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Guía de la Propiedad Intelectual. Letradox® Abogados

Guía de la Propiedad Intelectual. 

1. ¿Qué es la propiedad intelectual?

Su definición se encuentra recogida en el  art 2 de la Ley de Propiedad Intelectual (Ley 2/2019 de 1 de marzo). Este precepto dispone  que es aquella que está formada por derechos de carácter personal o patrimonial. Por lo tanto, atribuyen al autor la plena y libre disposición de la obra así como, el derecho exclusivo de explotación de la misma. No obstante, recordar que será preciso conocer las limitaciones que le presenta la Ley. 

Por lo tanto se  relaciona con las creaciones por parte del autor. 

La Propiedad Intelectual ( de ahora en adelante, PI), se divide en dos categorías:

  • la Propiedad Industrial ( abarca las patentes de invención, diseños industriales, marcas)
  • Los derechos de autor (abarca obras literarias, artísticas, música, películas, diseños arquitectónicos)

2. ¿Cuándo empezó a reconocerse su importancia?

Por primera vez, la importancia de la Propiedad Intelectual se reconoció en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883). Así como, tres años más tarde, en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886). 

3. ¿Cuál es el objeto que se regula ?

El art 10 de la LPI  señala que el objeto son todas las creaciones originales. Bien sean artísticas, científicas o literarias que se expresen por cualquier medio o soporte independientemente de si es conocido o no. 

Ejemplos: libros, folletos, escritos, discursos, conferencias, composiciones musicales, obras teatrales y cinematográficas, musicales, coreografías. Así como, de  esculturas, pinturas, dibujos, grabados, obras plásticas, maquetas, planos, obras arquitectónicas,  mapas, diseños, obras fotográficas y programas de ordenador

4. ¿  A qué sujetos recoge y engloba?

Conforme el artículo 5 de dicha Ley, se considera autor al sujeto natural que crea una obra científica , artística o literaria. . Así pues, diríamos que la autoría correspondería a todo aquel  que de vida a una creación. 

En este sentido, hablaríamos de creadores, inventores, escritores, pintores, escultores, músicos… 

4.1. ¿Cómo se presume la autoría?

El artículo 6 dispone que el autor de la obra se presumirá  cuando  la obra/creación conste y esté bajo su nombre firma o signo que lo pueda identificar. 

4.2. ¿Pueden ser varios los autores de una misma obra?

La respuesta es sí ya que así lo regula la LPI. Así pues, hablaríamos de obras de colaboración (art 7 LPI), obras colectivas (art 8 LPI) y obras compuestas e independientes (art 9 LPI). 

4.3 ¿ Puede una obra no tener autor?

Sí, como es el caso de las “Obras huérfanas” tal y como presenta el art 37 bis de las LPI. 

5. ¿ Qué derechos principales le corresponden al autor?

Para responder a esta pregunta acudiremos al art 14  y 17 de la LPI. 

El primero de ello, hace referencia al contenido y características del derecho moral. En este sentido, la ley identifica los Derechos morales como  una serie de derechos que pertenecen al autor y son irrenunciables. 

Por otro lado, el art 17 señala los Derechos de explotación donde se engloban los derechos de: distribución, reproducción, comunicación pública y transformación. 

5.1. ¿Existen otros derechos ?

Sí. El artículo 24 de la LPI los presenta. Así pues, hablaríamos de los Derechos de participación. 

Este precepto viene a recordar lo siguiente. El autor de la obra tendrá derecho a percibir del vendedor una participación en el precio de toda la reventa. O bien  de las que se deriven tras la primera cesión que  éste autoriza. 

6.¿Cuál es la duración de estos derechos?

Para conocer la duración de los mismos, la ley dispone el art 26 de la LPI. Este mismo señala que que los derechos de explotación de la obra van a durar toda del autor. La ley también ampara al autor en el caso de fallecimiento: 70 años después de su muerte o que se declare su fallecimiento. 

7. ¿Por qué cuando hablamos de PI también debemos de mencionar a las Patentes? 

Porque cuando hablamos de Patentes hablamos del reconocimiento exclusivo que se concede al titular  sobre una invención. Por lo tanto, el titular de la misma gozará de protección durante un periodo concreto que será de veinte años. 

8. ¿Por qué son necesarias las Patentes? 

Las patentes son necesarias porque a través de ellas se reconoce la creatividad e innovación. 

Además, a través de ellas el titular de una patente tiene derecho a decidir quién  puede emplear la invención patentada durante el tiempo en el que está protegida.

9. ¿ Cuál es la normativa de las patentes y el objeto de la misma ?

Las patentes se regulan por medio de la Ley 24/2015 de 24 de julio de Patentes. Concretamente, en el art 1 de la Ley de Patentes se  señala que para garantizar la protección de las invenciones industriales se van a conceder títulos de Propiedad Industrial.

10. Por último, ¿por qué debe promoverse la protección de la Propiedad Intelectual? 

Debe promoverse dicha protección para contribuir a que la explotación de las obras y creaciones se hagan  acorde a la normativa jurídica en todos los países y estados. Asimismo,  garantizar la protección de la PI, ayuda a establecer y mantener el  equilibrio para que pueda favorecerse un clima que sea  beneficioso para  todos.

Consulte la Guía en formato PDF que le dejaremos a continuación:

guÍA PI pdf

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Cómo va a ser vivir y estudiar en Londres después del Brexit. Letradox® Abogados

A partir de 2021 el Gobierno de Boris Johnson promete aprovechar el Brexit para controlar sus fronteras.

Y es que, este nuevo escenario ya lo sufren casi cuatro millones de europeos que residen en UK. Cerca de unas 200.000 personas,  es el número de españoles que actualmente viven allí y que debido a esta situación  deberán registrase para conseguir el “estatus de asentados”. Por ende, conseguir no perder sus derechos a partir del próximo año.

Uno de los principales pilares del mercado común europeo es la libertad de movimiento. Durante este 2020, Reino Unido seguirá manteniendo la misma estructura en lo que concierne al flujo de personas. No obstante, se prevé que los españoles que ya residen allí, deberán registrarse y en un futuro será necesario un visado de trabajo.

En lo que respecta a los estudiantes y trabajadores europeos que quieren trasladarse a Reino Unido después del 2021, quedarán obligados a pedir visados con un periodo de antelación. Incluso, podría pasar a implantarse un mecanismo de visados electrónicos o de autorización previa, exigido para los turistas.

¿Cómo será la situación de los españoles residentes en Reino Unido?

Como hemos señalado anteriormente, los europeos que actualmente viven en Reino Unido tendrán hasta junio de año que viene para acogerse a lo que se conoce como “estatus asentado” (settlement status). Éste, reconoce el derecho a seguir residiendo en dicho país.

Para aquellos que llevan cinco años viviendo en UK, reciben este derecho permanente de residencia. Por el contrario, para aquellos que lleven menos tiempo, se les considera “presasentados”. Para estos últimos, el permiso será provisional hasta que cumplan el periodo establecido. En torno a casi 200.000 mil españoles ya se han dirigido al Ministerio del Interior Británico para pedir dicho estatus (sin coste alguno).Por su parte, la embajada española ha establecido una “ventanilla única” para poder atender  a las consultas de  los residentes en caso de ayuda o dificultad para realizar el proceso.

Aquellos españoles que tienen la residencia permanente, podrán pedir el pasaporte británico  para asegurar su derechos. El precio del mismo será de unos 1.500 euros (1.300 libras) para un adulto.

¿Qué pasará con aquellos que quieren entrar en el futuro?

Priti Patel, ministra británica del Interior, ya ha hecho alusión al “sistema de puntos” en base al  estilo australiano. Y es que, dicho sistema, sirve para determinar después del 2021 qué europeos podrán trabajar en UK. No obstante, es solo una primera  idea aunque pasarán a valorarse las aptitudes del trabajador: experiencia profesional, dominio de la lengua, estudios entre otros. A su vez, el empleado deberá contar con una oferta de trabajo concreta ya que se prevé que el coste del visado va a ser muy elevado. 

Así pues, los ciudadanos europeos serán tratados sin esta condición, y sufrirán las mismas restricciones que los civiles de  los otros continentes.

Por su parte, está presente el temor de que se perjudique a la economía británica con este nuevo modelo que se quiere implantar y provoque la falta de personal sanitario, o en otros sectores como la agricultura, construcción y hostelería.Por ejemplo, en el caso de la sanidad, de los 40.000 españoles que llegan cada año a Reino Unido, a día de hoy hay un total de casi seis mil españoles (casi 1341 menos que hace dos años).

¿Qué les pasará a los británicos que residen en España?

El número de británicos que viven en España es elevado. Oficialmente residen un total de 365.000 mil pero la cifra aumenta si se incluye a aquellas personas que no están registradas y cuya instancia  en nuestro país  pasa a ser  indefinida. En su mayorías nos referimos a los jubilados, que pasan sus últimos años en España y por la zona de la costa mediterránea. Por su parte, este colectivo tiene muy presente la problemática con su acceso a la Sanidad pública española.

Hasta día de hoy, los británicos (tanto residentes como turistas) pueden hacer uso de hospitales españoles de forma gratuita gracias a su tarjeta sanitaria europea. Todo ello conlleva a que el Gobierno del Reino Unido compense a España por los costes derivados de dicha situación. Se tendrá que esperar a los acuerdos que se negocien para conocer finalmente la nueva situación.

Por lo tanto, si a partir de 2021 no  hay acuerdo, podría ser necesario solicitar por adelantado un visado electrónico para los viajes en ambos sentidos, (similar al que exige EE.UU.). Por su parte, la UE pretende implantar ese año el denominado Etias (European Travel Information and Authorisation System), y Londres prevé crear un ETA (Electronic Travel Authorisation), tanto uno como el otro   podrían tener un reducido coste. Además, Reino Unido dejará en el futuro de aceptar los DNI como forma de identificación de los españoles.  En el caso de los  los pasaportes, deberán tener un periodo de vigencia mínimo de seis meses, antes de caducar.

Por otro lado, es importante   resaltar cuál  será la situación con Gibraltar, ya que dicho acuerdo de salida británica incluye que tanto Madrid como Londres mantengan los mismos derechos de las personas que todos los días cruzan la línea divisoria entre España y Gibraltar. Del total de personas que acuden diariamente al Peñón a trabajar, cerca de 8.000 son españoles. Por lo tanto, tendrá que determinarse cómo se mantendrá esta libertad de movimiento cuando Gibraltar deje de estar en el Mercado Común.

Por último, ¿qué pasará con los estudiantes universitarios?

En primer lugar, está en duda si el programa Erasmus va a seguir estando vigente.

En segundo lugar, el Gobierno británico se ha comprometido a mantener los precios a los estudiantes europeos en las mismas condiciones que los británicos hasta el próximo año. A partir de esta fecha, se entenderá que las condiciones de acceso a las universidades pasarán a ser semejantes a las de estudiantes de otros continentes los cuales quedan obligados a pagar cantidades descomunales.

Lo que está claro es que deberemos esperarnos al próximo año para tener claro todos estos matices aún sin respuesta ni claridad.

Desde Letradox® Abogados le animamos a que no dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda o consulta. Somos un Despacho de Abogados formado con profesionales del sector y  te garantizamos esfuerzo y trabajo para conseguir resultados satisfactorios.  

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Abogada experta vivienda

Reclame la cláusula suelo de su préstamo cancelado. Letradox® Abogados

El Tribunal Supremo abre las puertas a otra avalancha de demandas frente a los bancos.

Este mensaje está dirigido a todos aquellos que hayan tenido una hipoteca con cláusulas abusivas. Por su parte, podrán reclamar su nulidad así como, la restitución de aquello que indebidamente fue pagado a pesar de que el préstamos haya sido extinguido.

La reciente sentencia 662/2019 de Tribunal Supremo, que fue publicada el pasado  mes de diciembre, asienta la doctrina de que la extinción del contrato de préstamos hipotecario no priva a aquellos que fueron prestatarios de solicitar la nulidad de la cláusula suelo y la restitución de lo indebidamente pagado.

Así pues, dicha sentencia pasa a reconocer un criterio que venía siendo defendido por la gran parte de las audiencias provinciales. Asimismo, el fallo pronunciado abre una vía alternativa para que los clientes puedan iniciar nuevas demandas contra su banco sobre los contratos vencidos.

La pretensión principal de dicha sentencia es el expresar que  a pesar de que, un contrato haya terminado o haya sido cancelado para poder ejercitar acciones y reclamar lo que se le debe, sí será posible reclamar por cláusulas abusivas.

Y todo ello, pese haber pagado la hipoteca (bien por venta de inmueble que estaba hipotecado, o por el pago total adeudado o por otras causas como una ejecución hipotecaria).

Por lo que, sí será posible reclamar la cláusula suelo de un préstamos cancelado. Ya que, incluso aunque el préstamos o hipoteca esté ya cancelada sí se puede reclamar. Además, se podría obtener todo lo que se ha estaba pagando de más, en virtud de esa cláusula suelo.

Por lo tanto, esta doctrina del Tribunal Supremo, es muy importante ya que abre las vías a la reclamación.

Con todo ello, resaltar que aquellos contratos de eliminación de la cláusula suelo que se hayan podido realizar, podrán sostenerse en base jurisprudencial;  que permitirá la recuperación del dinero perdido; por lo que reportaría un beneficio económico

En definitiva, el Tribunal Supremo ha decidido que dicha consumación o extinción del contrato no es impedimento para el ejercicio de la acción de nulidad de una cláusula abusiva y que no se puede privar al consumidor de ejercitar dichas acciones.

Para más información, les dejamos el siguiente enlace de Youtube; https://www.youtube.com/watch?v=tmIiQkFWgT0

Desde Letradox® Abogados le ofrecemos seguridad y profesionalidad. Le llevaremos su caso de la mano de la grandes expertos y profesionales del sector. Son ya varios los casos de éxitos obtenidos en dicho ámbito. 

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Defensa de los consumidores europeos. Letradox® Abogados

El Consejo de la Unión Europea ha alcanzado un “acuerdo de compromiso”. Asimismo, así lo ha reflejado. por medio de la nueva Directiva europea sobre acciones colectivas para los consumidores (sin mención expresa a la Asistencia Jurídica Gratuita). 

En este contexto, se trata de la nueva Directiva del Parlamento y del Consejo relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores; y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE. 

La presente propuesta persigue reemplazar y actualizar la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009. 

Esta misma, está relacionada con las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores. 

Lo que se pretende es impulsar y fomentar que los consumidores europeos defiendan sus derechos de forma colectiva. Todo ello, de una forma más eficiente respecto de lo que engloba el actual panorama europeo. 

Así pues, la Abogacía europea, llevó a cabo una reunión en el Comité de Acceso a la Justicia de CCBE. En este misma, se mostró intranquila dado que en el nuevo texto aprobado por el Consejo se ha suprimido el precepto decimoquinto (art.15). El cual disponía lo relativo a la expresa a la asistencia jurídica gratuita para el caso de los procedimientos colectivos. 

De la misma manera, se desatiende el hecho de que la Asistencia Jurídica transfonteriza actualmente ya está regulada  en la Directiva 2003/28/CE. A propósito de  regular  todo lo relacionado con asuntos civiles y mercantiles a nivel transfonterizo. 

En lo que respecta a esta situación, el Parlamento Europeo, en su informe del día 30 de abril de 2013, ya se había pronunciado sobre la misma exponiendo su preocupación. A causa de,  la aplicación de la Asistencia Jurídica civil y mercantil respecto de los colectivos más vulnerables. 

Por lo tanto, la presente propuesta es consecuencia del control de adecuación REFIT de la legislación de la Unión Europea, relativa a consumidores y comercialización (23/05/2017). 

Además, esta misma, abarcó la Directiva sobre sobre acciones de cesación y del Informe de la Comisión (25/01/2018). En relación a los principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los EEMM;  en caso de violar los derechos reconocidos por la UE. 

Se ha demostrado por parte de varias evaluaciones realizadas por la UE; que el riesgo de infracciones del Derecho de la Unión cada vez es mayor. Así pues, afecta a los intereses colectivos de los consumidores y aumenta  como consecuencia de la globalización y digitalización de la economía. 

Dicho de otro modo, aquellos comerciantes que no cumplen con el Derecho de la UE puede ocasionar un perjuicio a millones de consumidores. Por ejemplo, publicidad engañosa, o contratos desleales.

Así pues, el proyecto de Directiva pretender establecer un sistema de acciones representativas para proteger a consumidores. Tanto en lo referido a sus intereses colectivos, como frente a las infracciones derivadas del Derecho de la Unión. 

Este nuevo sistema recogerá acciones tanto por mandato judicial como por reparación. 

Del mismo modo, dicha Directiva otorga la posibilidad  que las entidades que estén cualificadas, ( las que abarcan las organizaciones de consumidores ) busquen diferentes tipo de medidas. Esto es; medidas cautelares a la par que  medidas de reparación (compensación, reemplazo de un nombre o grupo en caso de haber sido perjudicado). 

Es por eso que, estos actos jurídicos pasarán a ser el reflejo de las evoluciones recientes en el ámbito de protección del consumidor. Ya que, a día de hoy, los consumidores intervienen en un mercado más digitalizado, moderno, amplio. 

En resumen, por medio de esta propuesta se persigue:

Respecto del ámbito de aplicación de la Directiva, se ampliará. Tiene por objeto abordar otros medios e instrumentos de la UE que protejan los intereses colectivos de los consumidores en diferentes sectores. Por ejemplo: sector económico (energía, telecomunicaciones, medio ambiente y salud). 

Por medio de esta propuesta se persigue que el procedimiento adquiera una mayor capacidad de reacción.  En relación a  las posibles infracciones como consecuencia de las prácticas ilícitas de algunos comerciantes. 

Seguidamente, lo relativo a las acciones de representación por parte de entidades habilitadas. En base a que dicha propuesta se fundamenta en el planteamiento de la actual Directiva relacionada a las acciones de cesación. Estas entidades habilitadas deberán seguir unos parámetros mínimos de reputación. 

En relación a las acciones colectivas de indemnización, las entidades habilitadas deberán informar sobre su capacidad financiera. A la par que ,sobre   la fuente de procedencia de los fondos que respaldan la acción. Quienes estarán facultados para evaluar dichos acuerdos de financiación por parte de terceros serán las autoridades administrativas y los órganos jurisdiccionales. 

En tercer lugar, se persigue la eficiencia del procedimiento. De este modo, dicha propuesta pasará a exigir a los EEMM la diligencia debida en relación a los procedimientos. El fin es que las costas procesales dejen de ser una barrera económica  a la hora de interponer acciones de representación. 

En el supuesto de hallarse con una resolución definitiva de un órgano jurisdiccional o de una autoridad competente, que concluyan que un comerciante ha vulnerado la ley se producirá lo siguiente. En este sentido, pasará a ser una prueba irrebatible en las acciones de reparación. O de otro modo, pasará a considerarse una presunción refutable de que efectivamente ha ocurrido la infracción (en los supuestos presentados en otro Estado Miembro). 

Por último, en lo que concierne a las acciones de cesación y de indemnización la propuesta va a permitir a las entidades habilitadas poder interponer acciones de representación. El propósito es obtener distintos tipos de medidas en función de la circunstancia que se presente. Así pues, encontramos medidas cautelares o definitivas (cese o prohibición de la práctica de una comerciante en el caso de producirse una infracción). U otro tipo de medidas que supriman los efectos derivados y continuados de dicha infracción (órdenes de reparación y resoluciones declarativas). Con el fin de determinar la responsabilidad del comerciante respecto con los consumidores que han sido perjudicados. 

Con todo lo expuesto, se pretende resaltar el importante papel que presentan los consumidores hoy en día. Ya que, opera en un mercado cada vez más amplio y digitalizado. Por lo tanto, se persigue conseguir un alto nivel de protección en diferentes áreas (servicios financieros, energía, telecomunicaciones, protección de datos). El propósito es que todo ello se consiga por medio de dicha Directiva ademas de la ley general del consumidor. 

 

Desde Letradox®Abogados confiamos en las propuestas de normativas y directivas europeas que protejan y den respaldo a los consumidores frente a las posibles infracciones que se le puedan ocasionar como consecuencia de una mala praxis o vulneración de la norma( Derecho Europeo).

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DESAHUCIO. ¿Qué hacer si es usted inquilino (arrendatario)? Letradox® Abogados

DESAHUCIO. ¿Qué hacer si es usted inquilino (arrendatario)? Letradox® Abogados

CONSECUENCIAS A LAS QUE SE ENFRENTA EL INQUILINO POR NO PAGAR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA.

Comprar una vivienda es una de las decisiones más importantes y notorias que vamos a tomar en nuestra vida.
Tal y como dispone el artículo 47 de la Constitución española :

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

A pesar de la premisa de dicho precepto, a día de hoy, la situación económica complica esta situación. Es por ello que, no todos los ciudadanos pueden hacer frente a la compra de un piso y deciden alquilar un inmueble. Pero, en ocasiones una persona que vive de alquiler también puede encontrarse ante la situación de no efectuar el pago correspondiente.

Actualmente el número de individuos que viven de alquiler en España no cesa de aumentar. Ante tal situación se han confeccionado leyes específicas, como la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de vivienda.

El preámbulo de la misma, apartado II presenta el objetivo fundamental que no es otro que el de “flexibilizar el mercado del alquiler para lograr la necesaria dinamización del mismo, por medio de la búsqueda del necesario equilibrio entre las necesidades de vivienda en alquiler y las garantías que deben ofrecerse a los arrendadores para su puesta a disposición del mercado arrendaticio”.
Además, este mismo apartado del preámbulo aborda aspectos fundamentales como:
– El régimen jurídico aplicable. Refuerza la libertad de pactos. Da prioridad a la voluntad de las partes (de acorde a lo establecido en el Título II de dicha Ley).

– La duración del arrendamiento, que sin embargo,  ha sido modificada por el Real Decreto ley 7/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Si anteriormente se  reducía el periodo de tiempo de cinco años a tres, la prórroga obligatoria. Y del mismo modo tres años a uno la prórroga tácita; actualmente conforme a lo dispuesto en el art 9 de la misma  se establece que el periodo mínimo será de 5 años.

Por otra parte, al tratarse de una obligación de reciprocidad, tanto el inquilino como el propietario cuentan con una serie de obligaciones y de derechos.

En este artículo nos centraremos en la figura del inquilino o arrendatario. Expondremos cuáles son sus obligaciones y seguidamente los derechos que tiene como tal.

Respecto de las obligaciones del arrendatario;

En primer lugar, la ley exige que abone una fianza al tiempo de que se formalice el contrato de alquiler.
Se trata de una fianza legal que tendrá que pagar el inquilino, con el fin de reparar posibles daños que puedan derivarse del inmueble. La cantidad, será la establecida por la Comunidad Autónoma correspondiente.

Dicha fianza se revisa cada tres años. Pero, en cada prórroga las partes podrán pactar el importe, hasta que se simule al de un mes de la renta vigente.

En el supuesto de que haya daños, o no efectúa el pago del último mes o se va antes de tiempo, el propietario podrá exigirle una indemnización. Y ante todo, hacer uso de la fianza.

A colación de dicha obligación se deriva la siguiente; Pagar en los términos pactados la mensualidad de renta.
Es obligación del inquilino pagar en los plazos acordados la mensualidad determinada. Sensu contrario, el contrato de arrendamiento quedará rescindido. Con la condición de que el propietario haya requerido de forma judicial o por notario el pago y no tenga respuesta en los diez días hábiles siguientes. O bien, que el inquilino conteste aceptando dicha resolución.

En tercer lugar, corresponde al arrendatario asumir el coste de los suministros domésticos. Es decir, agua, luz, gas, seguro del contenido de la vivienda, caldera, si así queda establecido en dicho contrato.
Además, el inquilino deberá dejar la vivienda en el estado original de como se la encontró y deberá abandonar la vivienda si el arrendador demuestra que efectivamente la necesita para vivir. Y, se lo comunica con al menos 2 meses de antelación. Esto es que el arrendatario deberá abandonar el inmueble si el arrendador manifiesta la necesidad de usar el inmueble como vivienda permanente . Tanto para él como familiares o cónyuges (separación, divorcio o nulidad).

Es importante conocer, si eres inquilino la siguiente situación. En el supuesto de que el arrendador o familiares no ocupen el inmueble en los tres meses siguientes tras resolver el contrato, el inquilino podrá en 30 días regresar al inmueble. Volverá por un nuevo periodo de tres años, manteniéndose las condiciones anteriores establecidas.

En el supuesto de que el inquilino no efectué los pagos correspondientes, deberá desalojar el inmueble por impago del alquiler. Deberá por tanto, efectuar el pago para que no se le demande por moroso (retraso de un mes de pago). Tendrá diez días hábiles para evitar o al menos intentar el desahucio. Deberá pagar las rentas debidas y los gastos judiciales derivados.

Son cinco las novedades que se derivan de la Reforma del procedimiento de desahucio de vivienda. El Real Decreto Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes de materia de vivienda y alquiler, destaca los siguientes aspectos del procedimiento de desahucio de vivienda. Concretamente de los artículos 249, 440, 441, 549 y 666 de la LEC.

Todas las cuestiones arrendatarias que sean contrarias de las reclamaciones de rentas y cuya cuantía no exceda de 6.000€ se tramitarán por el juicio verbal. (Art. 240.1.6 LEC). Las reclamaciones de rentas o de cantidades debidas por el inquilino, sea cual sea su cuantía, se tramitarán por el juicio verbal.

La ley dispone en el artículo 440.3 de la LEC que deberá señalarse día y hora concreto para practicar las diligencias de lanzamiento. Tanto en el supuesto de que no exista oposición de parte contraria (art. 440.4 de la LEC).

Los procedimientos por falta de pago y desahucios por expiración del plazo contractual, se deberá informar al demandado de lo siguiente. En este sentido, podrá acudir a los servicios sociales o autorizar la cesión de sus datos a estos (art. 441.1 ter, apartado quinto).

Del mismo modo, el Juzgado actuará de oficio, comunicando el conocimiento y existencia de los respectivos procedimientos a los servicios sociales. En el caso de los servicios sociales, aprecien la situación de vulnerabilidad social o económica, se suspendería el proceso.

El tiempo estimado sería el de un mes como máximo, contando desde que se recibe la comunicación de los servicios sociales al órgano judicial. O bien de tres meses, en el supuesto de que se trate de una persona jurídica. Cuando ya se hayan adoptado las medidas correspondientes o haya pasado el plazo, se alzará la suspensión y se continuará con el procedimiento.

Asimismo, es importante señalar el artículo 549.4 de la LEC. Este, dispone que el plazo de espera legal no será de aplicación en la ejecución de resoluciones de condena de desahucio por falta de pago o de rentas o cantidades debidas. Ni por expiración legal o contractual del plazo, que se regirá por lo previsto para estos casos. Sin embargo, si se trata de una vivienda habitual, antes del lanzamiento, deberá remitirse a lo dispuesto en el 441.5 de la LEC.

Hemos podido conocer cuáles son las obligaciones del inquilino, así como, las novedades que incluye la ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes de materia de vivienda y alquiler.

Es por ello, que vamos a proceder a señalar los DERECHOS de los inquilinos.

– En primer lugar, posibilidad de negociar el precio del alquiler y la duración del contrato. Tal y como dispone el artículo 9 de la Ley 7/2019 de 1 de marzo, la duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes.

En el caso de que fuera inferior a cinco años (p.física) o menor a siete años (p. jurídica) el día del vencimiento del contrato se prorrogará obligatoriamente por los plazos anuales.

El tiempo será hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de cinco años o siete, salvo que el inquilino manifieste al propietario (con 30 días de antelación) la voluntad de no renovar el contrato o prorrogarlo.

Prorrogar la duración del contrato.

Conforme a los dispuesto en el artículo 10 de dicha ley ;  una vez llegada la fecha del vencimiento del contrato, o de sus prórrogas, una vez transcurridos como mínimo cinco años de duración del mismo, o siete años (arrendador = p.jurídica),  y ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con cuatro meses de antelación a aquella fecha en el caso del arrendador y al menos con dos meses de antelación en el caso del arrendatario, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más.

A excepción de que  el arrendatario manifieste al arrendador con un mes de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de las anualidades, su voluntad de no renovar el contrato.

Asimismo, el inquilino podrá recuperar la fianza si no hay daños en el inmueble. Cuando se haya puesto fin al contrato, si la vivienda se encuentra en buen estado, se le abonará la cantidad, al mes de que se entreguen las llaves. Si el periodo de tiempo es excesivo, el inquilino podrá reclamar intereses correspondientes.

El inquilino podrá mantener el contrato con los mismos derechos y obligaciones pese al cambio de propietario. En el caso de que el nuevo casero quiera hacer uso de la vivienda, el arrendatario podrá exigirle vivir durante tres meses más en los que pagará la renta y otras cantidades que se devenguen. Además podrá exigir al vendedor una indemnización por daños y perjuicios.

Otros derechos de los inquilinos son la posibilidad de ceder el contrato de arrendamiento en situaciones concretas. Por ejemplo en el caso de que él ya no habite en la vivienda pero, sí lo hacen su cónyuge o sus hijos y está inscrita en el Registro de la Propiedad. O gozar de beneficios fiscales en el IRPF; ya que los inquilinos pueden deducirse el importe anual del alquiler por vivienda habitual en la declaración de la renta y las reformas efectuadas que hayan sido acordadas con el casero.

Además, podrá realizar obras de mejora siempre y cuando no afectan a la seguridad la vivienda y si así lo consiente por expreso el propietario. En los supuestos de reformas debido a los casos de discapacidad propia del inquilino o del cónyuge, se deberán notificar al propietario y no deben afectar a elementos comunes ni seguridad del edificio.

Posibilidad del inquilino de renunciar a la adquisición preferente. El propietario deberá avisar con al menos 30 días, en el caso de que quiera vender el inmueble.

En conclusión, la Ley dispone que es necesario normalizar el régimen jurídico del alquiler de los inmuebles. A fin de que se garantice la protección de los derechos.

Si usted se encuentra en esta situación de que no puede hacer frente a estos pagos exigidos, conozca sus derechos y contáctenos.
Desde Letradox@Abogados queremos ofrecerte tranquilidad si eres inquilino y estás viviendo esta situación trabajaremos para encontrar soluciones.

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LETRADOX ® y ASESP firman un Convenio para estudiantes de Derecho

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¡BIENVENIDOS A LETRADOX ® ABOGADOS, JÓVENES ESTUDIANTES DE DERECHO!

 

Para todos aquellos que estén empezando a sumergirse en el fascinante mundo del Derecho, LETRADOX®ABOGADOS es vuestro lugar  y por eso …

¡TE ESTAMOS ESPERANDO!

Para nuestro despacho,  LETRADOX® ABOGADOS, supone un gran honor ser el PATROCINADOR  de ASESP (Asociación estudiantil de simulaciones parlamentarias).

Por lo tanto, si lo que estás buscando es hacer prácticas en el despacho,  iniciar o complementar tu carrera profesional, o participar en actividades formativas y pasar a dar el salto y entrar en sorteos de experiencias únicas y promociones, LETRADOX® ABOGADOS , es ¡ TU despacho!

¡ENVÍANOS TU CV a info@letradox.es y síguenos por RR.SS. y descubre todas las posibles ventajas de pasar a formar parte de nuestra comunidad LETRADOX® ABOGADOS!

Ven y pasa a  formar parte del equipo LETRADOX® ABOGADOS, el despacho más innovador del siglo XXI.

Infórmate de toda la actualidad jurídica en nuestras redes,  descubre lo último en Derecho tecnológico, protección de Datos,  los e-Sports,  ¡y no te pierdas los eventos más exclusivos  y las entrevistas a los #referentes del mundo del Derecho y la Empresa en España!

 

LETRADOX@ABOGADOS, el despacho de referencia de los estudiantes de derecho

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Calle Jorge Juan nº141 Esc.Izd. 3ºA (junto a Metro O´Donnell). 28028 Madrid

-Despacho en Alcalá de Henares:

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NUEVA OFICINA DE LETRADOX en Madrid

 

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NEXT OPENING

Estamos muy contentos desde el equipo de LETRADOX de  poder anunciaros la inauguración de una nueva sede de LETRADOX-ABOGADOS en Madrid capital.

Letradox nace con el objetivo de estar siempre al lado de nuestros clientes, es por ello por lo que disponemos de céntricas ubicaciones en Madrid y poblaciones cercanas, a fin de que usted pueda acceder cómodamente a las mismas.

La nueva sede en Madrid se ubica en la calle Jorge Juan, una de las más emblemáticas calles del Barrio Salamanca de Madrid.

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Nunca caminarás sólo.
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