Como cada año, en LETRADOX Abogados realizamos un resumen de las que han sido las 12 noticias legales más destacadas del año.
En 2024 han habido varios cambios normativos significativos. Abordamos algunos de ellos en este vídeo, grabado en nuestro despacho de la calle Hermosilla de Madrid así como desde Roma y Venecia. Esperamos que lo disfrutéis y aprovechamos la ocasión para desear un muy feliz año 2025 a todos nuestros clientes.
CAMPANADAS JURIDICAS 2024. LETRADOX ABOGADOS
La cláusula “rebus sic stantibus” y las reclamaciones en Valencia por la Dana
Desde Roma presentamos la noticia más destacada de este año.
Informe Draghi
El ‘Informe Draghi’, elaborado por el expresidente del BCE, traza una estrategia para impulsar la competitividad de la UE en el contexto global para garantizar el liderazgo económico europeo en las próximas décadas.
3. Rescate anticipado a los planes de pensiones
A partir de 2025, se permitirá el rescate anticipado de planes de pensiones con más de 10 años de antigüedad, sin embargo, el dinero retirado tributará como rentas del trabajo en el IRPF, con tipos impositivos que pueden llegar al 45%.
SOCIMIS
La posible eliminación del régimen fiscal de las SOCIMIs, con su actual tributación al 0% en el Impuesto sobre Sociedades, abre un intenso debate sobre el futuro de la inversión inmobiliaria y el atractivo de España para el capital extranjero.
Cambio artículo 49 CE
Incorpora nuevas disposiciones que enfatizan la igualdad real, la autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, con especial atención a mujeres y menores en esta situación, además de un cambio en el texto constitucional.
6.Cambio climático
Desde Venecia presentamos esta campanada para visibilizar un problema global.
Reglamento Europeo IA
El Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo y del Consejo recoge la normativa propuesta por la UE para regular el uso de la inteligencia artificial, garantizando que sea segura, ética y respetuosa con los Derechos fundamentales.
Deducción IRPF a Inversores extranjeros
La Comunidad de Madrid ha aprobado una deducción pionera del 20% en el IRPF para inversores extranjeros que trasladen su residencia fiscal a la región, consolidando a Madrid como un referente económico en la UE.
Modificación IVA para alojamientos duración mínima de 30 días
10.Desbloqueo CGPJ
Se produjo en julio de 2024 tras más de cinco años sin renovación.
Moderador de contenido
Este año ha habido una sentencia pionera en el ámbito laboral (El Juzgado de lo Social nº 28 de Barcelona) ha dictado una sentencia pionera en España-) al calificar como accidente laboral el trastorno mental sufrido por un moderador de contenidos contratado por una subcontrata de Meta, estableciendo la responsabilidad directa del empleador.
Cine e inteligencia artificial
Abordamos los desafíos jurídicos para creadores de contenido y artistas de la inteligencia artificial. Recordar que desde CINEMALAW tratamos todas las cuestiones específicas de propiedad intelectual y productores de cine.
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COLIVINGS Y ESPACIOS HABITABLES
En los últimos años, tanto la forma de vivir como de trabajar ha experimentado cambios significativos. El auge del coworking ha transformado la dinámica laboral de los freelancers de manera imparable. Ahora, ante la creciente dificultad de acceder a viviendas en las grandes ciudades, el coliving emerge como una solución consolidada.
CONCEPTO DE COLIVINGS
El coliving no solo es un fenómeno residencial con características distintivas, sino también un estilo de vida en evolución que se está convirtiendo en una alternativa muy atractiva en España, especialmente entre los jóvenes, como solución para acceder a una vivienda.
El coliving implica compartir las áreas comunes del edificio con los vecinos, pero va más allá al fomentar la interacción, compartiendo experiencias, momentos y proyectos, al mismo tiempo que se garantiza un espacio íntimo personal. Esta filosofía promueve la socialización a nivel personal, en paralelo al efecto que el coworking tiene en el ámbito profesional.
Aunque guarda similitudes con las residencias estudiantiles, el enfoque del coliving está dirigido principalmente a jóvenes profesionales: aquellos que se desplazan para cursar un máster o un doctorado, los que empiezan su primer trabajo lejos del hogar, o quienes buscan independizarse sin contar con los recursos económicos suficientes.
Aunque inicialmente concebido para este perfil, el coliving para personas mayores está ganando popularidad. Desde la perspectiva empresarial, los inversores muestran un gran interés en el coliving, así como las empresas dedicadas a gestionar la construcción de edificios para este fin.
La disposición de un apartamento de coliving puede variar según el diseño y la visión de los desarrolladores, pero generalmente sigue un esquema que promueve la convivencia comunitaria y la privacidad de los residentes.
CARACTERÍSTICAS COLIVINGS
A continuación, se presenta una descripción general de cómo se estructura un edificio de coliving:
Espacios Comunes: Constituyen el núcleo del apartamento de coliving y están diseñados para fomentar la interacción entre los residentes. Estos espacios pueden incluir áreas de estar compartidas, cocinas comunes, zonas de coworking, áreas de recreación, gimnasios, entre otros. Son ideales para socializar, trabajar o relajarse.
Habitaciones Privadas: Cada residente dispone de su propia habitación privada. Estas habitaciones suelen ser eficientes en términos de espacio y están diseñadas para ofrecer comodidad y privacidad. Pueden contar con baños privados, mobiliario funcional como camas y escritorios, así como acceso a Internet de alta velocidad.
Gestión y Servicios: La gestión de estos edificios se encarga de asegurar la comodidad de los residentes. Esto implica servicios como limpieza regular de áreas comunes, mantenimiento para resolver problemas o averías, organización de eventos y actividades para promover la interacción entre los residentes.
Seguridad y Acceso: La seguridad es una prioridad en los apartamentos de coliving. Por ello, suelen contar con sistemas de acceso controlado, como tarjetas de identificación o códigos, para garantizar la seguridad de los residentes y de sus pertenencias.
Ubicación Estratégica: La vivienda de coliving suele estar estratégicamente ubicada cerca de zonas comerciales, de entretenimiento y de transporte público. Esto facilita la vida de los residentes y les proporciona acceso a servicios y comodidades cercanos.
INCONVENIENTES DE LOS COLIVINGS Y NUEVAS FORMAS DE HABITABILIDAD
Privacidad Limitada: Compartir espacios comunes puede resultar en una reducción de la privacidad individual. Para algunas personas, esto puede ser un inconveniente significativo, especialmente aquellos que valoran la tranquilidad y el tiempo a solas.
Conflictos de Convivencia: La convivencia con personas de diferentes hábitos y estilos de vida puede dar lugar a conflictos y tensiones. Las diferencias en la limpieza, el ruido y otras preferencias personales pueden generar fricciones entre los residentes.
Dependencia de la Comunidad: Para quienes prefieren un estilo de vida más independiente, la dependencia de la comunidad en los colivings puede ser un desafío. La necesidad de compromiso y participación en actividades comunitarias puede no ser adecuada para todos.
Regulaciones y Seguridad: En algunos lugares, la regulación de los colivings puede ser ambigua o inexistente, lo que puede plantear problemas legales o de seguridad para los residentes.
Limitaciones Espaciales: Aunque los colivings suelen ofrecer espacios compartidos bien equipados, el espacio privado en las habitaciones individuales puede ser limitado en términos de tamaño y comodidades.
NUEVAS FORMAS DE HABITUALIDAD
Con el avance de los nuevos tiempos, también se han intentado buscar nuevas formas de convivir y nuevas formas de habitualidad para ahorrar dinero y espacio. En España, al igual que en otros lugares del mundo, están surgiendo nuevas formas de habitualidad que reflejan cambios en los estilos de vida, las necesidades y las preferencias de la población. Algunas de estas formas emergentes de habitabilidad incluyen:
Microapartamentos y Espacios Compactos: Con el aumento de la población urbana y los precios de la vivienda en las ciudades, los microapartamentos y espacios compactos están ganando popularidad. Estas unidades ofrecen soluciones habitacionales eficientes y funcionales, optimizando el uso del espacio y a menudo están ubicadas en áreas urbanas convenientes.
Viviendas Colaborativas: Al igual que los colivings, las viviendas colaborativas se centran en compartir espacios y recursos con otros residentes. Sin embargo, a diferencia de los colivings tradicionales, las viviendas colaborativas pueden incluir hogares compartidos entre amigos, familias o comunidades intencionales que comparten valores y objetivos similares.
Rehabilitación de Espacios Urbanos: La revitalización de áreas urbanas degradadas o infrautilizadas está impulsando la creación de nuevos proyectos residenciales. Estas iniciativas pueden incluir la rehabilitación de edificios históricos, la conversión de antiguas fábricas o almacenes en lofts residenciales, y la transformación de espacios industriales en comunidades habitacionales modernas y sostenibles.
Viviendas Modulares y Prefabricadas: La construcción modular y prefabricada está siendo cada vez más utilizada para crear viviendas rápidas, eficientes y personalizadas. Estas viviendas pueden ser una solución rentable para satisfacer la demanda de vivienda en áreas urbanas y rurales, ofreciendo diseños modernos y flexibles que se adaptan a las necesidades de los residentes.
Cohousing: El cohousing es una forma de habitabilidad comunitaria en la que los residentes colaboran en el diseño y la gestión de su comunidad. Cada hogar es privado, pero los residentes comparten áreas comunes, como jardines, cocinas y salas de estar. Esta opción promueve la interacción social, la sostenibilidad y el sentido de comunidad.
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Abogados expertos en problemas colivings y espacios habitables
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PROBLEMAS QUE SURGEN CON LAS NUEVAS FORMAS DE HABITUALIDAD.
La implantación de nuevas formas de habitualidad en España puede traer consigo una serie de desafíos en términos de convivencia y para el país en su conjunto. Algunos de estos problemas incluyen:
PROBLEMAS DE CONVIVENCIA:
Conflictos entre Residentes:
En entornos de convivencia compartida, como los colivings o viviendas colaborativas, pueden surgir conflictos entre los residentes debido a diferencias en hábitos de vida, limpieza, ruido, uso de espacios comunes, entre otros. La falta de comunicación y normas claras de convivencia puede exacerbar estos conflictos.
Privacidad Reducida:
La convivencia en espacios compartidos puede resultar en una reducción de la privacidad individual, lo que puede generar tensiones y malestar entre los residentes que valoran la tranquilidad y el tiempo a solas.
Gestión Comunitaria:
La gestión y organización de comunidades habitacionales compartidas puede ser compleja y requerir un esfuerzo adicional por parte de los residentes y los administradores. La falta de una estructura de gobierno clara y eficiente puede dificultar la resolución de problemas y la toma de decisiones.
PROBLEMAS LEGALES PARA REGULAR LAS NUEVAS FORMAS DE HABITUALIDAD.
Con la implantación de nuevas formas de habitualidad en España, surgen una serie de problemas legales y regulatorios que requieren atención y soluciones adecuadas. Algunos de los problemas legales que pueden surgir incluyen:
Regulación de Uso del Suelo
La utilización de espacios urbanos para nuevas formas de habitualidad, como los colivings o viviendas colaborativas, puede encontrarse con regulaciones de uso del suelo que no se adaptan a estas nuevas modalidades. La adaptación de las normativas existentes o la creación de nuevas regulaciones puede ser necesaria para regularizar estas prácticas.
Normativas de Seguridad y Salubridad:
Las nuevas formas de habitualidad deben cumplir con normativas de seguridad y salubridad, asegurando que los espacios habitacionales sean seguros y saludables para los residentes. Esto puede incluir requisitos de acceso a servicios básicos, como agua potable y saneamiento, así como medidas de seguridad contra incendios y otras emergencias.
Derechos de los Inquilinos:
En el caso de colivings y viviendas compartidas, es importante definir claramente los derechos y responsabilidades de los residentes, especialmente en términos de arrendamiento, depósitos de seguridad y términos contractuales. La falta de regulación clara puede conducir a conflictos entre propietarios e inquilinos.
Protección del Consumidor:
En el caso de viviendas prefabricadas o modulares, es importante garantizar que los consumidores estén protegidos contra prácticas comerciales desleales, defectos de fabricación y otros problemas relacionados con la calidad del producto y el servicio.
Impacto Ambiental:
La construcción y operación de nuevas formas de habitualidad pueden tener un impacto en el medio ambiente, como la pérdida de hábitats naturales, el aumento del tráfico y la generación de residuos. Es importante evaluar y mitigar estos impactos mediante la aplicación de normativas ambientales y la promoción de prácticas sostenibles.
En resumen, la implantación de nuevas formas de habitualidad en España plantea una serie de desafíos legales y regulatorios que deben abordarse para garantizar su adecuada implementación y funcionamiento. La colaboración entre las autoridades, los desarrolladores, los propietarios y los residentes es fundamental para encontrar soluciones equitativas y sostenibles a estos problemas.
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Asesoramiento cambio de tipo de Hipoteca. Abogados
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Respondemos algunas de las principales preguntas a las que nos enfrentamos diariamente.
¿Quién solicita la nulidad eclesiástica del matrimonio?
En primer lugar debe conocer que la nulidad puede ser solicitada por cualquiera de los cónyuges. Si ambas partes están de acuerdo en instar la nulidad el proceso será de mutuo acuerdo y si no hay consenso en cualquier caso puede realizarse.
¿Si hemos tenido hijos en el matrimonio podemos pedir la nulidad?
El hecho de tener hijos no impide la nulidad del matrimonio.
¿Puedo alegar cualquier causa para solicitar la nulidad?
No, las causas están tasadas.
¿Dónde se recogen las causas de nulidad del matrimonio?
Las causas se recogen en el Código de Derecho Canónico.
¿Cualquier abogado puede representarme en el proceso de nulidad?
No. Debe tener unos requisitos que determina el Código de Derecho Canónico.
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¿Es confidencial la información que proporcione al abogado?
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First of all, you should know that the annulment can be requested by either spouse. If both parties agree to request the annulment, the process will be by mutual agreement and if there is no consensus, it can be carried out in any case.
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Yes, the fact of having children does not prevent the annulment of the marriage.
Can I allege any cause to request annulment?
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Hoy vamos a tratar sobre un caso reciente en el que está relacionada la inteligencia artificial; como uno de los muchos ejemplos de los casos que llevamos sobre esta materia.
Antes de nada, recordarte que si necesitas asesoramiento sobre los aspectos jurídicos de la inteligencia artificial, en LETRADOX estamos a la vanguardia y tenemos una gran experiencia en esta materia.
Reciente noticia:
Detenido un menor en Palma por modificar con IA fotos de una conocida para mostrarla desnuda.
La Policía Nacional ha detenido en Palma de Mallorca a un menor de edad por un delito de corrupción de menores, al presuntamente haber modificado con un programa de inteligencia artificial (IA), fotos de una conocida, en una red social.
El grupo Delitos Tecnológicos recibió a mediados de febrero la denuncia efectuada por la madre de una menor, en la que exponía que a su hija le habían publicado fotos obtenidas de su perfil público, que, al parecer, se habían modificado con IA apareciendo la menor desnuda.
Al parecer, lo que hacía era tomar fotos de menores atractivas con fotos publicadas en el perfil público de su cuenta y tras modificarlas con una aplicación de IA, las subía a su cuenta y las etiquetaba. Al menor se le ha imputado un delito de corrupción de menores, por presunta tenencia, distribución y producción de pornografía.
Resuelta la investigación y al tratarse el presunto autor de un menor de edad, la Policía Nacional informó al juzgado de Palma que entendía de las denuncias para su posterior remisión a Fiscalía de Menores.
Una vez explicada la noticia, EL DELITO DE CORRUPCIÓN DE MENORES AL QUE SE LE ACUSA AL MENOR, SE PUEDE DIVIDIR EN DOS. POR UN LADO, EL DELITO DE TENENCIA DE PORNOGRAFÍA INFANTIL Y POR OTRO LADO EL DELITO DE DISTRIBUCIÓN DE PORNOGRAFÍA INFANTIL.
EL DELITO DE TENENCIA DE PORNOGRAFÍA INFANTIL consiste en adquirir o poseer pornografía infantil o material en el que personas con discapacidad necesitadas de especial protección hayan sido utilizadas en su elaboración. Esta conducta está penalizada en el artículo 189.5 del Código Penal, que prevé una pena de prisión de 3 meses a 1 año, o una multa de 6 meses a 2 años.
De acuerdo con el mismo artículo, la misma sanción se aplica a quienes accedan de manera consciente a este tipo de contenido a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Es importante destacar que el Código Penal enfatiza el término «a sabiendas». Por lo tanto, no se considera delito el poseer pornografía infantil de manera accidental, como podría ser descargar un vídeo de una red social sin ser consciente de su contenido.
Para integrar el delito es necesario que el material ilícito llegue a imprimirse o grabarse en algún soporte, con la finalidad de un consumo propio y sin intervención alguna en la filmación o comercialización.
Es además un requisito que la posesión del material tenga un mínima duración en el tiempo: no es delictiva la posesión fugaz, como la descarga y borrado inmediato de un archivo. Y, en la mayoría de los casos, no se considerará ilegal la posesión de un único archivo pedófilo, por la alta probabilidad de que su descarga haya sido accidental.
De hecho, la policía suele dirigir sus investigaciones a los casos en los que los archivos completamente descargados son más de uno. Por otra parte, no todas las imágenes o vídeos son consideradas como pornografía infantil.
La jurisprudencia estima que la mera imagen de un desnudo no es objetivamente material pornográfico si concurre de forma añadida obscenidad o situaciones impúdicas. Lo pornográfico es aquello que desborda los límites de lo estético, lo erótico y lo ético con finalidad de provocación sexual y ausencia de valor literario, artístico o educativo. En cualquier caso, la frontera entre unos y otros tipos es siempre difícil de establecer y quedará a la libre apreciación del Tribunal.
También será necesario para ser condenado por un delito de posesión de pornografía infantil que se demuestre que el acusado tenía conciencia de tener en su poder material pornográfico infantil. En muchos casos los juzgados deducen este conocimiento de indicios como la existencia de numerosos archivos o su clasificación en carpetas con nombres con referencias pedófilas.
Por otro lado, TAMBIÉN CONCURRE EL MENOR EN UN DELITO DE DISTRIBUCIÓN DE PORNOGRAFÍA INFANTIL. Este delito consiste en producir, vender, distribuir, exhibir, ofrecer o facilitar la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o en cuya elaboración se hayan utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección, o poseerla para estos fines, con independencia de que el material tenga su origen en el extranjero o sea desconocido.
Está tipificado en el artículo 189.1.b) del Código Penal: 1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años: b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido.
Cabe destacar que este artículo contempla también la tenencia de pornografía infantil, pero en este caso, con fines de distribución. Por lo tanto, conlleva una pena mayor la posesión de pornografía infantil cuando la finalidad es distribuirla que la mera tenencia (delito del artículo 189.5 del Código Penal).
Una vez explicados estos delitos que presuntamente cometió el menor, es importante mencionar lo que el Código penal entiende por pornografía infantil. El artículo 189.1 establece unos requisitos para entenderlo mejor:
A los efectos de este Título se considera pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección:
a) Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada.
b) Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección con fines principalmente sexuales.
c) Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor, con fines principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca ser un menor resulte tener en realidad dieciocho años o más en el momento de obtenerse las imágenes.
d) Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines principalmente sexuales.
El tipo agravado de este delito de distribución de pornografía infantil se prevé en el artículo 189.2 del Código Penal que establece una pena de prisión de 5 a 9 años para los delitos del apartado 1, entre los cuales se encuentra la distribución de pornografía infantil, en los siguientes casos:
Si se utiliza a menores de 16 años.
Cuando los hechos revisten un carácter particularmente degradante o vejatorio, se emplea violencia física o sexual para obtener el material pornográfico o se representan escenas de violencia física o sexual.
Cuando se utiliza a personas menores de edad que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por causa de enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia. Cuando el culpable pone en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.
Si el material pornográfico es de notoria importancia.
Si el culpable pertenece a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedica a realizar tales actividades.
Cuando el responsable es ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro o cualquier otra persona encargada, de hecho, aunque fuera de forma provisional, o de derecho, de la persona menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección.
Si concurre la agravante de reincidencia.
A continuación, pasando a los elementos del delito para que sea punible, las conductas típicas de la pornografía infantil son las siguientes:
Captar o utilizar a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de protección especial con fines o en espectáculos sexuales, públicos o privados, o para la grabación de material pornográfico. Esta conducta también incluye a todos aquellos que financien o se lucren con estos hechos.
Producir, distribuir, vender, ofrecer o facilitar la producción, venta, exhibición o difusión de material pornográfico. También cuando para la elaboración de este material se utiliza a menores de edad o personas necesitadas de protección especial, además de la simple tenencia del material pornográfico que también se incluye en este delito.
Por otro lado, para demostrar el dolo del menor imputado, se ha de tener en cuenta la estructura hallada en la terminal (archivos alojados en el disco o discos duros, u otros dispositivos de almacenamiento), el número de veces que son compartidos (pues este parámetro deja huella o rastro en el sistema informático), la recepción por otros usuarios de tales imágenes o vídeos como procedentes del terminal del autor del delito. Y cuantas circunstancias externas sean determinadas para llegar a la convicción de que tal autor es consciente de su actividad de facilitar la difusión de pornografía infantil, entre las que se tomará el grado de conocimiento de la utilización de sistemas informáticos que tenga el autor del delito.
Por lo tanto, a modo de resumen, la pena a la que el menor podría ser castigado por el delito que se le acusa es de uno a cinco años de prisión. Además de esta pena, conviene mencionar otro tipo de castigos que prevé el Código Penal para este tipo de delito:
Todo aquel que asista, siendo consciente de ello, a exhibiciones pornográficas en las que participen menores o personas que necesitan una protección especial será castigado con una pena de seis meses a dos años de prisión.
Aquellos que posean o adquieran para su uso propio material de pornografía infantil será castigado con una pena de tres meses a un año de prisión o multa de seis meses a dos años.
Aquel que tenga bajo su potestad o tutela a un menor o a una persona con discapacidad y que, conociendo su estado de prostitución, no haga nada para poner fin a esa situación, será condenado con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, así como la privación de la patria potestad del menor.
Diferencias de los Impuestos en Francia y España. LETRADOX® Abogados
Analizamos las diferencias y similitudes de los Impuestos en Francia y España.
Vídeo resumen. LETRADOX® Abogados.
(Vídeo y artículo en español y en francés)
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FISCALITÉ
Aujourd’hui, nous allons commenter brièvement, au niveau du droit, un sujet assez sensible pour la société en général : la fiscalité.
Nous examinerons les principaux impôts espagnols et leurs équivalents français afin de mettre en évidence les caractéristiques qui diffèrent et celles qui sont similaires.
En Espagne, le droit fiscal est régi par plusieurs lois, règlements, décrets et directives européennes qui constituent une énorme source de droit.
En effet, il existe de nombreuses taxes et leurs spécialités.
IRPF
Parmi les plus «célèbres» figurent l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF) et son équivalent français «l’impôt sur le revenu», l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée.
Il convient de rappeler que cette dernière est présente dans toute l’Europe puisque cette taxe a été harmonisée au niveau communautaire.Nous commençons par l’impôt sur le revenu des personnes physiques, qui est prélevé sur le revenu des citoyens.
Dans les deux pays, cet impôt est direct, personnel et subjectif car il tient compte de plusieurs facteurs sociaux pour déterminer les montants qui peuvent être déduits dans chaque ménage avant de faire la déclaration aux autorités fiscales («trésor public» en français).
Le fait générateur de l’impôt prend en compte les mêmes revenus, à savoir : les revenus du travail ; les revenus des capitaux mobiliers et immobiliers ; les activités économiques et les gains et pertes en capital.
En outre, dans les deux systèmes fiscaux, l’impôt sur la fortune et les droits de donation et de succession sont liés à l’IPRF lorsqu’il s’agit de déclarer leurs revenus aux autorités fiscales.
En effet, il existe plusieurs situations dans lesquelles les personnes peuvent commettre l’erreur de penser qu’un revenu correspond à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF) alors que dans ce cas, elles doivent payer l’impôt sur la fortune ou les droits de donation et de succession.
Cela se produit souvent dans les cas d’héritage, par exemple.
Il convient ensuite d’ajouter qu’en cas de double imposition, il faut se référer à la loi, aux conventions et aux traités internationaux.
En termes de différences, il convient de rappeler que l’Espagne est un pays moins centralisé que la France et que, par conséquent, chaque communauté peut générer et administrer des impôts spéciaux, ce qui n’est pas le cas en France, l'»impôt sur le revenu» étant un impôt d’État.
Il convient d’ajouter que le champ d’application n’est pas le même, puisque l’Espagne prend en compte le critère de la résidence pour définir les contribuables, alors que la France prend en compte le domicile fiscal lui-même.
L’impôt sur le revenu des personnes physiques est également un impôt périodique.
Cela signifie que chaque 31 décembre, le contribuable devra payer l’IRPF. En France, c’était le cas il n’y a pas si longtemps.
Mais tout a changé suite à une loi avec l’apparition du prélèvement dit «à la source».
Cela permet de déduire l’impôt chaque mois par le biais d’un système de retenue. L’objectif principal de ce processus est de faciliter les formalités et de rendre l’impôt moins «douloureux» afin qu’il soit plus facile à payer car tout n’est pas payé en une seule fois mais chaque mois vous devez payer une partie de l’IRPF.
L’impôt sur les sociétés
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, il faut dire que l’équivalent français est très similaire.
Sans parler des calculs de pourcentage pour les déductions et autres opérations complexes, la seule différence très notable est qu’en France le critère d’application territoriale est la simple localisation géographique des bénéfices, alors qu’en Espagne c’est le critère de la résidence.
Ainsi, pour justifier les similitudes, nous pouvons affirmer que l’impôt est, dans les deux pays, un impôt personnel, direct, proportionnel, périodique et étatique.
En outre, les entités et entreprises publiques qui n’ont pas de but commercial sont exemptées de l’IS, sauf si elles ont un but lucratif et peuvent concurrencer les entités privées.
Enfin, pour éviter la double imposition, il est conseillé de consulter la loi, les conventions et les traités internationaux.
TVA
En ce qui concerne la TVA, il convient de noter que cette taxe est harmonisée dans toute l’Union européenne. L’Espagne et la France étant des États membres, la TVA est la même.
En effet, cette dernière est réglementée par la directive 2006/112 du 28 novembre 2006. Il s’agit d’un impôt réel, indirect, objectif, proportionnel et instantané.
Le fait générateur de l’impôt est constitué par les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les opérations intracommunautaires.
La seule différence entre les pays de l’UE en matière de TVA est le pourcentage du taux d’imposition.
Toutefois, nous constatons que la France et l’Espagne sont très similaires puisque la TVA est plus ou moins de 20% dans ces deux pays voisins.
Comme il s’agit d’une taxe présente partout et que les gens ne se rendent généralement pas compte qu’ils paient la TVA sur absolument tout, procédons à une brève explication du fonctionnement de la TVA.
Fondamentalement, la TVA est la taxe en amont et en aval d’une chaîne d’entrepreneurs qui pourront déduire la TVA en amont.
Le premier producteur ne devra rien supporter et le consommateur final devra supporter la TVA sans pouvoir la déduire.
En résumé, nous pouvons dire que tant en Espagne qu’en France, l’impôt en général est assez pénible pour les personnes physiques et morales.
Les impôts de ces deux pays sont très similaires et diffèrent principalement par des particularités liées à des points de vue propres à chaque pays et à des opérations mathématiques.
Impuestos Francia y España
FISCALIDAD
Hoy vamos a comentar brevemente, desde el punto de vista jurídico, un tema bastante sensible para la sociedad en general: la fiscalidad.
Examinaremos los principales impuestos españoles y sus equivalentes franceses para destacar las características que difieren y las que son similares.
En España, el derecho fiscal se rige por una serie de leyes, reglamentos, decretos y directivas europeas que constituyen una enorme fuente de derecho.
De hecho, hay muchos impuestos y sus especialidades.
Entre los más destacados están el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y su equivalente francés «impôt sur le revenu», el impuesto de sociedades y el impuesto sobre el valor añadido.
IRPF
Comenzamos con el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que grava los ingresos de los ciudadanos.
En ambos países, este impuesto es directo, personal y subjetivo, ya que tiene en cuenta varios factores sociales para determinar las cantidades que pueden deducirse en cada hogar antes de hacer la declaración a Hacienda.
El hecho imponible tiene en cuenta las mismas rentas, a saber: los rendimientos del trabajo; los rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario; las actividades económicas y las ganancias y pérdidas patrimoniales.
Además, en ambos sistemas fiscales, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre donaciones y sucesiones están vinculados al IPRF a la hora de declarar sus ingresos a Hacienda.
De hecho, hay varias situaciones en las que las personas pueden cometer el error de pensar que una renta es el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) cuando en realidad tienen que pagar el impuesto sobre el patrimonio o el impuesto sobre donaciones y sucesiones.
Esto ocurre a menudo, por ejemplo, en los casos de herencia.
A continuación, hay que añadir que, en caso de doble imposición, hay que remitirse a la ley, a los convenios y a los tratados internacionales.
En cuanto a las diferencias, hay que recordar que España es un país menos centralizado que Francia y, por tanto, cada comunidad puede generar y administrar impuestos especiales, lo que no ocurre en Francia, ya que el «impôt sur le revenu» es un impuesto estatal.
Hay que añadir que el ámbito de aplicación no es el mismo, ya que España tiene en cuenta el criterio de la residencia para definir a los contribuyentes, mientras que Francia tiene en cuenta el propio domicilio fiscal.
El impuesto sobre la renta de las personas físicas también es un impuesto periódico.
Esto significa que cada 31 de diciembre el contribuyente tendrá que pagar el PIT. En Francia, este era el caso no hace mucho tiempo.
Pero todo cambió a raíz de una ley con la aparición de la llamada «retención en origen».
Esto permite deducir los impuestos cada mes mediante un sistema de deducciones. El objetivo principal de este proceso es facilitar los trámites y hacer menos «doloroso» el impuesto para que sea más fácil de pagar porque no se paga todo de una vez sino que cada mes hay que pagar una parte del IRPF.
IMPUESTO DE SOCIEDADES
En cuanto al impuesto de sociedades, hay que decir que el equivalente francés es muy similar.
Por no hablar de los cálculos porcentuales de las deducciones y otras operaciones complejas, la única diferencia muy notable es que en Francia el criterio de aplicación territorial es la simple localización geográfica de los beneficios, mientras que en España es el criterio de la residencia.
Así, para justificar las similitudes, podemos afirmar que el impuesto en ambos países es un impuesto personal, directo, proporcional, periódico y estatal.
Además, las entidades y empresas públicas que no tienen una finalidad comercial están exentas del IS, a menos que tengan una finalidad lucrativa y puedan competir con las entidades privadas.
Por último, para evitar la doble imposición, es aconsejable consultar la ley, los convenios y los tratados internacionales.
IVA
En cuanto al IVA, hay que señalar que este impuesto está armonizado en toda la Unión Europea. Como España y Francia son Estados miembros, el IVA es el mismo.
De hecho, está regulada por la Directiva 2006/112 de 28 de noviembre de 2006. Es un impuesto real, indirecto, objetivo, proporcional e instantáneo.
El hecho imponible es la entrega de bienes y la prestación de servicios, incluidas las operaciones intracomunitarias.
La única diferencia entre los países de la UE en cuanto al IVA es el porcentaje del tipo impositivo.
Sin embargo, podemos ver que Francia y España son muy similares, ya que el IVA es más o menos del 20% en estos dos países vecinos.
Como es un impuesto que está en todas partes y la gente no suele darse cuenta de que paga el IVA en absolutamente todo, vamos a explicar brevemente cómo funciona el IVA.
Básicamente, el IVA es el impuesto de entrada y salida de una cadena de empresarios que podrán deducir el IVA soportado.
El primer productor no tendrá que pagar nada y el consumidor final tendrá que pagar el IVA sin poder deducirlo.
En resumen, podemos decir que tanto en España como en Francia, los impuestos en general son bastante gravosos para las personas físicas y jurídicas.
Los impuestos en estos dos países son muy similares y difieren principalmente por peculiaridades ligadas a los puntos de vista específicos de cada país y a las operaciones matemáticas.
Para cualquier cuestión sobre fiscalidad España- Francia consúltenos en:
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SUBASTAS DE HACIENDA. PROCEDIMIENTO Y NUEVA NORMATIVA.
¿Quiere participar en una subasta de Hacienda? es imprescindible contar con asesoramiento jurídico adecuado. En LETRADOX contamos con un experimentado equipo legal de abogados que le asesorará en todas las materias que necesite de subastas con Hacienda.
El pasado 31 de enero de 2024 el BOE publicó el Real Decreto 117/2024, de 30 de enero, promovido por el propio Ministerio de Hacienda, en que se regulan múltiples aspectos, incluyendo cambios relacionados con la enajenación de bienes mediante subasta por deudas contraídas con esta institución.
Entrando en el Preámbulo, este nuevo Real Decreto tiene por objeto establecer las normas y procedimientos de diligencia debida referenciados, así como regular las nuevas obligaciones de registro e información que, junto a la normativa legal sobre dichas materias contenida en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, completan la transposición de la citada Directiva (UE) 2021/514 así como la implantación del Acuerdo multilateral u otros acuerdos internacionales citados.
Las principales innovaciones de esta Ley no tratan exactamente sobre el objetivo de la presente búsqueda acerca de las subastas de hacienda y su procedimiento, sin embargo, establece grandes avances en relación con las normas y procedimientos de diligencia debida. Algunos de estos avances son:
Respecto a las normas y procedimientos de diligencia debida, en cuanto al ámbito subjetivo, deberán aplicar tales procedimientos los «operadores de plataforma obligados a comunicar información» en relación con determinadas informaciones de los «vendedores» que, por su parte, estarán sujetos a la comunicación de dichos datos a los citados operadores en virtud de estas normas de diligencia debida.
Respecto del ámbito objetivo, se define en qué van a consistir las normas y procedimientos de diligencia debida.
La verificación de la corrección de la información se efectuará, con carácter general, utilizando aquella que estuviera en los propios archivos del operador.
Se establece una nueva obligación de información, en virtud de la cual los «operadores de plataforma obligados a comunicar información» deberán declarar a la Administración tributaria determinada información relativa a la actividad desarrollada a través de la plataforma que operan. Dicha plataforma permite a los «vendedores» ponerse en contacto con otros usuarios para llevar a cabo una «actividad pertinente», de forma directa o indirecta, para esos usuarios.
Por último, se determina el plazo de cumplimiento de la obligación de información que será durante el mes de enero del año natural posterior a aquel en el que el «vendedor» haya sido identificado como «vendedor sujeto a comunicación de información»
Entrando en el tema que nos atañe, en este nuevo Real Decreto se introducen algunos cambios en el régimen jurídico de enajenación de los bienes embargados mediante subasta. En particular, en relación con los bienes embargados que hayan quedado sin adjudicar, se reduce el tipo para la segunda y siguientes subastas, aplicándose un coeficiente corrector sobre el importe de la valoración del bien. Se incrementa el depósito obligatorio para ser admitido como licitador en el caso de los bienes muebles. Y también, para evitar la gestión de ofertas simbólicas, se establece un importe mínimo de puja del bien o lote subastado, que será con carácter general del 10 por ciento del tipo de subasta.
Pasando ahora a desarrollar las innovaciones de este nuevo Real Decreto 117/2024 en relación con las subastas de Hacienda y su procedimiento, la Disposición final segunda establece todas las modificaciones del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, entre las cuales destacan:
Si alguno de los bienes embargados por Hacienda se ha quedado sin adjudicar, se reduce el tipo para la segunda y siguientes subastas, aplicándose, como he mencionado anteriormente, un coeficiente corrector sobre el importe de la valoración del bien. Cuando un bien se ha quedado sin adjudicar, significa que no se ha producido ese momento procesal en el que se atribuye el bien subastado a quien haya sido el mejor postor durante la subasta.
Por lo tanto, se puede afirmar que las segundas subastas de bienes subastados por Hacienda se convertirán en una oportunidad de inversión aún mayor, y así sucesivamente con una posible tercera, cuarta o quinta subasta, en caso de llegar a celebrarse.
En concreto, el coeficiente corrector de valor será del 0,8 cuando el bien o lote vaya a ser objeto de la segunda subasta, y del 0,6 para terceras y posteriores convocatorias. Se trata de una medida que busca obtener una mayor liquidez a través de la enajenación de estos bienes, evitando el coste asociado a sucesivas subastas desiertas y al abandono de estos bienes.
Otra innovación incluida en este Real Decreto versa sobre el incremento del depósito obligatorio para ser admitido como licitador en el caso de los bienes muebles. Se entiende como licitador, aquella persona que puede participar en una subasta y en la Sede de la Agencia Tributaria se establecen las bases para poder ser licitador o no.
Según la Agencia Tributaria puede participar como licitador cualquier persona que posea capacidad de obrar con arreglo a derecho y que no tenga para ello impedimento o restricción legal, siempre que se identifique adecuadamente. Es decir, pueden participar como licitadores los mayores de edad no incapacitados y los menores emancipados. Podrán actuar por sí o por medio de representante.
Sin embargo, no pueden ser licitadores:
El personal adscrito al órgano de recaudación competente.
Los tasadores.
Los depositarios de los bienes.
Los funcionarios directamente implicados en el procedimiento de apremio.
Todo aquel que tenga impedimento o restricción legal.
Siguiendo con este incremento del depósito, todo licitador para ser admitido como tal deberá constituir lo siguiente:
Un depósito del 10% del tipo de subasta cuando los bienes o lotes por los que desee pujar sean exclusivamente bienes muebles.
Un depósito del 5% del tipo de subasta cuando los bienes o los lotes por los que desee pujar sean bienes inmuebles o contengan al menos un bien inmueble
Otra modificación importante es la del artículo 3.3 y 4.4 del Reglamento 939/2005 que versan sobre que la Agencia Estatal de Administración Tributaria es la encargada de conocer la declaración de responsabilidad y la derivación de la acción de cobro frente a los responsables.
También se modifica el apartado 9.4 que expresa que las entidades de dinero electrónico, las entidades de pago cualquier otra que establezca el titular del Ministerio de Hacienda, podrán prestar servicios de caja y tener consideración de entidad colabora en la recaudación.
La siguiente modificación es en el artículo 29.1 donde se regula que las entidades colaboradoras centralizarán la operación de ingreso en el Tesoro de las cantidades recaudadas cada quincena. Se establecen igualmente los periodos y plazos:
“Cada quincena comprenderá desde el fin de la anterior hasta el día 5 ó 20 siguiente o hasta el inmediato hábil posterior, si el 5 ó el 20 son inhábiles.
El día 18 de cada mes o el inmediato hábil anterior, las entidades colaboradoras ingresarán en la cuenta del Tesoro el total de lo recaudado durante la quincena que finaliza el día 5 del referido mes. El penúltimo día hábil de cada mes las entidades colaboradoras ingresarán en la cuenta del Tesoro el total de lo recaudado durante la quincena que finaliza el día 20 de dicho mes.
A efectos de lo previsto en el presente apartado se considerarán días inhábiles los sábados, los domingos, las festividades nacionales, autonómicas y locales correspondientes a la localidad en la que se encuentra situada la oficina central de la entidad de crédito designada por la Administración tributaria correspondiente para recibir los ingresos y, en todo caso, el Lunes de Pascua”.
Se modifica el artículo 57 cuya nueva redacción es la siguiente:
“Artículo 57. Compensación de oficio de deudas de entidades públicas.
Las deudas vencidas, líquidas y exigibles a favor de la Hacienda pública estatal que deba satisfacer un ente territorial, un organismo autónomo, la Seguridad Social o una entidad de derecho público serán compensables de oficio, una vez transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario.
La compensación se realizará con los créditos de naturaleza tributaria reconocidos a favor de las entidades citadas y con los demás créditos reconocidos en su favor por ejecución del presupuesto de gastos del Estado o de sus organismos autónomos y por devoluciones de ingresos presupuestarios.”
Esta modificación se produjo en el artículo 104 en sus apartados 2 y 3. La nueva redacción establece que se podrán realizar pujas electrónicas durante un plazo de veinte días naturales desde su apertura. Las pujas se enviarán electrónicamente a través de sistemas seguros de comunicaciones al Portal, que devolverá un acuse técnico garantizado con sello electrónico del momento exacto de recepción de la puja y de su cuantía.
Además se incluye que el importe de salida o puja mínima del bien o lote subastado será el 10 por ciento del tipo de subasta, salvo que estos bienes o lotes tengan una carga superior o igual al 25 por ciento del importe de valoración.
Serán admisibles pujas por importe superior, igual o inferior a la más alta ya realizada, que podrán ser, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 bis de este reglamento, reservadas para el supuesto de que el licitador que haya realizado la puja más alta no ingrese finalmente el precio de remate.
En el caso de que existan pujas por el mismo importe, se preferirá la anterior en el tiempo. La subasta no se cerrará hasta que haya transcurrido una hora desde la realización de la última puja, aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicialmente fijado, con un límite máximo de ampliación de 24 horas.
El artículo 104 bis también sufrió una modificación con la nueva redacción ya que se produjeron cambios en relación con la finalización, adjudicación y pago. El nuevo texto regula que la Mesa se reunirá en el plazo de 15 días naturales y procederá a adjudicar los bienes o lotes subastados conforme a una serie de reglas las cuales también han sufrido modificaciones.
Se introduce una nueva redacción del artículo 112 que se redactó quedando lo siguiente:
“Artículo 112. Levantamiento de embargo. Una vez cubiertos el débito, intereses y costas del procedimiento, el órgano de recaudación levantará el embargo sobre los bienes no enajenados y acordará su entrega al obligado al pago”.
Por último se modifican tanto el artículo 124 como el artículo 124 bis. El artículo 124 trata sobre la declaración de responsabilidad la cual se iniciará mediante acuerdo dictado por el órgano de recaudación competente. También se establecen una serie de plazos importantes como son el de 15 días para el trámite de audiencia y de 6 meses de plazo máximo para resolver el procedimiento.
Además, este mismo artículo 124 en sus últimos apartados, regulan la situación que ocurre en caso de que el deudor principal o los responsables solidarios sean insolventes. En este caso, lo que esta nueva redacción prevé que se podrá proceder la derivación a dichos responsables subsidiarios del resto de la deuda pendiente de cobro.
Pasando a la nueva redacción del artículo 124 bis, esta trata sobre las especialidades en materia de declaración de responsabilidad asociada a la liquidación vinculada a delito. Cuando ocurra este caso, el órgano competente trasladará el conocimiento de tales hechos al órgano de recaudación para iniciar el procedimiento de declaración de responsabilidad.
En este último artículo también se menciona que el responsable dispondrá de un plazo de 15 días para formular las alegaciones y aportar la documentación que estime oportuna que sea susceptible de recurso en vía administrativa según la normativa vigente.
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¿QUE SON LAS SUBASTAS DE HACIENDA?
Las subastas de Hacienda se realizan como consecuencia de deudas contraídas por contribuyentes con la Agencia Tributaria, para que pueda ser pagado el crédito correspondiente.
Se trata de una medida ejecutoria a la que sólo se recurrirá cuando no existan otras alternativas.
Según la Agencia Tributaria, estas subastas son un procedimiento de enajenación para vender bienes muebles e inmuebles al mejor postor que proceden de embargos realizados por la Agencia Tributaria. La subasta es siempre única y se realiza por medios electrónicos, en el portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
¿CUÁNDO PROCEDE LA SUBASTA PÚBLICA DE LOS BIENES EMBARGADOS?
Las formas de enajenación de los bienes embargados son la subasta pública, concurso o adjudicación directa, incluidos procedimientos específicos de determinados bienes.
El procedimiento ordinario de adjudicación de bienes embargados es la subasta pública que procede siempre que no sea expresamente aplicable otra forma de enajenación.
¿CUÁNDO PROCEDE LA ENAJENACIÓN POR CONCURSO?
La enajenación de bienes embargados sólo se celebra por concurso:
Cuando la realización de lo embargado por medio de subasta, por sus cualidades o su cuantía pudiera producir perturbaciones nocivas en el mercado
Cuando existan otras razones de interés público justificadas
¿CUÁNDO PROCEDE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA?
La adjudicación directa de los bienes o derechos embargados procede:
Cuando, después de realizado el concurso, quedan bienes o derechos sin adjudicar
Cuando se trate de productos perecederos o cuando existan otras razones de urgencia, justificadas en el expediente
En otros casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, por razones justificadas en el expediente
¿QUIÉN TIENE LA COMPETENCIA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES EMBARGADOS?
Los órganos que establece la norma de organización específica son los competentes para adjudicar bienes o derechos a la Hacienda pública en pago de deudas no cubiertas en el curso del procedimiento de apremio.
¿QUÉ TIPO DE BIENES SUBASTA HACIENDA?
Los bienes subastados por Hacienda pueden ser de cualquier tipo y proceden tanto de personas físicas como jurídicas. Así, es posible adquirir bienes inmuebles como viviendas, locales comerciales, naves, plazas de garaje, hoteles, plazas de garaje, trasteros, etc.; pero también bienes muebles de toda clase, incluyendo derechos de propiedad intelectual. Solo se requiere que el bien tenga un valor económico.
¿CÓMO SE VALORAN LOS BIENES EMBARGADOS?
Los órganos de recaudación competentes proceden a valorar los bienes embargados a precios de mercado y según los criterios generales de valoración. La valoración se notifica al obligado al pago que, en caso de disconformidad, puede presentar una valoración contradictoria en el plazo de 15 días desde el día siguiente al de la notificación. La cuantía del bien para la subasta será como mínimo:
Si no existen cargas o gravámenes, el importe de la valoración
Si sobre los bienes embargados existen cargas o gravámenes anteriores:
Si las cargas o gravámenes no exceden de la valoración del bien, la diferencia entre la valoración y el valor actual de las cargas o gravámenes.
Si las cargas o gravámenes exceden de la valoración del bien, la cuantía será el importe de los débitos y costas en tanto no supere el valor fijado al bien, o la valoración del bien si lo supera.
FORMACIÓN DE LOTES PARA SU ENAJENACIÓN
Los bienes tratados pueden ser distribuidos en lotes, integrando en cada uno de estos los que sean de análoga naturaleza, según sus características; así como cuando se estime conveniente para facilitar la concurrencia de licitadores.
SUBASTAS EN EL CASO DE BIENES AGRUPADOS Y SIMULTÁNEAS
Los órganos de recaudación pueden acordar la celebración de subastas agrupando bienes correspondientes a distintos órganos del mismo ámbito territorial.
Cuando sea posible y aconsejable, el órgano de recaudación competente puede autorizar la acumulación de bienes que deba llevar a cabo con otras Administraciones Públicas.
¿Quiere participar en una subasta de Hacienda?
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También puede leer nuestro artículo sobre SUBASTAS JUDICIALES en este link:
Indemnización a los afectados del Cartel de los Coches. ABOGADOS
La controversia relativa al Cartel de los Coches (en adelante, el “Cartel”) se remonta al año 2015, cuando diversas marcas constituyeron un cártel para facilitarse entre sus miembros información confidencial y conseguir así una ventaja competitiva.
Según la Ley de Defensa de la Competencia, concretamente su Disposición adicional cuarta, se entiende por cártel como “todo acuerdo secreto entre dos o más competidores cuyo objeto sea la fijación de precios, de cuotas de producción o de venta, el reparto de mercados, incluidas las pujas fraudulentas, o la restricción de las importaciones o las exportaciones.”
El Cártel intercambió información secreta, por lo que sus miembros pudieron controlar el mercado de la posventa y distribución de vehículos llegando a afectar a más de 10 millones de consumidores, tanto empresas como particulares que adquirieron un vehículo entre los años 2006 y 2013.
Fue en el año 2015 cuando la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (en adelante, “CNMC”) impuso una serie de multas a los miembros del Cartel, siendo la mayor sanción de la historia la que alcanzó los 171 millones de euros.
Algunos de los sancionados como las marcas del grupo Volkswagen y Seat fueron condonadas por su colaboración con el organismo regulador a la hora de sacar a la luz este asunto. Es lo que se conoce como el programa de clemencia. Mediante el mismo, aquellas empresas que formen parte de un cártel y comuniquen la existencia del mismo, facilitando la investigación pertinente, y permitiendo que la Autoridad de Competencia (la CNMC) lo investigue, se beneficiarán de la exención del pago de una multa dada o bien una reducción de su importe. Destacar que sólo esta exenta de pagar una multa la primera empresa del cártel que aporte información, mientras que, la segunda y siguientes del mismo cártel que colaboren con la Autoridad de Competencia únicamente se podrá favorecer de una reducción del importe de la multa.
En el año 2019, la Audiencia Nacional, ante las reclamaciones de las diversas marcas sancionadas, ratificó la multas, al igual que el Tribunal Supremo. Hasta la fecha ha ratificado las multas de hasta 15 marcas, esperando tomar la misma decisión para el resto de componentes del Cártel. Se estima que la acción del Cártel supuso un sobreprecio de hasta un 10% de los vehículos.
¿Quién puede solicitar una indemnización?
Todos aquellos consumidores que hayan adquirido un vehículo entre los años 2006 y 2013. Según el artículo 8.1.c de la a Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios la indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos es uno de los derechos básicos de los consumidores.
¿Qué marcas fueron sancionadas?
Las marcas que fueron sancionadas fueron: Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Toyota y Volvo.
¿Cuándo deben reclamar el precio del sobreprecio?
Los afectados deben reclamar el sobreprecio en el plazo de 1 año desde la publicación de las sentencias del Supremo.
¿Qué documentación debe acompañar a la demanda?
Junto al escrito de demanda deben aportarse toda prueba documental que pruebe el sobreprecio de los vehículos:
Contratos de Compraventa, Alquiler o Leasing.
Justificantes de pagos.
Fichas técnicas de los vehículos.
¿A cuánto ascenderán las indemnizaciones?
Las mismas pueden oscilar entre los 1.500 y 2.500 euros, en función de la marca sancionada y el modelo de vehículo.
Además, en Letradox Abogados poseemos una dilatada experiencia procesal, sobre todo en materia de reclamación de cantidades, solicitud de indemnizaciones y resarcimiento del daño causado, apostando por una asesoramiento y defensa minucioso, eficiente y efectivo. Por ello, si usted considera que es afectado por alguna de marcas miembro del Cártel de los Coches no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Indemnización a los afectados del Cártel de los Coches. ABOGADOS
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¿Tiene problemas para decidir cual es la póliza para su caso? ¿Ha tenido un problema con su seguro de ciberseguridad? ¿Quiere tener defensa jurídica en su seguro de directivos?
Los seguros de ciberseguridad y de directivos han aumentado en los últimos años. En este artículo abordamos algunas cuestiones de interés.
Y recuerde que si quiere asesoramiento para su caso en particular, contáctenos sin compromiso:
En cuanto al contenido de los seguros de ciberseguridad/ estructura de las pólizas de seguros se dividen en tres partes. Primero, tenemos “¿Qué se asegura?”, segundo “¿Qué restricciones hay?” y, por último, “¿Qué no se asegura?”.
Empezaremos hablando de la primera parte (¿Qué se asegura?). Las pólizas de ciberseguridad cubren la asistencia preventiva informática, la asistencia preventiva legal, la responsabilidad civil, la asistencia post-siniestro tanto legal como informática, la aplicación anti-secuestro y la pérdida de beneficios. Límite por siniestro y anualidad para todas las garantías de x € y sublímite de pérdidas de beneficios de hasta el 25% generalmente.
En cuanto a la segunda parte, las restricciones vienen a ser las mismas para las pólizas, algunas de ellas que tienen en común son: Asistencia telefónica (solo una consulta), gastos de recuperación de imagen, gastos de recuperación de gastos borrados, daño reputacional (10 veces al año) y redes sociales (10 veces al año), protección de identidad e interrupción del negocio (periodo máximo de 30 días), por ejemplo. Las restricciones que no tienen en común son las citadas a continuación: Aplicación anti-secuestro (50 dispositivos), adaptación a la normativa aplicable de protección de datos (1 al año), implantación de medidas de seguridad (1 al año).
Por último, lo que tienen en común de estas dos pólizas es que no te asegura nada que haya sido provocado por dolo o mala fe, incidencias, los siniestros y solicitudes relativos a la protección de datos personales que no se refieran a la legislación española, pérdidas de datos que no sean los referidos en los contratos, paradas programadas o periodos de actividad, etc.
En cuanto a la responsabilidad civil de los administradores y directivos no está asegurada en ninguna póliza de ciberseguridad.
En estos casos el trabajo del abogado será estudiar, conforme a la ley, si el siniestro está dentro del ámbito de la póliza o no. No siempre es tan fácil como una simple lectura de la póliza para su consideración, teniendo que estudiar la ley y la jurisprudencia de aplicación.
Antes de hacer ninguna reclamación es mejor que nos consulte.
La Sala Tercera del Tribunal Supremos en su Sentencia 188/2022, de 15 de febrero de 2022, Sala de lo Contencioso Administrativo, resuelve una causa acerca de un asunto en el que se vulnera la protección de datos personales por parte de COMMCENTER, S.A y la Agencia Española de Protección de Datos interpone una demanda.
La sentencia 188/2022 dictada por la sala tercera del Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación interpuesto por COMMCENTER, S.A., empresa distribuidora oficial de Movistar, y confirma la sanción impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos (“AEPD”) a la entidad recurrente en fecha 3 de octubre de 2018 por infracción del Artículo 9.1 de la ahora ya derogada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD”). La sanción ascendía a 40.001 euros.
El hecho que motivó el inicio del procedimiento contra la citada entidad y la posterior sanción fue la filtración de catorce contratos de financiación que contenían una gran cantidad de datos personales (nombres, domicilios, teléfonos, estado civil, familiares a cargo, ingresos, situación laboral, cargos, números de cuentas corrientes, importes financiados, mensualidades y la firma del contratante) que se enviaron a una cuenta de correo errónea (la del denunciante). COMMCENTER, S.A. consideró que hubo un mal uso del formulario por parte de una de sus empleadas que, al rellenar la solicitud de financiación de algunos clientes, incluyó la dirección de correo electrónico del denunciante pensando que esa dirección era inexistente, al aludir a la provincia donde se ubica la tienda, para así poder dar curso al procedimiento de financiación, que exigía la introducción de una dirección de correo electrónico.
Por último, el Tribunal Supremo indica que solo resulta exigible a los responsables y encargados del tratamiento la adopción e implementación de medidas técnicas y organizativas que permitan evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
En este caso, el Tribunal llega a la conclusión de que las medidas adoptadas por la recurrente, como encargada del tratamiento, no fueron suficientes, ya que el programa utilizado no contenía ninguna medida de seguridad para comprobar si la dirección de correo electrónico era real o ficticia y si correspondía a la persona cuyos datos estaban siendo tratados.
Por tanto, entiende el Tribunal que el estado de la técnica en el momento de los hechos permitía establecer medidas para comprobar la veracidad de la dirección de email. Indica para finalizar el Tribunal que el hecho de que la filtración se produjera en última instancia por la actuación negligente de una empleada no exime a la empresa de su responsabilidad. Por todo ello, confirma la sanción impuesta por la Agencia Estatal de Protección de Datos.
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Seguros D&O.
Los Seguros D&O protegen el patrimonio de los altos cargos de una empresa frente a reclamaciones de terceros perjudicados por sus decisiones en la gestión de la entidad, y cubre los gastos de la defensa, además de otros gastos posibles. Dentro de las responsabilidades de los administradores y directivos, encontramos:
Cumplir con los protocolos de sanidad y seguridad.
Cumplir con la confidencialidad ante cualquier brecha de seguridad tanto en datos de clientes, como en la información confidencial de la compañía.
Negligencia o errores en decisiones importantes que pueden suponer un riesgo para el administrador, gerente o directivo.
Hay una variedad de razones por las que se puede demandar a los administradores y propietarios, como son:
Accionistas: por inexactitud en la información aportada, incumplimiento de obligaciones, uso privilegiado de información, procesos de fusiones o una mala situación financiera de la organización.
Acreedores: por romper el contrato de manera injustificada o una mala situación financiera de la organización.
Competencia: por violar prácticas del mercado, patentes, derechos o competencia desleal.
Compradores: por información engañosa, falsa o inexacta y ocultación de datos.
Terceros: que se hayan sentido perjudicados por una mala gestión o negligencias por parte de la directiva del negocio.
Trabajadores: por incumplimiento del contrato, discriminación, despido ilegal, acoso laboral o sexual o procesos de regulación de empleo.
Administración: por infracciones tributarias o prácticas de empleo.
Liquidadores de la sociedad: pueden presentar reclamaciones contra el antiguo equipo de dirección organización por la toma de decisiones y acciones que han llevado a la compañía a la situación actual.
Ejemplos de Seguros.
Dentro de este análisis, hemos comparado las pólizas de dos compañías diferentes, que se explicaran a continuación.
Hiscox: seguro adaptado a las necesidades actuales de los directivos y gerentes de entidades en tres grandes áreas: perjuicios ocasionados por el directivo a terceros, perjuicios ocasionados por la entidad a terceros por infringir prácticas laborales y perjuicios ocasionados por la entidad a terceros. Cubre los siguientes gastos:
Gastos de defensa: cubre costes, honorarios legales y gastos necesarios para que el directivo o gerente pueda establecer su defensa en caso de reclamación.
Gastos de reputación: cubrirá los costes de una agencia de marketing o comunicaciones para que asesore y ayude a restaurar la reputación del directivo y la empresa.
Reclamaciones: se abonará cualquier pérdida que derive de una reclamación por contaminación, actuaciones incorrectas en materia de empleo y contratación o reclamaciones por incumplimiento en materia de protección de datos.
Indemnizaciones: En caso de condena por cumplimiento indebido de una obligación de la póliza, se pagará la indemnización económica obligatoria, así como las indemnizaciones interpuestas por la Agencia Tributaria.
Fianzas: se constituirán las fianzas que puedan ser interpuestas por la responsabilidad civil de los actos del directivo o gerente de la entidad.
Multas y sanciones: los administradores quedarán cubiertos en caso de ser sancionados administrativamente o multados por las autoridades públicas.
Berkley: seguro consciente de las diferencias inherentes al tamaño y a la facturación, ofreciendo una póliza ajustada a cada empresa, con la posibilidad de adaptar coberturas a las preferencias de cada cliente. Tres tipos de cobertura:
Coberturas de contratación automática. R.C. de los administradores y directivos.
Gastos legales de un accionista derivados de una acción social de responsabilidad Reembolso a la sociedad.
Gastos de defensa.
Extensión asegurados retirados.
Gastos de investigación en diligencias administrativas.
Gastos de emergencia.
Período informativo. 12 meses: gratuito. 24 meses: 75% prima adicional. 36 meses: 125% prima adicional.
Nuevas sociedades filiales.
Responsabilidad de los administradores en entidades externas o participadas.
Responsabilidad Civil Tributaria.
Multas administrativas.
Gastos de gestión de crisis.
Reclamaciones por prácticas de empleo indebidas.
Responsabilidad concursal.
Gastos de publicidad o restitución de imagen pública.
Gastos de constitución de aval concursal.
Gastos derivados de procedimientos de extradición.
Gastos derivados de asesoramiento legal concursal.
Gastos derivados de contaminación.
Gastos de constitución de aval en evitación de embargo preventivo o Amplia definición de asegurado.
Gastos de constitución de fianzas civiles y/o penales.
Gastos en respuesta a una autoridad reguladora.
Cobertura al fundador de la sociedad.
Coberturas adicionales ofrecidas automáticamente
Gastos de defensa por homicidio empresarial.
Inhabilitación profesional.
Gastos de asistencia psicológica.
Límite especial en exceso para consejeros no ejecutivos.
Coberturas opcionales.
Constitución de fianzas penales
Cobertura a la entidad por prácticas de empleo indebidas.
Responsabilidad penal corporativa.
La cobertura de Berkley es más específica y diferenciada, aunque muchos puntos concurren con la cobertura de Hiscox. También está divida en 3 niveles, la que está dentro del contrato de manera automática, la que se ofrece a añadir de madera automática, y las opciones a pedir.
La resolución 683/2015 del Juzgado de Primera Instancia No. 10 de Vigo, a 14 de julio de 2015, consiste en una demanda por parte de la compañía Pescanova S.A. a Ace Europa Group. Pescanova S.A. reclama un importe por los gastos de defensa y representación legal que la demandante tuvo que realizar con motivo del proceso penal iniciado como Diligencias Previas, Procedimiento Abreviado nº 31/2013 por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, en virtud de diversas denuncias interpuestas contra los administradores y directivos de Pescanova , SA, a la que se imputaron los delitos, según los casos, de falsificación de cuentas anuales, falsedad de información económico-financiera y utilización de información relevante.
Pescanova S.A reclama a la aseguradora el coste de la asistencia jurídica contratada con Baker & Mackenzie, por un total de 145.754,04 euros. Ace Europa argumento que no debía de pagar los costes, debido a que Pescanova S.A no cumplió con su deber de declarar al asegurador, como se le pedía de manera específica en el cuestionario que debía de completar, su situación de insolvente, que fue camuflada bajo una falsedad de las cuentas. Debido a que esto es una falta grave, la aseguradora estipulaba que llevaba a la nulidad del contrato.
Pescanova S.A demanda a la aseguradora, y la resolución es a favor de la aseguradora. Pescanova S.A recurre ante la Audiencia Provincial de Pontevedra, y una vez más, el fallo es a favor de la aseguradora.
Si es usted directivo y quiere saber si su actuación entra dentro de lo establecido en la póliza o no; podemos ayudarle, como hemos realizado con numerosos clientes en estos casos. Abogados expertos seguros Ciberseguridad. LETRADOX
Abogados para defensa de personas con discapacidad. LETRADOX®
En LETRADOX Abogados tratamos todas las cuestiones jurídicas que afectan a las personas con discapacidad. Estamos en constante estudio de todas las novedades legislativas. Una de estas reformas ha sido la Ley 8/2021.
Comentamos algunos de los aspectos de esta ley más relevantes:
El pasado 3 de septiembre de 2021, entró en vigor la nueva Ley 8/2021 .
Ley de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
MOTIVACIONES
Esta nueva regulación está inspirada: en el respeto a la dignidad de la persona con discapacidad y la libre voluntad de ésta. También la tutela de sus derechos fundamentales.
La idea central de la reforma es proporcionar el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Así se iguala a todas las personas, tengan o no discapacidad. Todo ello desde el respeto de la voluntad, deseos y preferencias. Establece las salvaguardias necesarias en caso de que se precisen con el fin de garantizar sus derechos.
Los principales cambios que trae consigo son varios.
REFORMA CÓDIGO CIVIL
La reforma en el Código Civil es la más extensa, pues sienta las bases del nuevo sistema basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad.
Uno de los cambios más importantes es que se sustituye el sistema de incapacitación judicial por un procedimiento de provisión de medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica en condiciones de igualdad.
Estas medidas de apoyo, deben respetar la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad.
TRIBUNAL SUPREMO
Aunque sobre este aspecto ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo en su sentencia 589/2021, de fecha 8 de septiembre de 2021, que se pronuncia favorablemente a la adopción de medidas de apoyo en contra de la voluntad de la persona.
AUTOTUTELA
Otro de los cambios más importantes es que se modifican los regímenes de protección de la persona con discapacidad y se enfatiza en su capacidad de autotutela.
Se otorga preferencia a las medidas preventivas, esto es, a las que puede tomar el interesado en previsión de una futura necesidad de apoyo, que han de prevalecer sobre las medidas que se establecen externamente.
Por lo tanto, se refuerza la figura de la guarda de hecho, que se transforma en medida de apoyo al dejar de ser una situación provisional siempre que se manifieste como suficiente y adecuada para la salvaguarda de los derechos de la persona con discapacidad.
CURATELA
Respecto a la curatela, principal medida de apoyo de origen judicial para las personas con discapacidad. Tiene carácter subsidiario, ya que su aplicación está condicionada a la inexistencia de otras salvaguardas adecuadas y suficientes para la protección de la persona.
Es de aplicación cuando se necesitan apoyos de forma continuada.
DEFENSOR JUDICIAL
El nuevo texto recoge también la figura del defensor judicial, prevista para situaciones en que exista conflicto de intereses entre la figura de apoyo y la persona con discapacidad o imposibilidad coyuntural de que la figura de apoyo habitual lo ejerza.
No se introduce en la reforma especiales modificaciones en esta figura, salvo las terminológicas.
Se eliminan del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, que la nueva ley considera poco adaptadas al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad.
INCAPACIDAD
Se suprime la declaración de incapacidad en las resoluciones judiciales. El procedimiento de provisión de apoyos sólo puede conducir a una determinación de los actos para los que la persona con discapacidad requiera el apoyo.
Si buscas Abogados para defensa de personas con discapacidad en
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