LETRADOX Abogados abre sede en Alicante. Bancario

LETRADOX Abogados abre sede en Alicante. Bancario

 

El diario Alicante Plaza se hace eco de los casos ganados y clientes representados en Derecho Bancario por el despacho LETRADOX® ; la letrada Mercedes de Parada recuerda la importancia de poder analizar cada caso y si es viable, reclamar, antes de que prescriba el plazo para hacerlo.
Letradox continúa su expansión en el territorio nacional. La llevanza de casos en toda España, que es una realidad desde la constitución del despacho, toma una nueva forma con la apertura de sedes físicas para poder gestionar con profesionalidad y cercanía a los clientes particulares y empresas de ciudades como Zaragoza, León y recientemente Alicante.
El despacho, especializado en Derecho Civil y Mercantil, ha tenido una brillante trayectoria en Derecho bancario, y precisamente respecto a este especialidad, y concretamente en lo relativo a las acciones del Banco Popular, se ha puesto el foco en la apertura en Alicante debido a la escasez de tiempo para poder demandar (hasta agosto de 2020 en numerosos casos). Este recuerdo a los miles de afectados del banco Popular que aún no han recuperado su dinero ha quedado reflejado en este Diario alicantino, cuya reseña adjuntamos:
Link a la Noticia del periódico:
LETRADOX® Abogados Alicante . Le esperamos, contáctenos sin compromiso para su caso en los Tlfs: 912980061 / 645958948
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Webinar de FOTOCASA con Mercedes de Parada. LETRADOX

 

WEBINAR

de

MERCEDES DE PARADA

para FOTOCASA

como abogada experta

 

Webinar de FOTOCASA con Mercedes de Parada. LETRADOX.

 

En el día de hoy, Mercedes de Parada ha sido la ponente del Webinar en directo de la empresa FOTOCASA sobre Derecho inmobiliario.

El despacho LETRADOX ABOGADOS , que cuenta con experiencia en Derecho inmobiliario asesora a empresas, fondos de inversión y particulares.

Si en su caso tiene alguna consulta sobre esta materia, póngase en contacto con nosotros en el email info@letradox.es o en los teléfonos: 912980061 / 645958948 , (Sede central: C/ Jorge Juan nº141 3ºA, Madrid).

 

Algunas de las preguntas de los asistentes que ha respondido Mercedes de Parada sobre Derecho inmobiliario son las siguientes:

 

​ ¿Es correcto, es legal tener una cláusula en el contrato de arras en la recepción parte de honorarios de la agencia (reserva en el primer pago), como la parte del trabajo ya realizado?

 

Si ambas partes están de acuerdo, y ya han firmado Arras, puedo firmar las Escrituras en la Notaría , pero entregar las llaves y la vivienda, dos meses después sin pagar nada , con fecha pactada?

 

Que opinas sobre cobrar nosotros las arras y luego previa factura descontar nuestros honorarios y resto a vendedores

 

¿El importe de la señal que recibe la inmobiliaria es obligatorio que la deposite en el depósito de fianzas? Y si te lo exige el comprador sino no realiza esa oferta, ¿dónde se realiza este depósito?

 

¿Si un vendedor y un comprador desisten de la venta? ¿Puedo cobrar mis honorarios por las dos partes?

 

Un contrato de arras, ¿se puede hacer ante un notario?

 

¿Es legal que el banco vuelva a comenzar desde cero una operación de hipoteca aprobada pero que por razón de covid se ha tenido que prorrogar? ¿no debería solo actualizar documentos?

 

¿Aunque tengamos fijado con el vendedor que en caso de que incumpla el contrato de arras está obligado a abonar los honorarios, sería recomendable que conste también en contrato de arras penitenciales?

 

​ ¿Documento de reserva y contrato de arras son diferentes, verdad? En este caso, ¿cuáles son las diferencias?

 

¿Para alquilar un local de menos de 50 m. se necesita certificado de eficiencia energética? Gracias

 

En cuanto al certificado de la comunidad de propietarios para saber si hay cuotas pendientes. ¿Se pueden negar a facilitarnos esa información amparándose en la ley de protección de datos?, Gracias.

 

Hola, he visto anuncios que pone “Nuda propiedad” ¿Qué es esto?

 

​Si una venta se realiza con expresión de la cabida ¿cuáles son los metros que computan; útiles, construidos, los del catastro, los del registro, ¿los de las escrituras…? gracias

 

​En caso de discordancia entre los metros registrales y catastrales de vivienda, ¿le debemos decir al vendedor que se comunique con el Registro para adaptar los datos de Catastro a su nota simple?

 

¿Se puede establecer el usufructo de una vivienda en favor de otra persona diferente de los compradores en el mismo documento de compra de un inmueble?

 

¿Pueden denunciarnos (a la inmobiliaria) por anunciar un inmueble sin tener el Certificado de Eficiencia Energética?

 

Comercializamos un inmueble de herencia en el que uno de los herederos fallece (sin descendencia) en el transcurso de la compraventa y me dicen que ahora no podemos venderlo hasta que pasen dos años ¿Por qué es esto? ¿Cómo podría evitarlo?

 

¿Qué responsabilidad tiene la inmobiliaria en caso de algún error en el asesoramiento? Por ejemplo: Error en el cálculo de la plusvalía

 

¿Que documentación ves como esencial para hacer una compraventa? Ej: Arras, nota de encargo, contratos…

 

¿Qué tipo de arras nos recomiendas firmar?

 

¿Qué opinas del tema del arbitraje notarial para los alquileres en tema de resolución de conflictos?

 

Si un cliente no me paga mis honorarios y se niega, ¿Qué procedimiento debería usar?

 

¿Qué puedo hacer a nivel legal si me saltan en una venta?

 

¿Que tipo de contrato debo realizar para la prestación de mis servicios?

 

¿Es cierto que los contratos de “exclusiva” se pueden romper en cualquier momento? ¿Qué consecuencias legales tiene?

 

LETRADOX ABOGADOS

C/ Jorge Juan 141, 3ºA. Madrid

Tlfs: 912980061 / 645958948

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Incapacidad laboral por COVID. LETRADOX ABOGADOS

Incapacidad laboral por COVID. LETRADOX ABOGADOS

 

Aunque de momento no se puede concluir con exactitud sobre las secuelas post COVID – 19, si puede existir una orientación sobre las mismas.
Para afrontar cualquier noción sobre la pandemia, hemos de asumir y matizar que la infección viral no es la que desencadena las consecuencias más graves, si no que éstas se deben a la respuesta autoinmune de nuestro organismo.

Las defensas actúan de forma desmesurada, pudiendo dar como resultado diferentes secuelas tanto a corto como a largo plazo.

Del mismo modo, pueden existir secuelas o derivaciones indirectas de la enfermedad.

Sin embargo, las diferentes secuelas no tienen un común denominador, es decir, no todas las personas reaccionan de la misma manera a la infección viral y por lo tanto no serán las mismas en todas las personas.

Tampoco se trata de secuelas nuevas que impiden una valoración certera respecto de una incapacidad.

Diferentes respuesta o secuelas de la COVID – 19:

 

 

Incapacidad laboral por COVID. LETRADOX ABOGADOS

1. Respiratorias

La inflamación pulmonar puede derivar en una fibrosis, esta afectación es provocada por una cicatrización que genera un tejido más grueso y duro de los pulmones, que puede dificultar la respiración.

Por estadísticas, no concluyentes, el 20% (estimación que afecta a todos los pacientes de UCI) de los pacientes pueden desarrollar una fibrosis leve o moderada. De hecho, varias altas médicas están condicionadas al uso de oxígeno en el domicilio.

En este sentido, las personas que padeciesen previas patologías respiratorias podrán tener consecuencias más graves.

La fibrosis pulmonar que puede derivar de la COVID – 19, es un supuesto de incapacidad laboral (recogidas en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía) en profesiones que requieren esfuerzos físicos o constantes exposición a contaminación ambiental.

El grado de incapacidad irá en consonancia con la capacidad pulmonar que tenga la persona.

El procedimiento de incapacidad seguirá los preceptos marcados en el Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social.

En conclusión, cabe mencionar la Sentencia del Juzgado de los Social nº3 de Santander, ratificada por la STS 328/2019, de 1 de julio de 2019: “se concede la incapacidad permanente derivada de una enfermedad respiratoria crónica”.

2. Microtrombos

Dando como resultado hipertensión pulmonar a largo plazo o propensión a infartos.

3. Neurológicos (Dudosos)

Aunque los profesionales las catalogan como consecuencias dudosas, son problemas motores relacionados con la parte neurológica. Existe conexión entre la afectación del sistema nervioso central con los problemas musculares. Además, las inflamaciones derivadas del virus pueden dar como resultado padecer un ictus.

Si bien es cierto que son pocos casos los detectados, también pueden existir encefalitis o inflamación cerebral que, si no tienen buena trayectoria, podrían ocasionar secuelas a nivel cognitivo, pérdida de capacidades mentales o pérdida del funcionamiento motor.

4. Cardiacas (menor preocupación)

La inflamación también puede derivar en cuadros graves de miocarditis o inflamación del músculo cardiaco, aunque los pronósticos son favorables y de pronta recuperación. La formación de microtrombos puede tener como consecuencia el infarto.

Es una de las razones por las que también puede derivarse una Incapacidad laboral por COVID con LETRADOX ABOGADOS

Según estudios realizados previamente a la pandemia, la vida laboral activa tras haber sufrido un infarto, salvo determinadas y especiales circunstancias de comorbilidad, es compatible.

Es cierto que, los pacientes que hayan sufrido un infarto formarán parte del grupo funcional 1 del manual de actuación de los médicos evaluadores del INSS.

Además de sufrir esta patología, siempre habrá de valorarse la profesión que desempeña el paciente y las incompatibilidades salubres que puedan tener con la patología.

Como norma general, tal y como se observa en los precedentes, valorando las circunstancias del caso concreto, se podrá plantear la incapacidad permanente cuando el paciente se encuentre en el grupo 2.

5. Secuelas secundarias:

a. MuscularesCansancio o astenia post viral, la estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos produce debilidad y pérdida de la masa muscular, además de descoordinación motora. Esto es debido a dos circunstancias: Pérdida de masa muscular e Inflamación de los órganos. El daño inflamatorio altera la unión nervio – muscular provocando una miopatía en términos neurológicos.

b. Psicológicas
Se produce un miedo a volver al hogar, derivado de la sensación de desprotección y angustia. Esto se traduce un depresión, ansiedad y síndrome post traumático. No se ha de olvidar que ha habido casos de pacientes sedados en febrero y despertados en abril.

c. Otros
Síndrome Post UCI (Sociedad Americana de Cuidados Intensivos 2012), por la estancia de larga duración, el uso de respiración asistida prolongada, la administración de fármacos sedantes y relajantes musculares, se producen alteraciones de tipo funcional:

Pérdida de capacidad respiratoria.

Problemas de realización de movimientos.

Trastornos cognitivos, merma de capacidad intelectual.

Problemas psicológicos y psiquiátricos.

Problemas de deglución por intubación.

Delirium.

Estos pueden ser perpetuados pasados 6 meses o un año. No obstante es recomendable ir estudiando el caso por si fuera posible la Incapacidad laboral por COVID por LETRADOX ABOGADOS

La realidad respecto de la COVID – 19 es muy difusa, aún es pronto para establecer como concluyentes las secuelas de la pandemia, pero si podemos dar seguridad jurídica respecto las incapacidades laborales que se pueden derivar de ella.

El virus no actúa de forma equitativa en todos los organismos, por lo tanto, su afectación no es la misma, por ello se ha de estar a la circunstancia concreta de cada paciente, valorando, en caso de haberlos sufrido, los daños colaterales que se hayan ocasionado conectándolos con la profesión que el paciente ejerza.

Consideración de Incapacidad temporal

Es importante hacer una mención especial a la incapacidad temporal por Coronavirus.

En el artículo quinto del Real Decreto Ley 6 de 2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, da una consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus.

En este sentido, el apartado primero establece “se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de la Seguridad Social”.

Sigue en el apartado cuarto concretando el periodo en el que se aplicará dicha consideración, que será “la fecha en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad del trabajador”.

Criterio 4/2020 de las Seguridad Social DGOSS de 12 de marzo de 2020 sobra le aplicación del artículo quito del Real Decreto Ley 6/2020, retroactividad, contingencia y asistencia sanitaria de las situaciones de aislamiento y contagio.

En definitiva, cabe la posibilidad de estudiar cada caso para obtener Incapacidad laboral por COVID con LETRADOX ABOGADOS y  se ha ampliado el concepto de protección de la incapacidad temporal, y por considerarse el contagio de Coronavirus como accidente de trabajo, a los exclusivos efectos económicos, se percibirá el 75% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja. El artículo 157 LGSS establece el concepto de enfermedad profesional.

A efectos de proceso de enfermedad por Coronavirus, entendida como enfermedad profesional, se podrá encuadrar como tal la contraída a consecuencia del trabajo que se realiza por personal de riesgo del Grupo 3 de Enfermedades Profesionales causadas por Agentes Biológicos Infecciosos Agente A Subagente 01 Anexo I RD 1299/2006.

En función de las secuelas que se hayan originado en el afectado como consecuencia de haber padecido esta enfermedad, puede dar lugar a incapacidad laboral; por ello es recomendable que se pueda asesorar sobre su caso en concreto.

Incapacidad laboral por COVID. LETRADOX ABOGADOS. En caso de que desee más información sobre si se puede obtener una incapacidad laboral por COVID, póngase en contacto con nosotros sin compromiso:

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Entrevista a Antonio Pau. REFERENTES® de LETRADOX®Abogados

Entrevista a Antonio Pau. REFERENTES® de LETRADOX® Abogados

Hoy tenemos el placer de presentaros la entrevista a don Antonio Pau, sin duda el gran referente en Derecho Civil.El Excmo. Sr don Antonio Pau es Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Registrador de la Propiedad, Notario y Abogado del Estado.
Es Consejero de Estado y Presidente de la Comisión General de Codificación.
Fue Director General de los Registros y del Notariado y Decano-Presidente del Colegio de Registradores de España.
Es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía; es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de otras Reales Academias.
Ha realizado numerosas obras literarias y es un reconocido escritor. Recibió el Premio de Ensayo y Humanidades Ortega y Gasset en el año 1998. En 2011 obtuvo la Medalla Lichtenberg, de la Academia de Ciencias de Göttingen (Alemania).

1. Don Antonio, ¿quiénes han sido sus referentes; personas a las que ha admirado y que le han servido de inspiración?

En primer lugar mi padre, un médico con extraordinaria inquietud humanista, gran lector.

En segundo lugar Federico Sopeña, Catedrático de Historia de la Música y sacerdote, extraordinario escritor, con el que tuve una vinculación estrecha desde mis catorce años, en que asistí por primera vez a sus clases, hasta su muerte, de la que el año próximo se cumplirán los treinta años. Y por último, Landelino Lavilla, que acaba de fallecer. Su amistad y confianza fueron para mí un gran regalo. No me influyó en mi actividad literaria, pero sí en un plano más general, en el plano humano.

2. Las oposiciones exigen mucho esfuerzo, disciplina y precisión. ¿En qué momento toma la decisión de opositar? , ¿qué recuerdo tiene de aquella época?; ¿en qué aspectos de la vida considera que ha sido importante ese aprendizaje vital que se obtiene en la oposición?

Pensé opositar desde que hacía el bachillerato. Quería ser diplomático. Pero una tarde de verano, cuando había terminado el primer curso de Derecho, en la que me senté a leer un manual de Derecho civil, vi claro que lo que yo quería ser era notario, es decir, una profesión que me permitiera asesorar en materias de Derecho privado, que son las materias de la vida ordinaria: la persona, la familia, los contratos, la sucesión…
Mis recuerdos de la época de opositor son muy buenos.

Me gustaba redactar los temas, con varios libros delante. Yo me hice todos los temas; nunca usé temas ajenos. Y una vez hechos por mí, me resultaba cómodo y hasta agradable memorizarlos.

Pero es verdad que las oposiciones tienen aspectos terribles: por un lado, porque se juega uno en unas horas todo el esfuerzo de estudio de varios años; por otro lado, porque no es nada tranquilizador el pensar que tiene uno que demostrar lo que sabe en un tiempo muy acotado y ante siete señores que están sentados frente a ti.

La verdad es que luego, a la hora de sentarte delante del tribunal y hablar, la cosa no es tan grave: se olvida uno de todo y sólo se piensa en el tema que está desarrollando en cada momento.

Afortunadamente, la memoria no me falló nunca, ni me ha fallado después en los cientos de conferencias que he dado. Llegará un día en que falle. Será una pena. Pero la vida es así.

3. Hace poco se ha celebrado el 130 aniversario del Código Civil. ¿Dará esta norma respuesta a las nuevas situaciones aparejadas a las nuevas tecnologías y la transformación digital?

Precisamente porque las nuevas tecnologías son un continente y no un contenido, y porque están en continua evolución, las nuevas tecnologías no deben incorporarse al Código civil –que es un texto sustantivo y estable por su propia naturaleza–, sino que deben regularse por leyes especiales.

4. Tiene una prolífica obra. ¿Cual destacaría, ya sea por la repercusión que tuvo, por el momento en el que la hizo o por lo que significó para usted?

Probablemente mis dos libros que más repercusión han tenido –a juzgar por el número de ediciones que se están haciendo de ellos, y por las cartas que he recibido– son la biografía del poeta Rainer María Rilke y el Manual de Escapología.

Teoría y práctica de la huida del mundo. Menos difusión ha tenido la biografía de Thibaut, jurista y musicólogo, pero a ese libro le tengo especial cariño. Me identifiqué extraordinariamente con el personaje.

También me ilusionan dos libros que se están ahora imprimiendo; uno se titula simplemente Herejes, y el otro Gatuperios.

5. ¿Qué le ha aportado la literatura a su trayectoria jurídica? Derecho y literatura ¿qué sinergias hay entre ambas disciplinas?

No, no hay ninguna influencia de un campo sobre el otro.

El Derecho no me ha aportado nada, o casi nada, a la literatura, ni la literatura al Derecho.

Sí sucede una cosa: que mi pasión por escribir –que ha sido mi vocación desde niño– y de tratar de escribir bien, se ha proyectado en los dos campos, el Derecho y la literatura.

Pero no es el mismo el lenguaje científico –el Derecho es una ciencia, una ciencia social– y el lenguaje literario. Y en la manera de escribir sería muy negativa la influencia de un lenguaje en el otro.

6. Toda persona desea dejar un legado y ser feliz. Su libro “Manuel de Escapología” vuelve a ese concepto despojándolo de superficialidad y quedándose con la esencia. ¿Y después de la felicidad qué le queda al ser humano por buscar? ¿Hay que volver al concepto clásico de la filosofía para encontrarla?

Eso que usted dice, “después de la felicidad”, no tiene –¡perdóneme!– sentido. La felicidad no tiene un “después”, porque no se alcanza nunca. Como escribió Julián Marías, la felicidad es “un imposible necesario”. Necesitamos ser felices, pero es imposible alcanzar la felicidad.

El hombre es un ser en busca permanente de la felicidad.

En esa tarea consume su vida entera y cada uno de sus instantes. Y nunca, nunca, puede darla por conquistada.Es como el amor, tan cercano a la felicidad. Decía Platón que el amor es un estado de carencia. Esa carencia existe incluso aunque se esté al lado del ser amado.

(Edición en vídeo de la entrevista: Entrevista editada en Vídeo

Entrevista realizada por

Mercedes de Parada y Marcos Rivas
Socios de Letradox® Abogados S.L.P.
para la sección de entrevistas Referentes® de Letradox®
Mayo 2020

www.letradox.com

 

Entrevista a Antonio Pau. REFERENTES® de LETRADOX® Abogados

Entrevista a Antonio Pau 

Cierre planta de Alcoa de A Mariña y Nissan. LETRADOX ABOGADOS

Cierre planta de Alcoa de A Mariña y Nissan. LETRADOX ABOGADOS

En las últimas semanas hemos conocido las lamentables noticias del cierre de las plantas de Alcoa en A Mariña lucense y la planta de Nissan en Barcelona.

Desde LETRADOX ABOGADOS, ofrecemos nuestros servicios jurídicos a los afectados a fin de que cuenten con el mejor asesoramiento en la defensa de sus derechos.

En caso de que ustedrao sea afectado, póngase en contacto sin compromiso en los tlfs: 912980061 / 645958948 email: info@letradox.es y le atenderemos en la oficina de LETRADOX de Viveiro (Lugo) en caso de que sea afectado por el cierre de la planta de Alcoa; o bien en la oficina de Barcelona o Madrid.

La multinacional de EEUU, Alcoa ha anunciado el inicio del procedimiento de despido colectivo de hasta 534 trabajadores de los 633 que tiene en una de sus dos fábricas en San Cibrao (Lugo).

La planta que fabrica aluminio daba empleo a cientos de vecinos. La dirección de la empresa en España ha comunicado la decisión a los representantes sindicales.

En esta batalla por la superviviencia de la planta, y en caso del cierre, obtener una indemnización justa, es importante contar con un asesoramiento adecuado, por ello, se pueden poner en contacto con nuestros abogados de LETRADOX, que le atenderán en Galicia (Viveiro) en nuestra oficina.

Por su parte, en el caso de Nissan, se justifica el cierre de la planta de Barcelona por pérdidas respecto al año fiscal anterior, ascendiendo estas a 5.688 millones de euros y un 10.6% de matriculaciones menos. El motivo, un descenso acumulado de ventas y el impacto de la pandemia.
La pérdida de beneficios supone la justificación legal desde Nissan Motor Ibérica S.A para englobar los despidos como objetivos. Aún a la espera de que se presenten las cuentas por parte de la empresa, este argumento parce carecer de sentido ya que la planta de Barcelona no es la única en territorio español. Además de la de la zona franca, existe la planta de Ávila y la de Cantabria, plantas productivas con menos productividad, ingresos y beneficios. Por esta razón, en un primer momento las reclamaciones se deben de encarar desde la intencionalidad de encubrir despidos improcedentes por parte de Nissan (artículo 56 ET). A estos efectos se refiere la STJ de Castilla y León en el caso Albie S.A, la que resolvió en contra la justificó de un despido colectivo como motivo de un descenso de la actividad y finalmente resolver como despido encubierto.

 

En ambos casos:
El despido colectivo se regula en el artículo 51 ET y en él se establecen una serie de umbrales que han de cumplirse para considerar un despido como colectivo.

Alguna de las razones por las que este despido puede ser considerado nulo son, además, que el empresario no haya cumplido con el periodo de consultas o entregado la documentación del apartado segundo (art. 51). Por otro lado, el apartado 7 comienza su redacción diciendo: “La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la extinción de los contratos de trabajo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de los trabajadores afectados, previo procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en este apartado y en sus disposiciones de desarrollo reglamentario”. Es decir, ha de haber un procedimiento a seguir por una autoridad competente en cuestión del despido masivo o colectivo.

La falta de documentación genera un desconocimiento por parte de los trabajadores de los motivos reales del despido colectivo, no facultándoles de capacidad necesaria para poder negociar o afrontar el periodo de consultas. A estos efectos, se refiere el Tribunal Supremo:

“la principal finalidad del precepto es la de que los representantes de los trabajadores tengan una información suficientemente expresiva para conocer las causas de los despidos y poder afrontar el período de consultas adecuadamente.

En este sentido se orienta el artículo 2.3 de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, para que ese período de consultas a que se refiere el artículo 2.1, se proyecte, tal y como expresa el artículo 2.2 y como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias, mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento destinadas, en especial, a la ayuda para la readaptación o la reconversión de los trabajadores despedidos”.

Además, otro de los casos también muy repetidos es la falta de entrega de documentación contable que muestre la situación real de la empresa: “la falta de entrega a los representantes de los trabajadores en el período de consultas de la contabilidad real de las empresas integrantes del indiscutido grupo a los efectos laborales, pues desde hacía años de las operaciones comerciales realizadas con una serie de clientes no quedaba constancia en la contabilidad de las empresa, impidió una verdadera negociación durante las referidas consultas y comporta el incumplimiento de la exigencia legal de que durante el período de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo”.

Estas concluyen aún más con la intención de encubrimiento por parte de la empresa.

Son diferentes vías que pueden hacer efectiva la reclamación de los trabajadores de Alcoa y Nissan. La inmediatez ha dado lugar a una precipitación en los trámites para resolver las relaciones laborales existentes, tratando de justificarlas desde una perspectiva objetiva económica, pero faltando a los procedimientos que tanto en el ET, la LRJS y la jurisprudencia avala como necesarios para velar por los derechos de los trabajadores.

 

En caso de que ud sea afectado, póngase en contacto sin compromiso en los

tlfs: 912980061 / 645958948

email: info@letradox.es

y le atenderemos en la oficina de LETRADOX de Viveiro (Lugo) en caso de que sea afectado por el cierre de la planta de Alcoa;

o bien en la oficina de Barcelona o Madrid.

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La Fiscalidad de empresas tecnológicas. Startups. LETRADOX Abogados

La Fiscalidad de empresas tecnológicas. Startups. LETRADOX Abogados

 

En LETRADOX ABOGADOS ayudamos a las empresas tecnológicas con todas las cuestiones legales de su empresa, y especialmente los aspectos fiscales:

Hoy abordamos la fiscalidad que se implementará, nos anticipamos a su estudio y analizamos la misma.

LETRADOX, el despacho de abogados de las empresas tecnológicas. Te esperamos en

C/ Jorge Juan nº141, 3ºA Madrid.

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 IMPUESTOS SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS Y  DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES

 

  1. Tasa Tobin y Tasa Google

 

Desde el año 2013, España junto con otros países de la eurozona, de los que podemos destacar a Alemania, Francia o Italia (entre otros), pretenden implantar una Directiva con vocación de armonizar el establecimiento de un Impuesto sobre Transacciones financieras.

Dicha Directiva a fecha de hoy no ha visto la luz, y por ello, se ha considerado oportuno apostar por una regularización tributaria nacional en esta materia, al igual que otros Estados han hecho, como Francia e Italia, siguiendo las líneas desarrolladas en las diferentes negociaciones interestatales acaecidas.

 

Por su parte, y dada la innegable digitalización de la economía mundial y sobre todo, la proliferación de negocios digitales carentes de sede física que generan ingentes cantidades de activos intangibles, de los que destacamos los datos y el valor de estos.

Desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante, la “OCDE”), y el G20 se ha procedido a estudiar las normas tributarias existentes aplicables a estos negocios, siendo consideradas como “no apropiadas” para gravar los beneficios generados por la economía digital.

 

Un ejemplo de este estudio es el proyecto sobre  Erosión de Bases Imponibles y Traslado de Beneficios (en adelante, “BEPS”), y dentro del mismo el Informe relativo a la Acción 1 sobre los retos fiscales de la economía digital de 5 de octubre de 2015, así como el Informe intermedio sobre los retos fiscales derivados de la digitalización de 16 de marzo de 2018. A nivel europeo, desde marzo de 2018 se inició un propuesta de Directiva liderada por la Comisión Europea, la cual fue rechazada.

 

España, a fecha de 28 de febrero de 2020  aprobó en el Consejo de Ministros, para su posterior aproación en Cortes, el Proyecto de  Ley del Impuesto de sobre Transacciones Financieras y el Proyecto de Ley sobre Determinados Servicios Digitales,  que supondrán la aplicación de dos impuestos indirectos, los popularmente conocidos como Tasa Tobin y Tasa Google

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El primero de ellos gravará las transacciones financieras con un tipo impositivo del 0,2%, mientras que el segundo, con un 3% de tipo impositivo, determinados servicios digitales. Con la aplicación de estos impuestos, el ejecutivo prevé la recaudación de unos 1.818 millones de euros, consiguiendo así, un sistema tributario actualizado a la transformación digital que acaece a la economía.

 

Es por ello que nos encontramos ante impuestos revolucionarios, dirigidos a armonizar la regulación tributaria en materia financiera, y adaptarla a la evolución del mercado económico que sin duda alguna tenderá a una exponencial digitalización.

 

 

  1. Proyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras

 

2.1. Naturaleza del Impuesto

 

El presente impuesto objeto de comentario presenta una naturaleza indirecta, gravando las adquisiciones de acciones. Este impuesto se aplicará con independencia del lugar donde se ejecute la adquisición y cualquiera que sea la residencia o lugar de establecimiento de las personas o entidades que intervengan en la operación, todo ello sin perjuicio de los regímenes tributario forales de concierto y convenio en vigor (País Vasco y Comunidad Foral de Navarra).

 

 

2.2. Hecho Imponible

 

Estarán sujetas al presente impuesto sobre transacciones financieras las adquisiciones a título oneroso de acciones[1] las cuales parecen establecidas en el artículo 92 (véase Anexo I) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “LSC”), representativas del capital social de sociedades de nacionalidad española, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:

  • Que la sociedad tenga sus acciones admitidas a negociación en un mercado español, o de otro Estado de la Unión Europea que tenga la consideración de regulado o en un mercado considerado equivalente de un tercer país.
  • Que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea a fecha de 1 de diciembre del año anterior a la adquisición, superior a 1.000 millones de euros.[2]

 

Además, estarán sujetos a este impuesto las adquisiciones onerosas de los valores negociables constituidos por certificados de depósito de las acciones antes mencionadas, cualquiera que sea el lugar de establecimiento de la entidades emisora de dichos valores.

 

Asimismo, serán gravadas por este impuesto las adquisiciones de valores antes mencionadas que deriven de  la ejecución o liquidación de obligaciones o bonos convertibles o canjeables, de instrumentos financieros derivados, de cualquier instrumento financiero o de los contratos financieros definidos en el cuarto párrafo del apartado 1 del artículo 2 de la Orden EHA/3537/2005, de 10 de noviembre, por la que se desarrolla el artículo 27.4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (véase Anexo II).

 

No están sujetas las adquisiciones de acciones realizadas con la finalidad en exclusiva de emisión de los valores que acabamos de mencionar, ni las adquisiciones de los certificados de depósito realizadas a cambio de la entrega por el adquiriente de acciones que represente, ni tampoco las operaciones efectuadas  para cancelar dichos certificados de depósito mediante la entrega a sus titulares de las acciones que representen.

 

2.3. EXENCIONES

 

Estarán exentas de este impuesto:

 

Adquisiciones derivadas de  emisión de acciones
Adquisiciones derivadas de la emisión de certificación de depósito indicados en la letra a) del apartado 2 del artículo 2 del Proyecto de Ley del Impuesto sobre Transacciones Financieras representativos de acciones emitidas exclusivamente para crear dichos valores.
Adq. derivadas de una oferta pública de venta de acciones en su colocación inicial entre inversores.
Adquisiciones realizadas con carácter instrumental por los colocadores y aseguradores contratados por los emisores u oferentes con el propósito de realizar la distribución última de esas acciones entre los inversores finales y las adquisiciones en cumplimiento de sus obligaciones como  colocadores y aseguradores de esas operaciones.
Adquisiciones realizadas por los intermediarios financieros encargados de la estabilización de precios en el marco de un encargo de estabilización conforme al Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión.
Adq. derivadas de las operaciones de compra o de préstamo y demás operaciones realizadas por una entidad de contrapartida central o un depositario central de valores sobre los instrumentos financieros sujetos a este impuesto, en el ejercicio de sus respectivas funciones en el ámbito de la compensación o en el de la liquidación y registro de valores.[3]
Adquisiciones realizadas por intermediarios financieros por cuenta del emisor de las acciones en el ejercicio de sus funciones de proveedores de liquidez que tengan como único objetivo favorecer la liquidez de las operaciones y la regularidad de la cotización de sus acciones en el ámbito de las prácticas de mercado aceptadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en virtud de lo previsto en el Reglamento 596/2014 (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado.
Adq. realizadas en el marco de las actividades de creación de mercado: actividades de una empresa de servicios de inversión, una entidad de crédito, o una entidad equivalente de un tercer país, que sean miembros de un centro de negociación o de un mercado de un tercer país cuyo marco jurídico y de supervisión la Comisión Europea haya declarado equivalente, si cualquiera de las citadas entidades actúa como intermediario por cuenta propia en relación con un instrumento financiero, negociado dentro o fuera de un centro de negociación.
Adquisiciones de acciones entre entidades que formen parte del mismo grupo en los términos del artículo 42 del Código de Comercio.
Adq. a las que sea susceptible de aplicación el Régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea regulado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades
Adquisiciones originadas por operaciones de fusión o escisión de instituciones de inversión colectiva o de compartimentos o subfondos de instituciones de inversión colectiva efectuadas al amparo de lo previsto en su correspondiente normativa reguladora.
Operaciones de financiación de valores, mencionadas en el apartado 11 del artículo 3 del Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización y por el que se modifica el Reglamento (UE) 648/2012.
Op. de colateral con cambio de titularidad como consecuencia de un acuerdo de garantía financiera con cambio de titularidad, tal como se define en el apartado 13 del artículo 3 del citado Reglamento
Adquisiciones derivadas de la aplicación de medidas de resolución adoptadas por la Junta Única de Resolución, o las autoridades nacionales de resolución competentes, en los términos previstos en el Reglamento (UE) 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) 1093/2010, y en la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión

 

2.4. DEVENGO

 

El presente impuesto objeto de comentar, se devengará según las siguientes reglas:

 

  1. Adquisiciones ejecutadas en un centro de negociación[4]: cuando se ejecuten, no entendiéndose el devengo como producido si la adquisición no llegara a liquidarse.

 

  1. Adquisiciones realizadas al margen de un centro de negociación: en el momento en el que se produzca la anotación registral de los valores a favor del adquiriente.

 

2.5. BASE IMPONIBLE

 

La base imponible del impuesto sobre transacciones financieras comprenderá:

 

  1. Importe de la contraprestación de las operaciones sujetas al impuesto, sin incluir los costes de la transacción relativos a los precios de infraestructuras de mercado, ni las comisiones por intermediación, ni ningún otro gasto asociado.

 

  1. En caso de no expresarse el valor de la contraprestación, la base imponible se corresponderá por el valor correspondiente al cierre del mercado regulado más relevante por liquidez del valor en cuestión el último día de negociación anterior al de la operación.

 

Para la determinación de la base imponible se utilizarán las siguientes normas especiales:

 

Cuando la adquisición de los valores sometidos al impuesto proceda de bonos u obligaciones convertibles o canjeables o de otros valores negociables que den lugar a dicha adquisición, la base imponible será el valor establecido en el documento de emisión de estos.
– la adquisición proceda de la ejecución o liquidación de opciones o de otros instrumentos financieros derivados que otorguen un derecho a adquirir o transmitir los valores sometidos al impuesto, la base imponible será el precio de ejercicio fijado en el contrato.
Cuando la adquisición proceda de un instrumento derivado que constituya una transacción a plazo, la base imponible será el precio pactado, salvo que dicho derivado se negocie en un mercado regulado, en cuyo caso la base imponible será el precio de entrega al que deba realizarse dicha adquisición al vencimiento.
-la adquisición proceda de la liquidación de un contrato financiero a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 2 del Proyecto de Ley del Impuesto sobre Transacciones Financieras, la base imponible se determinará conforme a lo previsto en el párrafo segundo del apartado 1 de este artículo.

 

– el sujeto pasivo actúe por cuenta de terceros, podrá aplicar estas reglas especiales siempre que comunique el adquiriente que concurren los supuestos de hecho que orinan dicha aplicación y los elementos determinantes de la cuantificación de la base imponible que en cada caso procedan.

 

Asimismo, cuando en un mismo día se efectúen adquisiciones y transmisiones de un mismo valor sujeto al impuesto, ordenadas o ejecutadas por el mismo sujeto pasivo, respecto de un mismo adquiriente y liquidadas en la misma fecha, la base imponible respecto de estas adquisiciones se calculará multiplicando la diferencia positiva que resulte de restar del número los valores adquiridos los transmitidos el mismo día, por el coeficiente resultante de dividir la suma de las contraprestaciones de las referidas adquisiciones por el número de valores adquiridos, excluyéndose las adquisiciones exentas por esta Ley y las transacciones realizadas en el marco de aplicación de dichas exenciones.

 

2.6. SUJETOS

 

CONTRIBUYENTE Adquiriente de los valores
SUJETO PASIVO Empresa de servicios de inversión o entidad de crédito que realice la adquisición por cuenta propia
En el caso de que la adquisición se realice en un centro de negociación, el sujeto pasivo será el miembro del mercado que la ejecute.
Cuando en la transmisión de la orden al miembro del mercado intervengan uno o más intermediarios financieros por cuenta del adquirente, el sujeto pasivo será el intermediario financiero que reciba la orden directamente del adquirente
Si la adquisición se ejecuta al margen de un centro de negociación, en el ámbito de la actividad de un internalizador sistemático, el sujeto pasivo será el propio internalizador sistemático.
Si la adquisición se realiza al margen de un centro de negociación y de la actividad de un internalizador sistemático, el sujeto pasivo será el intermediario financiero que reciba la orden del adquirente de los valores, o realice su entrega a este último en virtud de la ejecución o liquidación de un instrumento o contrato financiero
En el caso de que la adquisición se ejecute al margen de un centro de negociación y sin la intervención de ninguna de las personas o entidades a que se refieren los párrafos anteriores, el sujeto pasivo será la entidad que preste el servicio de depósito de los valores por cuenta del adquirente.
RESPONSABLE SOLIDARIO DE LA DEUDA TRIBUTARIA A el adquirente de los valores que haya comunicado al sujeto pasivo información errónea o inexacta determinante de la aplicación indebida de las exenciones, o de una menor base imponible derivada de la aplicación incorrecta de las reglas especiales de determinación de la base imponible

 

 

2.7. TIPO IMPOSITIVO

 

El tipo impositivo del presente impuesto será del 0,2 %.

 

2.8. Sociedades cuyas acciones se someten a gravamen el primer año de aplicación del impuesto.

 

Durante el período comprendido entre la fecha de entrada en vigor de esta Ley y el 31 de diciembre siguiente, el requisito que figura en la letra b) del apartado 1 del artículo 2 del proyecto de Ley del Impuesto sobre Transacciones Financieras, se entenderá referido a aquellas sociedades españolas cuyo valor de capitalización bursátil un mes antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley sea superior a 1.000 millones de euros.  La relación de las citadas sociedades se publicará antes de la entrada en vigor de la Ley en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

 

 

  1. Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales

 

  1. 1. Naturaleza del impuestos

 

Al igual que el impuesto sobre Transacciones financieras, el impuesto de sobre Determinados Servicios Digitales presenta una naturaleza  indirecta, gravando aquellas prestaciones digitales en que exista intermediación de usuarios situados en el territorio de aplicación del Impuesto.

 

3.2. Territorio de aplicación del impuesto.

 

El presente impuesto se aplicará en todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de Concierto y Convenio económico en vigor (País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra).

 

3.3. Hecho Imponible

 

El hecho imponible del presente impuesto radica en todos aquellos servicios digitales realizados en el territorio de aplicación del impuesto efectuadas por los contribuyentes de este impuesto.

 

3.4. Supuestos de no sujeción

 

En consecuencia, no estarán sujetos a este impuesto:

 

Ventas de bienes o servicios contratados en línea a través del sitio web del proveedor de esos bienes o servicios, en las que el proveedor no actúa en calidad de intermediario.[5]
Entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes que tengan lugar entre los usuarios, en el marco de un servicio de intermediación en línea.
Prestaciones de servicios de intermediación en línea, cuando la única o principal finalidad de dichos servicios prestados por la entidad que lleve a cabo la puesta a disposición de una interfaz digital sea suministrar contenidos digitales a los usuarios o prestarles servicios de comunicación o servicios de pago (ej. RRSS, un blog, etc.)
Prestaciones de servicios financieros regulados por entidades financieras reguladas.
Prest. de servicios de transmisión de datos, cuando se realicen por entidades financieras reguladas.
Prestaciones de servicios digitales cuando sean realizadas entre entidades que formen parte de un grupo con una participación, directa o indirecta, del 100 por cien.

 

3.5. Lugar de realización de las prestaciones de servicios digitales

 

entenderemos que la prestación de servicios digitales se ha realizado en el territorio de aplicación del impuesto cuando algún usuario esté situado en ese ámbito territorial, con independencia de que el usuario haya satisfecho alguna contraprestación que contribuya a la generación de los ingresos derivados del servicio.

 

Por ello, entenderemos que el usuario está en el territorio de aplicación del impuesto, en los siguientes supuestos:

 

Servicios de publicidad en línea, cuando en el momento en que la publicidad aparezca en el dispositivo de ese usuario el dispositivo se encuentre en ese ámbito territorial
Ss. de intermediación en línea en que exista facilitación de entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios, cuando la conclusión de la operación subyacente por un usuario se lleve a cabo a través de la interfaz digital de un dispositivo que en el momento de la conclusión se encuentre en ese ámbito territorial.
Servicios de intermediación en línea, cuando la cuenta que permita al usuario acceder a la interfaz digital se haya abierto utilizando un dispositivo que en el momento de la apertura se encuentre en ese ámbito territorial.
Ss. de transmisión de datos, cuando los datos transmitidos hayan sido generados por un usuario a través de una interfaz digital a la que se haya accedido mediante un dispositivo que en el momento de la generación de los datos se encuentre en ese ámbito territorial.

 

 

Es importante tener en cuenta que a la hora de determinar el lugar en el que se han producido las prestaciones de servicios digitales, no se tendrá en cuenta:

 

  • El lugar donde se produzca la entrega de bienes o prestaciones de servicios subyacentes, en aquellos casos de servicios de intermediación en línea en que exista ésta.
  • El lugar en el que se realice cualquier pago relacionado con el servicio digital.

 

Se presume que un dispositivo dado de un usuario se encuentra en el lugar que se determine conforme a la dirección IP del mismo, con la excepción de que se encontrase en otro lugar diferente y  esto pueda probarse mediante la utilización de otros medios de prueba admitidos en derecho (ej. instrumentos de geolocalización[6]).

 

3.6. Contribuyentes

 

Se considerarán contribuyentes de este impuesto las personas jurídicas y entidades a las que se refiere el artículo 35.4 (véase Anexo III) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, “LGT”), siempre y cuando primer día del periodo de liquidación superen los siguientes umbrales:

 

Importe neto de su cifra de negocios en el año natural anterior superior a 750 millones de euros
Importe total de sus ingresos derivados de prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto, una vez aplicadas las reglas previstas en el artículo 10 del Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, correspondientes al año natural anterior, superior a 3 millones de euros

 

 

En caso de que en el año inmediato anterior se hubiese iniciado la actividad, los importes anteriores se elevarán al año.

 

Asimismo, deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones:

 

  • Cuando los importes a que se refiere el apartado 1 estén disponibles en una moneda distinta del euro, se convertirán a euros aplicando el tipo de cambio publicado en el último Diario Oficial de la Unión Europea disponible en el año natural de que se trate.
  • En caso de entidades o empresas que formen un grupo, los importes de los umbrales antes mencionados se tendrán en cuanta aquellos referidos al grupo en su conjunto.
    • El primer umbral del apartado 1 será el mismo que figura en la Directiva (UE) 2016/881 del Consejo de 25 de mayo de 2016 que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad, que establece la declaración relativa al Informe país por país, y en las normas internacionales equivalentes adoptadas en aplicación de la Acción 13 del Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, en sus siglas en ingles), relativa a la documentación sobre precios de transferencia e informe país por país-
    • El segundo umbral se determinará sin eliminar las prestaciones de los servicios digitales sujetas a este impuesto realizadas entre las entidades de un grupo.
  • En caso de que el grupo supere dichos umbrales tendrán la consideración de contribuyentes todas y cada una de las entidades que formen parte del mismo, en la medida en que realicen el hecho imponible, con independencia del importe de los ingresos a que se refiere la letra b) del artículo 8.3 del Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

 

3.7. Devengo.

 

El impuesto se devengará cuando se presten, ejecuten o efectúen las actividades antes categorizadas como gravadas. No obstante, aquellas actividades u operaciones sujetas a este impuesto que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible, el impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos.

 

3.8. Base Imponible

 

La base imponible estará constituida por el importe de los ingresos obtenidos por el contribuyente para cada prestación de servicios digitales sujetas al impuesto, menos (cuando aplique) el Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, “IVA”) u otros impuestos equivalente.

 

Cuando las prestaciones se realicen entre empresas o entidades de un mismo grupo, la base imponible será su valor normal de mercado.

 

Serán de aplicación las siguientes reglas:

 

Ss. de Publicidad se aplicará a los ingresos totales obtenidos la proporción que represente el número de veces que aparezca la publicidad en dispositivos que se encuentren en el territorio de aplicación del impuesto respecto del número total de veces que aparezca dicha publicidad en cualquier dispositivo, cualquiera que sea el lugar en que éstos se encuentren
Servicios de intermediación en línea en los que exista facilitación de entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios se aplicará a los ingresos totales obtenidos la proporción que represente el número de usuarios situados en el territorio de aplicación del impuesto respecto del número total de usuarios que intervengan en ese servicio, cualquiera que sea el lugar en que estén situados.
Ss. de transmisión de datos se aplicará a los ingresos totales obtenidos la proporción que represente el número de usuarios que han generado dichos datos que estén situados en el territorio de aplicación del impuesto respecto del número total de usuarios que hayan generado dichos datos, cualquiera que sea el lugar en que estén situados.

 

 

En caso de no conocerse el importe de la base imponible en el período de liquidación, el contribuyente lo fijará provisionalmente aplicando criterios fundados que tengan en cuanta el período total en el que van a generarse ingresos derivados de esas prestaciones de servicios digitales, sin perjuicio de que, una vez conocido dicho importe se regularice, mediante la autoliquidación correspondiente a ese período de liquidación. El plazo de regularización será de 4 años, a contar desde la fecha de devengo del devengo del impuesto correspondiente a la operación.

 

En caso de determinación incorrecta de la base imponible, se procederá con su rectificación según la LGT.

 

La base imponible se determinará a través del método de estimación directa.

 

3.9. Tipo Impositivo

 

El impuesto se exigirá al tipo del 3 %.

 

3.10. Cuota Íntegra

 

La cuota íntegra será la cantidad resultante de aplicar a la base imponible el tipo impositivo.

 

3.11. Período de Liquidación.

 

El período de liquidación coincidirá con el trimestre natural. Los contribuyentes deberán presentar las autoliquidaciones correspondientes e ingresar la deuda tributaria en el lugar, forma y plazos que se establezca por orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda.

 

3.12. Posible litigiosidad futura

 

los pleitos pueden proceder de dos tipos de compañías: por un lado, de aquellas que operan en España sin tener un establecimiento permanente que en virtud del convenio de doble imposición tributan en su país y no pueden verse gravadas por un impuesto directo aquí y, por otro, de aquellas empresas españolas que paguen un 25% por Sociedades y que, además, se encuentren con que la prestación de determinados servicios (publicidad e intermediación en línea y transmisión de datos) van a estar gravados con un tipo impositivo adicional del 3%, lo que sobregrava parte de su actividad.

 

ANEXO I

 

Artículo 92. La acción como valor mobiliario.
  1. Las acciones podrán estar representadas por medio de títulos o por medio de anotaciones en cuenta. En uno y otro caso tendrán la consideración de valores mobiliarios.
  2. Las participaciones sociales no podrán estar representadas por medio de títulos o de anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones, y en ningún caso tendrán el carácter de valores.

 

ANEXO II

Orden EHA/3537/2005, de 10 de noviembre, por la que se desarrolla el artículo 27.4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores

 

Segundo. Contenido de los distintos tipos y modelos de folletos.

 

  1. El contenido de los distintos tipos de folletos deberá ajustarse a los modelos incluidos en el Reglamento (CE) n.º 809/2004 de la Comisión, de 29 de abril de 2004, relativo a la aplicación de la Directiva 2003/71/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, teniendo en cuenta el tipo de emisor y los valores de que se trate. Para aquellos valores excluidos del ámbito de aplicación de dicha Directiva, los distintos tipos de folletos, cuando se requieran en virtud del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos (en adelante, el Real Decreto), deberán contener una descripción de los derechos inherentes a los valores. Con respecto al emisor y al garante, podrán omitir las informaciones sobre los activos y pasivos, la situación financiera, los beneficios y las pérdidas y las perspectivas a que se refiere el artículo 16 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, cuando así sea apropiado en función de la naturaleza del emisor o de los valores. Los distintos tipos de folletos deberán ajustarse a los modelos aprobados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, CNMV).

 

En el caso de pagarés con plazo de vencimiento inferior a 12 meses emitidos por entidades de crédito, no será necesario que el folleto incluya información relativa al emisor, siempre que éste, ya sea de forma voluntaria o por exigencia legal, haya depositado en la CNMV sus estados financieros auditados correspondientes a los dos últimos ejercicios.

 

Se entenderán como contratos financieros a los que se refiere el artículo 1.3 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, los contratos no negociados en mercados secundarios oficiales por los que una entidad de crédito recibe dinero o valores, o ambas cosas, de su clientela asumiendo una obligación de reembolso consistente bien en la entrega de determinados valores cotizados, bien en el pago de una suma de dinero, o ambas cosas, en función de la evolución de la cotización de uno o varios valores, o de la evolución de un índice bursátil, sin compromiso de reembolso íntegro del principal recibido. El modelo de folleto aplicable a dichos contratos financieros será el previsto en el anexo XII del Reglamento (CE) n.º 809/2004 de la Comisión Europea, de 29 de abril de 2004, relativo a la aplicación de la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la información contenida en los folletos así como al formato, la incorporación por referencia, la publicación de dichos folletos y la difusión de publicidad, para valores derivados.

ANEXO III

 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

 

Artículo 35. Obligados Tributarios

 

[…]

 

  1. Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición.

[…]

[1]Estas adquisiciones estarán sujetas al impuesto con independencia de que se ejecuten en un centro de negociación, en cualquier otro mercado o sistema de contratación, por un internalizador sistemático o mediante acuerdos directos entre los contratantes.

[2]La relación de las sociedades españolas con un valor de capitalización bursátil a 1 de diciembre de cada año superior a 1.000 millones de euros se publicará antes del 31 de diciembre del mismo año en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

[3]Se incluyen las operaciones de novación propias de la entidad compartida central y las operaciones realizadas en el marco de una operación de recompra debida a un fallo en la liquidación de conformidad con el Reglamento (UE) 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se modifican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) 236/2012.

[4] Las plataformas de negociación son sistemas organizados en los que varios individuos compran y venden instrumentos financieros. En España se regula en la Ley 47/2007 que modifica la Ley 28/1988, del Mercado de Valores español (LMV). En Europa su regulación se encuentra en las directivas (UE) MiFID I y II, 2004/39 y 2014/65 respectivamente. En ambas normativas también se las denomina como centros de negociación.

[5]Por ejemplo, una compraventa on-line, directamente al productor (ej. Zara) de un bien de consumo. En este caso, el contribuyente (Zara) pagaría su correspondiente IVA (y otros impuesto, IS, impuestos locales, etc.) Diferente sería la compra a través de un marketplace, donde el intermediario sí pagaría el tributo objeto de comentario.

[6]Los datos que pueden recopilarse de los usuarios con el fin de aplicar esta Ley se limitan a aquellos que permitan la localización de los dispositivos de los usuarios en el territorio de aplicación del impuesto . En este aspecto abría que cotejar la legislación en materia de Propiedad de Datos para ver en qué sentido podría llegar a aplicarse o no.

 

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Cómo reclamar cancelación de viajes. COVID. LETRADOX ABOGADOS

Cómo reclamar cancelación de viajes. COVID. LETRADOX ABOGADOS

 

El estado de alarma, derivado de la COVID – 19, ha supuesto innumerables cancelaciones de viajes trayendo consigo peticiones de reembolso y entrega de bonos en sustitución. Aún así, muchos viajeros aún no han recibido el pago realizado.

La realidad jurídica que nace en el momento de solicitud de un reembolso, en viajes contratados a través de agencias turísticas, entrama cierta complejidad.

El consumidor solicitará el reembolso a la agencia con la que contrató el viaje, para que se le devuelva la misma cantidad de dinero que pagó. A su vez, la agencia no puede devolverle realizar el reembolso porque ha de solicitarlo al proveedor o tour operador. Por lo tanto, el reembolso del viajero dependerá de que el tour operador previamente lo realice a la agencia.

No obstante, hay que analizar cada caso en particular.

Afectados

Cualquier persona física o jurídica que haya contratado un viaje con una agencia turística y, a su vez, la agencia haya contratado con un proveedor, previo a la declaración del estado de alarma y su viaje haya sido cancelado por la pandemia. Y aquellos que, aún no habiéndosele cancelado el viaje hayan decidido cancelarlo motu proprio siguiendo las medidas de seguridad establecidas por el Ministerio de Sanidad.

Preceptos Legales

Desde el 4 de junio de 2020, en virtud del artículo 10 del Real Decreto 536/2020, de 22 de mayo, se reanudan los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones de los consumidores. Por el Real Decreto – Ley 8/2020, de 17 de marzo, quedaron suspendidos todos los plazos de devolución, de este modo, las personas consumidoras que deseen hacer una devolución seguirán teniendo este derecho vigente, de tal forma que los plazos de devolución seguirán interrumpidos mientras siguiese declarado el estado de alarma.

En virtud de las directrices interpretativas sobre los Reglamentos de la Unión Europea en materia de derechos de los pasajeros en el contexto de la situación cambiante motivo de la COVID -19:

 Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen las normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.

 Rto. (CE) n.º 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros del ferrocarril.

 Reglamento (UE) n.º 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables.

 Rto. (UE) n.º 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar.

 

Se interpreta que las personas viajeras afectadas por las limitaciones de movimiento establecías por el estado de alarma, tendrán derecho a cancelar el viaje sin penalización alguna y al oportuno reembolso completo de las cantidades abonadas. Así también, desistimiento del contrato antes de iniciar el viaje sin penalización y derecho al reembolso completo de todo lo pagado. En caso de no ser atendidas sus pretensiones se podrá presentar la oportuna reclamación ante la empresa organizadora.

El Real Decreto – Ley 11/2020, de 31 de marzo, establece importantes novedades para la cancelación de viajes combinados. En este sentido se pronuncia el artículo 36 en su apartado 4º:

“4. En el supuesto de que se trate de contratos de viaje combinado, que hayan sido cancelados con motivo del COVID19, el organizador o, en su caso el minorista, podrán entregar al consumidor o usuario un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido. Transcurrido el periodo de validez del bono sin haber sido utilizado, el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado. En cualquier caso, el eventual ofrecimiento de un bono sustitutorio temporal deberá contar con el suficiente respaldo financiero que garantice su ejecución.

No obstante lo anterior, el organizador, o en su caso el minorista, deberán proceder a efectuar el reembolso a los consumidores y usuarios en el supuesto de que estos solicitaran la resolución del contrato, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 160 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, siempre que los proveedores de servicios incluidos en el contrato de viaje combinado hubieran procedido a la devolución total del importe correspondiente a sus servicios. Si solo algunos de los proveedores de servicios del viaje combinado efectuaran la devolución al organizador o, en su caso, al minorista, o la cuantía devuelta por cada uno de ellos fuera parcial, el consumidor o usuario tendrá derecho al reembolso parcial correspondiente a las devoluciones efectuadas, siendo descontado del importe del bono entregado por la resolución del contrato.

El organizador o, en su caso, el minorista, procederán a efectuar los reembolsos citados anteriormente en un plazo no superior a 60 días desde la fecha de la resolución del contrato o desde aquella en que los proveedores de servicios hubieran procedido a su devolución”.

Tendrán derecho al reembolso de la totalidad de su cantidad y por otro lado al ofrecimiento de un bono, que tendrá un año de caducidad y, si no ha sido utilizado, podrá solicitarse el reembolso.

Además, con el artículo 160. 2 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios se posibilita la resolución del contrato sin que se tenga que pagar penalización para ello.

Esta cantidad será reembolsada cuando el proveedor haya procedido a la total devolución del importe pagado.

Esta realidad hemos de ponerla en conexión con el artículo 66 bis apdo. 3:

“3. Cuando se haya resuelto el contrato, el empresario deberá proceder a reembolsar, sin ninguna demora indebida, todas las cantidades abonadas por el consumidor y usuario en virtud del mismo”

Artículo 107. 1:

“1. El empresario reembolsará todo pago recibido del consumidor y usuario, incluidos, en su caso, los costes de entrega, sin demoras indebidas y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días naturales desde la fecha en que haya sido informado de la decisión de desistimiento del contrato del consumidor y usuario de conformidad con el artículo 106.

El empresario deberá efectuar el reembolso a que se refiere el primer párrafo utilizando el mismo medio de pago empleado por el consumidor para la transacción inicial, a no ser que el consumidor haya dispuesto expresamente lo contrario y siempre y cuando el consumidor no incurra en ningún gasto como consecuencia del reembolso.”

Que nos darán las claves en términos de reembolso por resolución del contrato.

Procedimiento

En caso de que el consumidor no quede conforme con el bono que le pueden ofrecer, puede reclamar el reembolso. Esta reclamación debe de hacerse:

1. Realizar un reclamo ante la empresa vendedora, es decir, la agencia. Vía telefónica o web.

2. No satisfizo el reclamo, se presentará denuncia a Defensa del Consumidor.

3. Si aún no hay una solución, el perjudicado podrá dirigirse a la Junta Arbitral de Consumo o también,

4. Presentar demanda por vía civil en la que se puedan reclamar, además, daños y perjuicios.

 

Si quiere reclamar por su viaje cancelado, contáctenos:

LETRADOX ABOGADOS

Tlfs: 912980061 / 645958948

info@letradox.es

La Real Academia MHG se hace eco de nuestra entrevista a Antonio Pau

La Real Academia MHG se hace eco de la entrevista a Antonio Pau. Referentes Letradox.

 

En la web de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía se recomienda la lectura de la entrevista realizada a don Antonio Pau para la sección de entrevistas Referentes® de LETRADOX® Abogados.

En este link pueden acceder a la reseña que se realiza en la web:

https://www.ramhg.es/index.php/the-news/2019-01-16-00-09-08/1194-2020-05-11-00-25-43

Don Antonio Pau es el gran Referente en Derecho Civil. Ha sido un placer poderle entrevistar a fin de conocer sus respuestas a preguntas tales como su experiencia siendo opositor (es Notario, Registrador y Abogado del Estado) y su faceta literaria (es un renombrado escritor, Premio de Ensayo y Humanidades Ortega y Gasset en el año 1998.)

El link a la entrevista en nuestro Blog: ENTREVISTA A DON ANTONIO PAU

 

 

Acciones Popular, IRPH , Multidivisa, Ejecuciones Hipotecarias. Abogados

Acciones Popular, IRPH , Multidivisa, Ejecuciones Hipotecarias. Abogados

 

 Artículo de Mercedes de Parada en Lawyerpress

sobre la situación actual de las reclamaciones a los Bancos

 

El periódico digital de información Jurídica Lawyerpress publicó ayer día 8 de junio de 2020, el artículo de la letrada y socia CEO de LETRADOX Abogados, Mercedes de Parada. Link al artículo: LAWYERPRESS ARTÍCULO DE MERCEDES DE PARADA

En dicho artículo se realiza un resumen de la actualidad en la reclamaciones contra Bancos.

ACCIONES BANCO POPULAR

El pasado día 7 de junio de 2020 se cumplieron 3 años desde la quiebra del Banco Popular.

Es un hecho importante a tener en cuenta , dado que se cumplen los 3 años que fija la Ley del Mercado de Valores para la reclamación. No obstante, el plazo aún no ha transcurrido al estar los plazos suspendidos por el estado de alarma. Además, esta no es la única vía procesal, al ser factible la acción de prescripción de 4 años (o de 5) que fija el Código Civil para estos casos según establece la jurisprudencia.

De todas las cuestiones que llevamos a cabo de Derecho Bancario en nuestro despacho, estamos haciendo especial énfasis en esta cuestión a fin de concienciar a los consumidores de la necesidad de una pronta reclamación.

Así se pudo poner de manifiesto igualmente en las publicaciones de diferentes periódicos, que se han hecho eco de aperturas de despachos de la firma LETRADOX en España: (La Voz de Galicia, respecto al despacho de Viveiro (Lugo), el Diario de León, la apertura en León; y el Heraldo de Aragón, del desembarco en Zaragoza).

IRPH

El índice de IRPH al que están referenciadas algunas hipotecas ha supuesto para muchos consumidores un sobrecoste en su cuota hipotecaria. El TJUE ha avalado la reclamación siempre que se cumplan algunos parámetros. En LETRADOX proporcionamos el servicio de análisis del préstamo hipotecario a fin de conocer si es viable la reclamación (envío a info@letradox.es)

MULTIDIVISA

No son pocas las personas que después de pagar durante años religiosamente su préstamo hipotecario descubren que el capital amortizado no ha disminuido. Esto es porque su préstamo hipotecario es multidivisa y si la divisa de referencia (yen, franco suizo) se ha apreciado ha supuesto esta consecuencia.

La reclamación en vía judicial al banco para subsanar esta situación es posible. De esta manera numerosos clientes están cambiando el rumbo de su préstamo hipotecario y volviendo a ver cómo varía su situación inicial a una mucho más favorable.

Hemos ganado  numerosas sentencias, los tribunales nos dan la razón y finalmente ha hecho que el cliente pueda recuperar su dinero. En este blog podéis ver algunos ejemplos de ello.

 

EJECUCIONES HIPOTECARIAS

Al empeorar la situación económica de los prestatarios del préstamo hipotecario lamentablemente éstos no pueden hacer frente a las cuotas hipotecarias

Es en este momento cuando, en algunos casos, se nos contrata para una renegociación de la deuda , que hemos llevado con éxito en numerosas ocasiones .

Pero a veces cuando el cliente acuda a nuestro despacho ya no es posible esa negociación extrajudicial porque el banco ha interpuesto una demanda de ejecución hipotecaria.

En este caso, lo que nos queda por realizar, es una defensa en vía judicial llevando a cabo la oposición a la ejecución hipotecaria. ESta oposición está basada generalmente en la existencia de cláusulas abusivas en el préstamo hipotecario.

Si usted se encuentra en esta situación puede acudir a nosotros para que llevemos su defensa en vía judicial y pueda permanecer en su vivienda.

Recientemente hemos recibido un auto del juzgado de primera instancia 31 de Madrid que avala nuestra postura y archiva el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por el banco.

La satisfacción por comunicar al cliente esta noticia hace que sigamos cada día mejorando. Y también luchando por tantos otros clientes a los que también deseamos dar la noticia de que finalmente no van a ser desahuciados de sus viviendas.

LETRADOX® Abogados es un despacho que cuenta con profesionales de las distintas ramas del Derecho. Ofrecemos un servicio integral a particulares y empresas.

Tanto para sus cuestiones en derecho hipotecario y bancario como Mercantil estamos  a su disposición en nuestra sede principal en Madrid así como nuestras oficinas de Galicia, León y Zaragoza. Llevamos casos en toda España y ofrecemos un Servicio Profesional y ajustado a las necesidades de cada cliente.

Le esperamos para que nos consulte sin compromiso sobre su caso.

LETRADOX® ABOGADOS

Tlfs. 912980061 / 645958948

info@letradox.es

 

 

Acciones Popular, IRPH , Multidivisa, Ejecuciones Hipotecarias. Abogados

 

Heraldo de Aragón: LETRADOX® Abogados abre sede en Zaragoza

Heraldo de Aragón: LETRADOX® Abogados abre sede en Zaragoza

 

El periódico el Heraldo de Aragón del día 5 de junio de 2020, en su formato papel y digital publica la apertura de la oficina de LETRADOX Abogados en Zaragoza

 

Link a la noticia: LETRADOX EN EL HERALDO DE ARAGÓN

Abogados reclamación Banco Popular en Zaragoza

 

El rotativo aragonés destaca la especialidad en Derecho Bancario del despacho.

El despacho de Abogados LETRADOX® con sedes en Madrid, Alcalá de Henares, Galicia y León (www.letradox.com) extiende su actuación a Zaragoza, a fin de ayudar a todos aquellos, particulares o empresas, que perdieron sus acciones del Banco Popular.

Los letrados Mercedes de Parada (abogada nºcol. 118.218 ICAM) y Marcos Rivas (Abogado colegiado 5.873 ICACor), socios del despacho, que han obtenido cientos de casos de éxito de derecho bancario en toda España , recomiendan reclamar, antes de que finalice el plazo, el dinero invertido en las acciones Popular de las 2.500 familias afectadas en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Precisamente es este hecho el que ha motivado la apertura con sede física en Zaragoza en la céntrica calle Independencia de Zaragoza. No obstante, el despacho LETRADOX cuenta con profesionales especializados en las distintas ramas del Derecho y lleva con éxito casos de derecho civil y mercantil principalmente y en el resto de ramas del Derecho.

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha fallado a favor de los accionistas del Banco Popular. Este hecho es el detonante de la posibilidad de reclamar en dicha ciudad, así como en Huesca y Teruel.

 

Extracto de la Noticia en el Heraldo de Aragón:

Abogados reclamación Banco Popular en Zaragoza

Abogados reclamación Banco Popular en Zaragoza

 

Los letrados contestan a algunas de las preguntas que nos están transmitiendo los aragoneses de manera más frecuente:

¿Todavía hay inversores que no han reclamado el dinero perdido en acciones del Banco Popular?

Así es, nos ha sorprendido que haya personas que den por perdido ese dinero, que en ocasiones asciende a cifras muy importantes, cuando la justicia está dando la razón a los clientes y sentenciando en contra del banco.

¿Qué sería lo más importante a tener en cuenta por los clientes?

Que el plazo para reclamar se acaba y quedan solamente unos meses y luego ya prescribe la posibilidad de hacerlo; así que ahora es el momento.

Desde que el cliente se pone en contacto con nosotros hasta que recopilamos la documentación y presentamos la demanda pasan una o dos semanas aproximadamente, por ello, recomendamos que se pongan en contacto con nosotros con rapidez. (Teléfonos: 912980061 ó 645958948. Por email: info@letradox.es)

¿Hay Sentencias ya en la provincia de Zaragoza ?

Sí, ya hay sentencias de numerosos juzgados y de la Audiencia Provincial de Zaragoza (órgano superior de la provincia en esta materia) que han resuelto a favor de los clientes y han condenado al banco a que les devuelvan el dinero perdido en acciones del banco más los intereses. (Ejemplo Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 16 de enero de 2020.)

¿Se reclama al Banco Santander?

Efectivamente reclamamos al Banco Santander, que adquirió el Banco Popular. El Banco Santander se subroga en los derechos y obligaciones del Banco Popular y es quien asume esa responsabilidad y por tanto contra quien nos tenemos que dirigir.

Hay clientes que tenían bonos convertibles en acciones, en otros casos eran acciones del Banco Pastor que pasaron a ser del Banco Popular, en otros casos compraron las acciones directamente siendo Banco Popular…

Así es, la casuística es variada pero en todos los casos, la ley permite que se pueda reclamar y que se pueda recuperar el dinero.

¿En qué fechas se tenían que comprar las acciones del Banco Popular para poder reclamar?

Incluso habiendo comprado las acciones en el año 2007 y sucesivos se puede reclamar y hay jurisprudencia en toda España que así lo confirma.

Muchos clientes adquirieron acciones en la ampliación de capital en el año 2016, éstos han reclamado en su mayor parte (aunque muchos aún no). Pero tienen que saber los accionistas que adquirieron sus acciones incluso desde el año 2007, que hay fundamento legal para reclamar y que también lo podemos llevar a cabo.

¿Tiene LETRADOX Abogados S.L.P. experiencia en este tipo de casos?

Nuestros letrados especializados en Derecho bancario tienen una gran experiencia en esta materia y han ganado cientos de casos en toda España con un porcentaje de éxito del 100%.

La letrada Mercedes de Parada y el letrado Marcos Rivas cuentan con un gran prestigio y podemos garantizar que la actuación es profesional y eficaz, y así lo pueden comprobar los clientes sin compromiso en una reunión personal informativa con ellos para exponerles el caso.

Otros despachos de abogados de la provincia no están llevando este tipo de casos ¿a qué puede ser debido?

A que son unos casos con complejidad técnica para lo que se exige estar especializado en asuntos de derecho bancario y no todos los compañeros lo están. Por ello es importante tener conocimiento profundo en derecho bancario para que el caso se lleve correctamente, se plantee adecuadamente la demanda y se gane.

¿Os reunís personalmente con los clientes en Aragón antes de llevar el caso?

En muchos casos los clientes nos envían la información al correo electrónico info@letradox.es o bien nos llaman por teléfono (tlfs: 912980061 ó 645958948), pero en algunos otros es conveniente además reunirse personalmente con el cliente y así lo hacemos en nuestras oficinas de la provincia de Zaragoza.

Estamos llevando casos importantes en toda España.

Se puede interponer la demanda, ya se perdieran apenas 1.000 euros o ya se perdieran millones de euros, llevamos casos de todas las cuantías.

¿Qué documentación sería necesaria para poder reclamar?

Necesitamos un extracto del banco en donde conste la compra de acciones o las acciones resultantes que han surgido de la conversión de acciones de otra entidad o bonos; y además, si lo tienen, el documento por el cual las acciones pasaron a valer cero euros.

Si además disponen de documentación adicional, también es recomendable que la aporten.

¿Se puede reclamar tanto si la compró un particular como si fue una empresa?

Sí, en ambos casos hay legitimación para poder interponer la demanda y así lo ha establecido la jurisprudencia.

¿Cómo es el procedimiento judicial? ¿Cuáles serían los primeros pasos?

Una vez que el cliente se pone en contacto con nosotros, le informamos de todo detalladamente y desde el punto de vista del cliente resulta todo muy sencillo.

Una vez que recopilamos la documentación, el cliente tendrá que hacer un poder procesal para llevar su asunto y ya con dicho trámite nos encargamos de todo y no tiene que hacer nada más, hasta que nos reunimos con él para devolverle el dinero que invirtió en acciones que daba por perdido.

El momento en el que os reunís con el cliente para darle esa cuantía me imagino que será muy gratificante.

Así es, es un momento de mucha alegría el poder ayudar a los clientes a que recuperen su dinero, dado que lo han ganado con esfuerzo y sacrificio y nos emociona el que lo puedan volver a tener después de darlo por perdido.

Hace poco un cliente recuperó aprox. 90.000 euros y cuando fue al despacho a que le diésemos el mandamiento de pago, nos comentó que le habíamos dado la mayor alegría que había tenido en mucho tiempo. Nuestros clientes nos están muy agradecidos y nos recomiendan a sus familiares y amigos; pero estamos agradecidos con esta entrevista por llegar a más gente y poder también ayudarles a experimentar esa felicidad.

¿Cuánto es el coste de abogado y procurador?

Nos adaptamos a cada caso y solicitamos inicialmente una pequeña provisión y finalmente, cuando se recupera el dinero, un porcentaje de lo recuperado. Es un coste muy económico.

¿También lleváis otros casos de derecho bancario e hipotecario como reclamación por cláusula suelo, IRPH; hipoteca multidivisa, gastos de la hipoteca, ejecución hipotecaria etc.?

Sí, también llevamos ese tipo de casos y analizamos sin compromiso el préstamo hipotecario de los clientes por si tienen alguna de esas cláusulas abusivas.

Ahora no obstante queremos poner el foco en las acciones del Banco Popular, porque el plazo es, según los casos, de unos meses hasta junio de 2020 o de junio de 2021, y en cambio en otras acciones judiciales el plazo no es tan breve.

 

¿Qué le diríais a un cliente que aún duda en reclamar el dinero perdido en acciones del Banco Popular?

Que se informe de su caso sin compromiso con nosotros. En cuanto nos conozca confiará en nosotros porque nuestros resultados y trato profesional nos avalan y son los que ha hecho que los clientes de Zaragoza y toda España quieran llevar sus asuntos en nuestro despacho.

 

“ LETRADOX® Abogados es un despacho que ha aparecido en numerosas ocasiones en medios de comunicación ( TVE1, RTVE, Canal 24h, Antena3…etc ) de confianza y prestigio, y así lo pueden comprobar los clientes. Nuestra sede principal está en Madrid en la Calle Jorge Juan 141, 3ºA.”-  apunta Mercedes de Parada, abogada y socia directora de LETRADOX® Abogados.

“Hace poco se hizo eco el periódico La Voz de Galicia de la apertura de nuestro despacho en Viveiro (Lugo) así como el Diario de León y nos alegramos el poder comunicar a los clientes de Zaragoza  que LETRADOX® Abogados puede ayudar también a los clientes de esta provincia” concluye Marcos Rivas, abogado y socio COO del despacho.

Nuestros datos de contacto son: Tlf: 912980061 / 645958948  info@letradox.es

www.letradox.com

Abogados reclamación Banco Popular en Zaragoza

Heraldo de Aragón: LETRADOX® Abogados abre sede en Zaragoza

Abogados reclamación Banco Popular en Zaragoza