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Calificación concurso de acreedores

La calificación en el concurso de acreedores. Preguntas y respuestas. LETRADOX ABOGADOS

La CALIFICACIÓN en el CONCURSO DE ACREEDORES

Abogados expertos concursos de acreedores

La situación del Concurso (situación de insolvencia, suspensión de pagos o quiebra) se tramita mediante un procedimiento específico; el procedimiento concursal, el cual lleva consigo la calificación del concurso por parte del juez, como una de sus partes o secciones.

¿Dónde se recoge la calificación del Concurso de acreedores?

La Ley Concursal en su Título VI nos habla de la calificación del concurso, en los arts. 163 – 175 LC. El articulo 163. LC nos dice que la calificación del concurso se inicia con la finalidad de analizar las causas de insolvencia, comprobar si el deudor ha actuado con culpa o no y en tal caso, eliminar las responsabilidades que procedan y determinar las personas responsables.

¿Qué clases de Calificación de Concurso nos podemos encontrar?

La ley nos remite dos clases de calificación del Concurso: puede ser fortuito o culpable.

En el caso de Concurso Fortuito: no viene en la LC definido de manera expresa. Se dará cuando no se den las circunstancias de calificarlo como culpable. El empresario salva su responsabilidad y patrimonio personales.

En el caso de Concurso Culpable: si que lo recoge la LC. Lo define en su articulo 164.1 que dice: “El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados generales, de quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso, así como de sus socios conforme a lo dispuesto en el artículo 165.2”.

¿Cómo podemos deducir si ha habido dolo por parte del deudor?

El articulo 165 LC dice que: «El concurso se presume culpable, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores”

Estos han debido de solicitar la declaración de concurso; colaborar con el juez del concurso y la administración concursan o les hayan facilitado la información necesaria para el interés del concurso ; asistan a la junta de acreedores siempre que su participación sea determinante para la adopción del convenio; y estando el deudor obligado a llevar la contabilidad hubiera formulado las cuentas anuales, presentarlas en el Registro Mercantil durante los últimos tres ejercicios anteriores. Si todo ello lo hubiesen incumplido y no lo han llevado a cabo como nos dice el citado artículo 165 de la LC, el concurso se presume Culpable.

También se presumirá Culpable el Concurso, salvo prueba en contra. Cuando los socios o administradores se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles y con ello se hubiese frustrado la consecución de un acuerdo de refinanciación (art. 71 bis 1 o disposición adicional cuarta) o un acuerdo extrajudicial de pagos.

¿En qué casos podemos calificar el concurso como culpable?

Podemos fijarnos en los que se denomina “hechos de calificación culpable”, si se dan estos hechos, se da el concurso culpable.
¿Dónde puedo encontrar estos hechos? Vienen recogidos en el articulo 164.2 LC, los cuales son:
– Deudor obligado a llevar la contabilidad lo incumpla, lleve doble contabilidad o cometa irregularidad relevante.
– Deudor cometa inexactitud grave en cualquier documento que acompañe a la solicitud de declaración de concurso.
– La apertura de liquidación se haya acordado de oficio por incumplimiento del convenio por una causa imputable al concursado.
– Deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores.
– Durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos.
– Antes de la fecha de declaración de concurso el deudor hubiese realizado cualquier acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia.

En referencia a los actos contables, estos tienen una gran relevancia. Ya que, la levanta de las cuentas anuales es una de las obligaciones contables con mas importancia para el empresario. A través de ellas se ofrece a terceros una proyección firme de la situación de la empresa.

¿El deudor puede tener ayuda para cometer acciones que puedan conllevar a la calificación del concurso como culpable?

La respuesta a esta pregunta es: Sí.
Como bien recoge el artículo 166 LC, establece que: “se consideran cómplices las personas que, con dolo o culpa grave, hubieran cooperado con el deudor o, si los tuviere, con sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, con sus administradores o liquidadores, tanto de derecho como de hecho, o con sus apoderados generales, a la realización de cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como culpable”

Pero no solo podríamos considerar de cómplices a éstos. También a los asesores, abogados, auditores, que hayan cooperado con el deudor con culpa grave, incumpliendo la contabilidad, falseando o haciendo simulaciones patrimoniales, etc…revistiendo tal complejidad, yendo mas allá de la comprensión del propio deudor o administrador.

¿Qué efectos conlleva la calificación del concurso como culpable?

Una vez se haya calificado el concurso como culpable se producirán diversos efectos sobre las personas afectadas. Y sobre los cómplices  ,si los hubiese.

Se exige que en la propia sentencia se determinen las causas en que se basa la calificación. También  las personas afectadas por la calificación y los cómplices, así como, los efectos de la calificación.

Un gran perjuicio que puede acarrear la calificación culpable es, en referencia al artículo 172.2. 2º: La inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar los bienes ajenos durante un período de dos a quince años. Así como para representar a cualquier persona durante el mismo período, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio, así como la declaración culpable en otros concursos.

Se llevará a cabo la pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o cómplices tuvieran como acreedores concursares o de la masa.

Y además la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa. Como también, indemnizar los daños y perjuicios causados.

¿Se puede hacer algo contra la sentencia de calificación de concurso?

Aquellos que hayan sido parte en la sección de calificación del concurso pueden interponer contra la sentencia un recurso de apelación. Contra la sentencia que se dicte en apelación, se podrá interponer un recurso de casación y extraordinario por infracción procesal. (art. 197 LC)

En conclusión, la mayoría de procedimientos concursales se declaran como fortuitos.  Ya que no se detectan por los administradores concursales sospechas de que la insolvencia provenga de una mala gestión.

¿Estás inmerso en un procedimiento de concurso de acreedores? ¿Quieres ayuda porque no puedes hacer frente a los pagos? En LETRADOX tenemos experiencia en concursos y te escuchamos:
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Ser abogado

Ser abogado, las ventajas y desventajas; por LETRADOX Madrid y Alcalá de Henares

¿Por qué ser abogado?

¿Por qué ser abogado? o mejor dicho, ¿por qué no serlo?.
La profesión de abogado puede llegar a ser una de las más importantes del mundo. Dada la trascendencia en las funciones que desempeñamos. Cuando después de escuchar a una persona, ya sea, física o jurídica, empiezas a trabajar, estudias en profundidad toda su documentación, buscas la mejor solución posible. Esto se hace por un solo interés, el de nuestro cliente.

Ventajas de la profesión de abogado

Un factor muy importante es que en la profesión de abogado nunca dejas de ser estudiante. Pues seguirás siendo un estudiante independientemente de tu edad y experiencia. Debes conocer bien la sociedad en la que te desenvuelves.

Además conocer los hechos y la evolución legal y de la jurisprudencia.

Otro factor a tener en cuenta es el lado económico, la remuneración que percibe un abogado en el ejercicio de sus funciones.

El ejercer como abogado, consiste también en conocer el lado humano de las personas, brindarle tu confianza al cliente. También defender sus derechos y libertades y hacerlos valer y para ello debemos ser profesionales, honrados y leales. Es una profesión la cual, implica esfuerzo y sacrificio.

¿Qué hay que estudiar para ser abogado?

Para reunir los requisitos de abogado, tienes que superar el Grado en Derecho, el cual tiene un período de cuatro años y tras acabar éste, debes optar por conseguir el Máster en Abogacía, el cual tiene una duración de un año y medio. Después, debes superar el examen de abogacía y tras obtener el ansiado “apto”, colegiarte en el Ilustre Colegio de Abogados de donde prefieras.

¿Ser abogado tiene desventajas?

Recuerda que el ser abogado tiene su lado negativo también. Habrá casos que se solucionen rápido pero otros se dilataran en el tiempo. Lo ideal sería una jornada de lunes a viernes y poder disfrutar del fin de semana, pero no, muchos no serán así y tendrás que pasarte noches en vela y fines de semana trabajando para sacar adelante un caso. La acumulación de trabajo junto con el estrés son dos aspectos, que son los más negativos del ejercicio de la abogacía, por ello has de estar dispuesto a que no es un trabajo fácil y has de superar las adversidades.

En LETRADOX ABOGADOS podemos ayudarte con tu formación. Mira en nuestra web cómo. www.letradox.com 

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Protección de datos Abogados

¿Por qué confiar en LETRADOX la protección de datos de su empresa?

¿ Por qué confiar en LETRADOX ABOGADOS la protección de datos de su empresa?

Si usted es autónomo o tiene una empresa, debe saber que el pasado día 25 de mayo de 2018 entró en vigor el Reglamento de la UE de Protección de Datos y que ya es necesaria por tanto la adaptación.

Surgen muchas dudas respecto a qué despacho elegir para llevar su adaptación o que le represente en todos aquellos casos ante la Agencia Española de Protección de Datos o ante los tribunales.

En Letradox queremos convencerle con el trabajo bien hecho, las referencias y muchas razones, para que sepa que está llevando a cabo la decisión correcta al contratarnos:

¿Por qué elegir a LETRADOX Abogados para Protección de datos de su empresa?

1º) Porque es un despacho con una trayectoria consolidada, recomendado y prestigioso.

2º) Porque contamos con la mejor abogada en Protección de Datos, Marián Rojo , que se complementa con los conocimientos procesales y civiles de Mercedes de Parada, haciendo el tándem perfecto para que la protección de datos esté blindada en su empresa.

Echa un vistazo a nuestros cv .

3º) Porque nuestros buenos resultados nos avalan.

4º) Porque nuestros clientes nos recomiendan.

Gracias por hacernos un bufete cinco estrellas.

 

5º) Porque no hemos nacido a la ola del boom de protección de datos, como se puede apreciar en nuestra trayectoria.

6º) Porque conocemos el derecho aplicable y desarrollamos la actividad encomendada con rigor.

7º) Porque nuestra profesionalidad se nota desde la primera llamada y la primera actuación.

8º) Porque entendemos al cliente, en sus necesidades, miedos y dudas, y las resolvemos .

9º) Porque el cliente tiene una comunicación directa con nosotros , sin dilaciones, cuando surge el problema , para que, de manera eficaz, se lo resolvamos.

10º) Porque nos apasiona la Protección de datos y queremos ayudar a su empresa como ya estamos haciendo con otras, desde pequeñas, hasta grandes. Da igual el tamaño, nos importa hacerlo bien y que quede satisfecho con el trabajo realizado.

 

Dierencias demanda y denuncia

Diferencia entre demanda y denuncia

DEMANDA Y DENUNCIA son dos conceptos que a veces se confunden. Por eso hemos realizado este post por LETRADOX ABOGADOS info@letradox.es 912980061 / 645958948 y así poder establecer las diferencias principales:

¿Qué diferencias hay entre ellas?

La demanda es una forma de dar inicio a un procedimiento judicial tanto en la vía civil, mercantil o laboral. Sin embargo la denuncia es una vía para iniciar un procedimiento judicial por la vía penal.

¿Qué tienen en común la demanda y la denuncia?
Ambas son formas de poder iniciar un procedimiento judicial.

La Demanda consiste en que un ciudadano pueda llevar a cabo las acciones que estime oportunas con el fin de reclamar sus derechos. La Demanda se interpone de manera formal y escrita ante el Tribual competente. El cual puede ser: civil, laboral o mercantil; a raíz de unos hechos que deberán apoyarse en fundamentos de derecho o jurídicos, que motiven la reclamación formulada. Por eso para poder interponerla es obligatoria la intervención de abogado y procurador a excepción de los juicios verbales que no sobrepasen los 2000€. En cualquier caso, para la mejor defensa de sus derechos siempre es necesario contar con abogado y procurador. Pues recuerde, que lo barato sale caro. Y si ud empieza el procedimiento «por su cuenta» luego es más complicado revertir los frecuentes errores de planteamiento y aspectos procesales.

La Denuncia consiste en comunicar o declarar ante la Autoridad, Ministerio Fiscal, Juzgado o la Policía que existen unos hechos los cuales pueden ser delictivos. La denuncia se puede interponer tanto de manera verbal como escrita ante la autoridad, la cual recogerá los hechos relatados del caso. Para poder interponerla no hace falta contar con abogado y procurador, pero si queremos tener un seguimiento más efectivo, solicitar pruebas, estar al tanto de la instrucción de la causa etc, interpondremos una querella criminal, para la que sí que es necesaria la presencia de abogado.

Ejemplos: Robo, violación, asesinato… Todos estos hechos delictivos pueden ser objeto de denuncia penal. Es recomendable que si ha sido víctima, nos personemos como acusación particular en la causa.

Estamos a su disposición,

Atte,

LETRADOX ABOGADOS

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Abogados derechos de autor

Qué es la Propiedad Intelectual y qué casos comprende

Cuestiones prácticas sobre la Propiedad Intelectual

ABOGADOS Propiedad Intelectual

El asesoramiento jurídico de un abogado especialista en propiedad intelectual es muy importante.

¿Que es la propiedad intelectual?

Es el conjunto de derechos que corresponden a los autores y a otros titulares (productores, organismos de radiodifusión, artistas…). Respecto de las obras y prestaciones las cuales son resultado de su creación.

La propiedad intelectual se regula bajo el texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Que se aprobó por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

¿Qué protege la propiedad intelectual?

Las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas a través de cualquier medio. Pueden ser: libros, escritos, composiciones musicales, obras audiovisuales, esculturas planos, fotografías, bases de datos…

Sin embargo se excluyen las ideas, conceptos matemáticos procedimientos (no la expresión de los mismos). También las disposiciones legales o reglamentarias, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos de los organismos públicos.

¿Hay que proteger la propiedad intelectual?

Por supuestos dado que nos otorga el reconocimiento como creadores (derecho moral) y la correspondiente retribución económica (derecho patrimonial).

¿Cuándo es el día mundial de la Propiedad Intelectual?

¡Es hoy! Se celebra cada 26 de abril, sobre todo para conocer la función que desempeña sus derechos. Por ejemplo: patentes, marcas, diseños industriales, derechos de autor, en el fomento de la innovación y la creatividad.

¿Que problemas habituales se pueden dar en relación con la Propiedad Intelectual?

A través de internet millones de personas pueden acceder.  A veces de manera ilegal, a contenidos de propietarios legítimos pudiendo cometer infracciones al llevar a cabo la apropiación y divulgación de tales contenidos.
Se llevan a cabo usurpaciones de nombres de dominio por las cuales una persona ajena se aprovecha del éxito de un sitio web. Otro caso que también podemos apreciar es la divulgación de patentes llevada a cabo por terceros de mala fe destapando secretos industriales.
Por todo ello se debe avanzar en la legislación para enfrentarse a los problemas cotidianos que se derivan de la evolución de las nuevas tecnologías.

Hace unos días, el día 23 de abril, celebramos el día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

Con este día se propone fomentar la lectura como también la propiedad intelectual por medio del derecho de autor y la industria editorial.

Durante ese día en nuestro país, España, coincide la celebración con la entrega del Premio Cervantes. Con el cual se considera el Nobel de las letras en español.

Este año 2018, otorgado a Sergio Ramírez.

Por ello hacemos referencia a tan importante día y poder utilizar nuestro derechos de inscribir tales obras literarias en el Registro de Propiedad Intelectual. Sobre todo para la salvaguarda de nuestros intereses y derechos.

Para cualquier cuestión en relación a la Propiedad Intelectual no dude en consultarnos.

Formación derecho hipotecario

Jornada de formación de Derecho Hipotecario

FORMACIÓN DERECHO HIPOTECARIO
Formación para abogados y estudiantes de Derecho

La jornada de formación de derecho hipotecario organizada por AJA Madrid tuvo lugar ayer en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Madrid.
Moderada por Mercedes de Parada, en su calidad de vocal de AJA Madrid, abogada y directora de Letradox Abogados www.letradox.com.

Contando como ponentes:

Con Alfonso Garnica, abogado fundador de Iberia Abogados.

Y con Arturo Gutiérrez , Director de la Asesoría Jurídica de gestión de activos del Banco Sabadell.
La editorial jurídica SEPIN obsequió a los asistentes con un libro muy interesante sobre el Recurso de Apelación.

La jornada tuvo un éxito rotundo como pudieron manifestar los numerosos asistentes.

De hecho, hubo aforo completo y los abogados salieron muy satisfechos de la jornada.

La abogada Mercedes de Parada, experta en Derecho Civil e Hipotecario, moderadora y organizadora del evento en su calidad de Vocal de la Junta Directiva de AJA Madrid.

Fue la encargada de presentar a los ponentes y hacer una mención a modo de resumen de sus dilatadas carreras profesionales.

Así como de entablar el debate y reflexión posterior como comentario de las ponencias.
Arturo Gutiérrez trató el tema de la reforma hipotecaria.

Hizo una comparativa entre la legislación actual y la que entrará en vigor próximamente.

Algunos de los aspectos más destacados fueron:

La normativa vigente sólo afecta a consumidores Personas físicas: Consumidores y autónomos.

La directiva, además, a préstamos garantizados con hipoteca sobre uso residencial
y ADQUISICIÓN de terrenos o inmuebles.

Consumidor prestatario o fiador.

Los préstamos afectados por la normativa vigente son para operaciones firmadas antes.

Excepto modificación procesal  y en el proyecto de ley se incluirán:

Operaciones post entrada en vigor.

Retroacción:
-1 subrogación y novación
-2 reembolso anticipado
-3 vencimiento anticipado

En la legislación actual en la Fase Precontractual se incluye :

FIPER, FIPRE.

OFERTA VINCULANTE (Opcional).

Y ESCRITURA con derecho revisión 3 días antes.

En la nueva normativa se incluirá el derecho a la comparecencia ante notario 7 días antes FEIN.

(Mº Economía) (Vinculante 7 días) FIAE, Proyecto de Contrato
FIPER se seguirá usando hasta 21 marzo 2019

En cuanto a los Gastos de Constitución la hipoteca no constan regulados expresamente ni actualmente ni en el proyecto de ley.

 

Posteriormente Alfonso Garnica hizo un breve resumen de lo que son las cláusulas abusivas.

Y comentó también la jurisprudencia más reciente.

Como la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2018 y su comparativa con la STS de 16 de octubre de 2017.

Entre otros aspectos.

Por último.

Aprovechamos además esta ocasión para comentaros que el próximo mes de mayo saldrá a la luz el curso online de Letradox Abogados sobre Derecho Hipotecario.

Esta rama del Derecho nos apasiona y define.

Y por eso qué mejor que impartir esta formación desde nuestras plataformas.

Muy pronto tendréis más información sobre esta masterclass.

No dudéis en enviarnos cualquier duda o consulta sobre derecho hipotecario.

info@letradox.es

tlf. 645958948 / 912980061

www.letradox.com

AENOR Y LETRADOX Unidos en la Protección de Datos

AENOR Y LETRADOX
UNIDOS EN LA PROTECCIÓN DE DATOS

ABOGADOS LETRADOS Expertos en protección de datos

Servicio integral a empresas en Protección de Datos: asesoramiento y adaptación jurídica por LETRADOX y certificación por empresa AENOR

 

 

La adaptación de las empresas al Reglamento de Protección de datos es una prioridad.

Y como abogados de protección de datos estando ya tan solo a un mes apenas de su implantación definitiva.

¿Cómo aportar valor añadido a nuestros clientes en protección de datos? Sumando fuerzas y colaborando con AENOR.

La prestigiosa Asociación Española de Normalización y Certificación que se constituyó en 1986.

Para que los clientes de LETRADOX puedan también obtener la certificación AENOR.

Especialmente la CERTIFICACIÓN ISO27001.

 

La certificación ISO27001 de AENOR contribuye a fomentar:

Las actividades de protección de la información en las organizaciones, mejorando su imagen y generando confianza frente a terceros.

Es una importante referencia para diferenciarse de la competencia.
Si ud tiene un negocio online qué mejor que poder consolidar la confianza de sus potenciales compradores mostrándose como una empresa que respeta y maneja los datos personales de los clientes con profesionalidad y confidencialidad.

Para ello, resulta imprescindible que cuente con el asesoramiento jurídico que le ofrecemos en LETRADOX.

Además, tiene la posibilidad de ir más allá y acreditarse con una certificación AENOR.

Para que así sus clientes conozcan este plus que ud como empresario ha decidido implementar para diferenciarse de la competencia.

(Esta certificación es voluntaria y es un servicio independiente).

Las empresas que contratan con las administraciones públicas tienen en muchos casos la exigencia de cumplir con este parámetro.

Por lo que el servicio jurídico necesario de adaptación al reglamento de protección de datos y el tener la certificación no es ya una recomendación, sino una obligación y así consta en pliegos de condiciones para la contratación con la Administración.

Por tanto, para tener competitividad en las licitaciones públicas y para mejorar ésta en la contratación privada.

Este servicio proporcionará a su empresa la acreditación que necesita ya con la garantía de dos grandes empresas.
Por tanto, el servicio integral que ofrecemos a empresas, principalmente TICs, startups tecnológicas y empresas en las que los datos son muy importantes, comprende la actividad jurídica que desarrollamos en el despacho y la actividad de certificación, que llevará a cabo AENOR (si el cliente desea este servicio adicional). Todo ello para que, una vez que confíe en nosotros, tenga la seguridad de que cumple con la normativa al más alto nivel y tenga la tranquilidad de que tiene un servicio óptimo en protección de datos.

Desde LETRADOX ABOGADOS siempre queremos ofrecer a los clientes el mejor servicio jurídico; por eso, en la rama de protección de Datos qué mejor que unir fuerzas con AENOR y poder presentar a nuestros clientes esta colaboración.
En LETRADOX ABOGADOS podemos ayudarte y darte un servicio integral en protección de datos, hoy te presentamos el servicio añadido de certificación (por AENOR) y dentro de muy poco hablaremos de los ciberataques y la seguridad informática, para completar así todos los aspectos legales y técnicos de la protección de datos.

¿Quieres descubrir todo lo que podemos hacer por tu empresa?
Llámanos sin compromiso o escríbenos y te contamos todo lo que quieras saber.

Mercedes de Parada y Marián Rojo
Abogadas
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Los recursos de las multas

Los recursos de las multas 

 

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A todos en alguna ocasión nos han puesto una multa de tráfico, bien sea por un exceso de velocidad, por estacionar de forma incorrecta, etc… Pero, ¿se pueden recurrir estas multas? En Letradox podemos ayudarle.

Lo primero que se debe aclarar es que todo implicado en un procedimiento sancionador esta amparado por la presunción de inocencia que se encuentra reconocida en el artículo 23 de la Constitución, por lo que salvo los casos en los que la infracción haya sido evidente y se tengan pruebas fehacientes, es recomendable presentar alegaciones.

Muchas veces los conductores no recurrimos las multas bien por falta de tiempo o para acogernos a la reducción del 50% por pronto pago, y perdiendo el derecho a presentar el recurso. Letradox somos especialistas en el recurso de multas, por lo estamos a su entera disposición para asesorarle en su caso.

En cuanto al recurso, la Administración no es la única parte que puede aportar pruebas, sino que el interesado también puede aportar todos aquellos elementos de prueba necesarios para desvirtuar la conducta infractora y así anular la multa.

En cuanto a las pruebas más habituales son las relativas a la ratificación del agente denunciante, prueba fotográfica o certificados que acrediten los mecanismos utilizados (semáforos, etilómetros, etc..)

Una de las formas para recurrir las multas es por vía administrativa, sin embargo no es la única, las sanciones se pueden impugnar por vía judicial, por la cual habitualmente se consigue la anulación debido a la indefensión originada al interesado por la tramitación arbitraria del expediente. En cuanto a la vía judicial, las personas físicas en la actualidad están exentas de pagar las tasas judiciales, lo que conlleva un abaratamiento de costes.

Independientemente de la via por la que se vaya a recurrir la multa, es altamente recomendable acudir a profesionales de confianza como Letradox abogados, en donde tramitaremos su expediente, y le daremos un asesoramiento de las opciones de defensa con la que cuenta y la mejor forma de proceder para tramitar el recurso con la correspondiente anulación de la sanción. Se debe tener en cuenta que existen cuestiones de carácter formal alegables que solo los profesionales en la materia aprecian.

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Crisis coronavirus

Todo sobre la reclamación de la plusvalía municipal

La plusvalía municipal y su posible nulidad

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El Tribunal Constitucional considera que la plusvalía municipal vulnera el principio constitucional de capacidad económica. En cuanto que no se vincula obligatoriamente a la existencia de un incremento real del valor del bien.

‘’Sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo’’.

La Sentencia de 11 de mayo de 2017 del Tribunal Constitucional explica que el pago del impuesto. Por el mero hecho de ser el titular del terreno durante un periodo de tiempo. Obstaculiza al ciudadano a cumplir con su obligación de contribuir de conformidad con el principio de capacidad económica establecido el art. 31 de la Constitución.

Así, cuando la venta no ha proporcionado ganancias o incluso, cuando ha de pagar el impuesto por el mero transcurso del tiempo aún sin obtener ganancias. Circunstancias muy frecuentes en la práctica del IIVTNU o ‘plusvalía municipal’. El sujeto podrá reclamar a los tribunales a raíz del fallo del Tribunal Constitucional que declaró nulos estas actuaciones tributarias. De esta forma, da la posibilidad de reclamar en aquellas circunstancias en las que el propio impuesto haya disipado totalmente el beneficio obtenido o haya implicado un gravamen desproporcionado a la plusvalía real.

Por todo ello, el Tribunal declara la inconstitucionalidad y nulidad de los art. 107.1, 107.2 a) y 110. 4 de la Ley cuestionada.

No obstante, ‘’solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor’’. Ya que, en teoría, como se viene analizando en el presente artículo. El tributo sobre las plusvalías, tiene como objeto, en una de sus posibles aplicaciones, gravar la revalorización de los inmuebles cuando son vendidos.

Toda vez que en el fallo de la resolución establece que, ’’el legislador no podrá establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial’’.

Por ello previamente a conocer cómo reclamar. Es necesario conocer su concepto básico y dónde se encuentra regulado.

La denominada ‘plusvalía municipal’ o Impuesto sobre el Incremento de Terrenos de Naturaleza Urbana (‘IIVTNU’) es:

El ‘’tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos’’ . (art. 104)

La regulación de este impuesto se encuentra principalmente en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Su gestión corresponde íntegramente a los Ayuntamientos, cuestión importante en aras de determinar la competencia territorial de los Tribunales. El artículo 104 de la Ley de Haciendas locales es el aplicado por el ayuntamiento para gravar, incluso el inmueble sobre el que se haya o no producido un incremento de valor. Sencillamente trae como base el valor catastral del suelo y lo multiplica por un coeficiente dependiendo de los años en que se haya tenido ese bien en propiedad y, en suma, por un tipo impositivo que se regula en la ordenanza del ayuntamiento respectivo. En este sentido, el todo, es decir, el resultado es siempre positivo y se deberá pagar aun habiendo teniendo pérdidas o cero ganancias.

Otro de los puntos que se han de destacar son las situaciones a las que está sujeta este impuesto: bien la transmisión de su propiedad por cualquier título; o bien, la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitado de dominio, sobre dichos terrenos ( sobre herencias, legados, sin testamento; enajenaciones en subasta judicial, notaría o administración; expropiación forzosa; usufructo; derecho de uso o habitación; transmisión por donación, permuta o compraventa …).
En cuanto a la cuestión sobre quién lo soporta es, de un lado, el sujeto pasivo adquirente del terreno (título lucrativo) y de otro lado, el sujeto pasivo transmiten del terreno o la persona o entidad que constituye o transmite el derecho real (título oneroso). Artículo 106 del Real Decreto Legislativo mencionado en el presente texto.

Ahora sí, ¿cómo podría reclamar? Primeramente, hay que poner en marcha la vía administrativa; por ello, es necesario presentar un ‘escrito de solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos’ ante el ayuntamiento correspondiente que ha recaudado el tributo en cuestión, sin olvidarse del importe que abonó.
Una vez presentada la solicitud, la Administración responderá y fijará, en su caso, un plazo para que podamos interponer un recurso denominado ‘de reposición’, salvo que en la población de que se trate haya Tribunal Económico Administrativo municipal, pues en su caso se deberá interponer la reclamación ante el mismo. Ambos caminos agotarían la vía administrativa.

En una ‘segunda fase’, en el supuesto de que la Administración no resuelva satisfactoriamente al interés del contribuyente, cabría un camino o vía judicial basado en aquella nulidad declarada por el TC.  Y en un plazo de dos meses para interponer un recurso, en este caso, el recurso contencioso-administrativo ante Tribunal Superior de Justicia competente.

En conclusión, es un tema de actualidad en controversia que puede estar perjudicando a los ciudadanos de buena parte de la población de que se trate y no es descabellado pensar en reclamar y conseguir reponer la situación a la ideal para el propio contribuyente.

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Las dilaciones indebidas en el proceso

DILACIONES INDEBIDAS

El atenuante de dilaciones indebidas es un concepto jurídico indeterminado. La reforma del Código Penal de la LO 5/2010 de 22 de junio es la que lo introduce.

La dilación indebida se encuentra regulado en el apartado 6º del artículo 21 del CP.

La encargada de esclarecer la situación de las dilaciones indebidas fue la Sentencia del Tribunal Supremo número 213/2011 de 6 de abril.

En la cual se puede reducir la responsabilidad penal del sujeto activo del delito si ha transcurrido un tiempo excesivo.

Los procesos públicos deberán transcurrir sin dilaciones indebidas como queda reflejado en el artículo 24 de la Constitución Española.

La jurisprudencia de la Sala de lo Penal del TS determina frecuentemente que la pena impuesta al sujeto activo del delito debe ser computada por la pérdida del derecho a ser enjuiciado en un proceso sin dilaciones indebidas.

Por lo que se respetaría el principio de proporcionalidad entre la gravedad de la pena y la gravedad de la culpabilidad.

La sentencia del TS que permite apreciar el atenuante se basa en el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En relación con el art. 6 del Convenio para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Según este criterio, el TS  determina unas circunstancias relevantes en la aplicación del atenuante:

– El proceso debe de ser complejo
– La duración de los procesos con la misma naturaleza deben de encuadrarse en unos márgenes ordinarios.
– El sujeto que invoca la dilación indebida arriesga su interés.
– Valoración de la conducta procesal de la parte en el proceso que pide el atenuante.
– Debe atenderse a la conducta procesal que tienen los órganos jurisdiccionales según los medios que se disponga.

El Tribunal Supremo exige que el atenuante de dilaciones indebidas se deba denunciar previamente en el escrito de defensa, para que posteriormente pueda alegar dicha  circunstancia.

Por lo que se daría la oportunidad al órgano jurisdiccional de intentar solucionar esta situación.

El propio Tribunal Supremo dictamina que la dilación indebida es un concepto indeterminado y abierto. Por lo que debe atender a cada caso concreto para demostrar si es oportuno considerarlo.

Debe de realizarse un estudio caso por caso valorando si se ha producido una “efectiva lesión”. Es decir, un perjuicio originado por el retraso del enjuiciamiento

Si el Tribunal admite que estamos ante un caso de dilaciones indebidas. Este de comprobar si estamos ante un caso de dilación indebida simple o muy cualificada. Para ello se atiende al plazo de duración del proceso.

En el caso de que se haya paralizado el proceso por un periodo de tiempo considerable (más de cinco años), estaremos ante una dilación indebida muy cualificada. En caso contrario, estaremos ante una dilación indebida simple.

Existen multitud de sentencias en las que se ha apreciado el atenuante de dilaciones indebidas.

La Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de León (Sección 3º) de 25 de abril 2014. Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sección 5ª) de 11 abril de 2014. Sentencia dictada por el Tribunal Supremo Sala 2ª, nº890/2013, en este ultimo caso se aplico el atenuante como muy cualificada.

Sin embargo, no todos los órganos jurisdiccionales tratan el atenuante de dilación indebida de la misma forma.

Ya que el Tribunal Supremo solventa este atenuante mediante una reducción de la pena en uno o dos grados, tal y como establece el artículo 66 CP. Mientras que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional soluciona el atenuante mediante una indemnización a la parte afectada en el proceso.

Si su procedimiento penal tiene un retraso por causas que no sean imputables al procesado, sino al propio órgano jurisdiccional, esta situación podría ser alegada como un atenuante durante el juicio correspondiente.