la finalidad buscada.
De ahí que la obligación de medios se intensifica, haciendo recaer sobre el médico no ya sólo, la utilización de los medios idóneos a tal fin,
sino que la obligación de informar al cliente –que no paciente– se absolutizan, siendo superior al exigible en la medicina cura/va, pues al ser la obtención de un resultado el factor determinante del acuerdo de voluntades,
el cliente deberá ser exhaustivamente informado no sólo de los posibles riesgos de la intervención,
especialmente si ésta es quirúrgica, sino como de las posibilidades o porcentaje de éxito y fracaso de la intervención o tratamiento,
de cuantos factores puedan impedir u obstaculizarlo,
así como de los cuidados, actividades y análisis que resulten precisos para el mayor aseguramiento del éxito de la intervención,
para así consentir una intervención con conocimiento suficiente de su alcance, eficacia y posibles posteriores efectos secundarios.
Publicidad engañosa:
Otro supuesto de responsabilidad, que se une normalmente a la falta del consentimiento debidamente formado, nace por vía de la publicidad en que se oferta el servicio,
en la que generalmente se ofertan resultados rápidos, con tratamientos fáciles y sencillos de mejora que es,
en muchas ocasiones determinante de la decisión del cliente para someterse a este tipo de intervenciones.
El título de imputación lo encontramos en la infracción de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios (ley 26/1984, de 19 de julio),
que protege de la confusión al usuario, al establecer su artículo 8, apartado primero, que la oferta, promoción y publicidad de los productos,
actividades o servicios, se ajustarán a su naturaleza, características, condiciones, utilidad o finalidad, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones propias de publicidad.
Su contenido, las prestaciones propias de cada producto o servicio, y las condiciones y garantías ofrecidas, serán exigibles por los consumidores o usuarios, aun cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido.
Incumplimiento del contrato (aplicación de técnicas desaconsejadas u obsoletas):
Otro supuesto fáctico de responsabilidad, es la aplicación de técnicas obsoletas o que se encuentran plenamente desaconsejadas atendiendo a la individualidad del caso.
Estamos ante una responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones contractuales del médico (lex artis ad hoc),
y como supuestos judiciales de este título de imputación, podemos citar la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia de 5 julio 2000 (Sentencia nº 594/2000, recurso de apel. 225/2000) (JUR 2000/294.437),
en la que se sanciona la inviabilidad de la técnica utilizada en la implantación de cabello,
así como la “absoluta inutilidad para el cliente, de todas las visitas, cortes de cabello, utilización de cualquiera otros productos, dado que el desenlace inevitable era la caída al menos del 25% anual, así como el rechazo seguro, y sólo admisible el implante en supuestos excepcionales..”,
habiendo producido en el supuesto enjuiciado, además de la ineficacia del tratamiento, graves daños para el actor, al sufrir una importante infección y dejar graves cicatrices en el cuero cabelludo.
DAÑO RESARCIBLE:
La reclamación del daño indemnizable dependerá en todo caso, de la acreditación de la concreta y real existencia de los mismos.
Carga de la prueba que, de conformidad con el art. 217 de la LEC, y al constituir la existencia, en/dad y alcance del daño un elemento fáctico constitutivo de la pretensión resarcitoria, corresponde de la parte actora su prueba.
Normalmente los daños indemnizables vienen constituidos por dos tipos de daños plenamente diferenciados; los daños patrimoniales:
a) la devolución de la contraprestación económica derivada del incumplimiento contractual, esto es, el precio pagado por el tratamiento;
y b) daño emergente, constituido por todos aquellos gastos o/y daños derivados del incumplimiento; y los daños personales, que incluyen:
a) los daños corporales –días de baja y/o secuelas- que haya podido dejar el tratamiento, en aquellos supuestos en los que además de no producir el resultado prometido o buscado, se haya producido un daño concreto derivado directamente de la intervención,
y b) la indemnización del daño moral.
Daños patrimoniales (reintegro del precio):
Al encontrarnos ante un supuesto de responsabilidad contractual, uno de los daños resarcibles a que da lugar el incumplimiento es precisamente la devolución de lo pagado.
Esto es, la contraprestación económica derivada de la contratación del servicio/obra no cumplido. La reclamación del coste del tratamiento realizado
se fundamenta en los artículos 1.101, 1.124 y 1.544 del Código Civil.
Dicho concepto indemnizatorio deriva en consecuencia, del incumplimiento del contrato suscrito entre las partes.
De conformidad con la Legislación de consumidores y usuarios, serán nulas lascláusulas abusivas que tiendan a evitar la responsabilidad contractual o por daños y perjuicios del profesional,
y así el artículo 10 de la Ley de Consumidores y Usuarios, establece que las cláusulas, condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promoción de servicios,
y las cláusulas no negociadas individualmente relativas a tales productos y servicios deben reunir una serie de condiciones o requisitos que se establecen en dicho precepto:
a) la concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa sin reenvíos a otros textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la concreción del contrato que deberán figurar en todo caso en el documento contractual.
b) entrega, salvo renuncia expresa del interesado, de recibo justificante, copia, copia o documento acreditativo de la operación, o del presupuesto debidamente explicado. c) buena fe y justo equilibrio entre los derecho y obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas.
Daños personales (indemnización de las lesiones y secuelas):
Podrán ser objeto de resarcimiento -cuando así concurra en el supuesto enjuiciado- la existencia de daños corporales que estén causalizados en el tratamiento dispensado.
Daños corporales para cuya cuantificación se estará a la libertad del criterio judicial,
dado que es doctrina reiterada del Tribunal Supremo que la cuantificación de los daños y perjuicios cuando consisten en menoscabos corporales,
no se halla sujeta a previsión alguna norma/va, sino que ha de efectuarla el órgano judicial de modo discrecional
(SSTS 15 diciembre 1981, 7 octubre 1982, 22 abril y 21 noviembre 1983, 12 diciembre 1984 y 8 mayo 1987, entre otras).
Daño moral:
Es igualmente objeto de resarcimiento como daño personal, el daño moral indemnizable que se define, según la doctrina reiterada de nuestro Tribunal Supremo,
entre otras en Sentencia de 31 mayo 2000, con cita en otras anteriores de 22 mayo 1995, 19 octubre 1996, 24 septiembre 1999, 6 y 23 julio 1990, etc.,
como un padecimiento, impacto o sufrimiento psíquico o espiritual, impotencia, zozobra, angustia, trastornos de ansiedad, impacto emocional, etc.
DAÑO ESTÉTICO.
Respecto a los daños estéticos, el artículo 102.2 de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, establece ciertas medidas y baremos para poder medir estos daños y así poder resarcir a las víctimas.
El perjuicio estético consiste en cualquier modificación que empeora la imagen de la persona.
Es un perjuicio distinto del psicofísico que le sirve de sustrato y comprende tanto la dimensión estática como la dinámica.
Si un perjuicio psicofísico¸ orgánico y sensorial permanente comporta, a su vez, la existencia de un perjuicio estético, se fija separadamente la puntuación que corresponde a uno y a otro, sin que la asignada a la secuela psicológica¸ orgánica y sensorial incorpore la ponderación de su repercusión antiestética.
DENUNCIA A LA SANIDAD PÚBLICA.
El artículo 34 es el que regula las indemnizaciones, estableciendo que:
“Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.”
El artículo 35 trata sobre cunado la Administración actué directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes,
incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad.
Reclamar por implante capilar Turquía. LETRADOX Abogados
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Analizamos las claves de la Sentencia del TJUE que determina que la legislación nacional que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero (por el modelo 720) es contraria al Derecho de la Unión.
Las restricciones a la libre circulación de capitales que impone son desproporcionadas a juicio del Tribunal.
Para atender sus cuestiones concretas estamos a su disposición en:
We analyze the keys of the Judgment of the Court of justice of the European Union that determines that the national legislation that obliges tax residents in Spain to declare their assets or rights located abroad (by model 720) is contrary to Union Law.
The restrictions on the free movement of capital that it imposes are disproportionate in the Court’s opinion.
To attend to your specific questions, we are at your disposal at Letradox. www.letradox.com
En LETRADOX Abogados ayudamos a particulares y empresas en todos los problemas jurídicos dimanantes de la energía solar y transición a energías limpias. Realizamos trabajos de asesoramiento y resolución de problemas para particulares , y trabajos de contratos para empresas.
Esta materia requiere de un conocimiento técnico que en nuestro despacho le podemos proporcionar.
Spain occupies third place in the ranking of the most attractive countries to invest in energy transition,
according to various studies, published for 10 years by the research company BloombergNEF.
In this way, Spain advances three places in a ranking that this year is led by the Netherlands, with a score of 2.88 points out of 5,
followed by Denmark (2.86) and Spain, with 2.64 points.
Among the enormous amount of data included in the report, Spain’s 5th position by volume of investment in renewable assets stands out,
with a total of 11,000 million dollars in 2020, behind China, the United States, Japan and the United Kingdom.
Spain is also in the top 10 of countries with the highest penetration of wind and solar energy. Specifically,
it climbs to sixth position, behind Denmark, Uruguay, Lithuania, Ireland and Germany.
Our country also stood out for the addition of new wind capacity, a classification in which it rises to third position, behind China and the United States.
Interestingly, Spain has 1% of the world’s wind capacity, but accounted for 4% of the new capacity added in 2020.
Despite the fact that 2020 was a record year for investment in the energy transition,
both in Spain and globally, investors allocated 67,000 million dollars less to clean energy in emerging markets compared to the richest countries, according to the new study from BNEF.
These results suggest that investors hastily retreated from developing markets to refocus on richer countries during the COVID-19 pandemic.
According to BNEF’s annual Climatescope survey,
the volume of investment in the energy transition in developing countries fell by 10% between 2019 and 2020.
Investors deployed more funds in OECD countries, whose risk is typically lower,
which it marked a significant change from previous years, when these fast-growing economies attracted the majority of new funds being deployed.
In 2020, developed countries received 262 billion dollars (57%) of the global investment in the energy transition, which includes renewable energy,
electric vehicles and electrified heating.
Developing economies received $195 billion, which represents the remaining 43%. By contrast, emerging markets received a slight majority of funds globally in 2019 and around 59% in 2017.
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La nueva Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece nuevos requisitos para la compra y venta de animales, pero la ley establece en su artículo 1 que:
“Los animales utilizados en actividades específicas (las deportivas reconocidas por el
Consejo Superior de Deportes, las aves de cetrería, los perros pastores y de guarda del
ganado) así como los utilizados en actividades profesionales (dedicados a una actividad o
cometido concreto realizado conjuntamente con su responsable en un entorno profesional o
laboral, como los perros de rescate, animales de compañía utilizados en intervenciones
asistidas o los animales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas).
Igualmente quedarán excluidos los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza.
Todos ellos se regulan y quedarán protegidos por la normativa vigente europea, estatal y
autonómica correspondiente, y que les sea de aplicación al margen de esta ley.”
Esto quiere decir que a los animales de caza no les será de aplicación lo establecido en
esta ley. Sin embargo, el resto de animales tienen que seguir una serie de regulaciones.
La compraventa de animales de compañía se encuentra regulada en el artículo 55 de esta
misma ley, que establece, entre otros puntos, que:
“1. La venta, de perros, gatos y hurones solo podrá realizarse directamente desde la
persona criadora registrada, sin la intervención de intermediarios.”
Esta actividad sólo será posible para las personas registradas en el registro de Criaderos de
Animales.
Para la inscripción en el registro, debemos de atenernos al artículo 54 de esa ley,
que establece que:
“La inscripción en el Registro de Criadores de Animales de Compañía supondrá la
adquisición oficial de la condición y constituirá, una vez validada por la Administración
competente, la autorización para el desarrollo de sus actividades.
El Registro será de competencia autonómica en su ejecución, en el marco de las bases que
reglamentariamente establezca el Estado, sin perjuicio de que de cada inscripción deba
darse cuenta a la Administración General del Estado a los efectos de la necesaria
coordinación, para que, desde el momento de la incorporación al Registro general de la
anotación en el autonómico, las correspondientes inscripciones surtan efecto en toda
España.”
El artículo 53 sobre la cría de animales establece que la actividad de la cría de animales de
compañía solamente podrá llevarse a cabo por personas debidamente inscritas en el
Registro de Criadores de Animales de Compañía. Cada Comunidad Autonoma se encarga
de su propio resgistro, pero la Ley establece la creacion de unl Sistema Central de
Registros para la Protección Animal, regulado en el Capítulo 2 de esta ley, Sistema nacional
al cual las comunidades autónomas deberán e incorporar toda la información que el
Sistema Central considere relevante, actualizado o completando con lo que considere.
El Sistema estará integrado por el Registro de Entidades de Protección Animal, el Registro de
Profesionales de Comportamiento Animal, el Registro de Animales de Compañía, el
Registro de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía y el Registro de Criadores de
Animales de Compañía. Este órgano todavía no está en funcionamiento, por lo que sigue
siendo competencia de cada Comunidad Autónoma el mantener un registro de todos los
centros registrados, hasta que puedan incorporarse al Sistema Central.
Para la inscripción en el registro, debemos de atenernos al artículo 54 de esa ley, que
establece que:
“La inscripción en el Registro de Criadores de Animales de Compañía supondrá la
adquisición oficial de la condición y constituirá, una vez validada por la Administración
competente, la autorización para el desarrollo de sus actividades.
El Registro será de competencia autonómica en su ejecución, en el marco de las bases que
reglamentariamente establezca el Estado, sin perjuicio de que de cada inscripción deba
darse cuenta a la Administración General del Estado a los efectos de la necesaria
coordinación, para que, desde el momento de la incorporación al Registro general de la
anotación en el autonómico, las correspondientes inscripciones surtan efecto en toda
España.”
El artículo 53 sobre la cría de animales establece que la actividad de la cría de animales de
compañía solamente podrá llevarse a cabo por personas debidamente inscritas en el
Registro de Criadores de Animales de Compañía.
En cuanto a los animales de caza, en España la regulación de la actividad cinegética
compete exclusivamente a las Comunidades Autónomas, en función del artículo 148, 11ª de
la Constitución Española. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ostenta las
bases de coordinación de dicha actividad, según lo establecido en el Real Decreto
430/2020, de 3 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y por el que se modifica el Real Decreto
139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales. Por otro lado, en la regulación de esta actividad también
influye la normativa europea, así como las recomendaciones y los tratados adoptados a
nivel internacional.
Es por ello, que cada comunidad autónoma tiene regulación en este ámbito, referente a los
usos, tipos y posibilidades de la caza y los animales utilizables en la misma, estando las
bases de registro de animales reguladas bajo las normas comunes.
Por tanto, los animales de caza sí podrán ser objeto de compraventa y de la creación y
crianza de camadas propias.
Otros problemas habituales en el ámbito de animales que tenemos son los relativos a indemnizaciones por ataques de animales.
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See our video with the information and with videos of some of the most spectacular places in southern Spain:
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CASE 1. CITIZENS EU
We summarize the cases in which Citizens of a Member State of the European Union, of a State party to the Agreement on the European Economic Area and Switzerland who meet the requirements described will have the right to reside in Spain on a permanent basis.
Accredit one of the following conditions:
ASSUMPTION 1: having legally resided in Spain for a continuous period of five years. For these purposes, legal residence will be considered that in which, during the last five years, the person proves:
Employee in Spain, or
Have been a self-employed worker in Spain, or
Sufficient financial resources
Have been a student and have been enrolled in a public or private center
Be a national of a Member State, family member accompanying a citizen of the Union or the European Economic Area, who meets one of the above conditions.
2: having been a self-employed worker or an employee and having ceased their activity due to having reached the age established in Spanish legislation for accessing retirement with the right to a pension.
ASSUMPTION 3: have been an employee and have ceased to occupy the paid activity due to early retirement, when they have carried out their activity in Spain for at least the last twelve months and have resided in Spain continuously for more than three years.
4: having been a self-employed or employed worker and having ceased to carry out their activity as a result of permanent disability, having resided in Spain for more than two years without interruption.
ASSUMPTION 5: having been a self-employed or employed worker and after three consecutive years of continuous activity and residence in Spain, you carry out your activity in another Member State, maintaining your residence in Spain, returning to Spanish territory daily or, at least, once a week.
6: being a national of a State of the Union and family member (spouse or registered de facto partner, direct descendant or of their spouse or partner under 21 years of age or incapable or older than that age who lives in their care, or direct ascendant or of their spouse or registered partner who lives in their charge) of the self-employed worker or employee who acquires permanent residence by meeting the requirements of ASSUMPTIONS 2, 3, 4 or 5 mentioned.
Immigration Attorneys
CASE 2. CITIZENS OF OTHER STATES
Citizens of other States
If you are a citizen of another country (not a member of the European Union) you can also come to Spain to reside if you meet certain requirements. Find out from our lawyers about the conditions for entry, stay, studies, residence, family reunification, residence and work and other authorisations that foreign citizens from third countries can obtain, without prejudice to the provisions of special laws and international treaties to which Spain is a party.
– Stay in Spain. Stay in Spain for a period of no more than 90 days (except in the case of studies, non-labour practices or volunteering).
– Temporary residence. Residence in Spain without employment.
– Family reunification.
– Residence and work in Spain.
– Students, stays for research or training, student mobility, non-work placements and voluntary work. Information on residence for foreigners who wish to carry out any of these activities in Spain and for their family members.
– Residence authorisations for exceptional circumstances (cases of roots, humanitarian reasons, minors under guardianship who reach the age of majority without authorisation and authorisations for women who are victims of gender violence).
– Temporary residence for foreigners who have voluntarily returned to their country. Authorisation for residence or residence and work that foreigners who have returned to their country of origin voluntarily or on the basis of a voluntary return programme may obtain, once the period of validity of the non-return commitment has expired.
– Modifying an authorisation. Information on modifications of authorisations.
– Long-term residence. Authorisation to reside in Spain indefinitely and to work under the same conditions as Spaniards.
– Return authorisation. Allows you to leave Spain and return within a period of no more than 90 days.
– Minors. Information on procedures related to foreign minors.
– Renewal of authorisations.
– Collective management of hiring at origin. Collective management allows the hiring of workers who are not in Spain and do not reside in Spain, selected in their countries of origin based on generic offers presented by employers.
– Youth mobility agreements.
CASE 3. CITIZENS LINKED TO THE WORLD OF BUSINESS AND TALENT
Citizens of other States: authorisations linked to the world of business and talent.
In the event that you want to come to Spain in these cases, we will explain the entry and residence conditions for foreign citizens who want to invest and undertake business in Spain as well as those working as highly qualified professionals, intra-corporate transferees, researchers and professors hired by universities, higher education and research bodies or centres or business schools in Spain (regulated in Law 14/2013, of 27 September, on support for entrepreneurs and their internationalisation).
SPECIAL BUSINESS. CINEMALAW
We have produced a specific article on the conditions of entry of foreigners to shoot a film in Spain (from our CINEMALAW® Department in which we deal with specific legal issues in the audiovisual field).
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You can see the information in our article on the requirements in each case.
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