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Cierre planta de Alcoa de A Mariña y Nissan. LETRADOX ABOGADOS

Cierre planta de Alcoa de A Mariña y Nissan. LETRADOX ABOGADOS

En las últimas semanas hemos conocido las lamentables noticias del cierre de las plantas de Alcoa en A Mariña lucense y la planta de Nissan en Barcelona.

Desde LETRADOX ABOGADOS, ofrecemos nuestros servicios jurídicos a los afectados a fin de que cuenten con el mejor asesoramiento en la defensa de sus derechos.

En caso de que ustedrao sea afectado, póngase en contacto sin compromiso en los tlfs: 912980061 / 645958948 email: info@letradox.es y le atenderemos en la oficina de LETRADOX de Viveiro (Lugo) en caso de que sea afectado por el cierre de la planta de Alcoa; o bien en la oficina de Barcelona o Madrid.

La multinacional de EEUU, Alcoa ha anunciado el inicio del procedimiento de despido colectivo de hasta 534 trabajadores de los 633 que tiene en una de sus dos fábricas en San Cibrao (Lugo).

La planta que fabrica aluminio daba empleo a cientos de vecinos. La dirección de la empresa en España ha comunicado la decisión a los representantes sindicales.

En esta batalla por la superviviencia de la planta, y en caso del cierre, obtener una indemnización justa, es importante contar con un asesoramiento adecuado, por ello, se pueden poner en contacto con nuestros abogados de LETRADOX, que le atenderán en Galicia (Viveiro) en nuestra oficina.

Por su parte, en el caso de Nissan, se justifica el cierre de la planta de Barcelona por pérdidas respecto al año fiscal anterior, ascendiendo estas a 5.688 millones de euros y un 10.6% de matriculaciones menos. El motivo, un descenso acumulado de ventas y el impacto de la pandemia.
La pérdida de beneficios supone la justificación legal desde Nissan Motor Ibérica S.A para englobar los despidos como objetivos. Aún a la espera de que se presenten las cuentas por parte de la empresa, este argumento parce carecer de sentido ya que la planta de Barcelona no es la única en territorio español. Además de la de la zona franca, existe la planta de Ávila y la de Cantabria, plantas productivas con menos productividad, ingresos y beneficios. Por esta razón, en un primer momento las reclamaciones se deben de encarar desde la intencionalidad de encubrir despidos improcedentes por parte de Nissan (artículo 56 ET). A estos efectos se refiere la STJ de Castilla y León en el caso Albie S.A, la que resolvió en contra la justificó de un despido colectivo como motivo de un descenso de la actividad y finalmente resolver como despido encubierto.

 

En ambos casos:
El despido colectivo se regula en el artículo 51 ET y en él se establecen una serie de umbrales que han de cumplirse para considerar un despido como colectivo.

Alguna de las razones por las que este despido puede ser considerado nulo son, además, que el empresario no haya cumplido con el periodo de consultas o entregado la documentación del apartado segundo (art. 51). Por otro lado, el apartado 7 comienza su redacción diciendo: “La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la extinción de los contratos de trabajo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de los trabajadores afectados, previo procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en este apartado y en sus disposiciones de desarrollo reglamentario”. Es decir, ha de haber un procedimiento a seguir por una autoridad competente en cuestión del despido masivo o colectivo.

La falta de documentación genera un desconocimiento por parte de los trabajadores de los motivos reales del despido colectivo, no facultándoles de capacidad necesaria para poder negociar o afrontar el periodo de consultas. A estos efectos, se refiere el Tribunal Supremo:

“la principal finalidad del precepto es la de que los representantes de los trabajadores tengan una información suficientemente expresiva para conocer las causas de los despidos y poder afrontar el período de consultas adecuadamente.

En este sentido se orienta el artículo 2.3 de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, para que ese período de consultas a que se refiere el artículo 2.1, se proyecte, tal y como expresa el artículo 2.2 y como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias, mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento destinadas, en especial, a la ayuda para la readaptación o la reconversión de los trabajadores despedidos”.

Además, otro de los casos también muy repetidos es la falta de entrega de documentación contable que muestre la situación real de la empresa: “la falta de entrega a los representantes de los trabajadores en el período de consultas de la contabilidad real de las empresas integrantes del indiscutido grupo a los efectos laborales, pues desde hacía años de las operaciones comerciales realizadas con una serie de clientes no quedaba constancia en la contabilidad de las empresa, impidió una verdadera negociación durante las referidas consultas y comporta el incumplimiento de la exigencia legal de que durante el período de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo”.

Estas concluyen aún más con la intención de encubrimiento por parte de la empresa.

Son diferentes vías que pueden hacer efectiva la reclamación de los trabajadores de Alcoa y Nissan. La inmediatez ha dado lugar a una precipitación en los trámites para resolver las relaciones laborales existentes, tratando de justificarlas desde una perspectiva objetiva económica, pero faltando a los procedimientos que tanto en el ET, la LRJS y la jurisprudencia avala como necesarios para velar por los derechos de los trabajadores.

 

En caso de que ud sea afectado, póngase en contacto sin compromiso en los

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email: info@letradox.es

y le atenderemos en la oficina de LETRADOX de Viveiro (Lugo) en caso de que sea afectado por el cierre de la planta de Alcoa;

o bien en la oficina de Barcelona o Madrid.

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Cómo reclamar cancelación de viajes. COVID. LETRADOX ABOGADOS

Cómo reclamar cancelación de viajes. COVID. LETRADOX ABOGADOS

 

El estado de alarma, derivado de la COVID – 19, ha supuesto innumerables cancelaciones de viajes trayendo consigo peticiones de reembolso y entrega de bonos en sustitución. Aún así, muchos viajeros aún no han recibido el pago realizado.

La realidad jurídica que nace en el momento de solicitud de un reembolso, en viajes contratados a través de agencias turísticas, entrama cierta complejidad.

El consumidor solicitará el reembolso a la agencia con la que contrató el viaje, para que se le devuelva la misma cantidad de dinero que pagó. A su vez, la agencia no puede devolverle realizar el reembolso porque ha de solicitarlo al proveedor o tour operador. Por lo tanto, el reembolso del viajero dependerá de que el tour operador previamente lo realice a la agencia.

No obstante, hay que analizar cada caso en particular.

Afectados

Cualquier persona física o jurídica que haya contratado un viaje con una agencia turística y, a su vez, la agencia haya contratado con un proveedor, previo a la declaración del estado de alarma y su viaje haya sido cancelado por la pandemia. Y aquellos que, aún no habiéndosele cancelado el viaje hayan decidido cancelarlo motu proprio siguiendo las medidas de seguridad establecidas por el Ministerio de Sanidad.

Preceptos Legales

Desde el 4 de junio de 2020, en virtud del artículo 10 del Real Decreto 536/2020, de 22 de mayo, se reanudan los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones de los consumidores. Por el Real Decreto – Ley 8/2020, de 17 de marzo, quedaron suspendidos todos los plazos de devolución, de este modo, las personas consumidoras que deseen hacer una devolución seguirán teniendo este derecho vigente, de tal forma que los plazos de devolución seguirán interrumpidos mientras siguiese declarado el estado de alarma.

En virtud de las directrices interpretativas sobre los Reglamentos de la Unión Europea en materia de derechos de los pasajeros en el contexto de la situación cambiante motivo de la COVID -19:

 Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen las normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.

 Rto. (CE) n.º 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros del ferrocarril.

 Reglamento (UE) n.º 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables.

 Rto. (UE) n.º 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar.

 

Se interpreta que las personas viajeras afectadas por las limitaciones de movimiento establecías por el estado de alarma, tendrán derecho a cancelar el viaje sin penalización alguna y al oportuno reembolso completo de las cantidades abonadas. Así también, desistimiento del contrato antes de iniciar el viaje sin penalización y derecho al reembolso completo de todo lo pagado. En caso de no ser atendidas sus pretensiones se podrá presentar la oportuna reclamación ante la empresa organizadora.

El Real Decreto – Ley 11/2020, de 31 de marzo, establece importantes novedades para la cancelación de viajes combinados. En este sentido se pronuncia el artículo 36 en su apartado 4º:

“4. En el supuesto de que se trate de contratos de viaje combinado, que hayan sido cancelados con motivo del COVID19, el organizador o, en su caso el minorista, podrán entregar al consumidor o usuario un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido. Transcurrido el periodo de validez del bono sin haber sido utilizado, el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado. En cualquier caso, el eventual ofrecimiento de un bono sustitutorio temporal deberá contar con el suficiente respaldo financiero que garantice su ejecución.

No obstante lo anterior, el organizador, o en su caso el minorista, deberán proceder a efectuar el reembolso a los consumidores y usuarios en el supuesto de que estos solicitaran la resolución del contrato, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 160 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, siempre que los proveedores de servicios incluidos en el contrato de viaje combinado hubieran procedido a la devolución total del importe correspondiente a sus servicios. Si solo algunos de los proveedores de servicios del viaje combinado efectuaran la devolución al organizador o, en su caso, al minorista, o la cuantía devuelta por cada uno de ellos fuera parcial, el consumidor o usuario tendrá derecho al reembolso parcial correspondiente a las devoluciones efectuadas, siendo descontado del importe del bono entregado por la resolución del contrato.

El organizador o, en su caso, el minorista, procederán a efectuar los reembolsos citados anteriormente en un plazo no superior a 60 días desde la fecha de la resolución del contrato o desde aquella en que los proveedores de servicios hubieran procedido a su devolución”.

Tendrán derecho al reembolso de la totalidad de su cantidad y por otro lado al ofrecimiento de un bono, que tendrá un año de caducidad y, si no ha sido utilizado, podrá solicitarse el reembolso.

Además, con el artículo 160. 2 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios se posibilita la resolución del contrato sin que se tenga que pagar penalización para ello.

Esta cantidad será reembolsada cuando el proveedor haya procedido a la total devolución del importe pagado.

Esta realidad hemos de ponerla en conexión con el artículo 66 bis apdo. 3:

“3. Cuando se haya resuelto el contrato, el empresario deberá proceder a reembolsar, sin ninguna demora indebida, todas las cantidades abonadas por el consumidor y usuario en virtud del mismo”

Artículo 107. 1:

“1. El empresario reembolsará todo pago recibido del consumidor y usuario, incluidos, en su caso, los costes de entrega, sin demoras indebidas y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días naturales desde la fecha en que haya sido informado de la decisión de desistimiento del contrato del consumidor y usuario de conformidad con el artículo 106.

El empresario deberá efectuar el reembolso a que se refiere el primer párrafo utilizando el mismo medio de pago empleado por el consumidor para la transacción inicial, a no ser que el consumidor haya dispuesto expresamente lo contrario y siempre y cuando el consumidor no incurra en ningún gasto como consecuencia del reembolso.”

Que nos darán las claves en términos de reembolso por resolución del contrato.

Procedimiento

En caso de que el consumidor no quede conforme con el bono que le pueden ofrecer, puede reclamar el reembolso. Esta reclamación debe de hacerse:

1. Realizar un reclamo ante la empresa vendedora, es decir, la agencia. Vía telefónica o web.

2. No satisfizo el reclamo, se presentará denuncia a Defensa del Consumidor.

3. Si aún no hay una solución, el perjudicado podrá dirigirse a la Junta Arbitral de Consumo o también,

4. Presentar demanda por vía civil en la que se puedan reclamar, además, daños y perjuicios.

 

Si quiere reclamar por su viaje cancelado, contáctenos:

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Reclamación exámenes online. Letradox® Abogados

Reclamación exámenes online. Letradox®Abogados

 

Reclamación exámenes online. Letradox®Abogados. 

Es destacada la proliferación actual del teletrabajo y la enseñanza online. Las circunstancias han obligado a cambiar la enseñanza en tiempos de alerta sanitaria. La realización de exámenes online en Universidades , oposiciones, Pruebas de Acceso etc no está exenta de problemas. (Ejemplo. Prueba de Acceso a la Abogacía del año 2020).

Algunos de éstos son los mencionados a continuación.

Si ud se ha visto afectado por alguna de estas vulneraciones, contacte sin compromiso con nosotros para saber qué derechos tiene y cómo actuar.

Los casos en los que se ven afectados los derechos de los estudiantes por las pruebas de evaluación online son, entre otros, los relativos a:

La protección de datos personales y el reconocimiento facial o grabación de las pruebas de evaluación online

De manera orientativa, la CRUE estableció el pasado mes de abril algunas alternativas de realización de pruebas de evaluación online.

Una de estas alternativas es el uso de herramientas tecnológicas de reconocimiento facial del alumno.

Respecto a esta última alternativa ha sido algo más cauta.

Acorde con el informe de la Agencia Española de Protección de Datos, el reconocimiento facial a través de plataformas tecnológicas requiere un acceso a los datos biométricos de cada individuo y por tanto deben de ser tratados conforme al RGPD.

La situación derivada de la COVID19 NO EXIME del cumplimiento de su tratamiento y tampoco, la suspensión de los Derechos Fundamentales. por ello esta legislación debe ser cumplida en la realización de las pruebas, para lo que resulta fundamental la adecuación de la empresa a la normativa de Protección de Datos.

A pesar de que la REACU ha permitido al cambio de memorias de verificación no deja de existir una responsabilidad Autonómica Universitaria de determinación de normas y planes de formación de procedimientos de evaluación que acrediten la igualdad entre los estudiantes.

Pero los datos biométricos suponen datos esenciales que para ser legitimados deben de justificar un interés público esencial que emana de una norma con rango de ley, que a su vez establezca un régimen de garantías de protección de los datos personales.

Sin embargo, el uso de estas plataformas de reconocimiento facial puede ser útiles cuando se preste un consentimiento libre, pero en ocasiones, en la realidad universitaria, puede existir una coacción indirecta sobre las decisiones que pueda tomar un alumno, por lo tanto, en las situaciones en las que existe un desequilibrio entre las partes no puede ser interpretado como libre consentimiento.

En estas ocasiones, en las que no pueda exista un libre consentimiento y no se ofrezcan otras alternativas supondrá una vulneración de los derechos del estudiante, pudiendo velar por su efectividad en los tribunales. Habiendo agotado los trámites internos que ofrece la universidad, se recurrirá por la vía jurisdiccional que conocerá será la Contencioso – Administrativa, impugnando del acuerdo alcanzado por la universidad.1

Del mismo modo que las pruebas orales realizadas tampoco podrán ser grabadas si consentimiento del alumno y, según normativas universitarias, estas de forma general serán públicas, por lo que deberá permitirse que estas pruebas, aunque realizadas telemáticamente, gocen se ese mismo carácter.

 

Escaso tiempo para la correcta realización de la prueba de evaluación

El análisis de varias normativas de universidades, entre las que se encuentran la Universidad de Málaga, Castilla y León, Navarra y Barcelona, establecen criterios similares en la realización de pruebas de evaluación.

Denota la transposición matizada de las normas estatales relativas a los deberes y derechos de los estudiantes y el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Se observan protocolos que deben ser seguidos para la realización de pruebas de evaluación: A efectos de tiempo, se establece un límite que puede ser excedido cuando este sea justificado por el profesor al departamento (artículo 12 de la normativa de evaluación de la UGR, en sintonía con normativa de evaluación de la Universidad de Zaragoza).

Poco se dice al respecto del tiempo mínimo que debe de tener una prueba.Tenemos que acudir al estudio de cada caso para valorar las circunstancias.

La CEUNE ha denunciado la desproporción de los exámenes online. Es debido a  la imposición de tiempo muy limitado para su desarrollo, tratando de garantizar que, al no tener de tiempo suficiente por pregunta, el alumno no copie.

Otros problemas que suelen existir en las pruebas online son los errores de conexión de los propios alumnos y de la propia plataforma del Centro. Por último podemos apuntar la necesidad de una igualdad entre todos los alumnos a fin de que no haya ningún trato discriminatorio.

Ya sea para la defensa en vía universitaria o si llegado el caso fuera necesaria intervención judicial y acudir a los tribunales de lo contencioso administrativo, en Letradox Abogados le podemos ayudar a defender sus derechos.

Reclamación exámenes online.

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Exámenes online. Abogados

LETRADOX® crea la 1ª PLATAFORMA de COLABORACIÓN INTEREMPRESARIAL por CRISIS COVID19

LETRADOX® Abogados crea la 1ª PLATAFORMA de COLABORACIÓN INTEREMPRESARIAL por CRISIS COVID19

LETRADOX® Abogados crea la primera plataforma de colaboración interempresarial en España con la finalidad de crear sinergias empresariales para paliar los efectos económicos de la crisis económica causada por la pandemia del Covid19.

“A través del despacho de abogados LETRADOX®, con la información suministrada por las propias empresas, establecemos sus aspectos actuales problemáticos y las vías de solución y las incorporamos a nuestra base de datos. Dicha información nos permite crear sinergias con otras empresas que pueden ayudar y complementar a dicha empresa en crisis” determina la letrada doña Mercedes de Parada, fundadora y CEO de Letradox® Abogados S.L.P.

“Nuestra experiencia empresarial nos permite canalizar de una manera constructiva los problemas empresariales que están teniendo pequeñas, medianas y grandes compañías. Las alianzas estratégicas están resultando vitales en estos meses y van a ser aún más importantes para dotar de supervivencia y rentabilidad a empresas” añade Marcos Rivas, Socio COO de Letradox®.

Las empresas que forman parte de la iniciativa y las que pueden unirse a dicha colaboración abarcan diversos sectores. Comercio exterior, comercio online, ámbito inmobiliario y de la construcción, transportes…etc.

En función del sector se articula un mecanismo diferenciado para lograr el objetivo.

La confidencialidad con la que se trabaja en este proceso es un aspecto importante, dado que toda actuación realizada desde la presentación de la empresa al despacho y la solución final ofrecida cuenta con la conformidad de todas las partes y el respeto a la privacidad y protección de datos.

LETRADOX® Abogados se ha caracterizado por afrontar en clave positiva los desafíos de la crisis económica. Un ejemplo de ello es el artículo en ICEX (Invest in Spain) del letrado Marcos Rivas, de Letradox, en el que se aboga por vías de solución a los incumplimientos contractuales que permitan reestablecer el equilibrio contractual evitando medidas litigiosas.

https://www.letradox.com/sin-categoria/articulo-del-letrado-marcos-rivas-en-la-revista-invest-in-spain-icex/

Esta primera plataforma nacional de colaboración interempresarial está siendo la solución para empresarios afectados por la crisis en toda España y algunos países europeos.

A través del email info@letradox.es se pueden poner en contacto con nosotros sin compromiso para más información o a través de este formulario de contacto:

INFORMACIÓN SIN COMPROMISO 

1ª PLATAFORMA de COLABORACIÓN INTEREMPRESARIAL por CRISIS COVID19

 

 

 

Empresarios. Cuestiones fiscales. Crisis Covid-19. Letradox Abogados

Empresarios. Cuestiones fiscales. Crisis Covid-19. Letradox Abogados

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Los empresarios, de diversos sectores, acuden a nosotros en estos días con numerosas dudas respecto a la normativa aplicada.

En el presente artículo resolvemos algunas dudas en materia fiscal, societario y laboral.

No obstante es preferible un asesoramiento jurídico caso por caso.

Mañana lunes 13 de abril volverán al trabajo los sectores no esenciales también. Es preferible no obstante que se instaure el teletrabajo. De esta manera se limitará la afluencia en el transporte y los posibles contagios.

En la normativa aprobada: Se insta a las empresas a la aplicación de mecanismos de teletrabajo, siempre que este sea posible por las características del puesto que se ocupe. Para poder implementar dicha medida, se deberá llevar a cabo una evaluación de riesgos tal y como se establece en el art. 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo entró en vigor el 13 de marzo de 2020 y contempla una serie de medidas para la flexibilización de aplazamientos de deudas tributarias para pymes y autónomos.

Se aplican estas medidas a pymes y autónomos con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019. El aplazamiento es opcional, hay que solicitarlo. Se aplicará a las deudas tributarias de todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el 13-3-2020 y hasta el 30-5-2020, ambos inclusive. También es aplicable a las deudas tributarias derivadas de retenciones, IVA y pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades.

El aplazamiento es por 6 meses, y en los 3 primeros no habrá intereses de demora.

El RDL 8/2020 amplía los plazos hasta el 30 de abril y el 20 de mayo.

Recordamos que los plazos administrativos y todos los plazos procesales de prescripción y de caducidad, se encuentran suspendidos mientras esté vigente el estado de alarma.

Si en su empresa se ha efectuado un ERTE, recordamos que éste es el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (“ERTE”), que está regulado en el artículo 47 ET. Es una medida legal de carácter temporal que, cuando  concurren causas debidamente justificadas de índole económica, organizativa, técnica, productiva (ERTE por causa objetiva) o por una situación de fuerza mayor (ERTE por fuerza mayor), permite a las empresas optar por:   (i) la suspensión temporal de contratos de trabajo o (ii) la reducción temporal de la jornada de trabajo de sus empleados.

Los trabajadores afectados por ERTE, sea del tipo que sea, tendrán derecho a la prestación por desempleo. Este derecho se reconoce a todos los trabajadores, incluso aquellos que no cumplan con el período mínimo de cotización (360 días en los últimos 6 años). Además, el tiempo durante el cual se perciba la prestación, no será tenido en cuenta a los efectos de los períodos máximos de percepción establecidos.

El artículo 40 del RD 8/2020 posibilita, durante la duración del estado de alarma, la celebración de juntas en sociedades, por videoconferencia (que asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto) así como la adopción de decisiones mediante votación por escrito y sin sesión aun cuando dichos sistemas no estén previstos en los estatutos sociales.

El artículo 40 del RD 8/2020 suspende el plazo para formular las cuentas anuales hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. Se prorroga también el plazo de aprobación de las cuentas anuales, que se extenderá a los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales.

En caso de que, antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia de ese estado, concurra causa de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma.

 

Estas son algunas de las medidas de los reales decretos aprobados que también hemos tenido la oportunidad de explicar en este vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=fbD03YHz1A0&t=6s

 

En cuanto a los créditos ICO, por último, apuntamos lo siguiente:

Características de la Línea de Avales

Podrán solicitar estos avales de forma exclusiva las pymes y autónomos afectados por los efectos económicos del COVID-19.

Los solicitantes no deben estar en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y ni en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.

El aval garantiza el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones solicitadas por autónomos y pymes y tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un máximo de cinco años.

Con el fin de garantizar que pymes y autónomos son los beneficiarios reales de los avales, el Acuerdo del Consejo de Ministros refuerza y precisa las previsiones del anterior.

Se establece explícitamente que el precio de los créditos para los clientes que se beneficien del aval deberá, con carácter general, ser inferior al de los préstamos y otras operaciones para la misma tipología de cliente que no contaran con dicha garantía.

Asimismo, se incluye la prohibición de que las entidades comercialicen otros productos o servicios o condicionen la concesión del préstamo avalado a su contratación.

Las pymes y autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta 30 de septiembre de 2020.

El plazo podrá ampliarse, siempre en línea con la normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea, por Acuerdo de Consejo de Ministros.

En cuanto a los créditos ICO abusivos, se han denunciado por parte de autónomos y pymes algunas prácticas tales como intereses elevados o vinculación a contratación de otros productos, de ahí que sea indispensable, como para todas las operaciones mercantiles, contar con asesoramiento especializado.

 

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Empresarios. Cuestiones fiscales. Crisis Covid19. Letradox Abogados

LETRADOX® realiza donación para vacuna contra Covid-19

LETRADOX® realiza donación para vacuna contra Covid-19

En el día de ayer el despacho de abogados LETRADOX® realizó una donación económica al CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) para la investigación científica que se está desarrollando para encontrar la vacuna contra el Covid19.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es la primera institución pública española de investigación y la séptima mundial.

Sus más de 4.000 investigadores realizan investigación básica y aplicada. Lo hacen a través de sus 120 institutos de investigación de ámbito multidisciplinar, presentes en todas las Comunidades Autónomas y con una sólida internacionalización.

Durante sus más de 80 años de existencia ha sido y es la institución de referencia. Vertebra e impulsa la investigación científica en España https://www.csic.es/es/el-csic/informacion-corporativa/el-csic-en-cifras.

Hace unos días el CSIC anunció que un equipo internacional con participación del CSIC hacía público el genoma de una planta para producir vacunas contra Covid-19. A la planta ‘Nicotiana benthamiana’ se le pueden transferir los genes de la futura vacuna para producirla de forma rápida, segura y a gran escala.

Apoyamos con hechos desde nuestra empresa LETRADOX esta lucha mundial contra la pandemia y ponemos nuestro granito de arena en lograr encontrar la cura.

Gracias también a AUMUN también porque todos estamos unidos en esta lucha para salvar vidas.

 

#ConfiandoEnLaCiencia: Unidos frente al Corona Virus

 

LETRADOX® realiza donación para vacuna contra Covid-19

Ayuda para resolver problemas legales

Las entidades financieras helvéticas cobran las comisiones. Letradox® Abogados

UBS es el banco suizo que empezará a cobrar a partir del 1 de noviembre una comisión del 0,60%. Sin embargo, únicamente tendrán que responder aquellos clientes que cuenten con más de 500.000 euros efectivos. Y que, además, los tengan depositados en la filial bancaria UBS Switzerland. 

Con esta medida, se persigue rebajar a la mitad el umbral de 1 millón de euros por el cual UBS cobra una comisión  por la liquidez que depositan los clientes. 

En la misma línea,  a partir del 1 de noviembre, UBS comenzará a gravar con una comisión del 0,75%. Este porcentaje se cobrará  a los clientes cuyos depósitos en efectivo superen los 1,82 millones de euros (2 millones de francos suizos) en el Banco Nacional de Suiza. 

Esto se debe a que las condiciones en los mercados de capital y monetarios siguen siendo complicadas. Y es que ,   los tipos de interés son más reducidos de lo que se esperaba. Por ende, se mantienen en negativo. 

Se estima que dicho periodo de tipos de interés bajos tendrán una duración más larga de la esperada. Asimismo, los bancos continuarán pagando las tasas de interés negativas relativas a los depósitos de clientes en los bancos centrales. 

La UBS Switzerland conserva el porcentaje de la tasa del -0,75%,  que es la aplicada sobre los depósitos a la vista. Por el contrario, el BCE  a las entidades les cobra un 0,4% por la liquidez en relación al depósito. 

Las previsiones apuntan a que sobre el mes de septiembre de este año, se pueda incluso reducir más el tipo de interés aplicado. 

Por lo tanto, la idea principal es que el Banco Nacional de Suiza (UBS) cobra una comisión del 0,6% a los clientes que tengan más de 500.000 euros en la cuenta.

Y es que no hay que olvidar que Suiza, tradicionalmente, ha sido un paraíso para el secreto bancario. Todo ello,  debido al favorable entorno económico que ofertada y el campo regulatorio estable. Para los bancos helvéticos ha sido una práctica común recibir comisiones de ventas (retrocesiones) de las que apenas se tenía conocimiento. Este modelo facilitó a las instituciones financieras muchos millones de euros.

Sin embargo, la Corte Suprema de Suiza ha considerado estas prácticas financieras (2012) como ilegales  en materia de conflicto de intereses. Por lo que se ha abierto una vía para poder reclamar que también incluye a los españoles con patrimonios en Suiza que tengan 20.000 millones de euros declarados en Hacienda. 

Con todo ello, deberemos atender al panorama para recuperar dichas comisiones. Y es que, la Corte Suprema de Suiza falló en 2006 y 2012 estableciendo que los clientes tienen derecho a recuperar las retrocesiones que fueren cobradas de proveedores de productos externos y del mismo grupo. Se fijo en el año 2017 un plazo de 10 años de prescripción. 

Desde Letradox® Abogados le ayudaremos a resolver cualquier cuestión o duda que le surja. Contamos con un equipo de abogados que trabajará de forma profesional e individualizada llevar su caso y obtener los resultados esperados.  

No dude en consultarnos.

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Abogado empresas

La tasa Google y la tasa Tobin: qué son y a quiénes les afecta. Letradox® Abogados

El acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas podemos recogía la aprobación de dos impuestos más: la tasa Google y la tasa Tobin. A través de ellos, el ejecutivo aspira a recaudar casi dos millones de euros. 

Y es que, ambos impuestos ya estaban puestos en boca en la pasada legislatura. No obstante, ambos proyectos de ley cayeron. 

A día de hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado tanto un nuevo impuesto digital, como otro, cuya función será la de gravar las transacciones financieras. 

Así pues, daremos respuesta al interrogante sobre cada uno de ellos. 

¿Qué es la tasa Google?

Cuando hablamos de la tasa Google, nos referimos al Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. Mediante éste, se grava a las empresas, cuyos ingresos anuales totales son alrededor de 750 millones de euros. Y, además, sus ingresos en España superan los tres millones de euros.

 Por lo tanto, se impondrá dicho impuesto o carga tributaria a las empresas que reúnan dichas condiciones y características. 

El propósito: gravar el 3% de los servicios de publicidad y de intermediación en línea.  Así como, la venta de datos obtenidos por medio de dicha información, que el usuario ha proporcionado durante su actividad. 

¿A quiénes afecta la Tasa Google?

Únicamente este impuesto afecta a las grandes empresas tecnológicas. 

Algunas de ellas serán: Amazon o Uber, que son empresas extranjeras que  desempeñan actividades en territorio nacional sin tributar en el mismo, obteniendo, sin embargo, elevados beneficios.  

El fin principal es conseguir que las grandes empresas que reinan en Internet tributen donde estén ofreciendo sus servicios y obteniendo beneficios. Y es que, en la gran mayoría de casos, estas empresas trasladan sus sedes fiscales a países donde obtienen un tratamiento beneficioso, como por ejemplo Irlanda, Luxemburgo o los Países Bajos. Desde aquí crean filiales al resto de países que operan como sucursales o intermediarios que cobran por los servicios a la matriz, que es la que realmente vende el producto o servicio. Así, la mayoría de los beneficios vuelven a la sede madre y los impuestos que dejan en el resto de países son muy reducidos.

Hay que precisar que la tasa Google no impactará a páginas web de venta de productos. No obstante, sí que lo hará sobre aquellas plataformas digitales que recopilen información de los usuarios. Así como, sobre aquellas que tengan servicios publicitarios o que comercialicen con dicha información.

Ut supra, hemos señalado dos empresas a las que afectará dicha tasa, pero, no son la únicas. Igualmente, recaerá sobre otras como; Booking, Facebook, Airbnb o el propio Google. 

Sensu contrario, encontramos otras empresas que sí alcanzan los 3 millones en España, pero, que no llegan a facturar los 750 millones, como, por ejemplo: Wallapop. 

¿Qué pasan si las empresas no pagan ?, ¿Habrá sanciones?

Sí. A través de la norma se prevé que haya sanciones hasta el 0,5% del importe neto de la cifra de negocios del año natural anterior. Todo ello, dirigido a empresas que traten de encubrir la ubicación del usuario de estos servicios por medio de un falseamiento o disimulo de la dirección IP. 

¿Cúando se impondrá?

A finales de año (diciembre).  Esto se debe a la presión de EE UU está ejerciendo  en relación a las  amenazas respecto sobre los aranceles a los países que graven a sus tecnológicas. 

¿Hay otros países que impongan la ‘tasa Google’ ?

Sí. Algunos de ellos son : Francia, Italia, Alemania y Hungría. En todos ellos cuentan con alguna figura tributaria sobre servicios digitales.

En el caso de Francia, se aprobó el pasado julio el Impuesto a las grandes empresas de Internet. A través de este se pretende recaudar este año unos 650 millones.

Y es que, la tasa GAFA (siglas de Google, Amazon, Facebook y Apple) se aplica a unas 30 compañías de entre las cuales están: Instagram, Meetic, Airbnb. 

Por tanto, ideas principales de la Tasa Google:

  • La tasa Google se aprobó en enero de 2019
  • Es un impuesto que pretende una fiscalidad más justa. El motivo: que las grandes multinacionales de internet apenas tributan por su actividad en España.
  • Fija un tipo del 3% a los ingresos generados.
  • Afecta a: empresas de internet con ingresos anuales mundiales de al menos 750 millones de euros y que tengan ingresos en España superiores a los 3 millones.

Por otra parte, 

¿Qué es la tasa Tobin?

Cuando hablamos de ella, hacemos referencia a el Impuesto sobre las Transacciones Financieras. 

A través de él se gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.

Y es que, únicamente, se someterán a dicha tributación (0,2%) las operaciones de adquisición de acciones que se hayan emitido en España. Y que se traten de empresas cotizadas cuya capitalización en el mercado sea superior a 1.000 millones de euros. 

¿A quiénes NO afectará la Tasa Tobin?

– La compra de acciones de empresas no cotizadas y pymes. El sujeto pasivo deberá presentar una declaración anual del impuesto.

– La deuda, ya sea tanto pública como privada, así como, los derivados.

– Las operaciones del mercado primario (ejemplo: salida a Bolsa de una compañía). Además de las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, y las de reestructuración empresarial. Así como, las que se lleven a cabo entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.

Destacar que lo que pretende el Gobierno es poder recaudar unos casi 900 millones y con esta cantidad se pretende financiar pensiones y sistemas de protección de la Seguridad Social. 

En definitiva, a través de ambos impuestos, el Gobierno calcula que se recaudarán cerca de casi 2.000 millones anuales. Lo que se pretende es que se consiga adecuar el sistema fiscal a las nuevas áreas de negocio digital. Igualmente, se persigue la globalización en el marco tributario actual, ya que, a través de estas medidas, España se alinea con otros países de la UE y organismos internacionales. 

¿Cuál es el tratamiento fiscal de estas empresas online?

La digitalización del sector empresarial se ha convertido en un eje estratégico y modelo de supervivencia del negocio del siglo XXI. La regulación adquiere un carácter global en términos de gobierno corporativo. De esta manera se persigue:  la liquidez, protección del consumidor, solvencia y prevención del fraude. Igualmente se contemplan los requisitos de transparencia e información y reporting. 

Y es que, la mayor barrera nace del enfoque tradicional de los sistemas de gestión y riesgos. Así como, de las figuras de Compliance que adoptan las empresas actualmente.

En lo relativo al gasto empresarial en Tecnología de la Información, se espera alcanzar los 45,9 mil millones de euros con un crecimiento medio sostenido del 1,7% hasta 2021. De ese total, el mercado español de la ciberseguridad alcanzará los 1.254 millones de euros. Todo ello, gracias al empuje del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD).

Por lo tanto, es muy necesario que la normativa regule todos los cambios digitales con uniformidad entre los países. Asimismo, que propicie la colaboración y ayude a la transformación digital e innovaciones. 

El modelo operativo de las empresas necesitará desarrollar nuevas capacidades para adaptarse a la digitalización de manera eficiente.  Y es por eso, que las empresas digitales tendrán que tener presente la normativa  básica para comenzar con buen pie desde el principio. Así pues, hablaremos  de unas directrices mínimas que nos permitan homogeneizar el tejido empresarial en Europa para mantener la competitividad en el mercado global. 

  • Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. Esta Ley afecta a  todas las comunicaciones realizadas en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional. 
  • Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Establece, por ejemplo, que en cada comunicación que se realice a un consumidor debe dejarse constancia de cómo puede dejar de recibirlas. 
  • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Con el fin de adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de abril de 2016. Este último, hace referencia a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos.
  • Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Hace referencia a la regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica. Por ejemplo, las comunicaciones comerciales deberán ser claramente identificables como tales. 
  • Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Está norma será de aplicación a las relaciones entre consumidores o usuarios y empresarios. tiene por objeto establecer el régimen jurídico de protección de los consumidores y usuarios en el ámbito de las competencias del Estado.

Desde Letradox® Abogados, consideramos que en este escenario, es fundamental que se genere una legislación que consensúe los intereses de todos. Es por eso que dentro de esta evolución digital se debe conocer el posicionamiento y situación de cada empresa. Letradox® ofrece un equipo de abogados expertos  que trabajarán con pasión y esfuerzo para  poder obtener los resultados esperados.  

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Asistimos al evento de Precio de vivienda 2020. Letradox® Abogados

El día 27 de febrero de 2020 tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el debate sobre dos temas muy actuales y a la orden día. Este mismo versaba sobre la evolución del precio de la vivienda en 2020 y la problemática de su acceso. Además, en él participaron grandes miembros influyentes y conocedores del sector inmobiliario.

El motivo del desarrollo del mismo, tiene su origen en que el precio de la vivienda nos está mostrando cómo está siendo la evolución de este sector. Además, para poder obtener una visión más cualificada, se están llevando a cabo análisis rigurosos para entender con más detalle el mercado de la vivienda.

En su tercera edición, dos temas han sido los protagonistas. Dentro del programa del Encuentro anual de preciosdevivienda.es. se ha conseguido dar respuesta a dos enigmas. En primer lugar, sobre lo que se espera de la evolución de los precios de 2020 y en segundo lugar, sobre el reto del primer acceso.

Es por eso, que Letradox® Abogados, no quiso perderse dicha jornada. Consideramos que el sector de la vivienda está cambiando y que por ello debemos conocer todas y cada una de las novedades.

Así pues, procedemos a hablar sobre dicho encuentro que se desarrolló en dos partes. En la primera parte, moderó la Corresponsal Económica de El Confidencial, Ruth Ugalde. Asimismo, asistieron como invitados los siguientes individuos:
– Ínigo Amiano: Consejero Delegado de KRATA
– Paloma Arnaiz: Secretaría general de la Asociación Española de Análisis de Valor.
– Alejandro Belchí: Analista principal del Instituto de Análisis Inmobiliario, EUROVAL.
– Ferran Font: Director de Estudios, Pisos.com
-Fernado Gutiérrez del Arroyo: Analista del Centro de Información Estadística del Notariado
-Ismael Kardoudi: Director de Estudios y Formación, de FOTOCASA

Durante esta primera parte, se trataron muchas problemáticas interesantes y actuales. Algunas de ellas, fueron el punto de mira del alquiler, así como, la compra de la vivienda. Ahora mismo, la crisis social está en la vivienda (impacto económico, legislación, comparativa con otros países… ).

El 90% de los millenials están solteros, no tienen hijos y, esto explica que vivan solos (con pareja, pero sin hijos) respecto de los “babyboomers”.

Este cambio social junto con la problemática de la despoblación, sueldos, estabilidad laboral, emancipaciones, divorcios, son factores que a largo plazo han modificado a largo plazo la situación de la vivienda.
Es por eso que, los expertos nos hablaron de las posibles medidas para poder dar respuesta a esta situación actual y futura.

Según la opinión mayoritaria de los ponentes, los precios tardan en ajustarse al panorama social. Hay que atender a los baremos que establecen organismos como el Banco de España o el BCE que está pensando en incluir la parte de vivienda a su punto de interés para ajustar la práctica monetaria. Asimismo, han puesto en boca las medidas a las que tienen que tender las políticas de vivienda y la importancia de las colaboraciones público-privada para facilitar los procesos administrativos.

Igualmente, se ha valorado la importancia de asentar las bases legales precisas para dicha situación. Así como, medidas para impulsar la descongestión del panorama actual como agilizar licencias. Es por ello, que será necesario, fomentar la oferta por lo que las Administraciones tienen que juntarse con los promotores públicos para así conseguir que no todas las viviendas sean de titularidad privada.
Es decir, la mayor parte de las viviendas la tienes los particulares (privado) y no hay casi nada público, por lo que hay que buscar medidas de seguridad y fiscalidad en relación al alquiler, oferta y demanda.

Se presentaron algunos datos del incremento del precio del alquiler. La subida general es del 3%, pero, en la práctica, el incremento depende de la zona. Por ejemplo, en Madrid y Barcelona la subida del alquiler es del 30%. Sin embargo, hay otras zonas como Levante o Andalucía cuya subida es mucho menor, del 5% o 10%.

Además, los ponentes de la primera mesa, terminaron con algunas conclusiones claras y precisas. Así pues, establecieron que el panorama actual está en un cambio de ciclo recesivo. Igualmente hay que contribuir con medidas políticas y públicas a que se fomente la activación de la actividad de compraventa de vivienda y de ese modo evitar su paralización. De esta manera, se empezará a generar un sentimiento de confianza que podrá superar el que hubo con la anterior crisis. Además, habrá de tener en consideración el panorama actual sobre cómo podría afectar al mercado la guerra comercial entre EEUU y China, el cambio del Euribor, legislaciones… .

Por otro lado, en el foro del primer acceso (segunda parte del debate), se trataron nuevamente temas relacionados con la situación de los jóvenes en relación a la subida de precios de los alquileres. Dicha imposibilidad, es un serio problema para el desarrollo del sector de la vivienda. A pesar de ello, en Europa, España es uno de los países con menos porcentaje de alquiler, esto también se debe a que la emancipación cada vez es más tardía.

Este debate fue moderado Javier Martín, Editor del Observatorio Inmobiliario y de la Construcción, y del cual participaron los siguientes sujetos:
– Aitana Alguacil, socióloga y trabaja en EAPN ESPAÑA
– Juan Antonio Gómez-Pintado, Presidente de ASPRIMA y Presidente APCEspaña
– Francisco Martín : Director General de Vivienda y Suelo, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana.
– Javier Rodríguez Heredia. Presidente de la Comisión Residencial, ASIPA
– Carme Trilla. Presidenta, Observatori Metropolità de L’Habitatge de Barcelona.

Las conclusiones obtenidas han sido las siguientes. Por una parte, que ha habido un cambio de tendencia desde la crisis. Antes de ella, había un acceso a la vivienda más propicio debido a que había más créditos hipotecarios que se ofertaban .
Sin embargo, en el panorama social actual todavía no se ha dado una respuesta de información a esta situación ni desde el sector público ni privado. Y como consecuencia de la crisis las ayudas se han acabado. Se habla de la generación más preparada, pero con una condena en relación a que no tienen capacidad para poder emanciparse y eso se debe a la estructura que hay actualmente en el desarrollo del país.

Hay una estructura social que está siendo fallida y habrá que establecer medidas necesarias para solventar este problema. Sea en compra o en alquiler hay que dar soluciones ya que es una cuestión que ocurre en varios países (Francia, Italia… ). No obstante, si estos países han podido apostar por políticas más favorables para los jóvenes, en España se debería llevar a cabo un estudio y análisis para poder ver cómo tenemos que desarrollar estas medidas. Es un problema que no es homogéneo, pero, que por la propia tendencia demográfica se está desarrollando como un problema global que se está reflejando en el alquiler.

Lo que están diciendo los últimos datos es que la tendencia está tendiendo a ser más favorable. Esta situación se corrige para que siga una dirección de estabilidad a pesar, de arrastrar años difíciles. En el año 2019 se ha recuperado cifras que hacía muchos años que no se disponían. Existe una cierta estabilidad de que se está trabajando por un buen camino. Ha habido un incremento del 13% desde el 2018 en el sector de la construcción por lo que ese dato también es propicio para pensar que efectivamente el acceso de la vivienda se está facilitando mucho. En el caso de los desahucios y los lanzamientos, en este año 2019, en el segundo y tercer trimestre han disminuido.

Se ha considerado imprescindible, que desde las Administraciones públicas se impulsen políticas decididas en coordinación con Ayuntamientos y CC.AA. Que se encaucen las acciones con el fin de garantizar el derecho social y constitucional de una vivienda con una colaboración público-privada. Se necesita la cooperación de los organismos públicos y privados. Y que, las medidas que se pongan en marcha sean desde el fruto del diálogo y del consenso y que garanticen el máximo de acuerdos posibles.

No hay que olvidar que la vivienda es un derecho constitucionalmente reconocido y que los ciudadanos tienen. Y por eso, a través de esa ley de vivienda estatal, se persigue que se legisle hacia unas matrices que plasma el marco del derecho social. Esto es uno de los impulsos legislativos.

Desde Letradox® Abogados queremos agradecer a los ponentes que participaron por ofrecernos un plano más amplio y actual de la situación de la vivienda. Si necesita realizar alguna consulta o quiere que llevemos su caso en este sector, le atenderemos de una forma personal y con profesionalidad. Trabajaremos desde el esfuerzo y dedicación para lograr obtener los mejores resultados.

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Abogado empresas

Abogados para reclamar los daños y pérdidas del Mobile World Congress. Letradox® Abogados

Se ha cancelado el Mobile World Congress de Barcelona, por parte de los organizadores, como medida para prevenir el contagio del coronavirus. Dicho evento se iba a desarrollar desde el día 24 de febrero hasta el 27 del mismo mes. La particularidad del mismo, es que las compañías tecnológicas más importantes del mundo iban a presentar sus últimos avances en tecnología móvil.

La Asociación GSM (abreviada: GSMA) ha sido quien ha tomado la drástica decisión de cancelar el evento, como consecuencia del panorama social. No obstante las autoridades han informado e insisten en que no hay ningún tipo de riesgo. 

Ante esta situación, tanto los patrocinadores, como los abogados de los expositores, y los asistentes al Mobile tomarán medidas. Así pues, comenzarán por revisar los contratos para eliminar las responsabilidades y de esta forma recuperar lo perdido tras la cancelación de dicho evento.

Por tanto, la pregunta principal será ¿ quién se encargará de efectuar los pagos correspondientes a la factura tras la cancelación del Mobile?

Estos últimos días ante dicha problemática, se han disparo el número de consultas a los abogados por parte de las empresas. Todo promovido por las consecuencias que suponen y se derivan de dicha cancelación así como, los riesgos legales  que se deben asumir. 

Actualmente, los despachos se encuentran respondiendo a las múltiples preguntas de sus clientes que quieren conocer el  desarrollo del panorama jurídico – legal ante dicha situación. Es decir, conocer cuáles van a ser las responsabilidades y cómo se van a suprimir, las posibles indemnizaciones y quién debe responder. 

Para que hubiese indemnización, debería de tratarse de un caso de fuerza mayor. El artículo 1105 del Código Civil dispone que: “ fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables”.

Y es por eso que debemos preguntarnos si se trata o no de un caso de fuerza mayor. 

Para ello, habrá que estar atentos de la postura que toma GSMA, que es el organizador de dicho evento. 

La organizadora toma como pretexto y argumento que la decisión se ha fundamentado en una inevitable causa de fuerza mayor.

Sin embargo, dicha declaración ha disparado las alarmas de   los abogados  para revisar las coberturas de los seguros. 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha considerado que los efectos del coronavirus no son calificados como pandemia. Es por eso, que se rechaza la causa de fuerza mayor. Además, el Gobierno tampoco ha hecho expresa mención de dicha situación. 

No obstante, cabe la posibilidad de que la GSMA se haya  visto obligada a no llevar  el evento.  La razón principal  podría fundamentarse en la cancelación masiva  por parte de de las grandes empresas que iban a participar. Y prácticamente, sin la mera intervención de estos, el evento hubiese carecido de sentido. 

Por otro lado, haremos alusión a las indemnizaciones. En este sentido,  la GSMA recibió el empuje por parte  de los ponentes para evitar el desarrollo del Mobile.  Y de esta manera, evitar posibles riesgos sanitarios a los trabajadores. 

Justamente, este punto es otro de los frentes legales abiertos. Y es que por motivos del cumplimiento normativo de la empresa (compliance), y la posibilidad de que un trabajador pueda caer enfermo, las consecuencias derivadas para las compañías serían muy drásticas.  

Por tanto, queda pendiente resolver todo lo relativo a las pérdidas generadas como consecuencia de dicha cancelación. Asimismo, será preciso conocer las pólizas de responsabilidad civil profesional de los expositores. Con el fin de prever si se pueden cubrir los daños por parte de las actuaciones de sus asegurados. 

Por último, en relación a las aseguradoras, cuando se den este tipo de cláusulas, las empresas sí podrán cobrar de sus aseguradoras. Pero, estas últimas, reclamarán a la organizadora principal (GSMA), al tratarse del responsable final. 

Es por ello, que podríamos hablar  numerosas de reclamaciones millonarias  y deberemos esperar a los tribunales para conocer cómo se resolverá dicha situación. 

Lo que se espera, como hemos adelantado, es que la GSMA pase a enfrentarse a un gran número de demandas por parte de las aseguradoras de los expositores. 

Con todo ello resaltar que muchos ponentes han suscrito con sus compañías, además de las clásicas pólizas de RC, lo que se conoce como soluciones paramétricas previstas para casos de catástrofes. El cometido de las mismas es el de proteger las posibles pérdidas en base a determinados objetivos.  

Lo ideal hubiese sido que o bien el Gobierno de España o catalán o la OMS hubieran anunciado que el evento no iba a proceder. En esta situación nadie podría reclamar a la GSMA, pero los hechos no se han producido así. 

Por tanto, ante tal avalancha de preguntas, dudas y situaciones de tensión, aconsejamos mantener la calma. Desde Letradox® le recomendamos seguir unos sencillos pasos. 

El primero de ellos; contactar con un abogado especialista. Desde Letradox®, te garantizamos esfuerzo y trabajo con el fin de conseguir el resultado que se requiere. En segundo lugar, le ayudaremos a  reunir toda la documentación posible y revisar las cláusulas del contrato.

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The Mobile World Congress in Barcelona has been cancelled by the organizers as a measure to prevent the spread of the coronavirus. This event was to be held from 24 February to 27 February. The GSM Association (GSMA for short) has taken the drastic decision to cancel the event, as a consequence of the social panorama.

However, the authorities have informed and insist that there is no risk whatsoever. In view of this situation, both the sponsors, the exhibitors’ lawyers, and the Mobile attendees will take action. Therefore, they will begin by reviewing the contracts to eliminate the responsibilities and in this way recover what was lost after the cancellation of the event.

Therefore, the main question will be who will be in charge of making the payments corresponding to the invoice after the cancellation of Mobile?

In the last few days, due to this problem, the number of consultations to the lawyers by the companies has increased. This is due to the consequences of the cancellation and the legal risks that must be assumed. Currently, the firms are responding to the many questions from their clients who want to know the development of the legal landscape in this situation.

That is, to know what the responsibilities are going to be and how they are going to be suppressed, the possible compensations and who must respond. For compensation to be paid, it must be a case of force majeure.

Article 1105 of the Civil Code states that: “apart from the cases expressly mentioned in the law, and those in which the obligation is so stated, no one shall be liable for those events which could not have been foreseen, or which, if foreseen, would be unavoidable”, and that is why we must ask ourselves whether or not it is a case of force majeure.

To do this, we must be aware of the position taken by the GSMA, which is the organizer of the event. The organizer takes as a pretext and argument that the decision has been based on an unavoidable cause of force majeure, however, this statement has triggered the alarms of lawyers to review insurance coverage.

For its part, the World Health Organization (WHO) has considered that the effects of the coronavirus are not qualified as a pandemic.

Therefore, the cause of force majeure is rejected. Moreover, the Government has not made express mention of this situation either. However, it is possible that the GSMA has been forced not to conduct the event.  The main reason could be based on the massive cancellation by the large companies that were to participate. And without their mere intervention, the event would have been meaningless.

On the other hand, we will refer to the compensation. In this sense, the GSMA was given a boost by the speakers to prevent the development of Mobile.  And in this way, avoid possible health risks to workers. This point is precisely another of the legal fronts open. Because of the company’s regulatory compliance and the possibility that a worker could fall ill, the consequences for the companies would be very drastic.

Therefore, everything related to the losses generated as a consequence of such cancellation has yet to be resolved. It will also be necessary to know the exhibitors’ professional liability policies. In order to foresee if the damage caused by the actions of their insureds can be covered.

 Finally, with regard to insurance companies, when these types of clauses exist, the companies will be able to collect from their insurers. However, the latter will claim from the main organiser (GSMA), as it is the party ultimately responsible. This is why we could be talking about numerous claims in the millions and we will have to wait for the courts to find out how this situation will be resolved.

What is expected, as we have anticipated, is that the GSMA will be faced with a large number of claims from exhibitors’ insurers. With all this, it is worth noting that many speakers have taken out, in addition to the classic CR policies, what are known as parametric solutions provided for cases of catastrophes.

The task of these is to protect possible losses based on certain objectives.  Ideally, either the Spanish or Catalan government or the WHO would have announced that the event would not proceed. In this situation no one would be able to make a claim against the GSMA, but this has not been the case. Therefore, in the face of such an avalanche of questions, doubts and tense situations, we advise you to remain calm.

From Letradox® we recommend that you follow a few simple steps. The first step is to contact a specialist lawyer. From Letradox®, we guarantee effort and work in order to achieve the required result. Secondly, we will help you to gather all the possible documentation and review the clauses of the contract.

Do not hesitate to consult us.

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