Asesoramiento en derechos medioambientales. Letradox® Abogados

El conocimiento  de las diferentes vías para proteger y defender el medio ambiente por medio de las diversas jurisdicciones aplicables, es un presupuesto necesario a día de hoy.

Hablamos de un desafío colectivo en el cual se engloba a: los gobiernos, instituciones, empresas y a la sociedad civil. Todas estas instituciones cuentan con la  obligación y responsabilidad de colaborar con la protección del medio ambiente. Esta idea se extiende  a todos los niveles en coherencia con unos objetivos tanto presentes como futuros.

Debemos comprender el alcance de este problema al cual nos enfrentamos todos  como sociedad global.  Por ello,  presentaremos los puntos más importantes que hay que conocer.

En primer lugar, presentaremos qué es el derecho al medio ambiente.

En el año 1995 el Tribunal Constitucional en su sentencia STC 102/1995 de 26 de junio, definió lo siguiente:

“el medio ambiente es el conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas  sociales y culturales que rodean a las personas ofreciéndoles un conjunto de posibilidades de vida”. 

Asimismo, fue a partir del Reglamento de Actividades Molestas Insalubres y Peligrosas (Decreto 2414/61 de 30 de noviembre) cuando se empleó por primera vez la expresión medio ambiente en nuestro ordenamiento jurídico.

Así pues, el artículo primero del mismo,  dispone que:

evitar que las instalaciones, establecimientos, actividades, industrias o almacenes…. produzcan incomodidades, alteren las condiciones de salubridad e higiene del medio ambiente.  Y ocasionen daños a la riqueza, pública o privada e impliquen riesgos graves para las personas o bienes”. 

Es imprescindible mencionar que a nivel estatal la protección ambiental viene exigida  del derecho comunitario. Por tanto, es de obligatorio mandato y cumplimiento para todos los Estados de la Unión Europea. Y es que, no fue hasta  el año 1972, en Estocolmo, cuando  se celebró la Conferencia sobre el Medio Humano en la cual se tomó conciencia de formar una política propia en materia de medio ambiente.

No obstante, el concluyente impulso de la política comunitaria en defensa del medio ambiente fue con la adopción del Acta Única Europea firmada en Luxemburgo en 1986. Esta misma introdujo un Título específico en relación al Medio Ambiente definiendo los objetivos de la acción medioambiental de la UE.

Es por ello, que se empezaron a confeccionar más Tratados. Por ejemplo;  Tratado Constitutivo de la CEE de 1957,  Tratado de la Comunidad Europa de 1992 (Maastricht) y de 1997 (Amsterdam). U otros como,  Tratado de Niza de 2001 y Tratado de Lisboa de 2007).

Además también se confeccionaron Convenios (Convenio de Aarhus de 1998), o la Carta de los DD.FF. de 2000 donde se recogen tanto el derecho a la transparencia como a la buena administración (art.41). Igualmente se confeccionó el Reglamento del 2001. Su objeto es el garantizar el derecho de acceso del público a documentos y determinar los principios generales y los límites que han de regularlo.

Más recientemente, se han llevado a cabo Programas. Un ejemplo de ello es el   VI Programa de acción en materia de medioambiental (2002). Éste, definió las prioridades y objetivos de la política medioambiental europea hasta 2012. Actualmente, encontramos el VII programa de acción en materia de medio ambiente vigente hasta 2020, por el cual se reconoce la importancia de dar a conocer al público mayor acceso a la información.

Por otro lado, señalar que a nivel nacional la uniformidad legal viene de la mano de  nuestra Constitución española(CE) del 78. Y es que, dedica algunos preceptos, con el pretexto de mostrar y garantizar la protección del medio ambiente. Así pues,  el artículo 45, el cual  dispone que: “todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”.

Siguiendo la misma línea, encontramos el precepto 149.1.23ª de la CE, así como, sentencias del TC (64/1982 de 4 de noviembre, 102/1995 de 26 de junio o la 101/2005 de 20 de abril).

A día de hoy, en la práctica, se pueden dar infracciones del Derecho Comunitario. Lo que puede suponer la apertura de procedimientos de infracción.

Esto es, o bien se comete debido a la falta de incorporación o bien la tardanza de aplicación  de Directivas. O la deficiente aplicación de cualquier Tratado, Reglamento o Directiva por parte de un EEMM. O bien, porque no se haya aplicado correctamente el derecho comunitario.

Por su parte, varias sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, ha recogido en numerosas sentencias (5 de febrero de 1963 C-26/62 y 15 de julio de 1964, C-6/64) que el juez nacional debe interpretar el Derecho Interno agotando todas las posibilidades para que no se produzca un resultado contrario al perseguido por la norma europea. 

La normativa que regula la legitimación en el ámbito administrativo y contencioso para litigar o recurrir frente a los daños medioambientales se encuentra recogida en diferentes leyes. Algunas de ellas son: la  Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 29/1998 de 13 de julio Reguladora de la JCA , LOPJ. y la Ley 27/2006 de 18 de julio.

Por su parte, en caso de inactividad de la Administración en materia de medio ambiente, se deriva la responsabilidad patrimonial de la misma. Igualmente, se reconoce por el Derecho penal,  los delitos contra el medio ambiente. Dicha intervención se debe como consecuencia de la búsqueda de protección del medio ambiente.

En el Código Penal (CP)se reconocen los delitos ecológicos, los cuales exigen la contravención de las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente. El tipo básico, se encuentra recogido en el artículo 325 CP que recoge las conductas que puedan dañar al medio ambiente y poner en peligro el equilibrio de los ecosistemas.

Ante la comisión de delitos contra el medio ambiente, la LECcrim (Ley de Enjuiciamiento Criminal) prevé mecanismos (denuncia y querella) para poner en conocimiento de la autoridad competente este hecho delictivo.

En el ámbito de la jurisdicción civil, la STC 102/1995  ha considerado el medio ambiente como “una serie de elementos o agentes geológicos, climáticos, químicos, biológicos, y sociales que rodean a los serenes vivido y actúan sobre ellos con un carácter esencialmente antropocéntrico y transversal”. Dentro de este ámbito se pueden ejercer acciones civiles de protección al medio como la acción preventiva, o la acción reparadora.

Recientemente, las últimas noticias nos adelantan de la posible llegada del Impuesto sobre el CO2.

Y es que, después de  la última reunión de los Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (ECOFIN), que tuvo lugar en Helsinki los días 13 y 14 de septiembre de este año todavía, es necesaria la decisión final de la Comisión Europea para dar respuesta a dicho interrogante. Será esta última quien determine quién tendrá que soportar dicho importe. O  bien los consumidores finales (billetes de avión) o bien los productores energéticos y distribuidores.

Lo que está claro es que es necesario implantar medidas para frenar y reducir el cambio climático. Es por ello que, se espera que con el Acuerdo de París (enero 2020), se acuerde el primer pacto mundial vinculante en defensa del clima y del planeta .En este sentido, los países deberán poner en marcha políticas y medidas nacionales para alcanzar los objetivos del Acuerdo.

En el caso de que desee realizar alguna consulta sobre esta cuestión, somos un Despacho de Abogados. El equipo está  formado con profesionales del sector y  te garantizamos esfuerzo y trabajo para conseguir resultados satisfactorios.  

No dude en ponerse en contacto con nosotros.

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Cliente recupera 90.000 euros al anular Letradox®su Hipoteca Multidivisa

Cliente recupera 90.000 euros al anular Letradox®su Hipoteca Multidivisa

 

Nuevo caso de éxito del despacho LETRADOX® ABOGADOS.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que es firme y que es con costas, anula la hipoteca multidivisa del cliente y la cláusula de gastos.

Haciendo el recálculo a euros, el cliente ha obtenido más de 90.000 euros, así como las costas del procedimiento, dado que la sentencia es estimatoria.

Este nuevo caso se suma a los éxitos del despacho, el cual mantiene su porcentaje del 100% de casos ganados en asuntos hipotecarios y bancarios.

El cliente, de Alcalá de Henares, nos ha manifestado su agradecimiento por esta importante victoria.

Nos asegura que puede respirar tranquilo dado que la existencia de la hipoteca multidivisa le estaba suponiendo que no amortizase la deuda. Incluso a pesar de llevar más de diez años pagando religiosamente las cuotas.

Recordemos que las hipotecas multidivisa prometían en su día una seguridad y estabilidad, que lejos de ser así se convirtieron en la peor pesadilla de los prestatarios. Éstos descubrieron que después de años de pagar no bajaba su capital a amortizar.

Por suerte, la tendencia jurisprudencial ahora mismo es la de estimar este tipo de casos y que los clientes puedan tener una nueva oportunidad.

Al estimarse la demanda, procedemos a realizar el recálculo a euros ab initio, y en este caso ha arrojado una suma superior a los 90.000 euros. Sin duda el nuevo año ha venido cargado de felicidad para los clientes de Letradox y nuestro despacho y estamos seguros de que va a seguir así.

Si usted tiene una hipoteca multidivisa o quiere que le revisemos su préstamo hipotecario sin compromiso, póngase en contacto con nosotros. Igualmente, si invirtió en acciones del Banco Popular, también llámenos para informarle.

Este titular se puede volver a repetir con ud: “Cliente recupera 90.000 euros al anular Letradox®su Hipoteca Multidivisa

Podemos ayudarle como ya hemos hecho con cientos del clientes en toda España.

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La letrada del despacho y directora, Mercedes de Parada, nos lo explica en este vídeo: VÍDEO

Principales leyes que regulan el Derecho del cine y el sector del arte. Letradox® Abogados

En Letradox®Abogados, tenemos sensibilidad por el arte y por eso hemos hecho de nuestra pasión nuestra profesión. 

Admiramos a los creadores y por ello, con esta idea surge “CINEMALAW”. 

Como ya sabemos; se trata de una sección específica que emana de la marca madre “Letradox®Abogados”, y que se encuentra vinculada a los creadores y sus obras. 

El nombre está formado por dos palabras clave. De un primer lado, se compone de la palabra “CINE” que proviene del griego ( cine= kine),  y que significa “movimiento”. De otro lado, encontramos la palabra “LAW” que en español traducido hace referencia a la palabra “ley”,cuyo origen es latino (ley =lex). 

 En el caso de España el cine  es el espejo de importantes modificaciones. Reflejo de ello, fue el cambio que supuso para nuestro país el periodo de la transición. 

Algunas películas abordan la situación política de aquellos días como por ejemplo: Camada Negra de Manuel Gutiérrez (1977) donde se denunciaba la resistencia del fascismo para no caer en el olvido; o Los ojos vendados de Carlos Saura (1978) que perseguían denunciar las torturas sufridas por los grupos de la ultraderecha radicales. 

Así pues, las películas son un testimonio y a la vez  los mayores testigos de la Historia y de ahí su importancia de crear de leyes para su regulación y protección.

De esta manera, haremos un breve recorrido de las leyes del cine en la década del 2000 para dejar constancia de cómo su regulación se ha ido adaptando a los cambios y tiempos actuales. 

Ya en el año 2011 hablamos de la Orden CUL/1772/2011 de 21 de junio. Por medio de ella, se establecen los procedimientos para el cómputo de espectadores de las películas cinematográficas, así como, las obligaciones, requisitos y funcionalidades técnicas de los programas informáticos a efectos del control de asistencia y rendimiento de las obras cinematográficas en las salas de exhibición. 

Además dentro de ella se incluye; la tabla de Vigencias, relacionada al control de asistencia y declaración de rendimientos de las salas de exhibición cinematográfica. 

Y por otra parte, respecto al cómputo de espectadores para las ayudas a la amortización, se habían confeccionado una serie de artículos los cuales se había mantenido en vigor hasta el 31 de diciembre de 2018 siempre y cuando se  hubiese producido y estrenado antes del 31 de octubre de 2016 (Real Decreto 6/2015 de 14 de mayo). 

Seguidamente, encontramos la Resolución del 16 de septiembre de 2014 del Instituto de la  Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se modifican los Anexos de la  Orden CUL/1772/2011 de 21 de junio.  Mediante dicha Resolución se establecen los procedimientos para el cómputo de espectadores de las películas cinematográficas. Así como, las obligaciones, requisitos y funcionalidades técnicas de los programas informáticos a efectos del control de asistencia y rendimiento de las obras cinematográficas en las salas de exhibición.

Por otra parte, se confeccionó,  el Real Decreto 1084/2015 de 4 de diciembre por el que se desarrolla la Ley 55/2007 de 28 de diciembre del Cine; u otras como la Ley de Comunicación Audiovisual: Ley 7/2010 de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual ( financiación anticipada de producción europea de películas cinematográficas).  La nueva regulación busca dar objetividad al sistema de ayudas, fijando una serie de criterios objetivos, cuantificables y puntuables. 

 Entre los mismos,  se encuentran criterios económicos como la viabilidad e impacto del proyecto, y la solvencia del beneficiario. Mediante esto, se intenta garantizar la búsqueda del éxito comercial de la película y que la ayuda se destine a la producción en mayor medida. Por el contrario, desaparece el número de espectadores como criterio para adjudicar la ayuda.

Igualmente,  encontramos otras como la Ley del Impuesto de Sociedades (Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades); en concreto el artículo 36 sobre la Deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. Asimismo,  el Real Decreto 988/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el régimen jurídico de la obligación de financiación anticipada de determinadas obras audiovisuales europeas ha sido modificado por el Real Decreto 241/2019, de 5 de abril. A través de esta nueva actualización se regula el régimen jurídico de la obligación de financiación anticipada de determinadas obras audiovisuales europeas

Del mismo modo,  contamos con la Orden CUD/769/2018 de 17 de julio por la que se establecen las bases reguladoras y previstas en el Capítulo III de la Ley 55/2007 de 28 de diciembre del Cine y se determina la estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales. 

La Ley del Cine (Ley 55/2007 de 28 de  diciembre del Cine) se modificó por el Real Decreto Ley 6/2015  de 14 de mayo. Se  conceden varios créditos extraordinarios y suplementos de créditos en el presupuesto del Estado y  se adapta a  medidas de carácter tributario. 

El presente Real Decreto-ley consideró y valoró necesaria la implantación y puesta en funcionamiento del nuevo sistema de financiación de las medidas de apoyo a la Cinematografía. Así pues,  se estableció la concesión de varios créditos extraordinarios y suplementos de crédito  para subvenciones destinadas a financiar inversiones en varias CC.AA. . 

Siguiendo la misma línea, las Islas Canarias ofrecen una serie de atractivas ventajas fiscales que se aplican con éxito para la producción audiovisual. Así pues,  todo ello gracias al Régimen Económico y Fiscal (REF)  de Canarias en el marco legal de la UE y España (Decreto 268/2011, de 4 de agosto).

Se dan una serie de incentivos Fiscales para la Producción audiovisual en Canarias; 

– Deducción por inversión para producciones extranjeras de un 40%

– Deducción por inversión en producciones o coproducciones españolas entre un 45% – 40%.

– La Zona Especial Canaria (ZEC), para la creación de empresas en Canarias tributando a un tipo reducido del 4% en el Impuesto de Sociedades, y compatible con los beneficios fiscales arriba mencionados.

Por último, encontramos otras órdenes como la Orden de Costes (Orden CUD/769/2018 de 17 de julio) por la que se regula el reconocimiento del coste de una película y la inversión del productor. Además de establecerse las bases reguladoras de las ayudas establecidas en el Capítulo III de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. Asimismo,  se determina la estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales.

De esta manera, queda constancia que desde sus orígenes el Derecho se ha visto involucrado en este ámbito del entretenimiento como es el Cine.

Por lo expuesto, consideramos que CINEMALAW  está dirigido a un público relacionado con el cine. 

No obstante, también  está destinado a todas aquellas personas que estén vinculadas al ámbito de la creación y producción artística desde un punto de vista amplio. 

De esta manera, englobaríamos a las empresas, productoras y compañías (de danza y teatro )relacionadas con el mundo audiovisual.  Así como, escritores, pintores, cantantes, músicos, actores, actores de doblaje, artistas culinarios, cocineros, diseñadores de moda, diseñadores de joyas, tatuadores… . 

Para el caso de las primeras, es decir, empresas, productoras y compañías contamos les asesoraremos en base a criterios actuales como los que presenta  el Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.

Tal y como expone el Preámbulo de la citada ley,

sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas en los aspectos relativos a la calificación de las obras cinematográficas, su nacionalidad y la acreditación de su carácter cultural;

regula las coproducciones con empresas extranjeras; establece normas mínimas sobre la distribución y exhibición de las obras cinematográficas en salas; aprueba las líneas generales de las medidas de fomento previstas en la ley; y regula el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales”.

Así como, “el funcionamiento de los órganos asesores con competencias consultivas en esta materia y revisar las normas de verificación y control de la actividad cinematográfica en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado”.

Para los restantes, es imprescindible mencionar la nueva Ley 2/2019 de 1 de marzo de Propiedad Intelectual. La idea general que persigue es de garantizar que tanto la distribución de los bienes así como, de prestación de servicios que impliquen el uso de derechos de propiedad intelectual haya sido consentidos y autorizados por su titular. 

Del mismo modo, deberemos hacer alusión a la Ley de Propiedad Industrial de 3 de mayo de 2019 con el objeto de conocer  el conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención, diseño industrial  o signo distintivo. 

Por lo tanto, además de que CINEMALAW vaya a  dirigirse a todo el mundo de artistas y mercado audiovisual. 

Con motivo del panorama social actual, Letradox® Abogados ha considerado esencial su presencia en este sector.  

Por esa razón, contamos con grandes profesionales especializados en el sector de la Propiedad Intelectual, como la abogada, Marián Rojo (Máster Propiedad Intelectual y Protección de Datos). Asimismo, la abogada Mercedes de Parada, especialista en Derecho Mercantil y Civil, Montserrat Díaz, experta en derechos de imagen (y Derecho del Deporte) y Marta Ramírez,  conocedora del sector audiovisual. 

Igualmente, a través de CINEMALAW  hemos conseguimos dar transparencia al Derecho en materia de Propiedad Intelectual. Además de poder acercar el mismo, a este sector con profesionalidad y compromiso por parte de nuestro equipo de abogados. 

Nuestro propósito es el de hacer ver al creador la importancia de proteger su creación. Consideremos que en ocasiones,  no es consciente del posible riesgo latente. 

Otra problemática encontrada a lo largo de los años de la profesión,  es que en ocasiones, las empresas no llevan a cabo contratos especializados. Por lo que  pueden ser vulnerables frente a la competencia y derivar en distintos problemas jurídicos. 

Desde el minuto uno, ofrecemos una actividad jurídica preventiva destinada a la defensa de tus intereses judiciales como extrajudiciales. 

Nuestros abogados con experiencia en juicio, le defenderán ante tribunales. No dude en ponerse en contacto con nosotros. Somos su despacho de Abogados.

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Cómo va a ser vivir y estudiar en Londres después del Brexit. Letradox® Abogados

A partir de 2021 el Gobierno de Boris Johnson promete aprovechar el Brexit para controlar sus fronteras.

Y es que, este nuevo escenario ya lo sufren casi cuatro millones de europeos que residen en UK. Cerca de unas 200.000 personas,  es el número de españoles que actualmente viven allí y que debido a esta situación  deberán registrase para conseguir el “estatus de asentados”. Por ende, conseguir no perder sus derechos a partir del próximo año.

Uno de los principales pilares del mercado común europeo es la libertad de movimiento. Durante este 2020, Reino Unido seguirá manteniendo la misma estructura en lo que concierne al flujo de personas. No obstante, se prevé que los españoles que ya residen allí, deberán registrarse y en un futuro será necesario un visado de trabajo.

En lo que respecta a los estudiantes y trabajadores europeos que quieren trasladarse a Reino Unido después del 2021, quedarán obligados a pedir visados con un periodo de antelación. Incluso, podría pasar a implantarse un mecanismo de visados electrónicos o de autorización previa, exigido para los turistas.

¿Cómo será la situación de los españoles residentes en Reino Unido?

Como hemos señalado anteriormente, los europeos que actualmente viven en Reino Unido tendrán hasta junio de año que viene para acogerse a lo que se conoce como “estatus asentado” (settlement status). Éste, reconoce el derecho a seguir residiendo en dicho país.

Para aquellos que llevan cinco años viviendo en UK, reciben este derecho permanente de residencia. Por el contrario, para aquellos que lleven menos tiempo, se les considera “presasentados”. Para estos últimos, el permiso será provisional hasta que cumplan el periodo establecido. En torno a casi 200.000 mil españoles ya se han dirigido al Ministerio del Interior Británico para pedir dicho estatus (sin coste alguno).Por su parte, la embajada española ha establecido una “ventanilla única” para poder atender  a las consultas de  los residentes en caso de ayuda o dificultad para realizar el proceso.

Aquellos españoles que tienen la residencia permanente, podrán pedir el pasaporte británico  para asegurar su derechos. El precio del mismo será de unos 1.500 euros (1.300 libras) para un adulto.

¿Qué pasará con aquellos que quieren entrar en el futuro?

Priti Patel, ministra británica del Interior, ya ha hecho alusión al “sistema de puntos” en base al  estilo australiano. Y es que, dicho sistema, sirve para determinar después del 2021 qué europeos podrán trabajar en UK. No obstante, es solo una primera  idea aunque pasarán a valorarse las aptitudes del trabajador: experiencia profesional, dominio de la lengua, estudios entre otros. A su vez, el empleado deberá contar con una oferta de trabajo concreta ya que se prevé que el coste del visado va a ser muy elevado. 

Así pues, los ciudadanos europeos serán tratados sin esta condición, y sufrirán las mismas restricciones que los civiles de  los otros continentes.

Por su parte, está presente el temor de que se perjudique a la economía británica con este nuevo modelo que se quiere implantar y provoque la falta de personal sanitario, o en otros sectores como la agricultura, construcción y hostelería.Por ejemplo, en el caso de la sanidad, de los 40.000 españoles que llegan cada año a Reino Unido, a día de hoy hay un total de casi seis mil españoles (casi 1341 menos que hace dos años).

¿Qué les pasará a los británicos que residen en España?

El número de británicos que viven en España es elevado. Oficialmente residen un total de 365.000 mil pero la cifra aumenta si se incluye a aquellas personas que no están registradas y cuya instancia  en nuestro país  pasa a ser  indefinida. En su mayorías nos referimos a los jubilados, que pasan sus últimos años en España y por la zona de la costa mediterránea. Por su parte, este colectivo tiene muy presente la problemática con su acceso a la Sanidad pública española.

Hasta día de hoy, los británicos (tanto residentes como turistas) pueden hacer uso de hospitales españoles de forma gratuita gracias a su tarjeta sanitaria europea. Todo ello conlleva a que el Gobierno del Reino Unido compense a España por los costes derivados de dicha situación. Se tendrá que esperar a los acuerdos que se negocien para conocer finalmente la nueva situación.

Por lo tanto, si a partir de 2021 no  hay acuerdo, podría ser necesario solicitar por adelantado un visado electrónico para los viajes en ambos sentidos, (similar al que exige EE.UU.). Por su parte, la UE pretende implantar ese año el denominado Etias (European Travel Information and Authorisation System), y Londres prevé crear un ETA (Electronic Travel Authorisation), tanto uno como el otro   podrían tener un reducido coste. Además, Reino Unido dejará en el futuro de aceptar los DNI como forma de identificación de los españoles.  En el caso de los  los pasaportes, deberán tener un periodo de vigencia mínimo de seis meses, antes de caducar.

Por otro lado, es importante   resaltar cuál  será la situación con Gibraltar, ya que dicho acuerdo de salida británica incluye que tanto Madrid como Londres mantengan los mismos derechos de las personas que todos los días cruzan la línea divisoria entre España y Gibraltar. Del total de personas que acuden diariamente al Peñón a trabajar, cerca de 8.000 son españoles. Por lo tanto, tendrá que determinarse cómo se mantendrá esta libertad de movimiento cuando Gibraltar deje de estar en el Mercado Común.

Por último, ¿qué pasará con los estudiantes universitarios?

En primer lugar, está en duda si el programa Erasmus va a seguir estando vigente.

En segundo lugar, el Gobierno británico se ha comprometido a mantener los precios a los estudiantes europeos en las mismas condiciones que los británicos hasta el próximo año. A partir de esta fecha, se entenderá que las condiciones de acceso a las universidades pasarán a ser semejantes a las de estudiantes de otros continentes los cuales quedan obligados a pagar cantidades descomunales.

Lo que está claro es que deberemos esperarnos al próximo año para tener claro todos estos matices aún sin respuesta ni claridad.

Desde Letradox® Abogados le animamos a que no dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda o consulta. Somos un Despacho de Abogados formado con profesionales del sector y  te garantizamos esfuerzo y trabajo para conseguir resultados satisfactorios.  

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CINEMALAW® de Letradox® Abogados protegemos a los creadores

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CINEMALAW® DE LETRADOX® ABOGADOS

El lugar donde el  cine, el arte y el Derecho van de la mano.

Desde Letradox® Abogados te presentamos este área del Despacho destinada al mundo del cine y el arte y su relación con el Derecho. 

¿Pensabas que esta vinculación era imposible ? Nada más lejos de la realidad.

A día de hoy, resulta necesaria.

¿Puedo hacer creaciones libremente o puedo tener consecuencias legales? ¿ puede derivarse responsabilidad de daños y perjuicios? ¿qué ocurre si la obra ofende o difama a terceras personas?

En ocasiones se ha planteado la posible vulneración del derecho al honor; más comúnmente suele hablarse de “difamación”, que supone  cuantías elevadas y costas.

Además, con la presencia de la tecnología en nuestras vidas, se facilita  que se produzcan difamaciones, a pesar de que muchas de ellas sean inconscientes. 

De esta manera, cada vez va siendo necesario un mayor asesoramiento jurídico destinado a los artistas e  intelectuales. Apoyar el arte y sus libertades; de expresión y artística, es una tarea importante.

Junto a ello, las entidades de gestión desempeñan un papel fundamental a la hora de proteger y promover la diversidad cultural. De esta manera, permiten el acceso al mercado a aquellos repertorios culturales locales o menos populares que, pese a su enorme valor y riqueza creativa, no gozan del mismo éxito comercial que otros repertorios más mayoritarios.

Debido a la importancia de este sector, el legislador europeo por medio de la confección de directivas, como la  Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 ha querido lo siguiente:

gestionar  de manera colectiva  los derechos de autor y derechos afines y  la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior. 

Igualmente, la UE ha querido armonizar las diferentes normativas  de las naciones de los Estados Miembros, reguladores de las entidades de gestión. Todo ello, para fortalecer su transparencia y gestión de los derechos de propiedad intelectual. 

Por lo tanto, en el contexto social en el que vivimos  rodeados de cambios, de rupturas, de constantes influencias; regular la situación jurídica del titular del derechos de propiedad intelectual resulta necesario. 

En consecuencia, hemos considerado conveniente dirigirnos a través de esta sección de CINEMALAW a un público que esté relacionado con el mundo del cine y del arte. 

De esta manera,  englobaríamos a todas aquellas personas vinculadas al ámbito de la creación y producción artística desde un punto de vista más amplio. 

Por ello destacaríamos  empresas, productoras, compañías ( de danza, y de teatro); a la par que, escritores, pintores, cantantes, músicos, actores, actores de doblaje, artistas culinarios, cocineros, diseñadores de moda, diseñadores de joya, tatuadores…. . 

Por ejemplo, el artículo 24 de la Ley 2/2019 de Propiedad Intelectual  dispone que los autores de las obras de arte gráficas o bien plásticas (como los cuadros, collages, pinturas, dibujos, objetos de cristal, fotos, piezas de vídeos, cerámicas);  tendrán derecho a percibir del vendedor el precio de la reventa que se realice,  una vez el autor la haya autorizado. 

Por  lo tanto, estamos hablando de que este sujeto goza de derechos de propiedad intelectual, que en un principio requiere la autorización de sus titulares. Igualmente permite a estos últimos obtener por el uso de sus obras una remuneración.

A su vez, encontramos con otras normas, como es en el caso de nuestra norma suprema del ordenamiento jurídico español:  la Constitución española. 

En lo que respecta, esta misma dispone en el artículo 20 que se “reconocen y protegen los derechos tanto a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones” ya sea por escrito, palabra o medio de reproducción. Además, se reconoce el derecho “a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica”.

Igualmente, el apartado segundo de este mismo precepto ( (art 20.2 CE) )reconoce que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”. 

La producción de películas y documentales supone un esfuerzo de los agentes intervinientes y un cumplimiento normativo que abarca varias áreas y puede ser complejo si no se cuenta con el asesoramiento adecuado. Para ello, también, cubrimos esta necesidad.

Desde Letradox® Abogados, consideramos que el arte supone una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo personal. Como hemos podido demostrar es la propiedad intelectual del titular   y  los derechos de autor. 

Por esa razón, debe ser prioritario proteger tu arte; y te recordamos que: no olvides firmar tus obras y registra tus creaciones; para asegurar que la misma te pertenece. 

¡Esperemos que sigas todas las novedades de esta  sección de CINEMALAW que Letradox® Abogados pone a tu disposición para potenciar aún más el Dpto. de Propiedad Intelectual y aunar Derecho y Arte en general!

En efecto, somos un Despacho de Abogados formado con profesionales del sector y  te garantizamos esfuerzo y trabajo para conseguir resultados satisfactorios.  

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¿Se encuentra usted en un fichero de morosos? Le ayudamos a reclamar. Letradox® Abogados

La Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, regula los llamados sistemas de información crediticia. Popularmente, estos ficheros de datos para la prestación de servicios sobre solvencia patrimonial y crédito, se conocen como “Ficheros de morosos”. 

La Ley dispone que  a excepción de  prueba en contrario, se presume lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por este tipo de sistema de información crediticia; siempre y cuando se cumpla  con los siguientes requisitos.

En primer lugar, que sea el acreedor o quien actúe por éste, el que haya facilitado los datos. Seguidamente, que dichos datos hagan referencia a deudas: ciertas, vencidas y exigibles. Asimismo, que cuya cuantía no haya sido objeto de reclamación judicial o administrativa por parte del deudor; o por medio de un procedimiento alternativo de resolución de conflictos que vincule a las partes. En tercer lugar, que al afectado le  haya  informado  el acreedor ( en el contrato o en el momento de efectuar el pago) sobre la posible inclusión de éste, en un fichero de morosos. Además, que los datos solamente se mantengan en dicho sistema mientras siga presente dicho incumplimiento (máx. 5 años) desde el vencimiento de la obligación dineraria, financiera o de crédito. Por último, que los datos que se refieren al deudor, únicamente puedan ser consultado por el sujeto con el que mantiene la relación contractual.

Por su parte, tal y como señala la Disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 3/2018, no se incorporarán a los sistemas de información crediticia a los que se refiere el apartado 1 del Art. 20 de la LO 3/2018 deudas en que la cuantía del principal sea inferior a cincuenta euros.

Pero, ¿qué pasaría si a  usted le han incluido  en el Fichero de morosos y la deuda no procedía o estaba cancelada?

La Constitución española en su artículo 18.1  reconoce y garantiza el derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Igualmente, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, en su apartado 7 considera en estos casos la intromisión ilegítima en el derecho al honor. Coincidiendo con esta última, la jurisprudencia actual como la SSTS 19  de febrero falla en estos casos a favor del presunto deudor al considerar que atenta contra su propia estimación y por ende, lesiona su intimidad.

Por lo que, sí será posible reclamar los Daños y Perjuicios derivados de ese Fichero de Morosos porque dicha inclusión ha afectado a su honor, integridad, y desprestigio.

Para más información le dejamos a su disposición el siguiente enlace al vídeo que podrá encontrar en Youtube: Más información: https://www.youtube.com/watch?v=3kGNPatyKn0.

Desde Letradox® Abogados te asesoramos  para llevar a cabo la acción judicial  pertinente con el fin de que le pueda ser resarcido el daño sufrido.

No dude en ponerse en contacto con nosotros, somos su Despacho de abogados. 

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Abogada experta vivienda

Reclame la cláusula suelo de su préstamo cancelado. Letradox® Abogados

El Tribunal Supremo abre las puertas a otra avalancha de demandas frente a los bancos.

Este mensaje está dirigido a todos aquellos que hayan tenido una hipoteca con cláusulas abusivas. Por su parte, podrán reclamar su nulidad así como, la restitución de aquello que indebidamente fue pagado a pesar de que el préstamos haya sido extinguido.

La reciente sentencia 662/2019 de Tribunal Supremo, que fue publicada el pasado  mes de diciembre, asienta la doctrina de que la extinción del contrato de préstamos hipotecario no priva a aquellos que fueron prestatarios de solicitar la nulidad de la cláusula suelo y la restitución de lo indebidamente pagado.

Así pues, dicha sentencia pasa a reconocer un criterio que venía siendo defendido por la gran parte de las audiencias provinciales. Asimismo, el fallo pronunciado abre una vía alternativa para que los clientes puedan iniciar nuevas demandas contra su banco sobre los contratos vencidos.

La pretensión principal de dicha sentencia es el expresar que  a pesar de que, un contrato haya terminado o haya sido cancelado para poder ejercitar acciones y reclamar lo que se le debe, sí será posible reclamar por cláusulas abusivas.

Y todo ello, pese haber pagado la hipoteca (bien por venta de inmueble que estaba hipotecado, o por el pago total adeudado o por otras causas como una ejecución hipotecaria).

Por lo que, sí será posible reclamar la cláusula suelo de un préstamos cancelado. Ya que, incluso aunque el préstamos o hipoteca esté ya cancelada sí se puede reclamar. Además, se podría obtener todo lo que se ha estaba pagando de más, en virtud de esa cláusula suelo.

Por lo tanto, esta doctrina del Tribunal Supremo, es muy importante ya que abre las vías a la reclamación.

Con todo ello, resaltar que aquellos contratos de eliminación de la cláusula suelo que se hayan podido realizar, podrán sostenerse en base jurisprudencial;  que permitirá la recuperación del dinero perdido; por lo que reportaría un beneficio económico

En definitiva, el Tribunal Supremo ha decidido que dicha consumación o extinción del contrato no es impedimento para el ejercicio de la acción de nulidad de una cláusula abusiva y que no se puede privar al consumidor de ejercitar dichas acciones.

Para más información, les dejamos el siguiente enlace de Youtube; https://www.youtube.com/watch?v=tmIiQkFWgT0

Desde Letradox® Abogados le ofrecemos seguridad y profesionalidad. Le llevaremos su caso de la mano de la grandes expertos y profesionales del sector. Son ya varios los casos de éxitos obtenidos en dicho ámbito. 

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El Habeas Data o Delito contra la libertad informática (Art 197.2 del Código Penal). Letradox® Abogados

El delito por apropiarse de tus datos se encuentra tipificado en el artículo 197.2 del Código Penal. Este delito también es llamado de las siguientes formas; Habeas Data o Delito contra la libertad informática. 

En base a dicho precepto, se contempla la pena para quien sin estar autorizado use o modifique en perjuicio de un tercero, datos personales contenidos en archivos tanto públicos como privados. Lo que se pretende es proteger la privacidad y el control de los datos personales por parte del individuo.

Como hemos señalado anteriormente, este delito está  tipificado en el Código Penal español en el artículo 197.2. Aunque para una mayor concreción añadimos que  se encuentra recogido en el Título X  en el cual se hace especial atención a los “Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio”. 

El Capítulo Primero, de este mismo título, presenta  el Descubrimiento y revelación de secretos y es en este punto donde se encuentra el artículo 197. El apartado primero (art. 197.1 CP), dispone que para todo aquel que haya descubierto los secretos o vulnerado la intimidad de otro sin su consentimiento; Así como, se haya apoderado de cartas, e-mails, documentos o efectos personales por algún tipo de medio técnico (transmisión, reproducción de sonido o imagen) o haya interceptado sus telecomunicaciones,  será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses.

Igualmente, el apartado segundo de este mismo precepto (art. 197.2 CP) señala que estas mismas penas se impondrán para aquel que sin que haya sido autorizado para ello, use o se apodere, en perjuicio de un tercero, de sus datos personales que se encuentren en ficheros informáticos o electrónicos.Además, también contempla la pena para todo aquel que se haya apoderado de datos familiares o personales sin consentimiento previo de un archivo o registro tanto público como privado.

Del mismo modo, se impondrán las mismas penas señaladas anteriormente, para el individuo que sin estar autorizado acceda por cualquier medio a sus datos personales y los altere o use en perjuicio del titular  o de un tercero.

Por su parte, resulta notorio señalar que el apartado tercero (art. 197.3 CP), dispone que se impondrá una pena de prisión de 2 a 5 años para el individuo que difunda, revele o ceda datos a un tercero sobre hechos o imágenes que hayan sido descubiertos. De la misma manera, se impondrá una pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses para todo aquel que tenía conocimiento del origen ilícito de los mismos aunque no haya tomado parte en su descubrimiento.

En definitiva; el art. 197.2 del CP recoge el tipo básico de los denominados delitos contra la libertad informática o “habeas data”.  Es decir, como señala nuestra jurisprudencia penal, de “los delitos que atentan contra la intimidad de las personas, haciendo uso ilegítimo de los datos personales insertos en un programa informático” .

De esta manera, se viene a desarrollar el mandato constitucional que establece el art. 18.4 CE :La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. 

Para más información, les dejamos un vídeo de Youtube, que podéis acceder a través del siguiente enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=89ISwB0SGew

En el caso de que considere que usted ha podido ser víctima de este delito, póngase en contacto con nosotros.

Desde Letradox® Abogados le ofrecemos seguridad y profesionalidad. Le llevaremos su caso de la mano de la grandes expertos y profesionales del sector. 

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El sector audiovisual y el del las telecomunicaciones. Letradox® Abogados

Desde que se ha formado Gobierno, los próximos tres meses van a pasar a ser clave para el desarrollo de dos grandes cambios para dos sectores importantes; tanto el audiovisual como el de las telecomunicaciones. 

Y es que, tras el nombramiento de los Directores Generales y el nombramiento de los Secretarios de Estado (como consecuencia del nuevo Gobierno) se dará luz a dos importantes cambios que se llevan esperando en el sector de las telecomunicaciones como en el audiovisual.

En otras palabras, va a tener lugar la subasta de espectro de 700 MHz para su uso posterior en el 5G y la confección de la nueva Ley Audiovisual. 

En primer lugar, en el caso de todo lo que regula y engloba el 5 G, se estima que entre finales de enero o principios de febrero se dará a conocer el Plan Nacional de Frecuencias. Esto es, el último paso para proceder a la subasta con el fin de establecer el espectro con el cual los operadores de telecomunicaciones desarrollarán en el ámbito comercial su nueva tecnología.

Igualmente, en pocos días tendremos conocimiento de la nueva Ley Audiovisual. Se trata de un borrador de carácter definitivo  que será sometido a consulta del sector. Además, incluirá las obligaciones fiscales a las que quedarán sometidas operadores extranjeros como HBO o Netflix, respecto de las empresas locales.

Por lo tanto, en el breve periodo de tres meses pasaremos a conocer los puntos claves que afectan tanto al mercado de las telecomunicaciones como las novedades que incluye la Ley Audiovisual, que deberá enfrentarse al trámite parlamentario.

Todos estos cambios se deben y se derivan a las exigencias emanadas de Bruselas; ya que tanto la tecnología, en concreto su avance (5G) como la Ley Audiovisual han cambiado a la par en estos últimos meses.

Por un lado, en el caso de la Ley Audiovisual,  fue aprobada el día martes 14 de enero de 2020 en el Parlamento europeo y añadir que  la audiencia pública se realizará sobre un borrador, como hemos indicado anteriormente. Y se deberá llevar a cabo antes de que se pasen estos tres meses estipulados.

El principal objetivo que  se persigue a través de ella   es el de adaptarnos a   Bruselas. Esto se debe a que  la normativa europea,  que fue aprobada en el 2018, aboga por una mayor protección respecto de los menores, así como, en relación a  los límites de la publicidad y  persigue estimular  la producción europea. En cualquier caso y a diferencia del 5G la Ley Audiovisual deberá pasar por el Parlamento. Por lo que, de esta manera, tras la audiencia pública de quince días y la elaboración definitiva del proyecto en un plazo aproximado de un mes, se presentará oficialmente la nueva ley.

Por otro lado, en el caso de la nueva tecnología móvil, próximamente se enviará a dicho sector el Plan de Frecuencias. En este mismo, se incluirán los tramos que se llevarán a cabo en la subasta pública. Además, se conseguirá que las operadoras ofrezcan a sus clientes más velocidad de navegación. No olvidemos que estamos hablando de la velocidad de 5G, por lo que esta nueva red permitirá acceder a zonas con menos habitantes.

A su vez, las reglas señaladas se aplicarán tanto a las cadenas de TV, como a las plataformas de vídeo:  Netflix, Youtube o Facebook. En nuestro caso, la equiparación de los deberes en tema capitales como producción de cine español o la tasa de RTVE respecto a operadores nacionales extranjeros será lo que más revuelvo causará.

El objetivo inicial es que estas nuevas plataformas asemejen   su porcentaje  fiscal a estos players tradicionales. Y que  aporten el 5% de sus ingresos operativos para financiar el cine europeo  así como,  el 3% de sus ingresos brutos para financiar RTVE.

Para RTVE, se deberá llevar a cabo una modificación de su ley de financiación para poder recibir todos estos ingresos señalados; que supondrían una apertura a nuevos cambios  tanto a nivel estructural como interno (plantilla, presidente y directivos).

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Abogado empresas

Planes de reestructuración de la empresa. Letradox® Abogados

La reestructuración es el proceso de cambio  de una empresa/organización con el fin de transformarse o adaptarse a un nuevo modelo o tipo de negocio empresarial. No obstante no hay que olvidar, que este cambio debe repercutir positivamente en la misma;

  • debe seguir permitiendo que la empresa/organización siga siendo competitiva en el mercado y
  • que mejore su  funcionamiento

Normalmente, estos cambios que se realizan en las compañías o empresas para que se adapten a las nuevas situaciones y necesidades del mercado, se debe a los cambios que se producen en las necesidades. Éstas pueden ser tanto  económicas, como  operativas y  conllevan a que su transformación se lleve a cabo.

En su mayoría, la reestructuración de la empresa va a afectar principalmente (total o parcialmente)  a los siguientes aspectos del negocio;

  • En primer lugar, debido a la externalización de los procesos o redes de distribución afectará a la estructura de costes fijos;
  • en segundo lugar, en el caso de que dicha reestructuración afecte a la localización y por defecto a la productividad, hablaremos de la localización de la empresa,
  • seguidamente, si tenemos en cuenta las necesidades productivas hablaremos de la plantilla. Es decir,  si este factor humano puede verse afectado o modificado por su condiciones laborales,
  • además, la reestructuración también puede afectar a los proveedores de financiación de la empresa, 
  • y por último; esta misma puede reportar consecuencias en el ámbito de nuevos productos,  mercados y medios tecnológicos.

Con todo ello, añadir que hay distintas formas de llevar a cabo la reestructuración de una empresa. 

En lo que respecta al ámbito interno, lo que se persigue es buscar una mayor eficiencia en relación a los Departamentos. Es importante tener una buena comunicación entre ellos para cumplimentar tareas. Esto se debe a que en ocasiones, cuando la empresa comienza a crecer va a necesitar reestructurarse con el objeto de ser más productiva.

Asimismo, debido a dicho crecimiento también deberá haber una reestructuración financiera de la organización; fusiones, operaciones conjuntas, adquisiciones… .  Siguiendo la misma línea, la reestructura tecnológica también está a la orden del día. En su defecto, afectaría en su mayoría al factor humano (trabajadores) por lo que se aconseja llegar desde un primer momento, a acuerdos con terceros.

¿Qué pasaría en situaciones preinsolvencia y concurso de acreedores?

En los casos de pre-concurso o concurso de acreedores también se pueden elaborar planes de reestructuración.  El fin principal es el  de asesorar en la venta de los activos, en las unidades productivas o líneas de producción y mantener el equilibrio para superar dicha situación de crisis.

Aconsejamos en estas situaciones contratar a abogados especialistas y profesionales en dicha materia con el fin de elaborar estrategias de recuperación de crédito y que sean eficaces.

Para más información os dejamos el siguiente enlace el vídeo que podéis encontrar en Yotube (link: https://www.youtube.com/watch?v=wh-C6NFLH4M)

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