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Nuevo Real Decreto Ley del Alquiler de febrero 2019. Letradox Abogados

NUEVO REAL DECRETO LEY DEL ALQUILER DE FEBRERO 2019. LETRADOX ABOGADOS

El Gobierno ha aprobado el nuevo Real Decreto Ley para la reforma del mercado del alquiler. Lo ha hecho en el Consejo de Ministros del viernes 1 de marzo.

El Decreto incluye un paquete de medidas nuevas en torno al alquiler. La duración del contrato de arrendamiento de vivienda pasará de 3 a 5 años. Y será de 7 años en el caso de que el arrendador sea persona jurídica.

En lo que respecta a los gastos de formalización y gestión del contrato. Seguirán siendo a cargo del arrendador en caso de que sea una persona jurídica. Y se elimina la posibilidad del pacto en contrario.

Por otro lado, el Real Decreto vincula la variación interanual de la renta al IPC. Es decir, será obligatorio medir con el IPC la variación del precio a pagar por el alquiler en un contrato ya firmado. Anteriormente en este aspecto regía la autonomía de la voluntad de las partes, a excepción de los casos de renta reducida. Esta medida impedirá que se realicen grandes incrementos de la renta de un año para otro.

Otra de las grandes medidas de este Real Decreto Ley es en materia de desahucios. El Juzgado que tramite un desahucio tendrá la obligación de comunicar a los servicios sociales la existencia del procedimiento. Con esta medida se pretende evitar posibles situaciones de vulnerabilidad. Así las cosas, el desahucio podría aplazarse un mes, en el supuesto de que el arrendador sea persona física. Y podría aplazarse 3 meses en caso de que el arrendador fuera persona jurídica (en el anterior decreto eran 2 meses). También será obligatorio la fijación del día y la hora exactas del desahucio. Cosa que en el anterior Decreto se permitía que se produjeran en fechas flexibles.

En cuanto a la finalización del contrato y si alguna de las partes no quisiera renovar. El aviso habrá de hacerse con, al menos, 4 meses de antelación en el caso del arrendador. Y con 2 meses de antelación en el caso del arrendatario. Plazos que se diferencian del anterior Decreto, en el que en ambos supuestos el plazo era de un mes.

El Real Decreto contiene también la creación de un índice de referencia de precios en el ámbito estatal. Sin embargo, no incluye un marco jurídico que permita a Autonomías y Ayuntamientos regular la subida del alquiler. El texto recoge un sistema estatal de índices de referencia, que deberá ser elaborado en el plazo de 8 meses. Para dicho sistema se emplearán datos aportados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. También de la Dirección General del Catastro.

En base a este índice. Las Comunidades Autónomas podrán definir un índice propio. Con el fin de crear y pulir sus propias políticas y programas públicos de vivienda. Pero, cabe señalar que el índice de referencia es esencialmente estadístico. Y no permitirá regular el precio del alquiler debido a que el Decreto no establece un marco jurídico a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Tal y como se ha señalado en el párrafo anterior.

Para el establecimiento de un marco jurídico y poder así regular el precio de los alquileres. Sería condición necesaria modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Una vez promovido el Real Decreto Ley en el Consejo de Ministros. Tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados. El PSOE requerirá el apoyo de Podemos, ERC, PdeCat, PNV, Bildu o CC para aprobar la norma.

Adentrándonos en un espacio más legal y jurídico. El Código Civil (CC) recoge el contrato de arrendamiento en los artículos 1542 y siguientes. El mencionado artículo establece que un arrendamiento puede ser de cosas, obras o servicios. El artículo 1543 regula el arrendamiento de cosas. En el que una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto.

A su vez, el artículo 1546 CC, dentro del arrendamiento de fincas rústicas y urbanas, define las figuras de arrendador y arrendatario. Arrendador es aquel que se obliga a ceder el uso de la cosa, ejecutar la obra o prestar un servicio. Mientras que arrendatario es quien adquiere el uso de la cosa, el derecho a la obra o el servicio que se obliga a pagar.

Acudiendo a una legislación más específica. Los arrendamientos de viviendas o de inmuebles destinados a un uso distinto del de vivienda se regulan en la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Esta norma describe al arrendamiento de vivienda en su artículo 2. Considerando como tal aquel arrendamiento que recae sobre una edificación habitable. Cuyo destino primordial sea el de satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.

La LAU también recoge, en su artículo 3, el arrendamiento para un uso distinto del de vivienda. Se trata de un arrendamiento que, recayendo sobre una edificación, tenga como destino primordial uno distinto del de vivienda.

Esta Ley regula en su artículo 9 la duración del arrendamiento. En principio la duración del mismo puede ser pactada libremente por las partes.

En caso de que la duración del contrato fuera inferior a tres años y llegado el día del vencimiento. El contrato se prorrogaría obligatoriamente por plazos anuales. Y esto sería así hasta alcanzar una duración mínima de 3 años. Salvo en el supuesto de que el arrendatario manifestase, con una antelación de 30 días a la fecha de terminación del contrato o de sus prorrogas, la intención de no renovarlo. Voluntad que ha de manifestarse al arrendador.

Cuando nos encontremos con un contrato que no estipule plazo de duración. O dicho plazo sea indeterminado. Se considerará celebrado por plazo de un año. Sin perjuicio del derecho de prórroga anual para el arrendatario.

Por último, la Ley de Arrendamientos Urbanos también habla del desistimiento del contrato de arrendamiento. El arrendatario puede desistir del contrato una vez transcurridos, al menos 6 meses del contrato. Y siempre que lo comunique al arrendador con una antelación mínima de 30 días.

Las partes tienen la posibilidad de pactar en el contrato una indemnización en caso de desistimiento. Dicha indemnización consistiría en una mensualidad de la renta en vigor en el momento de desistimiento del contrato multiplicada por cada año del contrato que quedara por cumplir.

Si tiene alguna duda en relación con la nueva normativa que afecta al alquiler. Letradox Abogados ofrece el asesoramiento que necesita en materia de alquiler. Y puede ayudarle a resolver sus problemas de manera rápida y sencilla.

Para más información, puede acceder al siguiente vídeo o visitar nuestro canal de YouTube: Letradox Abogados.

TODO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. POR LETRADOX ABOGADOS.

TODO SOBRE PROTECCION DE DATOS POR LETRADOX ABOGADOS.

Desde que el pasado 25 de mayo de 2018 entrase en vigor la nueva normativa de Protección de Datos hemos sufrido grandes cambios.

No hay más que ver la cantidad de artículos que desde aquí hemos dedicado a ello. Conscientes de la densidad de información, recogemos en este post todas las claves de manera sucinta. Enlazando para mayor desarrollo a otros escritos sobre los diferentes puntos.

Así pues, esta es toda la información que necesitará sobre protección de datos. Todas las novedades y necesidades que trajo el Reglamento Europeo sobre la materia.

Diariamente estamos facilitando nuestros datos de carácter personal para realizar actividades cotidianas. Y sobre todo, con las nuevas tecnologías el volumen y rapidez con el que se captan tratan estos datos es ingente. 

  • DEFINICIONES DE DATO DE CARÁCTER PERSONAL.

En primer lugar, Según el art 3.a de la LOPD. Es cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables.

De otro lado, Según el art. 5.1.f. del RDLOPD. Es cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables.

Las novedades que incluye este RDLOPD entre otras es: incluir en su ámbito de aplicación a fallecidos, personas de contacto y empresarios individuales. La regla general de aplicación es a todo tratamiento automatizado o manual de estos datos si existe fichero.

(definición de fichero. Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, que permita el acceso a los datos con arreglo a criterios determinados, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.)

OTRAS DEFINICIONES DESTACABLES, COMO POR EJEMPLO, RESPONSABLE, ENCARGADO… LES ACONSEJAMOS QUE VISITEN ESTE LINK A NUESTRO POST. 

  • PRINCIPIOS LOPD.

Calidad. en esencia, Los datos inexactos o incompletos deben ser cancelados y sustituidos de oficio. Además los datos deben ser recogidos para finalidades determinadas, explícitas y legítimas. así mismo, los datos recogidos no pueden usarse para finalidades incompatibles.

Por otro lado, Información. El afectado debe ser informado de manera expresa, precisa e inequívoca de lo recogido en el art. 5.1.

“ A) existencia de un fichero. B) finalidad de la recogida. C) destinatarios de la información. D) carácter obligatorio o facultativo de las preguntas. E) consecuencias de la obtención. F)posibilidad de ejercicio de derechos. G) identidad del responsable o su representante. H) dirección del responsable o su representante.”

Así mismo, cuando el dato se recaba de un tercero se informa por el responsable en los tres meses siguientes.:

  • origen de los datos.
  • Identidad del responsable del tratamiento.
  • Extremos a,d y e del art. 5.1.

Para publicidad o prospección comercial cuando los datos sean recogidos de fuentes accesibles al público. Se debe incluir el origen de los datos, identidad del responsable del tratamiento y los derechos que le asisten

Consentimiento. Debe existir una manifestación de la voluntad libre, inequívoca, específica e informada. Tanto para el tratamiento de datos como para la cesión.  Si son datos especialmente protegidos requieren consentimiento por escrito. El consentimiento, además puede ser revocado. Y cuando no sea necesario el consentimiento puede oponerse al tratamiento por motivos fundados y legítimos. (ejemplos de este último caso es por ejemplo datos de fuentes accesibles al Público).

Finalmente, están los principios de Seguridad de los Datos (art.9). El Deber de secreto (art.10). Y el Acceso a datos por cuenta de terceros (art. 12).

  • DERECHOS COMO INTERESADO.

En primer lugar, tener en cuenta que están recogidos en los artículos del 13 al 19 de la LOPD. Los más relevantes los denominamos derechos ARCO. Y son el de Acceso, el derecho de Rectificación, el de Cancelación y el de Oposición. Estos son los derechos sobre los que le podremos asesorar y ayudar a ejercer. Así mismo, estos tienen especialidades reguladas en el RDLOPD.

Sobre estos derechos hacíamos mención en el siguiente post: aquí.  Estaremos completamente a su disposición para esclarecer dudas.

  • ANÁLISIS DE LOS RIESGOS EN PROTECCIÓN DE DATOS.

Llamamos Gestión de riesgos al conjunto de actividades y tareas que permiten controlar la incertidumbre relativa a una amenaza. A través de una secuencia de actividades que incluyen la identificación y evaluación del riesgo.

Por lo tanto, podemos dividirlo en tres etapas. Identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos. La evaluación de riesgos es la valoración del impacto de la exposición a la amenaza. La exposición a los riesgos en la protección de datos se produce desde el mismo momento en que se inician los tratamientos.

El responsable (figura que ahora definiremos) debe aplicar unas medidas técnicas y organizativas apropiadas para la protección. 

– pseudonimización, cifrado de datos personales

– Confidencialidad, integridad, disponibilidad, resiliencia permanente de sistemas de tratamiento

– Proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia.

En primer lugar, será capital la definición la actividad del tratamiento para ver qué medidas emplear.

Sobre todas estas cuestiones enunciadas y de suma importancia, sin duda, le redirigiros a un completo artículo. Vistas las pinceladas más relevantes sobre el asunto desarrollamos todo aquí.

  • NOVEDADES PRINCIPALES DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS.

primero, partiendo del modelo de privacidad y la figura del DPO el reglamento incluye.:

Forma de obtención del consentimiento

Nuevos derechos para los interesados (derecho al olvido, portabilidad, limitación).

Necesidad de notificar las violaciones de privacidad a la AGPD en un plazo de 90 días

La obtención del consentimiento la hemos tratado someramente en los principios antes citados. Y es muy curioso y relevante el nuevo derecho al olvido. Un derecho que materializa nuestro deseo de querer “desaparecer”. De hacer desaparecer nuestros datos de determinados lugares y tratamientos.

Por otra parte, ¿Cómo adaptar mi empresa al Reglamento Europeo de Protección de Datos?. De manera muy sencilla los principales puntos, al margen de un asesoramiento más individualizado y profundo, son.:

– Cambia el modelo de gestión de la protección de datos

– Privacidad desde el diseño y por defecto

– No basta con cumplir la normativa, hay que poder demostrarlo, por lo que todo tiene que estar muy bien documentado.

– Importante contar con asesoramiento jurídico experto.

Más datos aquí.

Finalmente, en este punto, quizá lo que más interese saber sean las medidas de seguridad del nuevo Reglamento. Habrá de saber que no existe un catálogo de medidas. Se exige como hemos enunciado el análisis de riesgos y evaluaciones de impacto. Sin embargo, aunque no se recojan todas las medidas de seguridad sí hay medidas obligatorias. Algunas son.: Registrar actividades de tratamiento, deber de información, informar sobre brechas de seguridad, la citada evaluación de impacto y contar con un Delegado de Protección de Datos.

Sobre cómo empezar a implementar las medidas de seguridad dentro de una empresa recogemos el siguiente texto de nuestro blog. Link.

Para concluir daremos la definición de la tan citada figura del Delegado de Protección de Datos. 

En primer lugar. Siempre habrá que tener un DPD en los supuestos del art. 37.1 RGPD. Y en todo caso en 16 supuestos recogidos entre los que citamos.: Los colegios profesionales y sus consejos generales. Centros docentes. Entidades de que presten servicios de comunicaciones electrónicas. también, prestadores de servicios de la sociedad de la información. Establecimientos financieros de crédito. Así mismo, entidades aseguradoras y reasegurados. Distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y distribuidores de gas. Centros sanitarios…

el Delegado de Protección de Datos se encargará de garantizar el cumplimiento de normativa de protección de datos en empresa.sería ideal que este contase con conocimientos en derecho. Lo que sí será necesario es que cuente con formación en protección de datos. el art. 39 del RGPD recoge sus funciones. Además, representa a la empresa ante la Agencia Española de Protección de Datos. Y establece protocolos de actuación respecto al cumplimiento de estas normas.

Es muy relevante el paso dado por la Agencia Española de Protección de Datos. Ésta ha desarrollado un modelo de certificación para los delegados. 

Para más información: post.

Así pues, Como han podido comprobar es ingente la cantidad de información sobre el tema. Hemos buscado la mejor manera de condensarla y explicarla de manera clara y sucinta. No obstante, les invitamos a que contacten con Letradox Abogados con cualquier consulta. Contamos con grandes profesionales especialistas en esta materia. 

Letradox Abogados

C/ Jorge Juan 141, 3ºA. Madrid

TLF: 645 958 948 / 91 298 00 61

Correo: info@letradox.es

BLOCKCHAIN, TOKENIZACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS Y SU PROTECCIÓN REGISTRAL.

EL REGISTRO DE TOKENS DE ACTIVOS INMOBILIARIOS. LETRADOX ABOGADOS.

El pasado 20 de febrero de 2019, tuvo lugar en el Consejo General Abogacía Española, una interesante conferencia. El tema: “Blockchain, tokenización de activos inmobiliarios y su protección registral”.

Ponentes:

  • Almudena de la Mata, presienta de Blockchain Intelligence Law Institute. 
  • Jimena Campuzano Gómez-Acebo. Registradora de la Propiedad y Mercantil desde 2001. Y vocal de Nuevas Tecnologías y Bases Gráficas de la Junta autonómica del Decanato de Registradores de Madrid.
  • Jesús Sieira Gil, registrador de la Propiedad y Mercantil.
  • Carmen Chicharro, directora de Innovación y Marketing de Metrovacesa.

El problema actual se plantea por la interpelación de un activo físico y otro virtual. Sobre el primero caen derechos reales, y el segundo, que denominaremos Token, será la representación virtual.

La necesidad de la situación es que ambos tienen que estar perfectamente vinculados. No pueden si debe poderse transmitir por separado. Y además esta conexión debe contar con unas garantías jurídicas.

En primer lugar quizá convenga definir, aunque sea someramente, blockchain y token. Conceptos esenciales para el tema que nos ocupa. Para ello tomaremos de regencia las explicaciones aportadas por Cristina Carrascosa. La única española elegida para formar parte del Observatorio y Foro de Blockchain. Iniciativa de la comisión Europea.

Así pues, sobre el blockchain dice que se trata de una base de datos. Una base de datos distribuida y criptográfica. Lo que le aporta mayor seguridad en el resgistro de la información. Sobre este concepto recogimos algunas características especificas en nuestro blog. En este enlace se puede acceder a él, donde se da una explicación más extensa.

Por otra parte, los token. Los token, son en dos palabras, activos digitales. A estos activos se les da un valor que alguien está dispuesto a pagar.

Clarificados estos puntos, y entrando ya en materia. No se esta buscando una modificación legal para vincular el activo físico al token. Actualmente podríamos utilizar la legislación del Registro de la Propiedad sobre la transmisión de derechos reales. Hay que tener en cuenta que el derecho real solo es oponible a terceros si se encuentra registrado. De aquí su capital importancia. No se trata de derechos subjetivos.

Así pues, la tecnología blockchain permite garantizar un negocio jurídico. Funcionaría como un almacén de títulos fehaciente dadas sus características como la inmutabilidad. Es decir, no cabe duda de que todo lo que aquí se refleje puede aportarnos seguridad. Sin embargo, no se trata de un registro por muy fiables que sean los datos que contenga. Y la razón es simplemente que actualmente, al margen de si convendría o no hacerlo, no se le ha aportado legalmente la capacidad de actuar como un registro. Por tanto, la única manera de dar publicidad vinculante y oponible a terceros. Así como de conseguir todos los privilegios y control previo de legalidad (art. 18 LH) que el registro nos aporta, es precisamente registrando los títulos. Registrando en este caso los tokens.

No hay que confundir el ámbito de la transmisión del derecho real del ámbito de la protección registral de la transmisión. En la transmisión, además, han de seguirse los requisitos del título y modo. La forma digital no altera el sistema. El contrato de transmisión debe cumplir todos los requisitos del código civil. Y es propiamente el Código Civil el que recoge la libertad de forma contractual. Así pues, la forma digital es válida, así como pertinentes a la hora de realizar actividad probatoria.

Sin embargo, y volviendo a la controversia principal, solo la inscripción en el Registro de la Propiedad produce efectos era omnes. Para que pueda acceder al Registro el negocio jurídico deberá realizarse en documento público. Consecuentemente, la tokenización, debe quedar reflejada conforme a reglas generales. Y sin, en ningún momento, olvidar la vinculación del token con el bien.

Por tanto, sin registro de la tokenización y negocio jurídico se crearía una inseguridad jurídica. Porque no se transmitiría el derecho real. No bastante, no deja de ser la teoría general al margen de vinculación con el mundo virtual o no. Se puede tokenizar un derecho real no inscrito, pero no se podría registrar. El Registro es un elemento necesario y pertinente para que el derecho produzca plenos efectos. Para que, entre otras cosas, sea oponible a terceros (art.32 LH). Es el cliente el que decidirá si accede a la protección registra de los tokens que representan su derecho.

Además el registro evitará el problema de que exista duplicidad. Es decir, que no se pueda por ejemplo volver a transmitir el mismo bien por otra plataforma.

El contenido y las características del token inmobiliario vienen técnicamente determinadas por el transmisor. (protocolos 721 y 928).

Se pueden tokenizar muy variados negocios jurídicos, muy diferentes  derecho. ( sobre bienes inmuebles completos, por cuotas, un token de derecho a percibir los frutos…)

En conclusión, el Registro de la Propiedad es el vínculo entre el derecho real y el digital. “el vínculo entre la realidad on-chain y off-chain permitiendo la protección de los adquirentes de token inmobiliarios de acuerdo con los principios registrarles como publicidad u oponibilidad erga omnes.”

Abogada experta vivienda

NUEVA LEY HIPOTECARIA. LETRADOX ABOGADOS.

CAMBIOS DE LA NUEVA LEY HIPOTECARIA. SE APRUEBA LA NUEVA LEY HIPOTECARIA.

Hoy se ha aprobado la nueva ley hipotecaria. Ésta responde a la necesidad de transposición de la normativa europea con un retraso de 3 años. La directiva europea sobre los contratos de crédito para bienes inmuebles.

La mayoría de enmiendas propuestas por el Senado fueron rechazadas en la votación por el Congreso.

Esta ley es aplicable a todos los préstamos concedidos por personas físicas o jurídicas de manera profesional.

La principal meta buscada es aumentar la protección del consumidor. (concepto el cual amplía su  definición al igual que lo hace el de “inmueble”). Conseguir así mismo una mayor transparencia. Por ello, se aumenta el control de transparencia tanto formal y material. Es decir, sobre la redacción y conocimiento de las cláusulas de manera respectiva.

Se intenta conseguir una información más personalizada sobre obligaciones. Hará falta prestar especial intención a la ficha europea FEIN. Además, se evaluará al cliente, su solvencia y advertirá sobre las cláusulas más notorias. Así se reducirá el riesgo de impago. Además tendrán la obligación de consultar los historiales de los clientes en la Central de información de Riesgos.

Más puntos relevantes a tener en cuenta a partir de la aprobación de la ley son:

La ley recoge de manera explicita quién asume los gastos de la hipoteca. Todos los gastos correrán a cuenta del banco exceptuando la tasación. Aranceles notariales, gestoría, inscripción registral y el impuesto de AJD debe asumirlos el banco. Solo la tasación será aquel que el titular del préstamo deba hacer frente.

Por otro lado, bajan las comisiones por amortización anticipada. Al igual que en un préstamo de tipo fijo, el titular pagará una comisión por amortización anticipada. Esta cuantía podrá ser negociada entre la entidad bancaria y el cliente. Sin embargo, se fijan unos límites que además son entre sí excluyentes. Si el reembolso anticipado es durante los cinco primeros años de contrato será de 0,15%. en cambio, durante los tres primeros años se fija el 0,25%. En definitiva, si el cliente decide cancelar el préstamo pagará menos por las comisiones.

Los intereses de demora en el pago. La nueva ley los sitúa en el valor del interés del préstamo más tres puntos. Y ello pese a que el TS dictó que no podían establecerse más de dos puntos porcentuales sobre el interés pactado. Aunque cierto es que hace unos años se llegaban al 25%

El notario deberá ser visitado obligatoriamente un día antes. Con esta medida se busca que el cliente reciba un asesoramiento gratuito y eficaz. 

Tras los grandes revuelos en materia de cláusulas suelo. Esta nueva ley hipotecaria prohibe que a las hipotecas con un interés variable se les aplique esta cláusula. De este modo se cierra la puerta a la proliferación de estas cláusulas tantas veces declaradas abusivas. Y además, el interés remuneratorio no podrá ser negativo.  Que evita la irónica situación de que la entidad pague por prestar dinero.

En este punto es muy relevante la referencia indirecta hecha al IRPH. Ya en este blog hemos tratado la controversia por este índice de referencia, aquí el enlace. Y todavía continuamos a la espera de sentencia del TJUE sobre el asunto. Parece que se ha buscado evitar el uso de este tipo de indices al pedir que. El índice debe ser “claro, accesible, objetivo, y verificable” así como no “susceptible de influencia” por los bancos. (Parece que el IRPH contaba con cierta falta de transparencia).

En relación a las hipotecas multidivisas. Créditos también muy presentes en nuestros tribunales. Decir que el tipo de cambio con euro será inicialmente el del BCE en fecha de solicitud. El banco informará periódicamente al cliente del incremento acaecido y mecanismos para reducir riesgos. Y en cualquier caso siempre que la cuota difiera en más del 20% del importe que hubiera pagado con el tipo vigente en la firma.

Con esta ley también se facilitará el cambio de hipoteca variable a fija. Esto se hará abaratando la conversión.

El cliente podrá subrogar sin costes y de manera libre su hipoteca. serán las entidades las que establezcan un mecanismo de compensación. Ello teniendo en cuenta los intereses cobrados y pendientes.

Además se amplía el plazo para los embargos de las casas. La vida del préstamo se divide en dos mitades. Si es necesaria ejecución hipotecaria se procederá del siguiente modo. Si la mora sucede en la primera mitad de vida, para abrir la ejecución, el impago debe ser igual al 3% del capital o igual a 12 cuotas. Será de bien el 7% o bien 15 cuotas si es en la segunda mitad.

Finalmente, en concordancia con movimientos actuales sociales, aparece el “crédito verde”. Mediante esta medida se busca impulsar fuentes renovables. Edificios energéticamente eficientes. La propuesta consiste en eximir a estas de pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

Por otra parte, no se podrá vincular la concesión de hipotecas a la contratación de otros productos. Antes era común asociar las hipotecas a la adquisición de productos como un seguro de hogar, por ejemplo. Sí se permitirán, en cambio, bonificaciones.

La entrada en vigor es uno de los puntos problemáticos. Mientras que unos grupos proponían su entrada en vigor tras 3 meses tras su publicación en el BOE.  Excepto para aquellos puntos de necesario desarrollo reglamentario. (como pudieran ser las normas de transparencia). Otros abogaban por lo fijado en el texto original, la entrada en vigor en 30 días. Excepto: cláusulas sobre el asesoramiento, la cláusula suelo y variación de tipo de interés. finalmente se aprobó la enmienda propuesta y se establece una vacatio legis de 3 meses.

No obstante, la norma no tendrá carácter retroactivo. No se aplicará a los contratos de préstamo suscritos con anterioridad. Las excepciones a esta regla general, sin embargo, son dos. En primer lugar, aquellas que tengan cláusula de vencimiento anticipado. Y en segundo lugar, en el caso de novación tras la entrada en vigor.

Por todo ello si tiene alguna duda en cómo le afectara la nueva ley. O si por el contrario tiene algún problema con su hipoteca. No dude en contactar con Letradox Abogados. Son tus abogados de confianza y expertos en la materia.

Derecho Farmacéutico, Compliance y Biotecnología. Letradox Abogados

DERECHO FARMACÉUTICO, COMPLIANCE Y BIOTECNOLOGÍA. LETRADOX ABOGADOS

El Derecho Farmacéutico es una rama del Derecho con una alta especialización. En la que se incluyen contenidos regulatorios y jurídicos relacionados con la investigación. Pero también con el desarrollo, la autorización, la fabricación, la comercialización, la distribución y cualquier aspecto de los productos sanitarios o los farmacéuticos. Por lo que, inevitablemente, afecta a la Industria Farmacéutica y a la Sanidad Pública.

El ámbito del Derecho Farmacéutico engloba a juristas, farmacéuticos (o empresas farmacéuticas) y personal público. El personal público incluye al personal sanitario, los políticos, los pacientes, administrativos, etc. Pero además existen otros elementos dentro del sector. Como los departamentos incorporados en empresas especializadas en la materia.

Es un sector multidisciplinar. En el sentido de que el Derecho Administrativo tiene un gran peso. Pero también se encuentran presentes otras ramas jurídicas. Tales como el Derecho Civil en materia contractual y de responsabilidad civil (entre otras). El Derecho Mercantil (desde distintos ámbitos de la contratación mercantil, como las relaciones con los consumidores y los usuarios). O el Derecho de Patentes. El Derecho Internacional Privado (tienen influencia los reglamentos y las directivas comunitarias).

En este punto, cabe hacer mención a la oficina de farmacia. La unidad básica farmacéutica de cara al consumidor. Esta se ve afectada en el ámbito legislativo, y en el estatal, por la Ley 14/1986 General de Sanidad. También por la Ley de garantías y uso racional de medicamentos (Real Decreto Legislativo 1/2015). Y a nivel autonómico, en la Comunidad de Madrid, por la Ley 19/1998 de Ordenación y Atención Farmacéutica.

La oficina de farmacia va de la mano de la tecnología, de la innovación y el desarrollo. Este progreso en el sector farmacéutico hace indispensable para la oficina de farmacia la contratación de un abogado. Un jurista que realice un buen asesoramiento y sea impecable en la redacción de los documentos. En Letradox Abogados estamos dispuestos a ofrecer el mejor asesoramiento en materia de derecho farmacéutico. Para todo aquel que lo requiera. En un sector de constante evolución y desarrollo, donde el progreso va de la mano con lo legal. Es necesario un servicio jurídico de calidad. Para ello está Letradox.

Al igual que cuando vas a Roma y visitas el Vaticano. No podemos adentrarnos en el Derecho Farmacéutico sin hablar de la Biotecnología. Que en este ámbito tiene algo que decir.

La Biotecnología también es multidisciplinar. Aquí también cobra gran protagonizo el Derecho Administrativo. Sin dejar de lado el Derecho Civil, Mercantil, el Internacional Privado, entre otros. En el mundo de la Biotecnología, es característica fundamental su internacionalización. Y las pequeñas empresas son adquiridas por las grandes farmacéuticas. Es un sector denso que exige de una gran adaptación. Y cuya importancia crecerá de aquí a varias décadas.

Y al igual que si vas al Vaticano tienes que ver la Capilla Sixtina. Al hablar de Biotecnología es necesario hablar de ASEBIO. La Asociación Española de Bioempresas. Representa los intereses de las entidades de derecho público o privado. Que desarrollan sus actividades en la esfera de la Biotecnología en España. Forma parte de la EuropaBio (Asociación Europea para la Bioindustria) y de la CEOE. Un referente en nuestro país, sin duda, en materia de Biotecnología.

Llegados a este punto, es hora de escribir varias líneas sobre la figura del paciente. Y su relación con la Administración Pública y la Industria farmacéutica.

El paciente, a pesar de ser el consumidor último de los productos farmacéuticos, no es muy considerado por el sector. Esto supone un problema en la relación con las empresas farmacéuticas. A este respecto, El Reglamento (CE) 141/2000 sobre medicamentos huérfanos fue revolucionario.

Y a pesar de ser el paciente el consumidor último, no llega a ser el principal cliente de la Industria. Ya que este título de gran comprador del sector farmacéutico corresponde a las Administraciones Públicas.

Las Administraciones Públicas son las encargadas de comprar gran cantidad de productos farmacéuticos y sanitarios. Y de ponerlos a disposición del ciudadano a un precio económicamente asequible.

A este respecto. Llama la atención el procedimiento por el cual la Administración Pública adquiere el producto farmacéutico. La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) regula la contratación de la Administración de productos. Sean farmacéuticos o de otro tipo, dentro de los límites de la propia Ley.

Los productos farmacéuticos son adquiridos a través de un contrato de suministro (art. 16 LCSP: “Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles”). En este sentido. Resulta llamativo que, en virtud del art. 318 LCSP,  los contratos de suministro celebrados por poderes adjudicadores que no sean Administración Pública (art. 3.3 LCPS), cuyo valor sea inferior a los 15.000€, no requieren la previa tramitación del expediente de contratación. Por lo que pueden adjudicarse directamente al empresario que cumpla las exigencias de la Administración.

Lo mismo sucede en el supuesto del art. 321.2 LCSP. Y en este supuesto, las entidades del Sector Público que no sean poderes adjudicadores (art. 3.1 en relación con art. 3.3 LCSP). Cuando estemos ante un contrato de suministros con un valor inferior a los 15.000€. Podrán ser adjudicados también directamente sin necesidad de expediente previo de contratación.

Este hecho es importante. Porque elimina trámites burocráticos con la Administración que pueden ralentizar la distribución de un medicamento. Lo que no beneficia ni a la empresa farmacéutica ni al paciente. A parte de otra serie de ventajas.

En resumen, se observa de forma clara cómo el Derecho Farmacéutico contiene grandes dosis de Derecho Administrativo. Pero, como hemos dicho antes, está compuesto por otras normas de distintos ámbitos del derecho. Esto, junto con su severa regulación, y la evolución acelerada de la Industria Farmacéutica, lleva a las empresas farmacéuticas a ponerse en contactos con juristas expertos. Y a introducirse en el mundo del Compliance.

El Compliance es una serie de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las empresas. Para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que deben hacer frente. Y crear herramientas para prever, controlar, gestionar y reaccionar frente a dichos riesgos.

El ámbito de la Industria Farmacéutica crece y se desarrolla a pasos de gigante. Junto con un desarrollo jurídico que lo acompaña de la mano. A este respecto, las empresas farmacéuticas, artífices de este desarrollo, han tenido que introducir procedimientos para detectar riesgos operativos o legales. Esto es lo que se conoce como Compliance.

Estos procedimientos son muy importantes en la Industria Farmacéutica. Ya que ayudan a las empresas a identificar y actuar frente a los riesgos que supone su actividad. Esto facilita la actividad de las farmacéuticas y ayuda a que estas crezcan. Y, con ello, evoluciona el sector.

De este modo, el Compliance farmacéutico surge como una necesidad de supervisión y de control. En un sector tan regulado como el farmacéutico, vela por el cumplimiento de la legislación sectorial. A la vez que del cumplimiento de la normativa interna de la empresa. códigos deontológicos, protocolos, políticas, etc. Esto convierte al Compliance en un indicador de buena gestión en la empresa farmacéutica.

En el Compliance, a pesar de las otras funciones, destaca por encima de todas la función preventiva. En la prevención, es básico establecer una organización. Esta organización debe llevar a una gestión correcta de los riesgos. Y a tener políticas que sirvan de guía. Solo así se consigue evitar las posibles sanciones a las que se pueden exponer las empresas farmacéuticas. A causa de su actividad.

Cuestión importante y relacionada con el Compliance farmacéutico es la de la responsabilidad penal. Las últimas reformas del Código Penal han abierto la puerta a la responsabilidad criminal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Esto ha obligado a muchas empresas farmacéuticas a adoptar sistemas de Compliance. Para adecuar la actuación del empresario a ciertos estándares éticos y profesionales.

Esto ha provocado un aumento de la promoción de la ética empresarial. También erradicación de las malas prácticas empresariales. Más si aún cabe en el sector farmacéutico, donde entran en juego bienes jurídicos importantes. Como la vida o la integridad física y psíquica.

Cada vez son más las empresas farmacéuticas las que demandan asesoramiento en Compliance. En un tan regulado y estricto como el farmacéutico.

La Industria Farmacéutica es un sector dinámico. En el que se presenta como clave el conocimiento del mismo. La actividad de cada una de las empresas, departamentos o secciones. Y en el que se exige un conocimiento especializado del Derecho en muchos ámbitos. Que engloba ciertos fragmentos de distintas ramas jurídicas. Por esto es necesario un despacho como Letradox Abogados. Que ofrece sus servicios jurídicos para resolver toda cuestión relativa al Derecho Farmacéutico. A la Biotecnología. Y al Compliance.

WORLD JURIST ASSOCIATION.

CONGRESO BIENAL DE LA WORLD JURIST ASSOCIATION EN MADRID.

Los días 19 y 20 de febrero tendrá lugar en Madrid el XXVI congreso bienal de la World Jurist Association.

La Asociación Mundial de Juristas ofrece a Madrid ser la capital mundial del mundo jurídico.

Primero, saber que esta asociación es una organización con estatus consultivo especial ante las Naciones Unidas. También está constituida como Organización No Gubernamental. En ella, se abren a diálogo profesionales del derecho y la justicia de más de 140 países.

El Comité Organizador es el órgano de materializar este evento. Igualmente, es éste quien mantiene las reuniones institucionales para la organización. no solo pidiendo involucrarse sino colaboración. Consiguiendo así la participación tanto de altos tribunales como asociaciones colegiales.

La organización nació en 1963, en Estados Unidos. Así pues, se estableció la base de esta organización, tras las palabras de Churchill: “contribuir firmemente desde la sociedad civil a fortalecer el Estado de Derecho”.

En suma, este evento coincide con el 40 aniversario de la Constitución Española. En 1979 se presentaba nuestra constitución durante uno de los congresos bienales de W.J.A. al mundo jurídico internacional de mano del entonces Rey D. Juan Carlos. Y este año, el Rey Felipe VI será premiado por la Asociación Mundial de Juristas por su papel de garante de la libertad en España. Por ello, el Rey recibirá el Premio Mundial a La Paz y Libertad.

La WJA ya premió a personalidades tan conocidas como Sir Winston Churchill, René Cassin o Nelson Mandela.

El congreso de este año quiere reunir a cerca de 2000 personas y así marcar un récord. El programa de este año está centrado en el El Estado de Derecho como garante de la Libertad. También se ofrecerá una visión global de los asuntos que más preocupan a nivel internacional.

 Intervenciones del día 19 en el congreso: 

  • Dr. Franklin Hoet-Linares, Presidente Global de World Jurist Association
  • Dª Dolores Delgado, Ministra de Justicia de España
  • D. Josep Borrell Fontelles, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
  • D. Carlos Lesmes Serrano, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial
  • D. Juan José González Rivas, Presidente del Tribunal Constitucional de España
  • Dª Victoria Ortega Benito. Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española
  • D. José María Alonso, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Además, habrá también numerosas mesas de trabajo y mesas sectoriales que tendrán lugar hasta las 17:45.

Intervenciones del día 20 en el congreso:

  • D. Miquel Roca Junyent. Abogado.
  • Prof. Dr. Dainius Žalimas, Presidente del Tribunal Constitucional de la República de Lituania
  • D. André Alen, Presidente del Tribunal Constitucional de Bélgica
  • D. Valer Dorneanu, Presidente del Tribunal Constitucional de Rumania
  • D. Dragoljub Drašković, Presidente del Tribunal Constitucional de Montenegro
  • D. Zlatko M. Knežević, Presidente del Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina
  • D. Stanislav Shevchuk, Presidente del Tribunal Constitucional de Ucrania
  • D. Tamás Sulyok, Presidente del Tribunal Constitucional de Hungría
  • D. Zaza Tavadze, Presidente del Tribunal Constitucional de Georgia
  • D. Miroslav Separovic, Presidente del Tribunal Constitucional Croacia
  • D. Milton Ray Guevara, Presidente Tribunal Constitucional República Dominicana
  • Juez Honor. Walter Samuel Nkanu Onoghen. GCON, Presidente del Tribunal Supremo de Nigeria
  • D. Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
  • D. José Manuel Ramos-Horta, Presidente de Timor Oriental (2007 – 2012) y Premio Nobel de la Paz 1996

Finalmente, el congreso concluirá con los discursos del Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón y S.M. el Rey D.Felipe VI.

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS EN EMPRESAS.

Puntos clave sobre el delegado de protección de datos en una empresa.

¿ De qué se encarga el delgado de protección de datos?. Se encarga de garantizar el cumplimiento de normativa de protección de datos en la empresa. Lo ideal es contar con un delegado de protección de datos adecuadamente formado. Será necesario que cuente con conocimientos en derecho y principalmente sobre protección de datos.

Las funciones del delegado de protección de datos (DPO) vienen recogidas en el art. 39 del RGPD. Entre las obligaciones destacan las de informar, asesorar y supervisar el cumplimiento de RGPD. Además, representa a la empresa ante la Agencia Española de Protección de Datos. Y establece protocolos de actuación respecto al cumplimiento de estas normas.

Aunque no es necesario que sea jurista sí que posea conocimientos sobre derecho.

Es muy relevante el paso dado por la Agencia Española de Protección de Datos. Ésta ha desarrollado un modelo de certificación para los delegados. 

Esto atribuye una referencia de cualificación profesional a tener en cuenta para su contratación.

Otro punto relevante que una empresa debería buscar es la independencia del trabajo del DPO. De modo que sería mejor un profesional externo. Desde nuestro punto de vista. No obstante, se podrá optar por un delegado de protección de datos interno.

Aunque no todas las empresas están obligadas a tener un delegado de protección de datos, de nuevo se recomienda. Obligadas estarían aquellas cuya actividad principal se relacione con tratamiento masivo de datos. Aquellas que traten datos especialmente protegidos a gran escala. Y aconsejable en todo caso que trate datos personales sensibles. en nuestro video recogemos algunas de las empresas donde es obligatorio o muy recomendable.

Para más información disponemos de un video explicativo. En el siguiente link.

letradox abogados le ofrece un asesoramiento íntegro sobre la materia. Así mismo un trato con profesionales expertos en la materia.

RECLAMACIÓN DE CLÁUSULAS SUELO DE EMPRESA. POR LETRADOX ABOGADOS.

RECLAMACIÓN DE CLÁUSULAS SUELO DE EMPRESA.

El pasado 25 de enero de 2019 el TS dictó una novedosa sentencia sobre cláusulas suelo.

Esta sentencia tiene una gran relevancia a nivel jurídico y empresarial. Hasta ahora, las demandas presentadas eran, generalmente, por parte de consumidores y usuarios. La peculiaridad es que los demandantes en este caso tienen la condición de empresarios.

El asunto llega a plantear recurso de casación. Así como un recurso extraordinario por infracción procesal. Desde la primera instancia se fue dando la razón a las pretensiones de la parte actora, los demandantes.

Las diferentes instancias fueron declarando nula la cláusula. Los fundamentos jurídicos exponían que dicha cláusula no había superado el control de incorporación. Es decir, no presentaba cognoscibilidad suficiente para el adherente. A lo largo de la sentencia todo puede parecer bastante familiar. El resultado es la conocida nulidad de esta cláusula y restitución de lo pagado de más. Una realidad que ya se había visto en otras sentencias pero en base a al TRLGDCU. Sin embargo, como se ha dicho, la relevancia y complejidad reside en la condición de empresarios de los sujetos. Estos habían suscrito el crédito hipotecario para la creación de una peluquería. No se encontrarían amparados por tanto en esta ley. No es de aplicación en el caso y aún así se puede llegar a una solución bastante similar si no idéntica.

Pese a incluso el recurso de casación, la solución fue siempre clara para los tribunales. Los demandantes tuvieron derecho a percibir el exceso pagado por esta cláusula declarada nula. La cual, en el caso concreto establecía un tipo de interés mínimo del 3,75%. Se debieron recalcular las cuotas sin cláusula suelo (de Euribor 12 meses más diferencial). En definitiva, se estimaron las pretensiones aun en su condición de suscriptores del crédito como empresarios.

Esta sentencia abre una nueva puerta en el ámbito de reclamación de cláusulas suelo. Da oportunidades a empresarios y profesionales, no consumidores y usuarios, que puedan encontrarse en esta situación. Es decir, ha dejado de ser una opción única para el concepto de consumidor.

Si usted cree que puede estar en esta situación le asesoraremos. Letradox Abogados tiene las claves para esta reclamación si eres empresario. para más información sobre el asunto acceda a este link:


Copyright OMPI

La OMPI: resolución extrajudicial de conflictos. Letradox Abogados

LA OMPI: RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS

La OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) es un organismo de las Naciones Unidas. El foro mundial relativo a servicios, políticas, cooperación e información sobre propiedad intelectual. Actualmente cuenta con 191 Estados y es autofinanciado.

Este organismo cuenta con el Centro de Arbitraje y Mediación. Un proveedor de solución de controversias de carácter extrajudicial y sin ánimo de lucro, para particulares y controversias nacionales o internacionales. Todo ello en materia de Propiedad Intelectual y tecnología.

El Centro ofrece 4 procedimientos extrajudiciales: mediación, arbitraje, arbitraje acelerado y decisión de un experto. También ofrecen solución a controversias en materia de nombres de internet.

MEDIACIÓN

En la mediación, un tercero neutral, el mediador, ayuda a las parte a solucionar su controversia. De manera mutuamente satisfactoria. Plasmando en un contrato cualquier acuerdo al que lleguen las partes. Es un procedimiento no obligatorio, controlado por las partes, confidencial, y basado en los intereses de las partes.

La OMPI cuenta con una regulación propia para la mediación. El Reglamento de Mediación de la OMPI. Una norma que recoge la forma de incoar un proceso de mediación ante la OMPI. Y cómo este se desarrolla y finaliza, junto con las características propias de la mediación.

La mediación puede terminar con un acuerdo entre las partes sobre todas o algunas controversias. También por decisión del mediador, cuando considere poco probable la posibilidad de acuerdo. O por decisión de una de las partes, tras una primera discusión de las partes con el mediador.

Es un procedimiento, como hemos dicho, voluntario. Controlado en todo momento por las partes y confidencial.

ARBITRAJE

El arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia, por acuerdo de las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros. Que dicta una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes. Dicha decisión adopta la forma de laudo arbitral.

El arbitraje ante la OMPI se regula en el Reglamento de Arbitraje de la OMPI. Al igual que ocurre con la mediación. El Reglamento recoge el modo de dar inicio al procedimiento arbitral y su desarrollo. Así como los matices y cuestiones relativas al arbitraje.

A diferencia de lo que sucede en la mediación. En el arbitraje es necesario un convenio arbitral o acuerdo previo. Para que la controversia que haya surgido o pueda surgir se someta a la decisión del árbitro.

Este Reglamento regula, además, la ley aplicable al fondo del asunto. Que será aquella que acuerden las partes o, en su defecto, la que determine el Tribunal arbitral.

ARBITRAJE ACELERADO

El arbitraje acelerado de la OMPI es una forma de arbitraje que se lleva a cabo en tiempo reducido y a bajo costo. En este arbitraje, un procedimiento puede terminar a las 6 semanas de que diera comienzo, como ejemplo.

Las diferencias del arbitraje acelerado respecto del arbitraje son varias:

Las Tasas de Registro y Administrativas son inferiores a las del arbitraje tradicional. Los honorarios fijos del árbitro se aplican a controversias cuyo importe sea igual o inferior a 10 millones de Dólares EE.UU.

El escrito de demanda debe presentarse junto con la solicitud de arbitraje. También, la contestación a la demanda debe presentarse junto con la respuesta a la solicitud de arbitraje.

El árbitro es único. Y las audiencias deben ser condensadas sin exceder de los tres días. Salvo circunstancia excepcional.

Los plazos del procedimiento son reducidos. Y el laudo, siempre que sea posible, debe dictarse dentro del mes siguiente al cierre de las actuaciones.

Todas las cuestiones y características de este procedimiento se recogen en el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI.

DECISIÓN DE UN EXPERTO

La determinación de expertos es un procedimiento en el cual una disputa entre las partes se somete a uno (o más) expertos. Y toman una decisión sobre el asunto que se les remite. La determinación es vinculante, a menos que las partes acuerden lo contrario. 

La disputa se somete la decisión del experto por acuerdo de las partes. Es consensual. Las partes pueden pactar dentro de los términos de un contrato someterse a este tipo de solución de controversias.

Las partes son las encargadas de elegir al experto con experiencia relevante. Bajo las reglas de la OMPI.

Si las partes no llegan a un acuerdo sobre el experto o sobre el procedimiento para nombrar al experto. El Centro de Arbitraje y Mediación nombra al experto tras consultar a las partes.

La decisión de expertos es un procedimiento flexible. Opera de manera más informal y rápida que  el arbitraje o la mediación. Y puede ser usado independientemente o en relación con el arbitraje, la mediación o un caso judicial.

El procedimiento es confidencial. Y la decisión de emita el experto será vinculante para las partes, con efecto contractual, salvo que estas acuerden lo contrario.

Es un procedimiento regulado en el Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO

La OMPI también resuelve controversias en materia de nombres de dominio en base a la Política Uniforme (Política UDRP). Esta política se aplica a nombres de dominio de segundo nivel en los siguientesgTLD: .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro y .travel. La Política UDRP también se aplica a todos los nuevos gTLD.

Esta solución se lleva a cabo en base a un Reglamento recogido en la página de la OMPI.

La Propiedad Intelectual es una materia abstracta que, dentro de la dimensión jurídica, ya tiene su dificultad. Los procesos extrajudiciales para la resolución de conflictos de la OMPI tratan de facilitar una solución a las partes. Y Letradox Abogados facilita sus servicios jurídicos en materia de Propiedad Intelectual para resolver sus problemas. Y ofrece un asesoramiento jurídico de calidad para defender, proteger y favorecer el desarrollo de nuevas ideas. Así como las creaciones de artistas, autores, músicos o cineastas, y gente del mundo del entretenimiento y del espectáculo. Sin olvidar a los creadores de contenido en Internet, programadores y desarrolladores de videojuegos.

BIOTECNOLOGÍA: CUESTIONES Y REGULACIÓN POR LETRADOX ABOGADOS.

BIOTECNOLOGÍA: CUESTIONES Y REGULACIÓN POR LETRADOX ABOGADOS

Al hablar de Biotecnología hemos de hacer una distinción previa.

La Biotecnología tradicional es el ancestral conjunto de técnicas humanas de manipulación empírica de los organismos y microorganismos vivos. Para la obtención de vino y cerveza, pan…

Y la Biotecnología moderna es el nuevo paradigma del conocimiento. Porque desde mediados del siglo XX, y gracias a la posibilidad de irrupción en el material genético de los seres vivos, está erosionando. Y no solo en las bases científicas convergentes de las ciencias de la vida, sino también en muchos valores y convicciones del mundo.

La Biotecnología en España se ve afectada por varios preceptos constitucionales. Y algunos de ellos derechos fundamentales.

Es el caso del art. 15 CE, que recoge el derecho a la vida. O del art. 18 CE, que establece el derecho fundamental al honor y la intimidad.

Por otro lado, el art.10 CE, que regula la dignidad de las personas. Y el art. 43 CE defiende la protección de la salud. También el art. 20 CE, que expone la libertad de creación y producción científica. Y así mismo, el art.44.2 CE, que declara la obligación de los poderes públicos de promover la investigación.

En cuanto a legislación específica en España. Son de especial interés la Ley 9/2003. De Régimen Jurídico de la Utilización, Liberación Voluntaria y Comercialización de organismos modificados genéticamente. A fin de prevenir riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

También la Ley 14/2007 de Investigación biomédica. Que regula las actividades de utilización confinada. Liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente. Y comercialización de estos organismos o de productos que los contengan. Con el fin de evitar los eventuales riesgos. O reducir los daños que pudieran derivarse para la salud humana o el medio ambiente.

O la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida. Que regula las técnicas de reproducción humana asistida. Aquellas acreditadas científicamente y autorizadas, por tanto, en los términos legalmente previstos.

Igualmente, La Ley de propiedad intelectual (RDL 1/1996). O la Ley 24/2015 de Patentes. Cuyo objeto es la protección de las invenciones industriales.

Y la Ley 3/2000, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales. Que pretende la protección de las obtenciones vegetales. Pero también incorpora a la legislación española el art. 12 de la Directiva 98/44/CE.

La aprobación de la Directiva 2001/18/CE. Sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente. Y fue transpuesta en España por medio de la Ley 9/2003. Y establece el régimen jurídico de la utilización confinada. También la comercialización de organismos modificados genéticamente.

El Derecho biotecnológico español es esencialmente de carácter administrativo. Pero la regulación actual es escasa y rígida. Porque se centra en los alimentos transgénicos. Y se prohibe la clonación en seres humanos con fines reproductivos. (Art. 1.3 Ley sobre técnicas de reproducción asistida).

en definitiva, La Biotecnología es un tema que lleva presente en el ser humano desde hace tiempo. Pero sin duda su papel en el futuro será fundamental. principalmente, en el desarrollo de la humanidad. En Letradox abogados ofrecemos nuestro servicios jurídicos para asesorarle. Y ayudarle sobre cuestiones relativas a la Biotecnología.