20 respuestas: SUBASTAS JUDICIALES. Letradox® Abogados

20 respuestas: SUBASTAS JUDICIALES. Letradox® Abogados

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE SUBASTAS JUDICIALES

Hemos realizado una selección de algunas de las preguntas más habituales en materia de subastas judiciales que recibimos diariamente en el despacho.

Nuestros abogados especialistas en subastas, a diferencia de otros servicios de empresas, son letrados con experiencia y preparación. Les ofrecemos garantías de una actuación y atención profesional en LETRADOX® Abogados

(email: info@letradox.es Tlf. 912980061 / 645958948).

A continuación, les respondemos a algunas de las preguntas más frecuentes.

 

1.¿Cuáles son los casos más habituales que dan lugar a una subasta judicial?

Los casos más habituales en la subastas judiciales son o bien por embargo previo de un bien que finalmente se subasta, o por el procedimiento de ejecución hipotecaria si se trata de una casa hipotecada que no se paga la hipoteca o bien porque varias personas con un bien en común deciden subastarlo.

2.¿Independientemente del origen de la subasta se regula por las mismas normas?

No exactamente: hay subastas voluntarias para las que será necesario conocer el pliego de condiciones que recoge las condiciones que las regulan. Hay otras subastas reguladas en la ley, y en otros casos a falta de regulación legal específica hay que interpretar las normas.

3.¿Cualquier persona puede participar en una subasta judicial?

¿Qué condiciones existen para participar en una subasta judicial?

Hay que cumplir con las condiciones del pliego de condiciones en las subastas voluntarias, así como atenerse a las normas de la subasta judicial que constan por decreto. Además, hay que consignar un depósito, que se indica en cada caso, y sin ese requisito no se puede participar.

4.Una vez que participo en una subasta ¿puedo pujar la cuantía que quiera?

Generalmente hay unos tramos de pujas y unas reglas en cada subasta que hay que respetar, por tanto, no se puede pujar libremente, o al menos si se hace no se considerará correctamente realizada la puja y no será válida.

5.¿Es obligatorio participar en una subasta judicial con abogado y procurador?

Es muy recomendable, puesto que analizarán todos los aspectos procesales y de fondo del procedimiento y la documentación de cada subasta y le asegurarán un adecuado asesoramiento.

La inversión en bienes inmuebles generalmente que hacen los postores es muy importante y probablemente uno de los hechos de mayor trascendencia económica en su vida, por tanto, contar con asesoramiento en dicho trámite es fundamental para garantizar el éxito.

6.¿Qué abogados recomiendan para subastas judiciales?

LETRADOX® Abogados www.letradox.com Tlf. 912980061 / 645958948 info@letradox.es es un despacho con sede principal en Madrid y oficinas en otras partes de España que lleva cuestiones de subastas judiciales desde hace años, con experiencia y garantías.

7.¿Cuánto tiempo dura una subasta judicial?

Las subastas judiciales duran 20 días contadas de fecha a fecha.

8.¿Puede una persona que tiene un bien en común con otra pedir la división judicial del inmueble, la subasta judicial?

Sí, si una persona tiene un bien junto con otra u otras y no hay acuerdo al respecto, se puede solicitar la división judicial del inmueble y que haya una subasta judicial. El fundamento legal de ello es el artículo 400 del Código Civil que determina que:

“Ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad (…)”.

9.¿En qué casos se puede solicitar judicialmente subastar un inmueble si no hay acuerdo?

En casos de varios copropietarios sobre un mismo bien. Los casos más frecuentes son de hermanos en casos de herencias, de cónyuges después de una separación o socios tras la ruptura de un negocio, etc.

10.¿Cómo podemos saber las cargas del bien que va a salir a subasta?

En la nota simple del Registro de la Propiedad pueden aparecer algunas, no todas, las cargas que tiene un inmueble. Consta en las propias subastas online dichos documentos. También se pueden obtener directamente en el Registro de la Propiedad.

11.¿Todas las cargas de un inmueble aparecen en la nota simple?

No, hay cargas que no constan en la nota simple.

12.¿Cuáles son las cargas inscritas más habituales?

Los embargos e hipotecas son las cargas registradas más habituales.

13.¿Todas las cargas tienen la misma preferencia?

No, todas las cargas no tienen la misma importancia. Las cargas siguen un orden de prelación y es muy importante conocer todas las reglas sobre las cargas registradas para conocer las que se cancelan, las que subsisten y las que pudiendo estar, no aparecen registradas.

14.¿Cuánto tiempo dura la carga de una anotación de embargo?

El plazo que dura una anotación de embargo es de 4 años. A los 4 años se produce la caducidad.

15.¿Se puede prorrogar una carga de anotación de embargo?

Sí, antes de que se cancele por caducidad se puede solicitar la prórroga.

16.¿Qué diferencia hay entre un bien hipotecado y un bien mueble en las subastas judiciales?

Hay diferencias de diversa índole. En los casos de subasta judicial de un bien hipotecado ya se sabe cual es el tipo de la subasta, porque es un bien tasado con antelación (se ha hecho la tasación del bien para conceder el préstamo hipotecario).

En cambio, en un bien mueble que se va a subastar no tiene por qué haber ninguna tasación, ni es obligatoria. Por tanto, hay que solicitar el avalúo del bien, pedir un perito y el tribunal sombrarlo para obtener finalmente el valor, avalúo.

17.¿Qué es el avalúo de un bien en las subasta judiciales?

El avalúo en las subastas es el valor del bien objeto de la subasta.

18.¿Qué es el tipo de las subastas?

El tipo en las subastas judiciales es el valor que se da al bien.

¿Cómo se conoce el valor definitivo del bien objeto de subasta judicial?

Para conocer el valor definitivo, el tipo de la subasta, hay que hacer la minoración de las cargas que sobre el mismo pesan.

A efectos de hacer las minoraciones hay que tener en cuenta el orden de la carga que se va a ejecutar. Se minoran las cargas anteriores, no las posteriores.

19.¿Quién representa a un cliente en una subasta?

El procurador, bajo la dirección letrada del abogado. Cabe la posibilidad de que sea el propio cliente quien participa. Si se es ejecutante o ejecutado, hay que poner esta circunstancia de manifiesto al juzgado.

20.¿Quién impulsa, coordina y lleva a cabo una subasta judicial?

El letrado de la administración de Justicia. Algunas resoluciones del procedimiento no obstante son resueltas por el juez.

Si tiene alguna duda sobre las subasta judiciales, ya sea porque quiere subastar un bien, o se va a subastar un bien de su propiedad o porque quiere participar como postor en una subasta judicial. Llámenos para ofrecerle el mejor asesoramiento jurídico.

Experiencia acreditada y demostrable en subastas judiciales en toda España. Tanto de particulares como de empresas.

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Entrevista en COPE a Mercedes de Parada. LETRADOX® Abogados

Entrevista en COPE a Mercedes de Parada. LETRADOX® Abogados

 

En el día de hoy, 13 de abril de 2021, la letrada Mercedes de Parada, fundadora y CEO de LETRADOX S.L.P. ha sido entrevistada para los informativos de la cadena de radio COPE sobre cuestiones de actualidad jurídica.

 

Adjuntamos un fragmento de la entrevista en el link

LINK A LA ENTREVISTA EN COPE

 

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Entrevista en COPE a Mercedes de Parada. LETRADOX® Abogados

REGISTRO DE SUELDOS en las empresas. LETRADOX® ABOGADOS

REGISTRO DE SUELDOS en las empresas. LETRADOX® ABOGADOS

 

Todas las empresas deberán tener elaborado un registro de los sueldos de sus trabajadores a partir del próximo miércoles, 14 de abril de 2021.

LA LEY 

El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres acarrea importantes consecuencias en las empresas.

Según dispone RD de conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores, todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos.

 

FINALIDAD DEL REGISTRO

Este registro tiene por objeto garantizar la transparencia en la configuración de las percepciones, de manera fiel y actualizada, y un adecuado acceso a la información retributiva de las empresas, al margen de su tamaño, mediante la elaboración documentada de los datos promediados y desglosados.

 

QUÉ DEBE INCLUIR

El registro retributivo deberá incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo y distribuidos conforme a lo establecido en el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores.

A tales efectos, deberán establecerse en el registro retributivo de cada empresa, convenientemente desglosadas por sexo, la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable.

A su vez, esta información deberá estar desagregada en atención a la naturaleza de la retribución, incluyendo salario base, cada uno de los complementos y cada una de las percepciones extrasalariales, especificando de modo diferenciado cada percepción.

 

ACCESO

Cuando se solicite el acceso al registro por parte de la persona trabajadora por inexistencia de representación legal:

la información que se facilitará por parte de la empresa no serán los datos promediados respecto a las cuantías efectivas de las retribuciones que constan en el registro, sino que la información a facilitar se limitará a las diferencias porcentuales que existieran en las retribuciones promediadas de hombres y mujeres.

Éstas también deberán estar desagregadas en atención a la naturaleza de la retribución y el sistema de clasificación aplicable.

 

SI EXISTE REPRESENTACIÓN LEGAL

En las empresas que cuenten con representación legal de las personas trabajadoras, el acceso al registro se facilitará a las personas trabajadoras a través de la citada representación, teniendo derecho aquellas a conocer el contenido íntegro del mismo.

 

TIEMPO

El periodo temporal de referencia será con carácter general el año natural, sin perjuicio de las modificaciones que fuesen necesarias en caso de alteración sustancial de cualquiera de los elementos que integran el registro, de forma que se garantice el cumplimiento de la finalidad prevista en el apartado 1.

 

FORMATO

El documento en el que conste el registro podrá tener el formato establecido en las páginas web oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Igualdad.

La representación legal de las personas trabajadoras deberá ser consultada, con una antelación de al menos diez días, con carácter previo a la elaboración del registro. Asimismo, y con la misma antelación, deberá ser consultada cuando el registro sea modificado.

 

MOTIVACIÓN

La Estrategia Europea para la Igualdad de Género 2020-2025 establece los objetivos estratégicos y las acciones clave de la Comisión Europea para este período 2020-2025 en materia de igualdad entre hombres y mujeres:

entre las que se encuentra garantizar la igualdad de participación y de oportunidades en el mercado laboral, incluyendo la eliminación de la brecha retributiva de género.

Para hacer frente a la desigualdad de remuneración, la Comisión ha abierto una consulta pública sobre la transparencia salarial y se ha comprometido a presentar medidas vinculantes para finales de 2020.

 

ENTRADA EN VIGOR

Por último, según la Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

“El presente real decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», es decir, en abril de 2021el día 14 concretamente.

 

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Derechos de imagen deportistas. Letradox Abogados

Derechos de imagen de los deportistas. LETRADOX® Abogados

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Publicity Rights of players

Los derechos de imagen en el ámbito deportivo es una de las cuestiones que más beneficios económicos reporta a los deportistas. Un asesoramiento legal adecuado en esta materia resulta imprescindible para los deportistas.

En LETRADOX® Abogados contamos con especialistas de Derecho Deportivo, tanto en el ámbito extrajudicial como judicial; a fin de que los deportistas que confían en nosotros sus intereses jurídicos tengan una completa cobertura en las cuestiones civiles, mercantiles y fiscales que más les preocupan.

La actividad preventiva es prioritaria, sin perjuicio de que cabe la posibilidad de solicitar daños y perjuicios en el caso de que haya habido vulneración de estos derechos.

 

LA LEY

 

Así lo dispone la ley española “La tutela judicial comprenderá la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate y restablecer al perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, así como para prevenir o impedir intromisiones ulteriores.

Entre dichas medidas podrán incluirse las cautelares encaminadas al cese inmediato de la intromisión ilegítima, así como el reconocimiento del derecho a replicar, la difusión de la sentencia y la condena a indemnizar los perjuicios causados.” El plazo es de 4 años para poder llevar a cabo la acción judicial.

 

DIFERENCIAR

 

Es preciso aclarar que la firma de un contrato de derechos de imagen no supone la “venta” de aquellos aspectos de la vida privada o familiar; la ley precisa que es una intromisión ilegítima “la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos (…)” es decir, aquellos casos en los que se ha dado su consentimiento o bien la la ley lo autoriza.

Establecer una correcta cuantificación de los derechos de imagen de un deportista es uno de los elementos que debemos precisar en el contrato a fin de que la contraprestación económica sea justa y equilibrada.

Nuestros especialistas en derecho fiscal estudian las soluciones tributarias que mejor se adaptan en su caso para cumplir con la ley y evitar problemas futuros. No obstante, defendemos sus intereses en vía judicial si finalmente ha sido notificado de alguna irregularidad.

 

LA ENTREVISTA

 

En la entrevista sobre Derecho Deportivo que se realizó por la cadena china CCTV sobre el caso de Cristiano Ronaldo a nuestra socia directora, la abogada Mercedes de Parada, trataron algunas de estas cuestiones.

https://www.letradox.com/sin-categoria/la-television-china-entrevista-a-mercedes-de-parada-letradox-abogados/

Derechos de imagen de los deportistas. LETRADOX® Abogados

 

ENGLISH VERSION:

 

Publicity rights in the sports field is one of the issues that brings the most economic benefits to athletes/players. Adequate legal advice on this matter is essential for athletes.

At LETRADOX® Abogados we have specialists in Sports Law, both in the extrajudicial and judicial fields; so that athletes who trust us with their legal interests have complete coverage in civil, commercial and tax matters that concern them the most.

Preventive activity is a priority, without prejudice to the possibility of requesting damages in the event that there has been a violation of these rights.

 

THE LAW

 

This is what Spanish law provides “The judicial protection shall include the adoption of all the necessary measures to put an end to the illegitimate interference in question and restore the injured party in the full enjoyment of their rights, as well as to prevent or prevent further interference.

These measures may include precautionary measures aimed at the immediate cessation of the illegitimate interference, as well as the recognition of the right to reply, the dissemination of the sentence and the sentence to compensate the damages caused. ” The term is 4 years to be able to carry out the legal action.

 

INTERFERENCES

 

It is necessary to clarify that the signing of an Publicity rights contract does not imply the “sale” of those aspects of private or family life; the law specifies that it is an illegitimate interference “the capture, reproduction or publication by photography, film, or any other procedure, of the image of a person in places or moments of his private life or outside of them, except in the cases provided (… ) ”That is, those cases in which your consent has been given or the law authorizes it.

 

QUANTIFICATION

 

Establishing a correct quantification of the Publicity rights of an athlete is one of the elements that we must specify in the contract so that the economic consideration is fair and balanced.

Our specialists in tax law study the tax solutions that best suit your case to comply with the law and avoid future problems. However, we defend your interests in court if you have finally been notified of an irregularity.

 

INTERVIEW

 

In the interview on Sports Law that was carried out by the Chinese channel CCTV on the case of Cristiano Ronaldo with our managing partner, lawyer Mercedes de Parada, they discussed some of these issues.

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Abogados cambio de uso local vivienda. LETRADOX®

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Si necesita abogados para cambio de uso local vivienda en Letradox® disponemos del mejor equipo interdisciplinar de abogados y arquitectos para realizarlo.

Debido a la incipiente crisis económica, empresarios y emprendedores se están viendo avocados a reestructurar sus negocios para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado, y a buscar soluciones a situaciones de falta de liquidez.

Una de estas medidas es el cambio de uso de local comercial de un inmueble al de vivienda.

El artículo 33 de la Constitución Española recoge el derecho constitucional de la propiedad privada.

Según se aprecia en la literalidad del precepto, “se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia”. Sin embargo, pueden establecerse una serie de limitaciones a este derecho, en incluso prohibiciones, como sucede para preservar el interés general de la comunidad de propietarios, por ejemplo, a través de la prohibición o limitación del cambio de uso del local comercial.

Según la Dirección General del Registro y el Notariado (en adelante, “DGRN”), en concreto su Resolución,19/07-2016, quien sea propietario de un local comercial estaría facultado para cambiar el uso destinado del mismo al de vivienda sin exigirse para ello la aprobación de dicha decisión por la junta de vecinos, siempre y cuando, dicho derecho no esté limitado de forma expresa por el régimen de propiedad horizontal, su título constitutivo o su regulación estatutaria.

Por su parte, la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal en su artículo 5 de la Ley  se establece que título constitutivo de a propiedad “podrá contener, además, reglas de constitución y ejercicio del derecho y disposiciones no prohibidas por la ley en orden al uso o destino del edificio, sus diferentes pisos o locales, instalaciones y servicios, gastos, administración y gobierno, seguros, conservación y reparaciones, formando un estatuto privativo que no perjudicará a terceros si no ha sido inscrito en el Registro de la Propiedad”. Para que tenga eficacia frente terceros, los estatutos deben estar inscritos en el Registro de la Propiedad.

 

Por lo tanto, si el dueño de un local comercial desea cambiar el uso al de vivienda, primeramente debe dirigirse a los estatutos de la comunidad de propietarios y al título de constitución de la propiedad, y observar si existe alguna limitación o prohibición a su derecho. Si no se indica nada sobre el cambio, el propietario deberá atenerse meramente a la normativa de propiedad horizontal, y si nada en la misma impide el cambio de uso deseado, podrá ejercer el mismo.

La DGRN recalca que por el hecho de que en los estatutos expresen que el uso de un local sea el comercial, no limita que el inmueble pueda llegar a tener otro uso, como el de vivienda. No obstante, si además se expone en los estatutos la imposibilidad de cambio de uso (o su limitación), no podrá ejercer este derecho. Asimismo, esta institución nos indica que, para que los estatutos puedan limitar o prohibir este derecho, la cláusula debe quedar redactada de forma expresa y ser interpretada de manera estricta.

La DGRN, al igual que el Tribunal Supremo, afirma que cuando la prohibición del derecho de cambio de uso del local no esté limitado expresamente o no esté prohibido por el régimen de propiedad horizontal, su título constitutivo o bien, por los estatutos de la comunidad de propietarios, este derecho podrá ejercerse sin la aprobación de la junta de propietarios. Pese a lo dicho, si el cambio exige que se tengan que efectuar alguna obra, sí será necesaria autorización expedida por le junta de propietarios.

A todo ello, se tiene que  obtener los permisos administrativos necesarios. Se debe solicitar al Ayuntamiento de la localidad donde se encuentre sito el inmueble la licencia de obras para poder habilitar o transformar dicho local en vivienda. Se deberá presentar la Instancia General, autorización (cuando se actúe como representante), en el caso de no existir puerta de entrada al local desde el portal, el acuerdo de la comunidad de propietarios, la aportación de un acta notarial con la adquisición de 1 o 2 plazas, localizadas a menos de 500 metros del inmueble, plano del local actualizado y del estado en el que quedará la futura vivienda, las tasas de licencia de obra y urbanísticas y justificante de la autoliquidación en Modelo 020.

En el caso del Ayuntamiento de Madrid, en observancia de la Ordenanza Municipal de Licencias Urbanísticas de 23 de diciembre de 2004, modificada por la Ordenanza Municipal de 29 de abril de 2014, se debe presentar, además de los documentos expuestos, la declaración del técnico de que el proyecto cumple con la ordenación urbanística, 3 copias del proyecto técnico y estudio de seguridad, las cuales se encuentren suscritas por técnico competente, el cuestionario de la Estadística de Construcción de Edificios, así como documentación específica para inicio y fin de la obra.

Habitaciones de hotel como apartamentos

 

La pandemia ha afectado a multitud de sectores de la industria, siendo el hotelero unos de los más damnificados. Ello ha llevado a la grandes, medianas y pequeñas cadenas hoteleras, hoteles boutiques y hostales a reinventarse, y dedicar sus habitáculos o parte de sus instalaciones para otros usos alejados de los ya endémicos de la hostelería, por ejemplo, al alquiler de espacios para coworking o alquilando sus habitaciones por una renta mensual.

La forma jurídica que vertebra estos alquileres es la del contrato de hospedaje, regulado en los artículo 1.783 y 1784 CC, así por lo dispuesto por la Doctrina y Jurisprudencia.

Este contrato es atípico y de tracto sucesivo, en el cual se combina el arrendamiento de depósito, servicios, obra y cosas. No se encuentra sujeto a prórroga forzosa, por lo tanto, tienen un tiempo finito. La jurisprudencia del Tribunal Supremo expresa que la duración de este contrato no puede verse prolongada de forma “ilimitada” en el tiempo.

Los artículos antes mencionados nos hablan de la responsabilidad del propietario del inmueble, del hotel.

En el artículo 1783, en tanto a los efectos introducidos en el hotel por los viajeros, se indica que  “los fondistas o mesoneros responden de ellos  como tales depositarios, con tal que se hubiese dado conocimiento a los mismos, o a sus dependientes, de los efectos introducidos en su casa, y que los viajeros, por su parte, observen las prevenciones que dichos posaderos o sus sustitutos les hubiesen hecho sobre cuidado y vigilancia de los efectos.”

Los daños a los que se refiere este precepto, según detalla el artículo 1784, pueden ser realizados tanto por los criados y por aquellos que dependan de los hoteleros, como por aquellos que se realicen sobre los efectos de los viajeros por parte de extraños.

No obstante, la jurisprudencia (STS de 15 de marzo de 1990) puntualiza que de esa responsabilidad se excluyen los supuesto de robo a mano armada y los sucesos de fuerza mayor, mas será responsable de aquellos supuestos de caso fortuito.

 

El contrato de hospedaje en lo que respecta al arrendamiento de servicios, versará sobre los servicios personales que ofrece el hotel; en tanto al depósito, sobre los efectos que el cliente introduce en el hotel; y sobre el arrendamiento de cosas, el mismo incide en la habitación, la cual actuará como apartamento o vivienda hotelera; y de obra, sobre servicios tales como la restauración (comida) que ofrezca el hotel.

ABSTRACT

The economic crisis we are being affected by is making entrepreneurs, companies and natural persons decide to restructure their businesses. The market is changing due to the pandemic and the new demands require these businesses changes.

On the one hand, the owner of a commercial premise may change the use of the property from commercial to housing. The owner is entitled to make this change. However if in the foundational title of the property, in the residents’ association’s statutes or in the Horizontal Property regime is established that it is limited or forbidden, the owner will not be allowed to make the change.

On the other hand, currently it is quite trendy that hotels offer to their customers the option of renting their rooms as if they were apartments. Hosting – contracts are the ones used to execute this business idea. These contracts are atypical, consecutive natured and limited in time.

 

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Abogados Ley de Startups. Asesoramiento. LETRADOX®

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PROYECTO DE LEY DE STARTUPS

Se avecinan importantes novedades en el panorama legislativo, siendo una de ellas la aprobación del Proyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes o como se conoce, Proyecto de Ley de Startups. La misma busca coronar a España como una Nación pionera y emprendedora.

Este proyecto reconoce la autenticidad de esta tipología de empresas, concediéndoles así diferentes clases de ventajas (e.g. fiscales). Por su parte, el Ejecutivo busca ofrecer un marco estratégico y jurídico a estas empresas.

La propuesta nace en la estrategia impulsada por el Gobierno conocida como España Nación Emprendedora, cuyo objetivo radica en convertir a nuestro país en un punto estratégico para que confluyan el talento y las ideas, que favorezca la retención de profesionales en España apostando por un Sector Público competitivo y que se generen economías de escala.

En la Consulta pública previa a la elaboración del texto del anteproyecto de “Ley de fomento del ecosistema de Startups”, en virtud del artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,  en la respuesta c) apartado cuarto, se indican una serie de propuestas que, a juicio de la ejecutiva pueden mejorar el escenario de las startups. Estas son las siguientes:

            “a. Incentivos fiscales a las actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica,    así como en relación con las inversiones y financiación de «startups»

  1. Incentivos en materia laboral, de Seguridad Social, y apoyo a la captación y fidelización del talento
  2. Medidas de discriminación positiva para favorecer la diversidad de género en el emprendimiento e incentivarlo entre colectivos vulnerables
  3. Incentivos a las grandes empresas para integrar la actividad de “start up” en su cadena de producción de bienes y servicios
  4. Mejora de los mecanismos de segunda oportunidad
  5. Simplificación de cargas administrativas
  6. Medidas de impulso al uso de instrumentos de compra pública que promuevan la participación de “start up” en los proyectos de la Administración
  7. Cualquier otra media encaminada a identificar y afrontar elementos relacionados con el talento, el emprendimiento y la cultura empresarial que sea necesario activa”

 

Sectores como las nuevas tecnologías, las sostenibilidad, las financias o las energías limpias se verán altamente beneficiados (entre otros), pues, las empresas que desarrollen su actividad en los mismos encontrarán en este proyecto importantes líneas legales a seguir, así como directrices técnicas y económicas a seguir por parte de los inversores, lo cual favorece a la inyección de capital en estas empresas

La tecnología será la piedra angular de este plan estratégico, pues se quiere implantar en el proyecto la regulación de los visados para emprendedores tecnológicos, siendo estos auténticos imanes para el talento y el emprendimiento procedentes de diversas partes del mundo, algo que revalorizará sin duda alguna la Marca España.

Estas medidas responden a las exigencias históricas del tejido empresarial, las cuales pueden resumirse en:

  1. Bonificaciones fiscales para fomentar la inversión en empresas start ups, sin diferenciar la tipología del inversor (business angel, fondos nacionales y extranjeros, crowdfundings, etc.)
  2. Acceso a la Tarifa Plana de la Seguridad Social
  3. Fomentar la retención de talento y evitar el fenómeno de fuga de cerebros
  4. Que el sector Público juegue un papel importante a modo de que mejore la agilidad burocrática

Desde un punto de vista ejemplificativo, una empresa emergente puede constituirse como una sociedad de responsabilidad limitada (en adelante, “SLP”). Una SLP solo necesita de hasta 3000 euros de capital social (más de esa cantidad supondría la constitución de una sociedad anónima) como indica la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “LSC”). La constitución de una empresa bajo esta forma jurídica implica los siguientes pasos:

  • Obtención de una certificación negativa del nombre de la sociedad ante el Registro Mercantil Central (la cual tiene una vigencia de 3 meses renovables).
  • Ante la Agencia Tributaria, una solicitud del Número de Identificación Fiscal (NIF) provisional, el cual tendrá vigencia hasta la primera actividad de la empresa.
  • Firma de escritura de constitución de la sociedad en el Notaría, hecho que debe producirse en los seis meses siguientes a la expedición de la certificación negativa de la denominación social.

  • Inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil dentro del mes siguiente al otorgamiento de escritura pública.
  • En el plazo de un mes desde la constitución de la sociedad y antes de realizar cualquier actividad solicitar ante la Agencia Tributaria el NIF definitivo.

Son diferentes fases a seguir antes de que la empresa esté totalmente constituida jurídicamente, lo cual, en caso de dilación burocrática, puede suponer una importante traba para el empresario emprendedor, pues pierde un tiempo vital para la generación de ingresos, sinergias y alianzas de capital importancia para la startup para generar beneficios.

En tanto a la fiscalidad de estas sociedades emergentes, las inversiones realizadas en startups por personas físicas están sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o el Impuesto sobre las Rentas de No Residentes (IRNR), y las realizadas por personas jurídicas  están sujetas  al Impuesto de Sociedades (IS) o a IRNR. Ahora bien, en ambos casos, actualmente ya existen una serie de incentivos, mas con el nuevo proyecto de ley se pretende mejorar o diseñar nuevos incentivos fiscales:

Como informa el artículo 68 primer apartado de la LIRPF, las personas físicas se podrán deducir hasta un 30% la cuota del IRPF de sus inversiones en nuevas empresas o reciente creación, con el límite de una base máxima de 60.000€. Esta deducción entrará en juego siempre que las acciones o participaciones se adquieran en el momento de constitución de la startup o bien en los siguientes 3 años desde la constitución; la participación se mantenga entre un plazo de entre 3 años y 12 años; la participación directa o indirecta del contribuyente, junto con la que posean en la misma entidad su cónyuge o cualquier persona unida al contribuyente por parentesco, en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado incluido, no puede ser, durante ningún día de los años naturales de tenencia de la participación, superior al 40 por ciento del capital social de la entidad o de sus derechos de voto; y que no se trate de acciones o participaciones en una entidad a través de la cual se ejerza la misma actividad que se venía ejerciendo anteriormente mediante otra titularidad.

Asimismo, en observancia del artículo 38.2 LIRPF, quedan exentas del gravamen de IRPF las ganancias patrimoniales o plusvalías que se obtengan por la enajenación de participaciones o acciones por las que se hubiera practicado la deducción del artículo 68.1 LIRPF.

En cuanto a las personas jurídicas existen diversas exenciones y deducciones aplicables a sus inversiones, e incluso regímenes especiales como el de las sociedades de capital riesgos, expuesto en el artículo 50 de la Ley del Impuesto de Sociedades (LIS), el patent box del artículo 23 LIS o el tipo reducido del 15% para las empresas de nueva creación del artículo 29.1 LIS.

En LETRADOX ® Abogados estudiamos todos los cambios e innovaciones normativas que acaecerán en los próximos meses, informando de las mismas a nuestros clientes para que puedan encontrar nuevas oportunidades de negocio, así como de todos los riesgos jurídicos en los que pueden incurrir con su performance.

 

Abogados Ley de Startups. Asesoramiento. LETRADOX®

ABSTRACT

In the incoming months the Draft of the Promotion of the Ecosystem of Emerging Companies Act will be debated, the well known “Startups Act”. If this draft bill pass, important legal innovations will be applied to start ups.

On the one hand, several tax incentives will be passed as a way of promoting the investment in startups. On the other hand, the draft bill will develop some measures to keep capital talent in Spain as well as Social Security incentives or facilities. Additionally, another goal of this act draft is to create an agile and less bureaucratic oriented Public Sector.

All these innovations and measures pretend to establish a competitive and attractive scenario and environment for startups and investors, both national and foreign, welcoming new agents in the Spanish economic market.

Abogados Ley de Startups. Asesoramiento. LETRADOX®

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Abogados asesoramiento arte digital. CINEMALAW®

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Abogados expertos en Derecho Militar. LETRADOX®

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Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado velan por la seguridad, integridad y orden. Por ello, para su acorde funcionamiento deben regirse por un marco jurídico dado, y en caso de acaecer alguna controversia en el ejercicio de sus servicios, se verán sujetos a una jurisdicción especial y también a la ordinaria (según el caso dado).

 

Jurisdicción Militar

 

En artículo 117 de la Constitución Española (en adelante, “CE”), especifica que la Jurisdicción Militar estará compuesta por tribunales y jueces que formen una única jurisdicción, pese a su caracterización heterogénea y por tanto, forman parte del poder judicial, siendo la jurisdicción militar el punto de conexión entre este y la defensa de la Nación.

El marco normativo de la jurisdicción militar se compone por los siguientes cuerpos legales:

– Ley Orgánica del Poder Judicial.

– LO de la Competencia y Organización de las Jurisdicción Militar

– Ley Orgánica  Procesal Militar

– Ley Orgánica del Código Penal Militar

– LO de Planta y Organización Territorial de la Jurisdicción Militar

– Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Archivos Judiciales Militares

– Real Decreto Reglamento Penitenciario Militar

– Ley Orgánica  de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas

– LO de la Defensa Nacional

– Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil

ÓRGANOS JUDICIALES

 

La jurisdicción militar está exclusivamente compuesta por órganos judiciales militares, siendo una jurisdicción especial y que solo puede impartir justicia en el ámbito castrense de manera exclusiva. Como nos indica la jurisprudencia

todo órgano judicial militar, en el ámbito de su competencia, será juez ordinario predeterminado por la ley, lo que es consecuencia de que la jurisdicción militar está -como proclama el art. 1º de la misma disposición legal integrada en el Poder Judicial del Estado, y esos órganos Judiciales militares ejercen en exclusiva su potestad jurisdiccional, en los asuntos de su competencia, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado[…], a que se refiere el art. 117.5 CE ,

por lo que -como se declaró en la STC 111/1984 (f. j. 3º)- la transgresión de las reglas definidoras de ese orden jurisdiccional, tanto en su formulación como en su indebida aplicación o interpretación, puede, en ocasiones, conducir a una vulneración del derecho al Juez legal que garantiza el art. 24,2 CE .”, concluyendo que “efectivamente, a partir de la Constitución de 1978 el ejercicio de la jurisdicción militar quedó reducido al <<ámbito estrictamente castrense>>,

pero éste ha sido delimitado en el orden jurisdiccional penal por el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/1987 de 15 de julio , sobre competencia y organización de la jurisdicción militar” (Roj: STS 5470/2014).

 

La jurisdicción militar la componen la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, el Tribunal Militar Central, así como los Tribunales Militares Territoriales. Estos se encuentran en Madrid (Tribunal Militar Territorial Primero), en Sevilla (Tribunal Militar Territorial Segundo), en Barcelona (Tribunal Militar Territorial Tercero), en La Coruña (Tribunal Militar Territorial Cuarto) y en Santa Cruz de Tenerife (Tribunal Militar Territorial Quinto). Asimismo, existen los Juzgados Togados Militares, que pueden ser Centrales y Territoriales.

Es importante destacar que, en el caso de que las fuerzas armadas se encuentren en una misión en el extranjero, una designación de los órganos judiciales militares acompaña al contingente, siendo competencia del Tribunal Militar Central o del Tribunal Militar Territorial Primero el conocimiento de los procedimientos que se instruyan por delitos cometidos en el extranjero por parte de miembros de las Fuerzas Armadas.

 

Tiempos de Guerra vs. Tiempos de Paz

 

Debemos distinguir entre la actuación de la Jurisdicción Militar en tiempos no beligerante y su actuación en tiempos en guerra.

En el primer escenario, para asuntos de índole penal, la Jurisdicción Militar conoce de los delitos comprendidos en el Código Penal Militar, los cometidos durante el estado de sitio, los regulados en los cuerpos jurídicos internacionales en los que España forme parte (tratados, convenios, acuerdos, etc.) en los supuestos de presencia permanente o temporal en territorios ajenos al Nacional.

Además, en el mismo supuesto anterior, cuando no exista ningún tratado o convenio internacional, la jurisdicción militar podrá conocer de todos aquellos delitos tipificados en la normativa española cuando el autor de los mismos sean español y el delito se ejecute en acto de servicio o en emplazamientos ocupados por Fuerzas o Unidades militares españolas. En este supuesto, si no recae sentencia en el momento en el que el sujeto regresa España, la Jurisdicción Militar se inhibirá en favor de la ordinaria, salvo que el delito esté tipificado en el Código Penal Militar.

La Jurisdicción Militar también conocerá de los derechos de los militares que recurran contra sanciones establecidas en la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas así como de los derechos que concedan las normas de su desarrollo, de los recursos contra sanciones impuestas en vía disciplinaria judicial militar, así como interponer las mismas a militares y policías de estrados.

Cuando la Nación se encuentre en una situación beligerante o de guerra, además de los supuestos antes expuestos, conocerán de los delitos recogidos en convenios bilaterales con otras naciones u organizaciones, los recogidos en la normativa penal ordinaria (facultad delegada legalmente por el Gobierno o las Cortes Generales), y podrán conocer de todo asunto tipificado en la legislación española en caso de cometerse fuera del territorio nacional, siempre que el inculpado se militar y español. Además conocerán de todos los delitos cometidos por prisioneros de guerra.

Ley Orgánica de Defensa Nacional

 

Un texto legal relevante en esta materia es la Ley Orgánica de la Defensa Nacional 5/2005, la cual articula diferentes aspectos de la defensa de la nación, y tiene como misión preservar la paz y la seguridad internacional.

Este cuerpo legal faculta al presidente del Gobierno para que asuma la dirección de al Defensa y el establecimiento de objetivos, permitiéndole formular la directiva de Defensa Nacional. El Ministro de Defensa queda facultado para desarrollar y ejecutar la política de Defensa, dirigiendo la actuación y operativa de las Fuerzas Armadas y asistiendo al Presidente del Gobierno.

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Otro texto legal de importancia capital es la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la cual regula el marco jurídico de las Fuerzas  y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la Nación,  Los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas y los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales.

Para todos los efectos legales, todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrán carácter de agentes de agentes de la autoridad, salvo en caso de cometerse delito de atentado que, para su protección penal, la consideración de autoridad. Para lo que respecta a los guardias civiles, estos tendrán la consideración de fuerza armada cuando cumplan misiones militares.

 

Será la jurisdicción ordinaria la que conocerá tanto de los delitos que comentan los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  como aquellos que cometan en el ejercicio de sus funciones. Concretamente, será el Juez de Instrucción el que inicie actuaciones y si observa la existencia d de criminalidad por su conducta, quien suspenderá sus actuaciones y las remita a la Audiencia Provincial que corresponda. Esta seguirá la instrucción, la ordenación del procedimiento y dictará el fallo dado. Todo ello será así salvo en los supuestos en los que sea competente la jurisdicción militar.

Será en establecimientos penitenciarios ordinarios donde los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cumplan las penas de prisión preventiva y las penas privativas de libertad, siendo totalmente aceptable la incoación y trámite en paralelo de cualquier expediente disciplinario o gubernativo por los mismo hechos. Sin embargo, se exige que la sentencia penal sea firme para que la declaración de hechos probados vincule a la administración y para que la resolución del expediente sea definitiva.

En lo que respecta a medidas cautelares, estas se podrán prolongar hasta el final del procedimiento judicial, con la excepción de la medida de suspensión de sueldo la cual está sujeta a lo establecido en la normativa o legislación general de funcionarios.

 

CONSTITUCIÓN

Decir que, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están facultados para realizar todas sus funciones en todo el territorio nacional, y están constituidas por :

  1. a) El Cuerpo Nacional de Policía, Instituto Armado de naturaleza civil la cual es dependiente del Ministro del Interior.

  1. b) La Guardia Civil, Instituto Armado de naturaleza militar, dependiente del Ministro del Interior, en el desempeño de las funciones que la , y del Ministro de Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que éste o el Gobierno le encomienden. Recalcar que, en tiempo de conflicto armado o guerra y durante el tiempo en el que se declare el Estado de Sitio, la guardia civil dependerá del Ministro de Defensa.

Guardia Civil

 

La Guardia Civil al poseer una naturaleza militar, a efectos disciplinarios cuenta con su propia regulación específica. En el caso de que su actuación se lleve a cabo en el marco de misiones de carácter militar o cuando los miembros de este Cuerpo se integran en unidades militares, les será de aplicación el régimen disciplinario delas Fuerzas Armadas.

Es importante recalcar que los miembros de la Guardia Civil no pueden pertenecer ni a partidos políticos ni ha sindicatos. Asimismo, no podrá hacer peticiones colectivas, mas si ejercer el derecho de petición según lo expuesto en su legislación específica.

En observancia de su régimen disciplinario, los miembros de la Guardia Civil pueden llegar a soportar sanciones por determinadas infracción, como, por ejemplo, el recurso contencioso disciplinario militar ordinario número 204/26/2020, el cual fue interpuesto por un miembro de la Guardia Civil, contra la resolución de la Ministra de Defensa de fecha 29 de abril de 2020.

Dicha resolución estimaba parcialmente el recurso de alzada interpuesto por dicho guardia civil, contra la resolución del director general de la Guardia Civil de fecha 22 de noviembre de 2019, por la que se le impuso la sanción de “un año de suspensión de empleo” por la comisión de la falta muy grave prevista en el artículo 7.15 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, la cual consistente en

“La desobediencia grave o la indisciplina frente a órdenes o instrucciones de un superior, salvo que éstas constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento Jurídico” (Roj: STS 3428/2020)

Policías de las Comunidades Autónomas

Aquellas Comunidades Autónomas (en adelante, “CCAA”) que recojan en sus Estatutos la facultad de creación de Cuerpos de Policía para que los mismos lleven a cabo funciones de vigilancia y protección en observancia del  artículo 148.1.22 de la Constitución así como las que les atribuye la  Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo. No obstante, si las CCAA no ejercen lo dispuesto anteriormente, podrán ejercer las  funciones que se establecen en el artículo  148.1.22  Constitución tal y de acuerdo con los artículo 39 y 47 de la Ley Orgánica. Además, aquellas CCAA que no recojan esta facultad en sus estatutos podrán ejercer las funciones desarrolladas en este precepto constitucional mediante la firma de acuerdos de cooperación específica con el Estado.

Los Cuerpos de Policía de las CCAA poseerán un estatuto que se establecerá en concordancia con lo expuesto en el artículo 149.1.18 CE, el título primero de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, por lo expuesto en este cuerpo legal acerca de los  Cuerpos de Policía de las CCAA, y por lo que expongan los Estatutos de Autonomía, la legislación de las  CCAA, y los Reglamentos específicos de cada Cuerpo.

Estos cuerpos de seguridad desarrollarán sus servicios en el ámbito territorial de su Comunidad Autónoma. Sin embargo, esta limitación territorial se exceptuará en situaciones de emergencia, exigiéndose previamente un requerimiento a las autoridades del Estado. Correlativamente, cuando lleven a cabo funciones de protección de autoridades públicas de la CCAA, tendrán potestad para actuar fuera del territorio autonómico, siempre que exista autorización del Ministerio del Interior y comunicación al órgano de gobierno de la CCAA correspondientes, según los requisitos que existan a nivel reglamentario.

Policía Local

 

Al igual que las CCAA, los municipios pueden crear sus propios cuerpos de policía, en concordancia con la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, la  Ley de Bases de Régimen Local y en la legislación autonómicos.

Los cuerpos de Policía Local pueden desarrollar sus  funciones en el marco territorial de su municipio, salvo, como sucedía con los Cuerpos de Policía de las CCAA, en situaciones de emergencia (exigiéndose reconocimiento previo a las autoridades que competan).  Cuando ejerzan funciones de protección de autoridades de las corporaciones locales, podrán actuar fuera del término municipal respectivo, con autorización del Ministerio del Interior o de la correspondiente autoridad de la comunidad autónoma que cuente con cuerpo de policía autonómica, cuando desarrollen íntegramente esas actuaciones en el ámbito territorial de dicha comunidad autónoma.

La naturaleza de estos Cuerpos es civil, siendo considerados Institutos armados. Tienen estructura y organización jerarquizada, rigiéndose mediante estatuto según lo expuesto en la  Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, adecuándose a las exigencias de las Administración correspondientes y de las  disposiciones expedidas por las CCAAs y los Reglamentos específicos para cada cuerpo, sin  olvidar lo dispuesto en la normativa de cada Ayuntamiento.

Será también de aplicación a los miembros de dichos Cuerpos lo dispuesto, respecto a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, en el artículo 41.3 de la presente Ley; si bien la facultad que en el mismo se atribuye a las Juntas de Seguridad corresponderá al Gobernador Civil respectivo.

Ampliación: Régimen Disciplinario  la Policía Nacional

La norma que regula el régimen disciplinarios de las Fuerzas  y Cuerpos de Seguridad dependientes del Estado  es la Ley Orgánica 4/2010. Asimismo, estos Cuerpos pueden incurrir en responsabilidad civil y penal en tanto a su actuación.

Las infracciones o faltas pueden ser categorizadas como muy graves, graves o leves. En cuanto a las sanciones, para las faltas muy graves se puede llegar a imponer la separación del servicio, el traslado forzoso, o la suspensión entre 3 meses a 6 años de las funciones del miembro de estos Cuerpos.

En cuanto a las graves, se impondrá una sanción de suspensión de funciones de 5 días a 3 meses.

Por último, para las leves, se podrá imponer un apercibimiento o bien, la suspensión de funciones desde 1 día hasta 4 (véase STSJ M 3999/2014, en la que se desestima recurso contra  Resolución de la Dirección Adjunta Operativa de fecha 27 de junio del año 2011, por la que se acordó imponer al miembro del Cuerpo Nacional de Policía, la sanción de pérdida de 3 días de remuneración y suspensión de funciones, que no supondrá la pérdida de antigüedad ni implicará inmovilización en el escalafón, como autor de una falta leve prevista en el artículo 9.b) de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo , consistente en:

” La incorrección con los ciudadanos, o con otros miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, siempre que no merezcan la calificación de más grave. “)

 

 CUESTIONES EN LA QUE TE PODEMOS AYUDAR:

Conocido el marco jurídico que regula la actuación de militares y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, puede surgir infinitas situaciones que requieras de una adecuada asesoría jurídica:

  • Competencia de los tribunal cuando el Estado se encuentra en Estado de Guerra vs. cuando se encuentra en Estado de Paz (véase Roj: STS 5470/2014).
  • Recursos frente sanciones disciplinarias interpuestos ante la Administración Pública (véase Roj: STS 3428/2020 o véase STSJ M 3999/2014).
  • Conflictos derivados de la actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en tanto a su competencia territorial.
  • Competencia de las Administraciones Públicas en tanto a sanciones disciplinarias interpuestas a los  miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
  • Contingencias derivadas de delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas fuera del territorio nacional.
  • Competencia de la jurisdicción militar respecto de delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas  fuera del territorio nacional en el desarrollo de sus funciones durante una misión en otro Estado (véase Roj: STMT 115/2019, fundamento de derecho primero en tanto a si el Tribunal Militar Central o del Tribunal Militar Territorial Primero tienen competencia o no en el asunto).

Por ello, si usted es militar o miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se ha visto envuelto en alguna situación como las expuestas anteriormente, o requiere de asesoramiento sobre el marco normativo al que está sujeto, en LETRADOX ® Abogados hacemos un examen de su situación, indicándole todas las contingencias, riesgos y posibilidades legales de su situación.

 

 

ABSTRACT

The army and the rest of forces of the State develop their functions under a concrete legal framework. Firstly certain infractions of the order (such as the ones detailed in the Military Penal Code) must be prosecuted in the Military jurisdiction when Spain is not declared in a state of war. However if the country is in war the Military jurisdiction competitiveness is amplified to the prosecution of crimes regulated under the penal ordinary normative.

Secondly, the rest of the State forces, such as the national police, the police of the autonomous communities, the local police and Guardia Civil must follow the rules of the Organic Law 2/1986 and their specific laws and regulations, where their concrete their functions, territorial competitiveness and limits, alongside their disciplinary regime are regulated.

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El derecho de familia internacional se vertebra en cinco ejes: alimentos, sustracción internacional de menores, adopción internacional, régimen económico matrimonial y crisis matrimonial. En este estudio nos centraremos en este último aspecto.

En todas estas materias, para que se consideren de índole internacional debe existir elemento extranjero (e.g. un inmueble sito en un Estado distinto a la residencia habitual habitual de los cónyuges, diferentes nacionalidad dentro del matrimonio, etc.)

Asimismo, la dinámica del Derecho internacional Privado se basa en determinar qué tribunal tiene competencia (foro de competencia), qué ley se aplicará al asunto, y en caso de existir una resolución judicial o extrajudicial, el reconocimiento de la misma en otro Estado.

Para determinar si un juez español tiene competencia en un asunto internacional de crisis matrimonial, se deberá acudir al  Reglamento (CE) Nº 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000, o como mejor se conoce, Reglamento Bruselas II bis, así como el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, “LOPJ”). En lo que respecta a la ley aplicable, se aplicará el  El Reglamento (UE) núm. 1259/2010 del Consejo de 20 de diciembre de 2010 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial (en adelante,” R. Roma III”); para el reconocimiento de resoluciones nos debemos dirigir de nuevo al Reglamento Bruselas II Bis.

Foro de Competencia de los Tribunales

El estudio de esta materia es importante a la hora de conocer si los tribunales españoles son los competentes para conocer un asunto relativo a una crisis matrimonial, o bien lo serán los tribunales de otro Estado.

Como hemos mencionado, para resolver esta problemática, debemos acudir al Reglamento Bruselas II Bis, el cual se aplica siempre que se den los siguientes requisitos: para los asuntos posteriores al 1 de marzo de 2005, para todos los Estados Miembros a excepción de Dinamarca y pueden aplicarse por cualquier cónyuge con independencia de su residencia o no en un Estado de la Unión Europea, o de que posea o no nacionalidad de un Estado Miembro. Asimismo, el Reglamento se aplica a todo asunto civil relacionado con el divorcio, separación o nulidad matrimonial, y a las medidas de  responsabilidad parental.

No obstante, el mismo no se aplica los procedimientos de nulidad matrimonial, de divorcio o de separación de carácter religioso; (2) las causas del divorcio; (3) cuestiones relativas al régimen económico matrimonial; (4) la disolución de las parejas de hecho; (5) las determinación del derecho aplicable.

Para determinar el foro de competencia, este cuerpo legal expone una serie de foros alternativos,

es decir, no existe jerarquía entre los mismos. Además son de índole judicial strictu sensu, y por ello, hay que acudir a la normativa procesal de cada Estado para conocer el tribunal concreto. Estos foros son lo siguientes:

  1. Residencia habitual de los cónyuges al momento de presentar la demanda.
  2. La última residencia habitual de los cónyuges siempre que uno de ellos resida allí en el momento de interponer la acción.
  3. La residencia habitual del demandado en el momento en el que se interpone la demanda-
  4. La residencia habitual de uno de los cónyuges, pero sólo en el caso de que se trate de una demanda conjunta.
  5. La residencia habitual del demandante siempre y cuando haya residido allí por un período de un año inmediatamente antes de la presentación de la demanda.
  6. La residencia habitual del demandante siempre y cuando haya residido allí al menos seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y de que sea nacional del Estado miembro en cuestión.
  7. La nacionalidad de ambos cónyuges.

Un supuesto de gran importancia en esta materia es la  STJUE de 29 de noviembre de 2007, C-68/07, López, Rec. 2007, p. 10403, apartados 18-28 o Caso López, según el cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que no era posible que un tribunal de un Estado miembro se declarase competente conforme a sus normas de competencia judicial internacional internas cuando existía otro tribunal de otro Estado miembro competente conforme a algún foro a la luz del del R. Bruselas II bis, con independencia de que el demandado tenga residencia en un Estado miembro o en un tercer Estado o sea nacional o no de un Estado miembro.

En el artículo 19 del R. Bruselas II Bis atiende al supuesto de la existencia de dos procesos abiertos en diferentes Estados miembros cuando la causa, el objeto y las partes coinciden, es decir, cuando existe litispendencia.

 

La solución propuesta por este artículo es la prevalencia del Tribunal en el que se ha interpuesto la primera demanda, y por ello, el segundo tribunal deberá suspender de oficio el procedimiento hasta que el tribunal donde se declare competente para conocer el asunto de crisis matrimonial. En ese momento el segundo tribunal se inhibirá en favor del primero.

Gracias al artículo 20 de este cuerpo legal, los Tribunales de los Estados Miembros están facultados para la interposición de medidas cautelares relativas a los bienes o personas presente en el Estado miembro en cuestión de acuerdo a su normativa interna, con independencia de que existe otro tribunal competente que conozca el fondo del Asunto. Lo importante de este aspecto, es que gracias a este precepto, las medidas cuatelares pueden incidir en aspectos no recogidos en el R. bruselas II bis como la protección de los bienes del matrimonio hasta que se realice la liquidación del régimen económico.

En el supuesto en el que ningún Estado Miembro se competente en aplicación del Reglamento Bruselas II Bis, el artículo séptimo de este Reglamento permite que los tribunales de un Estado Miembro pueda declararse competente encaso de que hay algún foro de su normativa  interna que lo permita.

En el caso de España, esta situación nos llevaría a atender lo dispuesto en el artículo 22 de LOPJ, los cuales solo se aplican para los supuestos de crisis matrimonial excluyéndose alimentos, pensión compensatoria o medidas a adoptar relacionadas con los hijos a causa de la ruptura del matrimonio. Estos foros son:

  1. Residencia habitual común en España al momento de interposición de la demanda.
  2. Última residencia habitual común en España y todavía uno de ellos sigue residiendo.
  3. Domicilio del demandado en España.
  4. Residencia habitual de uno de los cónyuges en España cuando se trata de demandas de mutuo acuerdo.
  5. Residencia habitual del demandante en España siempre que lleve residiendo al menos un año antes de interponer la demanda.
  6. Nacionalidad española del demandante siempre que resida en España con al menos seis meses de antelación a la interposición de la demanda.
  7. Nacionalidad española de ambos cónyuges.

Ley Aplicable

 

En lo que respecta a la ley aplicable a la separación o divorcio, como mencionamos, entrará en juego el Reglamento Roma III. Los requisitos de su aplicación son los siguientes:

  1. a) Se aplica a aquellos supuestos posteriores al 21 de junio de 2012.

b)Se aplica en los siguientes estados: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Rumanía y Portugal.

c)El Reglamento Roma III se aplica a los divorcios y separaciones a nivel internacional y no a las cuestiones que puedan surgir antes o después del mismo (e.g. alimentos).

  1. d) Asimismo, la aplicación del R. Roma III es erga omnes, con independencia de la nacionalidad, domicilio, residencia habitual o cualquier situación personal o profesional que acaezcan.

A la hora de de determinar la ley aplicable al asunto debemos conocer los puntos de conexión:

  1. Elección de Ley. Se deberán seguir los siguientes requisitos:

a)Elección de Ley limitada: que pude ser 1) Ley del Estado de la residencia habitual de los cónyuges al momento de celebración del pacto de elección; o bien 2) Ley del Estado de la última residencia

habitual de los cónyuges, siempre que al menos uno de ellos resida allí al momento de

celebración del acuerdo; o 3) Ley del Estado que se corresponda con la nacionalidad de los

cónyuges al momento de celebración del pacto; o 4) Ley del foro.

b)Debe elegirse la ley de un Estado

  1. c) Debe elegirse una única Ley.

  1. d) Los dos cónyuges son los que deben elegir la ley prestando ambos su consentimiento.

En defecto de elección de ley:

  1. Residencia habitual de los cónyuges al momento de interponer la demanda.

  1. Última residencia habitual de los cónyuges cuando no haya transcurrido más de un año desde que los cónyuges han puesto fin a la residencia en dicho Estado y que uno de los cónyuges continúe residiendo allí.
  2. Nacionalidad común de los cónyuges al momento de interponer la demanda.

Efectos de resoluciones extranjeras en España

 

Este aspecto queda regulado por el Reglamento Bruselas II Bis, los Convenios internacionales firmados por España sobre la materia, así como la normativa de producción interna española

Los mecanismos que permiten que una sentencia extranjera tenga efectividad en España son el reconocimiento y el exequatur, siendo el primero el idóneo para las sentencias declarativas de divorcio, y el segundo para las ejecutivas. El exequatur suele utilizarse para los asuntos de económicos derivados del divorcio como la liquidación del régimen económico del mismo, y por lo tanto para este asunto no se aplicaría el Reglamento Bruselas II Bis.

Una resolución estará cubierta por el Reglamento Bruselas II Bis cuando:

  1. La resolución la dicte una autoridad de un Estado Miembro.
  2. Verse sobre la declaración o denegación de divorcio.
  3. La resolución se haya dictado una vez entre en vigor el Reglamento Bruselas II Bis

Por su parte, el reglamento puede ser incidental o por homologación. Asimismo, para poder superar el reconocimiento el Reglamento exige cierto control, pues el juez o autoridad competente   debe estudiar que no concurran ninguna causa de rechazo, y que se presenten una serie de documentos. Los motivos de rechazo son los siguientes:

  1. a) Una copia de la resolución;
  2. b) Formulario conforme al art. 39 RBII-bis;
  3. c) Documento que justifique la notificación de la demanda (este documento

es necesario únicamente cuando la resolución ha sido dictada en rebeldía).

En cuanto a los motivos de rechazo, estos están recogidos en el artículo 22 RBII bis:

  1. a) La sentencia de divorcio, separación o nulidad no debe ser contraria al orden público del Estado requerido.
  2. b) No debe vulnerar los derechos de defensa.
  3. c) No debe ser una resolución inconciliable con otra dictada en un litigio entre las mismas partes en el Estado miembro requerido.
  4. d) No debe ser una resolución inconciliable con otra dictada con anterioridad en otro Estado miembro o en un Estado no miembro en un litigio entre las mismas partes

Cuando se den el supuesto en el que no se pueda aplicar el Reglamento ni ningún Convenio Internacional firmado por España, se aplicará la  Ley de cooperación Jurídica Internacional en materia civil (en adelante, LCJIMC).

LIQUIDACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL

Una cuestión importante a estudiar es el tratamiento internacional del régimen matrimonial, en concreto lo referido a la competencia internacional judicial, ley aplicable y el reconocimiento y ejecución de resoluciones.  Es por ello, que la piedra angular de esta materia es el  Reglamento UE 2016/1103 que se ocupa de competencia judicial internacional, ley aplicable y reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de regímenes matrimoniales, el cual entró en vigor el 29 de enero de 2019

En lo que se refiere a la ley aplicable a cualquier asunto de esta índole, el Reglamento será de aplicación para aquellos supuestos posteriores a la entrada en vigor del mismo. Para supuestos anteriores, en España, se aplicará el artículo 9.2. del Código Civil (en adelante, “CC”). El mismo dice que “los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo; en defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio; a falta de esta elección, por la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración, y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de celebración del matrimonio”.

Para aquellos supuestos posteriores a la fecha de entrada en vigor del Reglamento, según el artículo 22 del mismo, el cual indica que los cónyuges podrán elegir la ley aplicable al asunto siguiendo los siguientes parámetros:

a)la ley del Estado en el que los cónyuges o futuros cónyuges, o uno de ellos, tengan su residencia habitual en el momento de la celebración del acuerdo, o

b)la ley del Estado de la nacionalidad de cualquiera de los cónyuges o futuros cónyuges en el momento en que se celebre el acuerdo.

Además, como establece este precepto, a menos que exista un acuerdo en contrario de los cónyuges, todo cambio de ley aplicable al asunto efectuado en el durante el matrimonio tendrá efectos en el futuro. Asimismo, en caso de darse un cambio retroactivo en la ley aplicable no puede afectar negativamente a derechos de terceros.

En caso de que los cónyuges no elijan la ley aplicable, el artículo 26.1 y 2 nos advierte que, en ese caso, la ley aplicable será la del Estado:

  1. a) de la primera residencia habitual común de los cónyuges tras la celebración del matrimonio, o, en su defecto,
  2. b) de la nacionalidad común de los cónyuges en el momento de la celebración del matrimonio, o, en su defecto,
  3. c) con la que ambos cónyuges tengan la conexión más estrecha en el momento de la celebración del matrimonio, teniendo en cuenta todas las circunstancias.

En el supuesto en el que los cónyuges tengan más de una nacionalidad común en el momento de la celebración del matrimonio, solo podrían atenerse a las letras a) y c).

La aplicación del Reglamento es erga omnes y por ello, la ley aplicable al asunto no tiene por qué coincidir con la de un Estado contratante

COMPETENCIA

Para resolver a esta cuestión nos debemos dirigir al artículo 5 Reglamento UE 1103/2016, donde se indica que 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, cuando se interponga ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro una demanda de divorcio, separación judicial o anulación del matrimonio en virtud del Reglamento (CE) n.o 2201/2003, los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro serán competentes para resolver sobre el régimen económico matrimonial que surja en conexión con dicha demanda”. Por lo tanto, donde se interponga la demanda de divorcio, será el mismo tribunal que atienda a la liquidación de gananciales.

Reconocimiento y Ejecución de Sentencias

Esta situación queda resulta en el artículo 36 del anterior cuerpo legal, cuando indica que  “las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de seguir procedimiento alguno”. Asimismo, existen una serie de causas de denegación del Reconocimiento:

a)Si el reconocimiento fuese contrario al orden público del Estado miembro en que se solicita.

b)Cuando la resolución se haya dictado en rebeldía del demandado, en caso de no notificarse  la demanda o documento equivalente con tiempo suficiente y de forma tal que le permitiera preparar su defensa, salvo que el demandado no hubiera recurrido contra dicha resolución cuando hubiera podido hacerlo.

c)Si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada en un procedimiento entre las mismas partes en el Estado miembro en el que se solicita el reconocimiento.

d)Si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en un litigio, en otro Estado miembro o en un tercer Estado, con el mismo objeto y entre las mismas partes, cuando esta última resolución reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro en el que se solicita el reconocimiento.

En lo que respecta a la ejecución de las sentencias debemos acudir al artículo 42 del Reglamento que advierte que “las resoluciones dictadas en un Estado miembro y que sean ejecutorias en dicho Estado se ejecutarán en otro Estado miembro cuando, a instancia de cualquier parte interesada, se haya declarado que poseen allí fuerza ejecutiva”

ASPECTOS FISCALES

Un aspecto importante a analizar es la fiscalidad de las crisis matrimoniales, en concreto, la disolución del régimen matrimonial de gananciales. Es importante determinar qué vienes son privativos (e.g. donaciones hechas a uno de los cónyuges) y que por tanto quedan fuera de la liquidación de gananciales.

No obstante, durante el matrimonio pueden generarse copropiedades, y la disolución de estos condominios, artículos 400 y 406 del Código Civil, tiene determinadas implicaciones fiscales.

A modo generar los impuestos que afectan a la liquidación de gananciales son los siguientes:

  • Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  para el transmitente de determinados bienes a favor del otro cónyuge, por la generación de ganancias que se podría dar.
  • Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para el receptor de los bienes.
  •  IIVTNU en el transmitente, en caso de que se estuviese sujeto a este tributo la adjudicación de bienes inmuebles a uno de los cónyuges.
  • Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en supuestos de transmisiones de bienes vigente el matrimonio, pero previas a la tramitación del divorcio y disolución de los gananciales.

Pese a la complejidad que de por sí suponen las liquidaciones de gananciales, la misma se acrecienta en el momento en el que exista elemento extranjero (e.g. poseer una sociedad en otro Estado o poseer inmuebles en diferentes Estados).

Para analizar esta cuestión, podemos observar el ejemplo en la Resolución Vinculante de DGT, V5053-16. En la misma, el consultante posee residencia fiscal en Indonesia, mas posee un inmueble con su cónyuge en Portugal y otro en España. Previamente a llevar a acabo el divorcio, los cónyuges desean disolver la sociedad de gananciales por el régimen de separación de bienes. Proceden de la siguiente manera:

  • Uno de los dos inmueble se adjudica en su totalidad a uno de los cónyuges.
  • El otro se adjudica pro indiviso a los dos cónyuges pero un porcentaje mayor a uno de ellos.

Para resolver todas estas cuestiones, es importante acudir a los Convenios de Doble Imposición (en adelante, “CDI”) firmados entre España y cualquier otro Estado. En este ejemplo, se analiza el CDI firmado entre España e Indonesia.

En su artículo 13.1 del Convenio se indica que “1. Las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles, conforme se definen en el artículo 6, situados en el otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.” Correlativamente, en el artículo 13 del  Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE, se dice que comprenden “las ganancias de capital resultantes de la venta o permuta de bienes, y también de una enajenación parcial, de la expropiación, de las aportaciones a sociedades, de la venta de derechos, de la donación e incluso de la transmisión mortis causa.” Este ejemplo podría, por tanto, también aportarse a la enajenación de una sociedad propiedad en gananciales de dos cónyuges.

En este supuesto, España es el territorio donde se sitúa el inmueble,  y por tanto puede gravar la venta del inmueble para liquidar el régimen económico. Esto sería similar si el inmueble se situase en otro Estado, pues, dicho Estado estaría facultado para gravar dicha venta.

Por lo tanto, entraría en aplicación el artículo 13.1.i).3º del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, BOE de 12 de marzo, (en adelante TRLIRNR), determina la sujeción al Impuesto sobre la Renta de no Residentes (en adelante IRNR), de las ganancias patrimoniales que, generadas por los contribuyentes sometidos a dicho impuesto, procedan, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en territorio español o de derechos relativos a los mismos. Si el inmueble estuviese sito en otro estado, por ejemplo Alemania, y el sujeto obligado fuera residente fiscal en España, en nuestro país estaría sujeto al homólogo alemán del impuesto de no residentes.

En lo que respecta a la base imponible, al encontrarse sito el inmueble en España mas los cónyuges son residentes fiscales indonesios nos dirigimos al  apartado 4 del artículo 24 del TRLIRNR  y al artículo 33.1 y 2 de la Ley del IRPF.

El primer precepto indica que “La base imponible correspondiente a las ganancias patrimoniales se determinará aplicando, a cada alteración patrimonial que se produzca, las normas previstas en la Sección 4.ª del Capítulo II del Título III, salvo el artículo 33.2, y en la Sección 6.ª del Título X, salvo el artículo 94.1.a), segundo párrafo, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”

El segundo afirma que “Son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquel, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos.” El segundo apartado de este artículo indica que “se estimará que no existe alteración en la composición del patrimonio:

[…]

– En la disolución de la sociedad de gananciales o en la extinción del régimen económico matrimonial de participación.

[…]

Los supuestos a los que se refiere este apartado no podrán dar lugar, en ningún caso, a la actualización de los valores de los bienes o derechos recibidos.”

 

De este análisis, deducimos que, al tratarse de una operación sujeta a IRNR, no se aplicará lo estipulado en el apartado 2 del artículo 33 LIRPF, y por tanto, sí habrá alteración patrimonial y existirá ganancia patrimonial que compondrá la base imponible. Este análisis debe hacerse a la inversa cuando la residencia fiscal está en España y el inmueble o la sociedad en otro país, estudiándose la normativa fiscal sobre la renta, sociedades y no residentes del Estado dado.

En el supuesto de la consulta existe doble imposición, pues tributa por la renta mundial en Indonesia, y por IRNR en España (a la inversa, tributaría por la renta mundial en España y por IRNR en otro Estado donde este sito el inmueble). Para resolver la doble imposición debemos acudir al CDI firmado entre España y otro Estado, en este caso Indonesia. En este CDI en su artículo 24 se indica que “Cuando un residente de Indonesia obtenga rentas que pueden someterse a imposición en España con arreglo a las disposiciones de este Convenio, el importe del impuesto español relativo a dichas rentas será deducible del impuesto indonesio exigible a dicho residente. Sin embargo, el importe de la deducción no podrá exceder de la parte del impuesto indonesio que corresponda a dichas rentas.” Así se arreglaría la doble imposición.

En caso de que la situación fuera a la inversa, debemos acudir al artículo 24, segundo apartado que afirma que “a) Cuando un residente de España obtenga rentas o posea elementos patrimoniales que, de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, pueden someterse a imposición en Indonesia, España deducirá: i) Del impuesto que perciba sobre las rentas de ese residente, un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en Indonesia; ii) Del impuesto que perciba sobre el patrimonio de ese residente, un importe igual al impuesto sobre el patrimonio pagado en Indonesia. Sin embargo, en uno y otro caso, esta deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio, calculado antes de la deducción correspondiente, según el caso, a las rentas o al patrimonio que pueden someterse a imposición en Indonesia.”

Abogados  Divorcio con empresas internacionales. LETRADOX®

ABSTRACT

International Private Law covers any international aspect of a private legal situation. Family issues, divorce included, plays an important role in the law world, and there are several complex situations when a family issue is displayed in an international context.

Family International Private Law studies different aspects of an international case. It is highly important to know which Court will prosecute the case (both the divorce and the liquidation of the matrimonial property), the law applied to the case and the execution of a judicial or extrajudicial decision.

Furthermore, any private situation requires a tax analysis because an international divorce may end up in a double taxation situation when the matrimonial property is liquidated. It is required to study the Double Taxation Agreements signed by the State parties involved in the liquidation of the matrimonial taxation where we will find the solution of this complexity, as well as the tax regime of all the States involved in the operation.

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La trayectoria profesional de un deportista de alto rendimiento puede verse truncada a causa de un lesión, y por ello, devenir en una incapacidad laboral. Además, en función del grado de disfuncionalidad que genere al deportista, la incapacidad puede ser permanente.

SOLICITUD DE LA INCAPACIDAD LABORAL

 

Existen dos vías de solicitud de incapacidad: por la vía administrativa y por vía judicial.

Previamente, los deportistas deben estar dados de alta en la Seguridad Social (en adelante, “SS”), en concreto en su Régimen General, según lo previsto en el Real Decreto 287/2003, de 7 de marzo, por el que se integra en el Régimen General de la Seguridad Social a los deportistas profesionales. No obstante, pueden ostentar el estatus de autónomos, y por ello, formaría parte del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.

Seguidamente, la declaración de la incapacidad permanente será declarada por la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social o INSS, existiendo cuatro grados de incapacidad permanente: parcial, total, absoluta y gran invalidez. La solicitud se hará por parte del servicio público de salud, la mutualidad o el INSS, e incluso el propio deportista estado este de baja médica.

 

El INSS realizará de oficio cuantas actuaciones estime, una vez producida la solicitud, solicitando al interesado cuanta documentación estime, realizando un informe médico y en paralelo un informe de antecedentes profesionales. Examinados sendos dos informes, el equipo de valoración emitirá una propuesta de valoración. El expediente y la propuesta se remitirán al interesado para que pueda formular alegaciones y aporte toda prueba que estime oportuna. La Dirección Provincial del INSS emitirá resolución admitiendo la incapacidad o en su defecto, la deniegue. Frente a dicha denegación, el interesado podrá solicitar ante la jurisdicción social la incapacidad permanente.

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE DEPORTISTAS

En lo que respecta a la relación laboral de los deportistas, puede suceder que estos ostentan el estatus de relación laboral especial respecto con la empresa con la que establezca la relación contractual, siendo el objeto social de la misma la organización de espectáculos deportivos, o los celebrados con empresas o firmas comerciales para el desarrollo de actividades deportivas, y por ende quedan sujetos a lo expuesto en  el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales.

 

En concreto, en su artículo 13, relativo a la extinción del contrato, una de las causas de ello será la lesión que produzca al deportista la incapacidad permanente total o absoluta o invalidad. Asimismo, dicho precepto nos indica que tanto el deportista como el beneficiario tienen derecho a una indemnización de al menos seis mensualidades en caso de que la lesión tuviera como causa el ejercicio del deporte. Asimismo, se podrá percibir esta indemnización con independencia de la de aquellas a las que se tenga derecho por parte de la Seguridad Social.

Por ello, y en observancia de dicho precepto, en caso de que la incapacidad no se produzca por causa relacionada con el ejercicio deportivo, el empleador (e.g. el club) no estará obligado al abono de dicha indemnización.

ASPECTOS FISCALES DE LA INCAPACIDAD LABORAL DE LOS DEPORTISTAS

Desde un punto de vista fiscal, el deportista se encuentra sujeto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, “IRPF”), en observancia de su artículo 17.1.1ª de la Ley IRPF, constituyendo la base imponible los rendimientos del trabajo y los rendimientos por cesión de imagen, integrándose los primeros en la base imponible general, tributando en función de la renta a tipos impositivos que oscilan entre el 13% y el 45%; los segundo, los derechos de imagen, se consideran rendimientos de capital mobiliario, y por ende, se incluyen en la base del ahorro, aplicándoles un tipo impositivo entre el 19 y el 23%.

Cuando el deportista ostentase la condición de autónomo, sus retribuciones se considerarían como actividades económicas, integrándose en la base general.

En caso de concederse la incapacitar laboral permanente, los correspondiente pensión tributará también por el IRPF, en calidad de rendimientos del trabajo. No obstante, debemos dirigirnos al artículo 7.f) de la Ley del IRPF, pues, según el mismo, cuando la incapacidad permanente sea de categoría absoluta o de gran invalidez, las contribuciones que la Seguridad Social (o entidades que la sustituyan) reconozca la interesado estaría exentas.

Asimismo, en el caso de la capacidad permanente parcial, se considera como indemnización recibida de forma irregular. Por ello, se aplicará la reducción recogida en el artículo 18.2 LIRPF.

ABSTRACT

Athletes may suffer during their professional career different kinds of injuries, and there is a risk of ending up in an incapacity status. This condition has several legal consequences.

Firstly, when the athlete is on a medical leave the Public Medical Service, the INSS, the mutual society or even the athlete himself is able to request the permanent disability before the Public Administration. If the Provincial Direction of the INSS denies the application, the athlete may request the permanent disability before the Court.

Secondly, the recognition of this status will terminate the labour contract concluded in between the company (whose company purpose is based on the celebration of sports events) and the athlete.

Additionally, on a common basis, athletes are subject to tax on their income. Concretely, they must pay the Personal Income Tax, whose tax base is composed by the employment income and the income from movable capital. If the athlete status turns into permanent disability, the pension fund received from Social Security is taxable as an employment income or income from business activities. However, depending on what kind of permanent disability the athlete is categorized some different exemptions and reductions could be applied.

 

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