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Genealogistas gallegos. Xenealoxistas galegos

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Si quiere conocer sus antepasados, por curiosidad, o para obtener las pruebas que le permitan el ingreso a órdenes, en Letradox Abogados contamos con un equipo de genealogistas para ese trabajo.

Con gran experiencia y preparación.

Funciones principales
  • Reconstruir árboles genealógicos: Conecta a las personas con sus antepasados mediante documentos oficiales. 

  • Buscar herederos (Genealogía sucesoria): Localiza a familiares legítimos de una persona fallecida sin testamento o sin herederos aparentes para repartir una herencia. 

  • Consultar archivos históricos: Revisa registros civiles, parroquiales, notariales, militares y lápidas en cementerios que no siempre están en internet. 

  • Verificar datos: Comprueba que la información familiar sea real y redacta informes detallados o libros de historia familiar.

Contacte con nosotros en nuestro teléfono y email de contacto. Tlf. 645958948, email: info@letradox.es  Madrid y Viveiro (Lugo)

 

Xa sexa por curiosidade ou para obter as probas necesarias para o ingreso nunha orde, en Letradox Abogados contamos cun equipo de xenealoxistas preparados para realizar este traballo.

 

Posúen unha ampla experiencia e competencia profesional.

 

Servizos principais:

Reconstrución de árbores xenealóxicas: Relacionar persoas cos seus antepasados ​​mediante documentos oficiais.

Busca de herdeiros (xenealoxía sucesoria): Localizar familiares lexítimos dunha persoa falecida que non deixou testamento nin herdeiros aparentes, co fin de repartir a herdanza.

Consulta de arquivos históricos: Revisión de rexistros civís, parroquiais, notariais e militares, así como de lápidas en cemiterios; fontes que non sempre están dispoñibles en liña.

 

Verificación de datos: Confirmar a exactitude da información familiar e elaborar informes detallados ou libros de historia familiar.

 

 

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¿Por qué elegir Letradox Abogados para estas cuestiones? En este vídeo se lo explicamos:

MEJORES ABOGADOS CERCA DE MI. LETRADOX

Abogados ofrecimiento acciones penales IA

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Ofrecimiento de acciones penales: qué es y por qué es importante contar con un abogado

El ofrecimiento de acciones penales es una actuación fundamental dentro del procedimiento penal, mediante la cual se informa a la víctima o perjudicado por un delito de sus derechos y de las posibilidades que tiene para intervenir en el proceso.

Cuando una persona ha sido víctima de un delito, no basta con denunciar los hechos. Es importante conocer qué derechos puede ejercer, cómo participar en el procedimiento penal y de qué manera puede reclamar los daños y perjuicios sufridos.

¿Qué derechos tiene la víctima tras el ofrecimiento de acciones?

El ofrecimiento de acciones permite que la persona perjudicada conozca, entre otros, su derecho a intervenir en el procedimiento penal y, cuando corresponda, personarse como acusación particular.

La víctima puede tener la posibilidad de solicitar diligencias de investigación, proponer pruebas, intervenir en las diferentes fases del procedimiento y reclamar la responsabilidad civil derivada del delito, incluyendo las indemnizaciones que puedan corresponder por los daños y perjuicios ocasionados.

Por ello, recibir el ofrecimiento de acciones no debería considerarse un simple trámite. Puede ser el momento en el que la víctima conozca las herramientas legales disponibles para defender sus derechos.

¿Por qué es recomendable contar con un abogado penalista?

La intervención de un abogado especializado en Derecho Penal permite analizar desde el principio la situación concreta y determinar qué actuaciones pueden resultar necesarias para proteger los intereses de la víctima.

El abogado puede encargarse, entre otras cuestiones, de:

  • Estudiar los hechos y su posible relevancia penal.
  • Valorar la conveniencia de ejercer la acusación particular.
  • Solicitar diligencias de investigación y proponer pruebas.
  • Realizar un seguimiento de la investigación judicial.
  • Reclamar los daños y perjuicios derivados del delito.
  • Impugnar resoluciones que puedan perjudicar a la víctima cuando proceda.
  • Intervenir durante la fase de instrucción y, en su caso, en el juicio oral.
  • Controlar los plazos y las actuaciones procesales necesarias.

Defensa jurídica de la víctima durante todo el procedimiento penal

El ofrecimiento de acciones penales es, por tanto, una garantía para que la víctima conozca sus derechos, pero ejercerlos adecuadamente puede requerir conocimientos especializados de procedimiento penal.

Contar desde el principio con un abogado penalista permite valorar la estrategia procesal más adecuada, proteger los derechos de la víctima y reclamar, cuando proceda, tanto la responsabilidad penal como la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

Si has sido víctima de un delito y has recibido un ofrecimiento de acciones, es recomendable analizar tu situación jurídica antes de tomar decisiones procesales que puedan afectar a tu posterior intervención en el procedimiento.

 

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¿Por qué elegir LETRADOX Abogados para tu caso penal?

En este vídeo te lo explicamos:

Nobleza y títulos nobiliarios. LETRADOX Abogados

NOBLEZA

 

Preguntas y respuestas sobre Nobleza y títulos nobiliarios. LETRADOX Abogados

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ENTREVISTA a

LETRADOX Abogados

 

Letradox Abogados es un despacho de abogados especializado en derecho nobiliario, títulos nobiliarios y derecho premial. Los socios del despacho poseen linaje nobiliario por lo que tanto por su formación jurídica como por su componente familiar, están altamente especializados en estas cuestiones jurídicas.

 ¿Qué son los títulos nobiliarios ? ¿Cuántos títulos hay en España? 

En 2026 había en España 2709 títulos nobiliarios en posesión de 2218 personas.

En la actualidad, los títulos nobiliarios encuentran su encuadre legal en el artículo 62, apartado f, de la Constitución Española de 1978, que regula la prerrogativa del Rey a conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.

Los consortes legales de quienes tienen dignidades nobiliarias y los cónyuges viudos mientras permanezcan en ese estado, disfrutan del mismo tratamiento que sus cónyuges.

La legislación española reconoce los títulos nobiliarios y protege a sus poseedores legales frente a terceros.

Los títulos nobiliarios españoles no son en ningún caso susceptibles de compra ni de venta, ya que su sucesión se encuentra estrictamente reservada a los parientes de mejor derecho del poseedor del título.

¿Cómo se ingresa en las corporaciones nobiliarias de España?

Hay que probar la nobleza con las pruebas y de la manera admitida en cada una de ellas y según lo que se recoge en sus propias normativas.

Los letrados de Letradox Abogados pertenecen a las corporaciones nobiliarias de la Real Asociación de Hidalgos de España y a la Real Antiquísima y Muy Ilustre Cofradía de Nobles de Nuestra Sra. del Portillo de Zaragoza, de las más antiguas y prestigiosas de España.

¿Debería haber una normativa uniforme aplicable a fin de aportar unidad de criterio en materia nobiliaria?

Como juristas y expertos en leyes, desde Letradox consideramos que por supuesto que nuestra respuesta es evidente y es que Sí, porque así se aportaría un criterio uniforme con mayor seguridad  jurídica y menos discrecionalidad,  si bien no solamente son normas jurídicas sino que también hay un componente de adecuación o de afinidad a la corporación en concreto y valoración de otros requisitos no normativizados en los que la positivización  resulta complicada.

¿Como empezó el interés de su despacho de abogados Letradox en esta materia ?

Nuestra historia familiar ha estado vinculada siempre a esta materia porque al pertenecer a la nobleza desde hace siglos y tener, vamos a decir , un árbol genealógico ; de nobles; pues el interés siempre ha estado ahí.

Nuestra formación jurídica y trayectoria se unió hace años lo que era más un hobbie y un interés personal en esta materia y ha cristalizado hoy en una rama más de las que llevamos en el despacho y en la que se une nuestro interés personal con nuestra profesión de jurista.

¿Quién puede llevar casos de títulos nobiliarios o asesoramiento jurídico en materia? 

Abogados en ejercicio colegiados y con experiencia en materia de Derecho civil y administrativo , como es en el caso de LETRADOX abogados .

¿El ser doctor en Derecho supone tener conocimiento jurídico en materia jurídico-nobiliaria?

Es una pregunta interesante y que creemos importante matizar porque hay mucha confusión al respecto.  Doctor en Derecho , al contrario de lo que determina su propio nombre, es alguien que no tiene que haber estudiado la carrera de Derecho, es decir , ni es jurista ni es abogado; es  alguien que ha investigado y defendido una tesis, enfocado en la especialización académica, doctrinal. Generalmente puede haber hecho un estudio sobre Historia del Derecho y no toda la historia del Derecho sino una cuestión concreta de la Historia.

Por tanto; la conclusión y consecuencia es clara: no tiene la formación jurídica ni puede llevar cuestiones legales ni de títulos nobiliarios ni de legislación nobiliaria en general y tiene que ser un abogado colegiado en ejercicio quien tiene que presentar una demanda judicial o contestar a la misma.  El asesoramiento que pueda dar en materias similares es del todo punto insuficiente y siempre debe haber ser representado por un abogado para cualquier cuestión judicial.  Si no hay formación jurídica no hay asesoramiento adecuado.

Sería conveniente que solamente pudieran ser doctores en Derecho los licenciados en Derecho, porque es mucho más coherente; pero esa es una cuestión de política legislativa, y un debate que se debe abordar cuando haya una reforma en la materia de Universidades. Este debate es más profundo y extralimita el objeto de esta entrevista.

¿Y en cuánto a la formación en Archivos o en Historia, acredita formación jurídica?

La respuesta es la misma; en archivos como mucho se puede hacer un curso sobre propiedad intelectual o de Derecho Administrativo y Público para tener algo de conocimiento de la legislación que regula los documentos en instituciones públicas, pero nunca suple el conocimiento de un jurista y de un abogado en ejercicio y desde luego el entendimiento que puedan tener sobre Sentencias judiciales o por ejemplo dictámenes del Consejo de Estado en títulos nobiliarios es siempre mucho más limitado.

Además a ello se suma que al no ser abogado en ejercicio, la forma de facturar servicios de asesoramiento debe estar o bien como una sociedad o como autónomo; y no estaría sujeto a la responsabilidad y a las estrictas reglas que tenemos los abogados colegiados.

¿Quién sí puede asesorar en materia de derecho nobiliario y premial?

Un jurista. Un jurista es un concepto más amplio que define a cualquier profesional dedicado al estudio, interpretación, enseñanza o aplicación profunda del derecho (jueces, académicos, abogados colegiados).

¿Qué servicios ofrecen desde Letradox Abogados en materia nobiliaria?

Un servicio jurídico integral profesional que abarca todas las cuestiones legales en esta materia; desde la redacción de escritos al Ministerio de Justicia para solicitar la sucesión de títulos nobiliarios, la demanda de mejor derecho de títulos nobiliarios, la contestación a la demanda; recurso de casación ante el Tribunal Supremo, redacción y búsqueda de información y partidas de expedientes de ingreso en corporaciones nobiliarias, etc…

Nuestra experiencia nos avala y nos ha consolidado como un despacho de referencia en España en materia nobiliaria, gracias a un equipo de juristas que conocen por su profesión y por su linaje todas estas cuestiones a la perfección. Además nuestro prestigio profesional y honestidad nos diferencia y nos mantiene con altos estándares en la realización del trabajo encomendado, de principio a fin.

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A continuación incorporamos  fotografía del ingreso de doña Mercedes de Parada y Rodríguez en la Real Asociación de Hidalgos de España y en la Real Antiquísima y Muy Ilustre Cofradía de Nobles de Nuestra Señora del Portillo de Zaragoza, la asistencia de los letrados socios del despacho de abogados Letradox a conferencias y congresos de Realeza y Nobleza en distintas ciudades y  la asistencia a foros expertos. En las fotos con el Rey Simeón de Bulgaria y la aspirante al trono de Portugal, la Duquesa de Braganza.

 

Momento de la jura, entrega de Diploma e Insignia de la Cofradía del Portillo de Zaragoza a la Ilma. Sra. doña Mercedes de Parada Rodríguez.

Screenshot

Novedades del RD Ley 6/2023. LETRADOX Abogados

Novedades del RD Ley 6/2023. LETRADOX Abogados

 

Resumen de las modificaciones introducidas por el RDL 6/2023

 

En LETRADOX® Abogados estamos siempre en constante estudio de las reformas legislativas trascendentes.

En materia procesal esta nueva norma es de obligado análisis dado que se implementa desde hoy día 20 de marzo de 2024 y modifica sustancialmente algunas cuestiones muy arraigadas en los procesos.

 

Los primeros 4 artículos de la ley tratan sobre las disposiciones general de la ley, listando los servicios electrónicos de la Administración de justicia y sus principios generales. Los artículos 5 al 7 establecen los derechos y deberes digitales que tiene tanto los ciudadanos, como los profesionales en sus relaciones con la administración de justicia.

El siguiente punto de la ley va desde el artículo 8 al 18. La carpeta de Justicia.

Los artículos 19 a 30 tratan sobre la firma electrónica, su regulación y nuevas relaciones con la Carpeta de justica. Trata que programas y modos hay para dar la firma online y sus posibles usos de esta herramienta, así de su identificación y comprobación legal.

Los artículos 31 a 58 tratan un tema más extenso que es la tramitación de diferentes procedimientos judiciales, y sus documentos adjuntos, en vía electrónica.

Establecen las normas de como presentar y dirigir los procedimientos  electrónicos. Se establece las normas que regulan las comunicaciones electrónicas y las actualizaciones de los procedimientos, así como los tipos de las mismas.

Los artículo 59 a 68 regulan los actos y servicios no presenciales, como funcionan y se regulan este tipo de actos, las normas de firmas y medios técnicos requeridos para esto y las normas para la emisión y difusión de las actuaciones de la Administración.

Del artículo 69 al 84 trata sobre los registros electrónicos de la administración y sus datos. Regula la inscripción de los documentos  la acreditación de esos datos, así de como deberán de registrar los documentos que no se presenten en formato electrónico.

Los artículos 85 a 87 tratan sobre la cooperación entre administraciones en materias electrónicas, estableciendo comités y órganos que ayude a regular esas relaciones y el funcionamiento de las mismas. El 88 al 92 tratan la idea de interoperabilidad judicial, es decir, la compatibilidad de los diferentes sistemas y su funcionamiento,  estableciendo los registros, órganos dirigentes y el esquema de dirección de los mismos.

Del 93 al 96, trata la ciberseguridad en este ámbito, estableciendo las políticas de seguridad de la información de la Administración Judicial, los principios de contante mejora, comités de seguridad y centros para las operaciones de ciberseguridad de la Administración de justicia.

Los artículos 99 y 100 regulan la protección de datos de carácter personal que se regulan según los artículos 236 bis a 236 decies de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio; en el artículo 2, párrafos 4 y 5, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo.

El articulo 101 recoge una serie de grandes cambios a la Ley de Enjuiciamiento , como son el cambio de la cuantía para los juicios verbales, de forma que ahora por razón de cantidad, los juicios verbales se aplicarán hasta los 15.000 euros y se introducen nuevos supuestos de demanda que se han de tramitar específicamente por esta vía, cualquiera que sea su cuantía. Estos son:

  • Las demandas en que se ejerciten acciones individuales relativas a condiciones generales de contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia.
  • Aquéllas en las que se ejerciten las acciones que otorga a las Juntas de Propietarios y a éstos la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, siempre que versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, sea cual fuere dicha cantidad.
  • Aquéllas en las que se ejercite la acción de división de cosa común.

Se tramitarán como juicio ordinario, por donde ahora se tramitarán las demandas en que se ejerciten acciones colectivas relativas a condiciones generales de la contratación.

Se establecen además medidas para adaptar el expediente digital a personas mayores de ochenta años de oficio y a mayores de 65 años a instancia de parte, y se incluye tramitación preferente de los procedimientos judiciales en los que alguna de las partes interesadas sea una persona con una edad de 80 años o más.

También se produce un cambio en el anuncio de dictámenes cuando no se puedan aportar con la demanda o con la contestación. Antes se debían de expresar en una u otra los dictámenes de los pretendan valerse, que habrán de aportar, para su traslado a la parte contraria, en cuanto dispongan de ellos, y en todo caso cinco días antes de iniciarse la audiencia previa al juicio ordinario o de la vista en el verbal. Ahora todas las actuaciones procesales, se realizarán preferentemente, salvo que el juez o jueza o tribunal, en atención a las circunstancias, disponga otra cosa, mediante presencia telemática.

En cambio, ahora las partes si no pudieran aportar los dictámenes elaborados por peritos por ellas designados, junto con la demanda o contestación, expresarán en una u otra los dictámenes de que, en su caso, pretendan utilizar, que habrán de aportar para su traslado a la parte contraria, en cuanto dispongan de ellos, y en todo caso cinco días antes de iniciarse la audiencia previa al juicio ordinario o en treinta días desde la presentación de la demanda o de la contestación en el juicio verbal. Este plazo puede ser prorrogado por el tribunal cuando la prueba pericial así lo exija y exista una causa justificada.

En el caso de las demandas referidas en el artículo 250.1.14.º, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 438.1, el letrado de la Administración procederá a dar cuenta al tribunal, con carácter previo a la admisión de la demanda, cuando considere que la misma incluye pretensiones que están siendo objeto de procedimientos anteriores planteados por otros litigantes, que no es preciso realizar un control de transparencia de la cláusula ni valorar la existencia de vicios en el consentimiento del contratante y que las condiciones generales de contratación cuestionadas tienen identidad sustancial.

También introduce una novedad significativa en el sistema judicial español con la regulación de la suspensión de las actuaciones por prejudicialidad europea.

Este procedimiento conlleva, sin perjuicio de la contestación del demandado siguiendo los trámites del artículo 404, a dar cuenta al tribunal para poder resolver a procedimientos similares sobre la abusividad de las cláusulas de los contratos y del vicio del consentimiento, cuando el demandante, demandado y objeto, tengan la misma identidad.

La incorporación de este nuevo procedimiento lleva la inclusión de una serie de apartados que establecen que la parte actora y la parte demandada podrán solicitar en su escrito de demanda y contestación que el procedimiento se someta a la regulación de este artículo, siempre que concurran los presupuestos señalados en el párrafo anterior.

Una vez se examine la demanda y el asunto, el tribunal dictará auto acordando la suspensión del curso de las actuaciones hasta que se dicte sentencia firme en el procedimiento identificado como testigo o, en su caso, dictará providencia acordando seguir con la tramitación del procedimiento.

En caso de que se hubiera dictado el auto acordando la suspensión, junto a su notificación se remitirá copia de aquellas actuaciones que consten en el procedimiento testigo y que, a juicio del tribunal, permitan apreciar las circunstancias establecidas en el apartado primero, quedando unido al procedimiento testimonio de las mismas. Contra el auto acordando la suspensión cabrá recurso de apelación que se tramitará de modo preferente y urgente.

Introduce una extensa adaptación para acomodar los nuevos sistemas electrónicos y telemáticos, estableciendo que herramientas pueden ser utilizadas para realizar estas labores online, como las videoconferencias. Se modifican la toma de testimonio, interrogatorios  varios procedimientos para acomodar estas vías electrónicas.

Se producen modificaciones a la hora de la interposición de recursos de apelación. Contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil las partes legitimadas no podrán interponer recurso extraordinario por infracción procesal.

La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, realizando cambios en cuanto al lenguaje inclusivo, añadiendo modificaciones para acomodar los nuevos métodos electrónicos, y cambiando algunos recursos.

Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 79, de forma que contra las providencias y los autos no susceptibles de apelación o casación podrá interponerse recurso de reposición, no de súplica. El recurso de reposición se interpondrá en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de la notificación de la resolución impugnada.

Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 79, de forma que contra las providencias y los autos no susceptibles de apelación o casación podrá interponerse recurso de reposición, no de súplica. El recurso de reposición se interpondrá en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de la notificación de la resolución impugnada.

Se modifica el artículo 39, de forma que contra las resoluciones sobre acumulación, ampliación y tramitación preferente solo se dará recurso de reposición, no de súplica.

Se realizan cambios a la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, optimizando los recursos y profundizando en los avances conseguidos utilizando para ello herramientas como el procedimiento testigo o la extensión de efectos.

La entrada en vigor de estas reformas procesales se producirá el próximo 20 de marzo de 2024 atendiendo a la Disposición Final 9ª.2.2ª, que establece:

“No obstante, las previsiones contenidas en el título VIII del libro primero y en las disposiciones finales primera, segunda y cuarta, entrarán en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Las modificaciones realizadas en la Ley de Enjuiciamiento Civil se encuentran dentro de este título VIII del Libro Primero del Real Decreto.”

 

Para cualquier cuestión jurídica en materia procesal, estamos a su disposición en:

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Novedades del RD Ley 6/2023. LETRADOX Abogados

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En LETRADOX Abogados le ayudamos en todos sus casos judiciales como venimos realizando con cientos de clientes en toda España desde hace más de 15 años. Profesionalidad y prestigio.

 

A continuación, se expondrá un listado con 40 preguntas y respuestas sobre Derecho Procesal Civil y Penal, siguiendo el orden del procedimiento judicial: Inicio, Desarrollo y Finalización. Cada respuesta incluye la referencia normativa correspondiente.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

1. ¿Cómo se inicia un procedimiento judicial?

En civil, se inicia con la presentación de una demanda con abogado ante el juzgado competente. En penal, puede iniciarse con una denuncia, una querella o de oficio por el Ministerio Fiscal o el juez si el delito es público. Recomendable con abogado (Art. 399 LEC, Art. 259 y 270 LECR)

2. ¿Qué es la demanda en el proceso civil?

Es el escrito en el que el abogado del demandante expone los hechos, fundamentos jurídicos y su petición al juez. Debe cumplir requisitos legales y acompañarse de pruebas relevantes. (Artículo 399 LEC)

3. ¿Qué diferencia hay entre denuncia y querella?

La denuncia informa de un delito sin necesidad de que el denunciante participe en el proceso. La querella, en cambio, implica personarse en el procedimiento como acusación, lo que es recomendable. (Artículos 259 y 270 LECR)

4. ¿Quién puede interponer una demanda civil?

Cualquier persona física o jurídica con interés legítimo y capacidad procesal, a través de su abogado. Si es menor o incapacitado, debe hacerlo su representante legal. (Artículos 6 y 7 LEC)

5. ¿Dónde se presenta una demanda civil?

En el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado, salvo excepciones como en materia de inmuebles o cláusulas de sumisión. (Artículos 50 y 51 LEC)

6. ¿Dónde se presenta una denuncia penal?

Puede presentarse ante la Policía, Guardia Civil, Juzgado de Guardia o el Ministerio Fiscal, por escrito o verbalmente. Recomendable hacerlo con abogado. (Artículo 265 LECR)

7. ¿Qué documentos deben acompañar una demanda civil?

Pruebas documentales, informes periciales si son necesarios, poder notarial si actúa un procurador y copias de la demanda para su notificación. (Artículo 265 LEC)

8. ¿Es obligatorio contar con abogado y procurador?

En civil, es obligatorio en algunos casos, siempre es recomendable en cualquier caso. En penal, depende del tipo de procedimiento, siendo obligatorio en muchos casos. (Art. 23 y 31 LEC, Art. 118 y 787 LECR)

9. ¿Qué es la admisión a trámite de una demanda?

Es la resolución judicial que verifica si la demanda cumple con los requisitos legales para continuar el procedimiento. Si no los cumple, se inadmite. (Artículo 404 LEC)

10. ¿Cuánto tarda un juzgado en admitir a trámite una demanda?

Depende de la carga de trabajo del juzgado, pero suele tardar entre 1 y 3 meses desde su presentación. (No regulado expresamente, depende del juzgado)

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

 

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11. ¿Qué ocurre tras la admisión de la demanda civil?

Se notifica al demandado y se le concede un plazo para contestar. Si la demanda es defectuosa, el juez puede requerir su subsanación antes de seguir adelante. (Artículo 404 LEC)

12. ¿Cuánto tiempo tiene el demandado para contestar la demanda?

Tiene un plazo de 20 días hábiles desde la notificación para presentar su impugnación. Si no lo hace, puede ser declarado en rebeldía. (Artículo 404 LEC)

13. ¿Qué pasa si el demandado no contesta?

Se le declara en rebeldía y el proceso sigue sin su intervención. Aunque no comparezca, será notificado de las resoluciones y podrá recurrir la sentencia. (Artículo 496 LEC)

14. ¿Qué tipos de procedimientos civiles existen?

Existen el juicio ordinario, y el juicio verbal (Artículo 249 LEC)

15. ¿Qué tipos de procedimientos penales existen?

Ordinario para delitos graves, abreviado para delitos con pena inferior a determinados años, juicio rápido para delitos flagrantes, delitos leves y el procedimiento sumario. (Artículos 14-17 LECR)

16. ¿Qué es la audiencia previa en un juicio civil?

Es un acto procesal donde las partes intentan llegar a un acuerdo, se resuelven cuestiones procesales y se proponen pruebas antes del juicio. (Artículo 414 LEC), en LETRADOX Abogados hemos realizado vídeos sobre esta materia.

17. ¿Qué tipos de pruebas pueden presentarse en juicio?

Pueden presentarse pruebas documentales, testificales, periciales, interrogatorio de parte y reconocimiento judicial de lugares u objetos. (Art. 299 LEC, Art. 726 LECR)

18. ¿Puede rechazarse una prueba en juicio?

Sí, el juez puede inadmitirla si es irrelevante, ilícita o impertinente para el objeto del proceso. Las partes pueden impugnar su denegación. (Art. 283 LEC, Art. 728 LECR)

19. ¿Dónde se colocan los testigos en un juicio?

Permanecen en una sala separada hasta que sean llamados a declarar, evitando que escuchen las declaraciones de otros testigos. (Art. 361 LEC, Art. 707 LECR)

20. ¿Cuánto dura un juicio?

Depende del tipo de procedimiento. Un juicio rápido puede durar minutos, mientras que un ordinario puede extenderse varias sesiones. (No regulado expresamente)

21. ¿Qué es la presunción de inocencia en penal?

Es el derecho del acusado a ser considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante prueba suficiente en juicio. (Art. 24 CE, Art. 118 LECR)

22. ¿Cuánto puede tardar en salir la sentencia?

Depende de la carga del juzgado, pero suele tardar entre 1 y 6 meses después del juicio. En juicios rápidos, el plazo es menor. (Art. 208 LEC, Art. 248 LOPJ)

23. ¿Qué pasa si una de las partes no asiste al juicio?

En civil, puede ser declarada en rebeldía. En penal, si el acusado no compara sin justificación, el juez puede ordenar su búsqueda y detención. (Art. 496 LEC, Art. 786 LECR)

24. ¿Qué es el interrogatorio del acusado?

Es la declaración del acusado sobre los hechos investigados. Puede guardar silencio o responder solo a las preguntas que desee. (Artículo 385 LECR)

25. ¿Se puede solicitar la suspensión del juicio?

Sí, por causa justificada como enfermedad, falta de abogado o incomparecencia de testigos clave. El juez decidirá si procede. (Art. 188 LEC, Art. 746 LECR)

26. ¿Cuántos jueces participan en un juicio?

En Primera Instancia o Penal suele haber un solo juez. En la Audiencia Provincial y tribunales superiores, pueden ser tres o más. (Artículo 26 LOPJ)

27. ¿Se pueden grabar los juicios?

Sí, las vistas se graban oficialmente para su control y revisión en caso de recurso. Las partes pueden solicitar copia. (Art. 187 LEC, Art. 743 LECR)

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FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

28. ¿Cuándo se dicta la sentencia?

Tras la deliberación del juez, generalmente en un plazo de 20 días en civil. En penal, depende de la complejidad del caso y la carga del juzgado. (Artículo 208 LEC)

29. ¿Cómo se notifica la sentencia a las partes?

Se comunica mediante providencia del tribunal, entregándose copia a las partes o a sus representantes legales. Puede hacerse por notificación electrónica o presencial. (Art. 212 LEC, Art. 248 LOPJ)

30. ¿Cuánto puede tardar en ejecutarse una sentencia?

Depende de su firmeza y del tipo de ejecución. Puede tardar semanas si es voluntaria o meses si requiere embargo o medidas forzosas. (Artículo 517 LEC)

31. ¿Cómo puede terminar un procedimiento judicial?

Puede finalizar por sentencia, acuerdo entre las partes (allanamiento, desistimiento o transacción) o por caducidad si no se impulsa el procedimiento. (Artículo 19 LEC)

32. ¿Cuántas sentencias hacen falta para que exista jurisprudencia?

Se requieren dos sentencias del Tribunal Supremo en el mismo sentido, resolviendo casos similares y sirviendo de referencia para futuros fallos.

33. ¿Se puede recurrir a una sentencia?

Sí, dependiendo del caso, mediante apelación ante un tribunal superior o casación en el Tribunal Supremo si se cumplen los requisitos legales. (Art. 455 LEC, Art. 847 LECR)

34. ¿Qué plazo hay para interponer un recurso de apelación?

En civil, el plazo es de 20 días hábiles. En penal, es de 10 días hábiles desde la notificación de la sentencia. (Art. 458 LEC, Art. 790 LECR)

35. ¿Qué es la cosa juzgada?

Es el principio que impide juzgar un mismo caso dos veces cuando ya hay una sentencia firme, garantizando seguridad jurídica. (Art. 222 LEC, Art. 125 CE)

36. ¿Qué es la ejecución de sentencia?

Es la fase donde se obliga a cumplir la sentencia, ya sea un pago, una obligación o una condena, utilizando medidas de apremio si es necesario. (Artículo 517 LEC)

37. ¿Puede una persona ir a prisión tras la sentencia?

Sí, si la sentencia es firme y establece pena de prisión. Si supera los dos años, el ingreso es obligatorio, salvo suspensión de pena. (Artículo 980 LECR)

38. ¿Qué es la prescripción de la acción penal?

Es la extinción del derecho a perseguir un delito cuando ha pasado un tiempo sin ser juzgado. El plazo varía según la gravedad del delito. (Artículo 131 CP)

39. ¿Se puede archivar un caso sin sentencia?

Sí, si no hay pruebas suficientes, el delito ha prescrito o la parte denunciante desiste en delitos privados o semipúblicos. (Artículo 637 LECR)

40. ¿Qué ocurre si el condenado no paga una indemnización?

Se inicia la ejecución de sentencia, pudiendo embargarse bienes o ingresos hasta cubrir la cantidad adeudada. Puede derivar en responsabilidad penal. (Artículo 578 LEC)

PREGUNTAS ADICIONALES

41. ¿Qué es la conciliación previa en el proceso civil?

Es un intento de solución extrajudicial donde las partes intentan llegar a un acuerdo sin necesidad de ir a juicio. En algunos casos es obligatorio antes de presentar la demanda, y si hay acuerdo, se formaliza y evita el proceso judicial. (Art. 139 LJV)

A raiz de la LO 1/2025 hay cambios importantes.

42. ¿Cuánto tiempo tarda un juicio verbal en celebrarse?

Desde la admisión de la demanda hasta la vista pueden pasar entre 3 y 6 meses, dependiendo de la carga de trabajo del juzgado. Una vez celebrada, el juez dicta sentencia en un plazo aproximado de 10 a 20 días. (No regulado expresamente, depende del juzgado)

43. ¿Qué diferencia hay entre procedimiento abreviado y ordinario en penal?

El procedimiento abreviado es más rápido y está pensado para delitos con penas inferiores a 9 años de prisión, mientras que el ordinario se emplea para delitos más graves y suele incluir una fase de instrucción más compleja. (Artículo 757 LECR)

44. ¿Cuándo se dicta un auto en vez de una sentencia?

El auto se dicta cuando el juez resuelve cuestiones procesales relevantes sin decidir sobre el fondo del asunto. Se emplea en decisiones sobre medidas cautelares, admisión de pruebas o sobreseimientos. (Artículo 206 LEC)

45. ¿Qué es la prisión provisional y cuándo se aplica?

Es una medida cautelar que consiste en encarcelar preventivamente a un investigado para evitar la fuga, la destrucción de pruebas o la reincidencia. Solo se aplica en casos de delitos graves y cuando haya indicios de criminalidad. (Artículo 503 LECR)

46. ¿Qué ocurre si un testigo miente en el juicio?
Comete el delito de falso testimonio, castigado con penas de prisión de 6 meses a 2 años si se trata de una causa civil, y de 1 a 3 años si es en un proceso penal. Si perjudica gravemente al acusado, la pena puede aumentar. (Artículo 458 CP)

47. ¿Cuánto tiempo tiene el juez para dictar una sentencia en juicio rápido penal?
En los juicios rápidos, el juez debe dictar sentencia en un plazo máximo de 3 días después de la vista. Si es condenatoria y no se repite, se ejecuta de inmediato. (Artículo 801 LECR)

48. ¿Qué pasa si la parte demandada en un juicio civil fallece?
El procedimiento se suspende hasta que se determine quiénes son sus herederos o sucesores procesales, quienes pueden continuar con el litigio en su lugar. (Artículo 16 LEC)

49. ¿Cuándo prescribe un delito?
Depende de la gravedad del delito. Por ejemplo, los delitos con pena máxima inferior a 5 años prescritos en 5 años, mientras que los más graves pueden tardar 20 años o más en prescribir. (Artículo 131 CP)

50. ¿Qué es un incidente de nulidad de actuaciones?

Es un recurso excepcional que permite impugnar una resolución judicial firme cuando se ha vulnerado un derecho fundamental sin posibilidad de defensa.  (Art. 228 LEC, Art. 241 LOPJ)

 

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Noticias – Campanadas jurídicas 2023 Letradox Abogados

Noticias – Campanadas jurídicas 2023 Letradox Abogados

 

Desde LETRADOX® Abogados, como ya es tradición, os presentamos las 12 noticias jurídicas de este año 2023.

Las campanadas jurídicas en Vídeo.

 

A continuación, os realizamos un resumen de las 12 noticias que habéis podido ver en el vídeo:

 

 

12.

Consumo abre un expediente sancionador contra varias aerolíneas “low cost” por cobrar un suplemento por el equipaje de mano a sus pasajeros

El Ministerio considera que se trata de una práctica que puede vulnerar la ley, ya que ofrece servicios que hasta ahora se incluían en el precio del billete y que ahora pasan a facturarlos de forma separada.

Además, no incluyen esa información como estrategia publicitaria para atraer a clientes, lo que puede conducir a engaño, porque el consumidor, al finalizar el proceso de compra, abona una cantidad superior a las ofertas con las que las aerolíneas compiten por los viajeros.

 

Protección de derechos de autor respecto de la IA.

La disputa surge debido a la falta de claridad sobre la propiedad de los datos utilizados para entrenar las IA generativas, lo que ha provocado denuncias y dilemas legales.

Uno de los desafíos principales es probar si la IA ha infringido los derechos de autor al utilizar datos protegidos en su entrenamiento.

La dificultad radica en la ausencia de un registro claro de los datos empleados por la IA.

Esto lleva a la necesidad de demostrar en juicio que los datos utilizados pertenecen a obras protegidas por derechos de autor y que su uso infringe dichos derechos.

 

Reformas Legislativas en materia laboral.

Modificación del SMI y nueva ley de empleo.  (Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo).

La ley se estructura en seis títulos, dedicados respectivamente

a la política de empleo,

los servicios públicos y privados de empleo,

las políticas activas de empleo

la cartera de servicios

y los servicios garantizados y compromisos de las personas y entidades demandantes de empleo,

la financiación

y la evaluación de la política de empleo

 

 

Nuevo Convenio de inmigración Europeo.

Los países europeos se encuentran en proceso de establecer normas comunes que permitan gestionar una llegada masiva inesperada de solicitantes de asilo, siendo este el objetivo principal de la nueva reforma migratoria de la Unión.

Toda esta labor está dirigida y lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos, garantizando al mismo tiempo el derecho a solicitar protección internacional;

mediante el uso de alianzas internacionales para el control de la misma.

 

8.

Ley de la IA.

Las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial han traído consigo la necesidad de nueva regulación jurídica para el control de estas.

Desde la creación de sistema de aprendizaje inteligente hasta la recreación casi perfecta de las voces y caras de tanto vivos como fallecidos, no existe una regulación actual para el control de todos estos usos, ni nacional ni internacional, debido a su complejidad técnica y multitud de usos en todavía evolución.

En abril de 2021, la Comisión propuso el primer marco regulador de la UE para la IA, norma que distingue principalmente tres niveles de riesgo, de forma que cuanto mayor sea el riesgo para los derechos o la salud de las personas, mayores serán las obligaciones de los sistemas. En este año, se ha presentado la propuesta de nueva ley sobre la IA.

Vid. Real Decreto 817/2023, de 8 de noviembre, que establece un entorno controlado de pruebas para el ensayo del cumplimiento de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial.

 

Ley de vivienda

Esta ley, 12/2023,  regula diferentes ámbitos del sector inmobiliario con una clara concentración en la parte del alquiler de inmuebles e incluye medidas para ayudas al acceso de las viviendas.

Algunos de los puntos clave de esta nueva ley son los siguientes:

Ampliación de las zonas tensionadas en el mercado de alquiler (en este caso se le da a la potestad a las CCAA de decidir las zonas tensionadas),

nueva definición de grandes tenedores,

límite de la actualización anual del alquiler eliminando el IPC,

beneficios fiscales para propietarios, recargo del IBI para viviendas vacías,

medidas de protección ante desahucios, entre otros.

 

6.

Nueva regulación de los Patinetes eléctricos

 

–             Todos los VMP (vehículos de movilidad personal) que se comercialicen a partir del 22 de enero de 2024 serán marcas y modelos de VMP que hayan sido certificados y , por lo tanto aparecerán en www.dgt.es/vmp.

–             Todos los vehículos comercializados hasta el 22 de Enero de 2024 podrán circular hasta el 22 de Enero de 2027 aunque no dispongan de certificado. A partir del 22 de Enero de 2027 solamente podrán circular los VMP que cumplan con lo dispuesto en este manual y, por lo tanto, que dispongan de certificado para circular.

Todos los VMP deberán disponer de un marcaje de fábrica único, permanente, legible y ubicado de forma claramente visible con información sobre la velocidad máxima, el número de serie, el número de certificado, el año de construcción y la marca y modelo.

Los VMP deberán llevar en la parte trasera del mismo un espacio para llevar una identificación o etiqueta de registro.

 

5.

La constitución de sociedades

Creció el 10,2% en el segundo trimestre de 2023, despuntando el mes de mayo con cifras sin alcanzar desde 2008.

Se han constituido en España 29.592 sociedades en el segundo trimestre de este año según informa el Colegio de Registradores mediante la presentación de su informe. El incremento es del 10,2% respecto al mismo trimestre del año anterior.

En cuanto al objeto de estas sociedades, la gran mayoría se dedican a la hostelería, la construcción, las actividades inmobiliarias y el comercio.

 

La XXVIII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado.

La XXVIII Cumbre Iberoamericana, celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, se enfocó en forjar una “Iberoamérica más justa y sostenible”.

Durante el evento, las 22 naciones participantes adoptaron cuatro instrumentos clave para abordar desafíos regionales:

la Carta Medioambiental Iberoamericana,

la Carta de Principios y Derechos Digitales Iberoamericana,

la Estrategia para la seguridad alimentaria

y el Comunicado Especial sobre Arquitectura Financiera Internacional.

Además, se aprobó el III Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana,

un marco de cooperación entre los 22 países que se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

y se estructura en ocho ejes, con metas, indicadores y mecanismos de seguimiento.

 

Cumbre de Dubái. COP28

Tiene como objetivo finalizar la dependencia europea en combustibles fósiles.

Con este objetivo, la UE se encuentra cerca de llegar a su objetivo de  100 000 millones de dólares estadounidenses establecido por el Acuerdo de París en financiación de la lucha contra el cambio climático.

Cada año, la Conferencia de las Partes se reúne para definir el nivel de ambición y las responsabilidades de la acción por el clima, así como para determinar y evaluar las medidas climáticas.

 

2.

Proposición de Ley de Amnistía.

La nueva proposición de Ley, muy polémica y con la oposición  frontal de la mayoría de juristas, justifica que se perdonen delitos vigentes «en aras del interés general»,

para «garantizar la convivencia dentro del Estado de Derecho»,

y explica que la norma como «un mecanismo constitucional» que «está dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional».

El Colegio de Abogados de Madrid, las asociaciones Jueces, partidos políticos y la mayoría de los vocales del Consejo del Poder Judicial se han manifestado en contra de esta ley, argumentando que atenta contra la división de poderes

y que la amnistía no se encuentra dentro de la Constitución y va contra los principios de la democracia española.

 

1.

Jura de la Constitución de S.A.R. La Princesa de Asturias doña Leonor de Borbón.

 

El 31 de octubre, la princesa de Asturias juró la Constitución.

Esta jura es la aceptación por parte de la princesa de que cumplirá y hará cumplir la Carta Magna cuando se convierta en la jefa de Estado, un derecho que se adquirió cuando cumplió la mayoría de edad.

“Me comprometo con nuestros principios democráticos y con nuestros valores constitucionales, que asumo plenamente”, dijo la princesa.

La jura de la Constitución es obligada y regulada legalmente por el artículo 61 de la Constitución Española,

Art. 61.2 “El príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey”

Este acto de jura tiene una gran importancia tanto simbólica como legal e institucional.

Este acto representa el acatamiento ante la sede de la soberanía nacional que dota de continuidad a la monarquía parlamentaria.

 

Si quiere realizar cualquier consulta legal sobre las materias que aparecen en el vídeo, desde Letradox® Abogados estamos a su disposición para resolverlas.

 

Póngase en contacto con nosotros para ayudarle en todas las cuestiones legales que necesite en su ámbito personal y profesional.

 

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Noticias – Campanadas jurídicas 2023 Letradox Abogados

 

¿Cómo hacer una desheredación? por LETRADOX Abogados

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Nuestro equipo de abogados expertos en Derecho Civil – desheredaciones.; le facilitarán el asesoramiento jurídico adecuado , así como la representación en juicio si el asunto estuviese judicializado.

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DESHEREDACIÓN

 

La desheredación consiste en la privación de la legítima a un heredero forzoso mediante testamento. Solo se considera válida si se adapta a las causas establecidas por la ley y se procede a enunciar de manera clara y motivada en el testamento.

 

Se regula principalmente en los artículos 848-857 del Código Civil.

 

La ley de sucesiones de 2025 ha introducido algunas novedades .

  • Se procede a reconocer el testamento digital , que puede incluir cláusulas de desheredación si se otorgan ante notario por videoconferencia.
  • Se reduce el plazo para aceptar o renunciar a la herencia a seis meses desde el fallecimiento.
  • Se ha procedido a ampliar la capacidad del testador para disponer libremente de sus bienes en ciertos casos ( por ejemplo caso de conflicto o abandono ).
  • Además, se introducen mecanismos de mediación obligatoria en situaciones de conflicto entre herederos.

 

 

Como dice el articulo 848, solo puede establecerse la desheredación por las causas que la ley señale de manera expresa.

Las causas están recogidas entre los artículos 852 y siguientes, muchos de estos referencian las causas recogidas en el articulo 756 “ son incapaces de suceder por causa de indignidad …”

Para poder desheredar a alguien se debe hacer mediante testamento válido, indicando nombre completo, parentesco y motivo legal del desheredado.

Debe existir una causa legal concreta enumeradas en los artículos mencionados anteriormente. Además, deben existir evidencias suficientes que puedan respaldar los hechos alegados.

 

A contonuación, analizamos algunas sentencias sobre esta materia:

 

1.SAP A 2678/2018 –

 

 

«La desheredación hecha fuera de testamento, sin expresión de causa en él, o por causa cuya certeza, si fuere contradicha, no se probare o no fuere de las tipificadas en la ley, anulará la institución de heredero en cuanto perjudique los derechos del desheredado, quedando a salvo, ello no obstante, las mandas y legados que no perjudiquen su legítima (…) no demostrada la causa de la desheredación (artículo 850) por la parte a quien le incumbe, la desestimación es la única decisión posible».

 

Esta sentencia es un caso de cómo no puede darse desheredación por no probarse justa causa.

 

  1. SAP M 10886/2025

 

Esta Sentencia, aunque trata principalmente sobre la pensión alimentaria en un divorcio. Se establece un punto interesante sobre la desheredación.

 

El padre alegó que la falta total de relación con los hijos debía eximirle del pago, porque sería causa equiparable a la desheredación (arts. 152.4 y 853.2 CC).

La Audiencia recuerda la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 104/2019 y 101/2020) y dice que:  La falta de relación puede justificar el cese de la pensión de alimentos solo si es imputable exclusivamente al hijo, y solo si esa conducta tiene la gravedad de una causa de desheredación, como el maltrato o injurias graves.

 

En este caso concreto, no se probó que la falta de relación fuera culpa solo de los hijos. Las pruebas (emails) mostraban una relación deteriorada por conflictos familiares mutuos. Por tanto, no se aplica la causa del art. 152.4 CC.

 

 

3: STS 2492/2018

 

En esta sentencia se señala que la privación del derecho a la legítima es excepcional y que debe acreditarse de manera expresa la causa de desheredación, concretando que no toda ausencia de relación familiar justifica la desheredación.

 

 

¿Quiere desheredar? ¿Quiere impugnar un testamento en el que consta su desheredación? ¿Necesita un abogado para defensa en juicio?

Contacte con nuestros letrados para ofrecerle una defensa completa y eficaz.

 

 

(En la fotografía de abajo, el Letrado don Marcos de Rivas, socio del despacho, en la sala de Juntas de Letradox Abogados.)

 

Contáctenos para valorar su caso con toda la seriedad, rigor y profesionalidad. Un completo equipo a su servicio.

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Abogados reclamación del CANAL DE DENUNCIAS

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Canal de denuncias obligatorio para empresas: cómo cumplir con la Ley 2/2023

El denominado canal de denuncias, denominado legalmente Sistema Interno de Información, se ha convertido en una de las principales obligaciones de compliance para determinadas empresas españolas.

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, establece la obligación de determinadas empresas de disponer de un Sistema Interno de Información que permita comunicar determinadas infracciones con garantías de confidencialidad y protección frente a represalias.

En LETRADOX Abogados asesoramos a empresas en el diseño, implantación y gestión jurídica de sus Sistemas Internos de Información.

¿Qué empresas están obligadas a tener un canal de denuncias?

En el sector privado, están obligadas, con carácter general, las personas físicas o jurídicas que tengan contratados 50 o más trabajadores. La obligación también alcanza a determinadas entidades con independencia del número de trabajadores cuando están incluidas en determinados sectores regulados.

¿Es suficiente con contratar un software?

No. Uno de los errores más habituales es confundir el canal tecnológico con el Sistema Interno de Información.

La Ley exige que el sistema esté diseñado, establecido y gestionado de forma que garantice, entre otras cuestiones, la confidencialidad de la identidad del informante, la protección de los datos personales, la seguridad de la información, la posibilidad de realizar comunicaciones por escrito o verbalmente, el tratamiento efectivo de las comunicaciones y la protección frente a represalias.

Comprar una plataforma informática no significa automáticamente cumplir con la Ley 2/2023.

¿Quién debe gestionar el canal de denuncias?

La organización debe designar un Responsable del Sistema Interno de Información, que debe desempeñar sus funciones con independencia y autonomía.

La Ley permite además determinadas fórmulas de organización y, en determinadas circunstancias, compartir sistemas y recursos. En empresas de entre 50 y 249 trabajadores, por ejemplo, permite compartir el Sistema Interno de Información y los recursos destinados a la gestión y tramitación de las comunicaciones en los términos establecidos legalmente.

¿Puede un despacho de abogados gestionar un canal de denuncias?

La normativa contempla expresamente la posibilidad de que determinadas funciones relacionadas con la gestión del Sistema puedan ser externalizadas. Esto permite que una empresa cuente con asesoramiento jurídico especializado sin necesidad de crear internamente toda la estructura necesaria para gestionar las comunicaciones.

Para la empresa, puede suponer una solución más eficiente y especializada. Para el despacho, supone además la posibilidad de ofrecer un servicio jurídico recurrente, y no únicamente la elaboración inicial de documentos.

¿Qué debe incluir un servicio profesional?

  • Análisis jurídico inicial: determinar si la empresa está obligada y cuál es el régimen aplicable.
  • Diseño del Sistema: establecer estructura, responsables, canales y procedimientos.
  • Reglamento y política interna: documentar las reglas de funcionamiento.
  • Procedimiento de investigación: establecer cómo se reciben, analizan, investigan y resuelven las comunicaciones.
  • Protección del informante: incorporar las garantías legales frente a represalias.
  • Protección de datos: coordinar el Sistema con las obligaciones de privacidad.
  • Formación: formar a las personas responsables y colectivos que deban conocer el funcionamiento.
  • Gestión jurídica: asumir, cuando proceda, determinadas funciones de gestión e investigación.

¿Qué riesgos tiene una empresa que no cumple?

La Ley 2/2023 establece un régimen específico de infracciones y sanciones. Pero el riesgo para la empresa no se limita a una eventual sanción administrativa.

  • Protección de datos.
  • Investigaciones internas defectuosas.
  • Pérdida de evidencias.
  • Conflictos laborales.
  • Responsabilidad de administradores.
  • Incumplimiento de obligaciones de compliance.

Canal de denuncias y compliance empresarial

El Sistema Interno de Información puede integrarse dentro de un programa más amplio de cumplimiento normativo y coordinarse, según las características de la empresa, con el código ético, políticas anticorrupción, prevención del fraude, protección de datos, prevención del acoso, compliance penal y políticas internas de conducta.

¿Necesita su empresa un canal de denuncias?

Si su empresa tiene 50 o más trabajadores, conviene revisar si está obligada a disponer de un Sistema Interno de Información y si el sistema actualmente existente cumple todos los requisitos legales.

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¿Por qué elegir a LETRADOX Abogados para tu caso ? En este vídeo te lo explicamos

 

 

En LETRADOX Abogados ofrecemos asesoramiento jurídico para la implantación, revisión y gestión de Sistemas Internos de Información, adaptados al tamaño y actividad de cada empresa. No se trata solamente de instalar un canal. Se trata de disponer de un sistema jurídicamente válido y operativo.

Abogados para PLAN LGTBI PARA EMPRESAS

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Plan LGTBI para empresas: obligaciones, medidas y protocolo frente al acoso
La normativa española ha incorporado nuevas obligaciones para las empresas en materia de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI.

Desde la aprobación de la Ley 4/2023 y, especialmente, tras la entrada en vigor del Real Decreto 1026/2024, las empresas de más de 50 personas trabajadoras deben contar con un conjunto planificado de medidas y recursos destinados a garantizar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI en el ámbito laboral.

Esta obligación no consiste simplemente en aprobar una declaración de principios. La normativa exige medidas concretas y un protocolo de actuación frente al acoso y la violencia contra las personas LGTBI.

En LETRADOX Abogados asesoramos a empr

esas en la elaboración, implantación y revisión de sus medidas LGTBI y protocolos de prevención y actuación frente al acoso.

¿Qué empresas están obligadas a tener medidas LGTBI?

El Real Decreto 1026/2024 se aplica a las empresas que tengan más de 50 personas trabajadoras. Para determinar si se alcanza este umbral debe tenerse en cuenta la plantilla total de la empresa y las distintas modalidades de contratación previstas por la normativa.

¿Qué debe hacer una empresa?

Las medidas deben integrarse en la organización de la empresa y abarcar diferentes ámbitos de la relación laboral. Entre otras cuestiones, pueden afectar a:

Acceso al empleo.
Selección y contratación.
Promoción profesional.
Formación.
Igualdad de trato.
Entornos laborales inclusivos.
Permisos y derechos relacionados con la diversidad familiar.
Régimen disciplinario.
Prevención del acoso.

Protección frente a la discriminación.
Comunicación interna.
Seguimiento y evaluación de las medidas.

Protocolo frente al acoso LGTBI

Uno de los elementos fundamentales es el protocolo de actuación frente al acoso y la violencia contra las personas LGTBI.

El protocolo debe establecer cómo actuar ante una posible situación de acoso o violencia relacionada con la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género.

Por ello, no resulta suficiente con disponer de un documento genérico contra el acoso. La empresa necesita contar con un procedimiento claro que permita:

Identificar las conductas susceptibles de constituir acoso.
Establecer los canales de comunicación.
Proteger a las personas afectadas.

Garantizar la confidencialidad.
Determinar quién interviene.
Establecer el procedimiento de investigación.
Adoptar medidas cautelares cuando sean necesarias.

Establecer las medidas de respuesta.
Evitar represalias.
Realizar el seguimiento correspondiente.

¿Debe negociarse?

Sí. La normativa establece reglas específicas sobre la negociación de las medidas planificadas, que varían en función de la existencia de representación legal de las personas trabajadoras y del convenio colectivo aplicable.

Por ello, elaborar simplemente un documento y entregarlo a la empresa puede resultar insuficiente. Es necesario analizar previamente la situación de la empresa y determinar cuál es el procedimiento correcto para adoptar las medidas.

¿Qué relación existe entre el Plan LGTBI y el Plan de Igualdad?

Son instrumentos diferentes, aunque pueden estar estrechamente relacionados. Una empresa puede necesitar simultáneamente Plan de Igualdad, medidas LGTBI, protocolo de acoso sexual, protocolo de acoso LGTBI, auditoría retributiva y registro retributivo.

¿Qué puede hacer un abogado especializado?

El asesoramiento jurídico resulta especialmente útil porque estas obligaciones combinan normativa laboral, negociación colectiva, prevención de riesgos jurídicos, protección de datos y procedimientos internos.

Analizar si la empresa está obligada.

Revisar la situación actual.

Elaborar las medidas planificadas.

Redactar el protocolo frente al acoso LGTBI.

Asesorar durante la negociación.

Adaptar los procedimientos internos.

Formar a las personas responsables.

 

Establecer sistemas de seguimiento.

Revisar y actualizar las medidas.

Evite tener un documento que no se corresponda con la realidad de la empresa

El objetivo no debería ser simplemente tener un Plan LGTBI.

Lo importante es que la empresa disponga de un sistema real, aplicable y jurídicamente adecuado, capaz de responder ante una situación de discriminación o acoso.

¿Necesita su empresa un Plan LGTBI?

En LETRADOX Abogados ofrecemos asesoramiento jurídico para la implantación de medidas de igualdad y no discriminación LGTBI y para la elaboración de protocolos frente al acoso. Contacte con LETRADOX Abogados y analizaremos las obligaciones que corresponden a su empresa.

 

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Referentes de LETRADOX. Eugenio Gay Montalvo

Referentes de LETRADOX. Eugenio Gay Montalvo

 

En Referentes® de LETRADOX® Abogados recibimos a D. Eugenio Gay Montalvo, abogado; que fue miembro del Tribunal Constitucional de España desde 2001 a 2012 y Vicepresidente en los años 2011 a 2012.

Ha sido Presidente del Consejo General de la Abogacía Española (1993-2001) y es miembro del consejo de Administración y del Patronato de La Caixa entre otras actividades jurídicas y empresariales en las que participa.

En esta conversación con la letrada dña. Mercedes de Parada y Rodríguez , CEO de Letradox y el socio COO de la firma, D. Marcos Rivas y Fernandez repasamos algunos de los hitos de su trayectoria profesional y abordamos asuntos de la actualidad jurídica.

Las conversaciones con los referentes del Derecho, de la empresa y de la sociedad civil en España, en LETRADOX® www.letradox.com

 

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