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 Comprar vivienda en España siendo estadounidense | Abogados

                                      Comprar una vivienda en España siendo estadounidense: aspectos legales que debe conocer antes de invertir

Comprar vivienda en España siendo estadounidense | Abogados

¿Es ciudadano estadounidense y quiere comprar una vivienda en España? Conozca los aspectos legales de la compraventa, la residencia, los impuestos y la planificación patrimonial.

 

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C/ Hermosilla 144, 1ºE Madrid

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España, un destino para la inversión inmobiliaria internacional

España continúa despertando el interés de compradores e inversores internacionales que buscan adquirir una vivienda, diversificar su patrimonio o establecer una nueva residencia en Europa.

Para un ciudadano estadounidense, comprar una propiedad en España puede representar una oportunidad de inversión o el primer paso para trasladarse al país.

Sin embargo, una operación inmobiliaria internacional implica cuestiones jurídicas que van mucho más allá del precio de compra.

La titularidad del inmueble, la situación registral, los contratos, los impuestos, la financiación y la planificación sucesoria son aspectos que deben analizarse antes de comprometer una inversión.

En nuestro despacho asesoramos a ciudadanos e inversores internacionales que desean adquirir bienes inmuebles en España, acompañándoles durante el proceso de compraventa y en las cuestiones jurídicas relacionadas con su patrimonio.

¿Puede un ciudadano estadounidense comprar una vivienda en España?

Con carácter general, los ciudadanos estadounidenses pueden adquirir inmuebles en España.

No obstante, la compra de una propiedad no concede automáticamente un derecho de residencia en el país. La adquisición inmobiliaria y la situación migratoria deben analizarse como cuestiones jurídicas distintas.

Antes de iniciar una operación, conviene determinar si el objetivo es adquirir una segunda residencia, realizar una inversión inmobiliaria, trasladarse a España o desarrollar una actividad económica.

Cada escenario puede requerir una estrategia jurídica diferente.

Cinco aspectos legales que debe revisar antes de comprar

  1. Realizar una due diligence inmobiliaria

Antes de firmar un contrato o entregar una cantidad significativa de dinero, es recomendable revisar la situación jurídica del inmueble.

La comprobación puede incluir:

La titularidad registral.

Las cargas y gravámenes.

La situación urbanística.

Las posibles deudas vinculadas al inmueble.

La existencia de arrendamientos u ocupantes.

La correspondencia entre la realidad física y la documentación disponible.

Esta revisión permite identificar riesgos que podrían afectar al uso, al valor o a la futura transmisión de la propiedad.

  1. Revisar el contrato de compraventa

Las operaciones inmobiliarias en España pueden incluir reservas, contratos privados, pagos anticipados y escritura pública ante notario.

Es importante comprender las consecuencias jurídicas de cada fase, especialmente cuando el comprador reside en Estados Unidos y debe coordinar documentación, desplazamientos o transferencias internacionales.

La revisión contractual debe atender a los plazos, las condiciones de pago, las consecuencias del incumplimiento y las obligaciones de cada parte.

  1. Analizar los impuestos y los costes de adquisición

El coste de comprar una vivienda en España no se limita al precio acordado.

Dependiendo de las características de la operación, pueden existir impuestos asociados a la adquisición, gastos notariales, registrales y otros costes profesionales.

La fiscalidad puede variar según se trate de una vivienda nueva o usada, la comunidad autónoma en la que se encuentre el inmueble y las circunstancias del comprador.

Además, un ciudadano estadounidense debe considerar las posibles implicaciones fiscales en ambos países.

La coordinación entre el asesoramiento jurídico español y el asesoramiento fiscal estadounidense resulta especialmente importante para evitar decisiones patrimoniales basadas en una visión incompleta.

  1. Considerar la residencia y la movilidad internacional

Comprar una propiedad en España no equivale a obtener un permiso de residencia.

Los ciudadanos estadounidenses que deseen permanecer en España durante períodos prolongados deben analizar qué régimen de residencia resulta aplicable a su situación.

La elección puede depender de factores como la duración de la estancia, la actividad profesional, los recursos económicos y la situación familiar.

Por ello, es recomendable estudiar conjuntamente la adquisición inmobiliaria y el proyecto de traslado, sin asumir que una operación garantiza automáticamente la otra.

  1. Planificar la titularidad y la sucesión del inmueble

Una vivienda en España puede formar parte de un patrimonio internacional.

La titularidad individual, conjunta o a través de una sociedad puede tener consecuencias jurídicas y fiscales diferentes.

También conviene analizar cómo se integrará el inmueble en la planificación sucesoria del propietario, especialmente cuando existen familiares, activos o documentos testamentarios en Estados Unidos.

Una planificación adecuada puede ayudar a reducir incertidumbres y facilitar la gestión futura del patrimonio.

¿Por qué contar con abogados en España?

La compra de una propiedad en otro país exige comprender tanto el proceso inmobiliario como el marco jurídico local.

Nuestro despacho asesora a ciudadanos estadounidenses e inversores internacionales en operaciones inmobiliarias en España, incluyendo la revisión de contratos, la due diligence, la coordinación de la compraventa y las cuestiones patrimoniales relacionadas con la adquisición.

Prestamos asesoramiento en operaciones en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, la Costa del Sol y otros destinos inmobiliarios españoles.

Nuestro objetivo es que el cliente pueda tomar decisiones informadas, comprender las obligaciones de la operación y disponer de una adecuada protección jurídica durante el proceso.

¿Está pensando en comprar una vivienda en España?

Si es ciudadano estadounidense y está valorando adquirir una propiedad en España, nuestro equipo puede ayudarle a analizar la operación antes de asumir compromisos económicos.

Contacte con nuestro despacho para recibir asesoramiento jurídico sobre su inversión inmobiliaria en España y las cuestiones legales relacionadas con su patrimonio.

La información de este artículo tiene carácter general y no constituye asesoramiento jurídico o fiscal individualizado. Las consecuencias de cada operación deben analizarse atendiendo a las circunstancias del comprador, del inmueble y de la normativa aplicable.

 

 

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Buying Property in Spain as a US Citizen: Legal Considerations Before You Invest

 

Buying Property in Spain as a US Citizen | Spanish Lawyers

 

Are you a US citizen considering buying property in Spain? Learn about real estate due diligence, purchase contracts, taxes, residency and estate planning.

 

 

Spain: A Destination for International Real Estate Investment

 

Spain continues to attract international buyers and investors seeking to acquire property, diversify their assets or establish a new home in Europe.

For US citizens, purchasing real estate in Spain may represent an investment opportunity or the first step toward relocating to the country.

However, an international property transaction involves legal considerations that extend well beyond the purchase price.

Ownership, land registry records, contracts, taxes, financing and estate planning should all be reviewed before committing to an investment.

Our law firm advises international buyers and investors seeking to acquire real estate in Spain, providing legal assistance throughout the purchase process and in related matters concerning their assets.

Can US Citizens Buy Property in Spain?

As a general rule, US citizens can purchase real estate in Spain.

However, buying property does not automatically grant the right to reside in Spain. Property acquisition and immigration status are separate legal matters that must be considered independently.

Before proceeding, it is important to determine whether the objective is to purchase a second home, make a real estate investment, relocate to Spain or establish a business.

Each scenario may require a different legal approach.

Five Legal Issues to Review Before Buying Property in Spain

  1. Conducting Real Estate Due Diligence

Before signing a contract or transferring a significant amount of money, the property’s legal status should be reviewed.

This may include checking:

Registered ownership.

Planning and zoning status.

Potential debts associated with the property.

Existing leases or occupants.

Consistency between the physical property and the available documentation.

This review can help identify risks that may affect the property’s use, value or future sale.

  1. Reviewing the Purchase Agreement

Property transactions in Spain may involve reservation agreements, private purchase contracts, advance payments and a public deed executed before a notary.

Buyers should understand the legal consequences of each stage, particularly when they are based in the United States and need to coordinate documentation, travel or international transfers.

Contract review should address deadlines, payment terms, the consequences of default and the obligations of each party.

  1. Understanding Taxes and Acquisition Costs

The cost of purchasing property in Spain is not limited to the agreed purchase price.

Depending on the transaction, buyers may be responsible for acquisition taxes, notarial fees, land registry fees and other professional costs.

The applicable tax treatment may depend on whether the property is newly built or resale, the autonomous region where it is located and the buyer’s circumstances.

US citizens should also consider potential tax implications in both countries.

Coordination between Spanish legal and tax advisers and US tax professionals is particularly important when making cross-border investment decisions.

  1. Considering Residency and International Mobility

Purchasing property in Spain does not automatically provide a residence permit.

US citizens intending to remain in Spain for extended periods should assess which immigration or residency framework applies to their circumstances.

The appropriate route may depend on the intended length of stay, professional activities, financial resources and family situation.

It is therefore advisable to consider the property purchase and relocation plans together, without assuming that one automatically guarantees the other.

  1. Planning Property Ownership and Succession

A property in Spain may form part of an international estate.

Individual ownership, joint ownership or ownership through a company may have different legal and tax consequences.

It is also important to consider how the property will be included in the owner’s estate planning, particularly where family members, assets or existing wills are located in the United States.

Appropriate planning can help reduce uncertainty and facilitate the future administration of the estate.

Why Work with Lawyers in Spain?

Purchasing property in another country requires an understanding of both the real estate transaction and the local legal framework.

Our law firm advises US citizens and international investors on Spanish real estate transactions, including contract review, due diligence, purchase completion and related estate and asset planning matters.

We assist clients with property transactions in Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, the Costa del Sol and other Spanish real estate markets.

Our aim is to help clients make informed decisions, understand their legal obligations and obtain appropriate legal protection throughout the transaction.

Are You Considering Buying Property in Spain?

If you are a US citizen considering purchasing property in Spain, our team can help you assess the transaction before making financial commitments.

Contact our law firm for legal advice on your Spanish real estate investment and the legal matters connected with your assets.

This article provides general information and does not constitute individualized legal or tax advice. The implications of each transaction should be assessed in light of the buyer’s circumstances, the property and the applicable legislation.

 

 

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Abogados expertos Ejecución de Sentencias – Cumplir la sentencia

Abogados expertos Ejecución de Sentencias – Cumplir la sentencia

 

¿Tienes una Sentencia judicial y quieres que se cumpla (ejecutarla)?

En LETRADOX Abogados tenemos una gran experiencia y casos de éxito en la ejecución de sentencia en Civil y Mercantil.

Ponte en contacto con nosotros para valorar tu caso en:

LETRADOX Abogados

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tlf. 912980061 / 645958948

info@letradox.es 

 

La ejecución de sentencia se lleva a cabo cuando la obligación impuesta en la sentencia no se cumple voluntariamente por el que haya sido condenado.

Es una de las funciones que los órganos jurisdiccionales desarrollan en el ejercicio de la potestad jurisdiccional;

a los órganos jurisdiccionales no solo les corresponde la función de juzgar o declarar el derecho al caso concreto sino también hacer ejecutar lo juzgado.

 

REGULACION

La acción ejecutiva se regula en el artículo 517 de la ley de enjuiciamiento civil :

Libro III (arts. 517 a 747 LEC)

  • Aquí se regula todo lo relacionado con la ejecución forzosa, incluyendo:
    • Tipos de títulos ejecutivos (art. 517)
    • Procedimientos de ejecución ordinaria (arts. 548 y ss.)
    • Ejecución dineraria (arts. 571 a 630)
    • Ejecución no dineraria (arts. 699 y ss.)
    • Ejecución de sentencias firmes y resoluciones judiciales (arts. 524 y ss.)

El Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución dictará un decreto, con las medidas ejecutivas concretas que resulten pertinentes, (incluyendo el embargo de bienes si fuera posible),

las medidas de localización y averiguación de bienes del ejecutado que procedan (artículos 589 y 590 LEC) y el contenido del requerimiento de pago que deba hacerse al deudor.

Si, pasados los 20 días hábiles desde la notificación de la sentencia firme (art. 548 LEC), si el demandado no paga, el demandante puede solicitar la ejecución forzosa ante el mismo juzgado.

Es decir , si nos encontramos frente a la problemática de una dilación en el tiempo, el ejecutante presenta una demanda ejecutiva solicitando el embargo de bienes del ejecutado.

Art. 549 LEC, el juzgado despacha ejecución sin necesidad de audiencia previa al ejecutado. Se puede solicitar directamente el embargo de cuentas, nóminas, propiedades, vehículos, etc.

 

OPCIONES

En este caso, el ejecutado puede:

a) Pagar voluntariamente en el plazo que le conceda el juzgado ,

b) Oponerse a la ejecución (sólo en supuestos tasados – art. 556 y ss. LEC),

c) No hacer nada,

y el procedimiento de embargo sigue adelante.

 

En el supuesto que haya mala fe, el artículo 538 LEC establece que la ejecución puede dirigirse no sólo contra quienes figuran en el título ejecutivo, sino también contra terceros que, con conocimiento y connivencia, participen en el incumplimiento o maniobras para eludir la ejecución judicial.

La doctrina de extensión subjetiva permite así ampliar los sujetos pasivos de la ejecución, asegurando que no se pueda evitar la satisfacción del crédito reconocido en sentencia.

 

CUESTIONES EN RELACION A LA EJECUCION

La segunda problemática que encontramos,

Cuando el condenado a pagar (persona física o jurídica) traspasa sus bienes a otra empresa o los desvía para eludir la ejecución, dificultando identificar bienes embargables o ejecutables, surge el problema de que la sentencia queda ineficaz por insolvencia simulada o estructurada.

 

Como solución a este problema encontramos la doctrina del levantamiento del velo (lifting the corporate veil),  esta nos permite ignorar la personalidad jurídica independiente de una sociedad para imputar responsabilidades a personas físicas o a otras sociedades del mismo grupo.

 

JURISPRUDENCIA

 

1-Dilación en el tiempo :

La dilación en el tiempo para la ejecución de una sentencia ha sido frecuentemente objeto de pronunciamiento por los tribunales, señalando que estas demoras pueden vulnerar el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE).

 

El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han resuelto que una dilación excesiva respecto a los tiempos medios de resolución resulta injustificada y puede ser objeto de amparo constitucional.

La STC 31/2023 declara que una demora de dos años, muy superior al promedio de catorce meses para procedimientos equivalentes, constituye una dilación indebida lesiva del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.​

 

sobre dilaciones indebidas en la ejecución de sentencia laboral: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2024-25518

 

2-Cuando el condenado no cumple voluntariamente, la jurisprudencia autoriza el embargo de sus bienes para lograr el cumplimiento de la sentencia.

 

La STS núm. 469/1995 aborda el caso de alzamiento de bienes para eludir el embargo como forma de frustrar la ejecución, lo que fue sancionado penalmente y se ordenó incluso la nulidad de las operaciones simuladas para recuperar los activos embargables.

 

El Tribunal Supremo también ha señalado que la insolvencia sólo se puede constatar tras el embargo y la subasta pública de todos los bienes del deudor.

– caso de alzamiento de bienes para eludir embargo y orden de embargo de bienes ocultos:  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-T-2000-9221

 

3.En los supuestos en los que el condenado a pagar (persona física o jurídica) traspasa sus bienes a otra empresa o los desvía para eludir la ejecución, dificultando identificar bienes embargables y ejecutables, encontramos las siguientes sentencias.

El Tribunal Supremo ha establecido que el levantamiento del velo permite ignorar la separación entre sociedad y socios/administradores en casos de fraude, abuso de derecho o simulación, y así embargar directamente bienes del responsable, aunque estén a nombre de la empresa.

La STS de 28 de mayo de 1984 es pionera en esta materia, y desde entonces numerosas sentencias han aplicado la doctrina para evitar que las sociedades mercantiles sean usadas como instrumentos para defraudar a acreedores.​

https://vlex.es/vid/77225080

 

“Admitiéndose la posibilidad de que los jueces puedan penetrar («levantar el velo jurídico») en el interior de esas personas cuando sea preciso para evitar el abuso de esa independencia (articulo séptimo, dos, del Código Civil) en daño ajeno o de «los derechos de los demás» (artículo diezde la Constitución) o contra interés de los socios, es decir, de un mal uso de la personalidad, en un «ejercicio antisocial» de su derecho (articulo séptimo, dos, del Código Civil).”

 

Otra sentencia clave en este aspecto es la STS 3886/2025 

 

Esta sentencia aborda el siguiente problema: una persona (física o jurídica) condenada a pagar una deuda judicial traspasa sus bienes a otra empresa, o los desvía, con el fin de eludir la ejecución de la sentencia y declarar insolvencia aparente.

El acreedor se ve frustrado porque no puede embargar bienes; la resolución judicial resulta ineficaz si sólo se protege la personalidad jurídica formal y no hay consecuencias frente al fraude.

El Tribunal Supremo razona que, cuando una sociedad es utilizada como instrumento para evadir el pago y frustrar derechos de terceros, la personalidad jurídica no puede ser un escudo absoluto.

Es decir, si se demuestra que la empresa del condenado fue manejada fraudulenta o abusivamente para desviar fondos o bienes (por ejemplo, traspasándolos a una sociedad pantalla, vinculada o del mismo grupo),

el juez puede «levantar el velo» y hacer responsables, directamente, a las personas detrás – socios, administradores o sociedades vinculadas.

El Supremo exige que existan pruebas claras de que el condenado usó la estructura societaria para burlar la obligación de pago, simulando insolvencia o dificultando el embargo.

La sentencia destaca que solo se aplica el levantamiento del velo cuando no existe otro remedio eficaz para que el acreedor cobre y se demuestra la existencia de fraude, abuso o confusión de patrimonios.

El juez, al aplicar esta doctrina, puede ignorar la separación formal entre sociedad y socio (o entre sociedades del mismo grupo) y embargar bienes que formalmente no pertenecen al deudor condenado, pero que en la práctica se usaron para encubrir el fraude o bloquear el pago.

Así, la sentencia NO queda ineficaz, y el acreedor puede recuperar la deuda a través de los bienes desviados.

 

 

En LETRADOX Abogados tenemos una gran experiencia y casos de éxito en la ejecución de sentencia en Civil y Mercantil.

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En Letradox ABOGADOS llevamos más de 15 años al servicio de nuestros clientes. Resolvemos todas las cuestiones legales relacionadas con la Inteligencia Artificial.

 

El crecimiento exponencial de casos relacionados con nuevas tecnologías o inteligencia artificial ha hecho que dispongamos de una gran experiencia en la resolución de casos complejos de esta materia.

 

A continuación os comentamos algunos aspectos muy interesantes y necesarios para ubicar los problemas que surgen con IA.

 

Marco normativo europeo y español

 

El Reglamento UE 2024/1689, vigente desde agosto de 2024, es la primera norma integral de IA del mundo. Busca garantizar un uso seguro, ético y respetuoso de la IA con los derechos fundamentales.

 

Aspectos clave:

1.Protección explícita de la dignidad, privacidad e imagen de las personas.

Evaluación obligatoria del impacto sobre derechos fundamentales antes de lanzar al mercado un sistema IA.

 

2.Transparencia obligatoria cuando se generan imágenes, audios o vídeos sintéticos, es decir, debe informarse si algo es un deepfake o contenido no real.

 

3.Prohibición de prácticas de IA que manipulen, exploten vulnerabilidades (por ejemplo, de menores o discapacitados), creen bases de datos biométricos sin permiso, o permitan identificación biométrica en espacios públicos, excepto por delitos graves.

 

Marco legal español actual

 

Constitución Española: El art. 18.1 protege el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.

Ley Orgánica 1/1982: Permite reclamar judicialmente por uso no consentido de la imagen y pedir retirada o indemnización por daños.

Código Penal: Sanciona penalmente la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento (art. 197.7), injurias (art. 205 y 208), calumnias y pornografía infantil, incluso generadas por IA.

 

Proyectos legislativos específicos

 

En 2023 se presentó una Proposición de Ley Orgánica para regular la simulación digital de imágenes y voces (deepfakes) mediante IA. Su objetivo era regular el uso de simulaciones visuales y sonoras, proteger derechos de imagen, honor e intimidad, y sancionar problemas como el fraude, la manipulación electoral, el robo de identidad y los daños reputacionales.

Esta proposición contemplaba:

 

Definición y regulación expresa de deepfake.

Modificación de hasta siete leyes (Audiovisual, Penal, Competencia Desleal, Protección de Datos, etc.) para tipificar nuevas conductas ilícitas.

 

Creación de delitos específicos por la difusión de deepfakes sin advertencia o sin consentimiento, con agravantes si se hacían en redes sociales o con fines discriminatorios.

 

Sanciones y medidas cautelares, como la retirada urgente del contenido y la indemnización por daño moral.

Creación de órganos de supervisión y participación ciudadana.

 

Finalmente, la tramitación de la ley fue retirada en marzo de 2024, aunque varios de sus elementos han sido incorporados al anteproyecto de ley de Buen Uso y Gobernanza de la IA presentado en marzo de 2025.

 

Los riesgos principales:

-Difamación y robo de identidad.

-Acoso y violencia de género digital.

-Manipulación política, electoral y desinformación.

-Vulneración de honor, imagen, intimidad y protección de datos.

 

Se percibe como especialmente grave la difusión de contenidos que parezcan auténticos y puedan provocar daños morales, reputacionales o económicos a las personas simuladas.

 

Jurisprudencia relevante:

 

1.AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2 , CACERES, SENTENCIA: 00076/2024, UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

La Audiencia Provincial de Cáceres, en sentencia de marzo de 2024, rechazó que un selfie presentado como prueba fuera considerado creado por IA al no acreditarse dicha creación, evidenciando la necesidad de peritajes expertos.

 

– Sentencia 76/2024 de 7 de marzo dictada por la Audiencia Provincial de Cáceres

Fallo en el que los magistrados Joaquín González Casso, Jesús María Gómez Flores (ponente) y Julia Domínguez Domínguez han confirmado 15 meses de prisión a un hombre por un delito de estafa en grado de consumación.

El estafador envió a una mujer con cuenta en Unicaja un SMS. En él le daba unos pasos a seguir para que transfiriese su dinero y evitar así un posible fraude. La mujer, siguiendo sus indicaciones, hizo dos transferencias, una de 660 euros y otra de 440 a una cuenta bancaria de Orange Bank que el acusado abrió con el objetivo de recibir tal cantidad de dinero. Importe que nunca fue devuelto.

Las transferencias eran consecuencia de un previo montaje encaminado a obtener las claves de la banca online de la cliente de Unicaja. Manifestó que se había producido un error en la apreciación de la prueba y una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Negó ser el titular de la cuenta bancaria en Orange Bank y destacó que las fotos ‘selfie’ aportadas como prueba habían sido creadas con inteligencia artificial.

Y es que, el banco le pidió una foto suya porque la cuenta se estaba abriendo de forma online. El equipo de Investigación Tecnológica de la Policía Judicial manifestó que la cuenta abierta de forma «online» sí correspondía al acusado. Respecto a que dicho ‘selfie’ era una imagen falsa creada con IA, los magistrados explicaron que el estafador no presentó ninguna evidencia de que ello hubiese sido así. 

El Reglamento UE 2024/1689 expone la obligatoriedad de mantener transparencia cuando se generan imágenes, audios o vídeos sintéticos, es decir, debe informarse si algo es un deepfake o contenido no real.

 

  1. Caso argentino

Crear imágenes de pedofilia con Inteligencia Artificial (IA) es delito. Así lo dictaminó la Justicia argentina en un precedente histórico e inédito en el país.

Este dictamen judicial parte de la denuncia contra un hombre acusado de publicación y distribución de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales.

 

La defensa del acusado alegó que no se había logrado acreditar la existencia de víctimas reales y que el contenido podría haber sido generado o alterado digitalmente mediante IA o imágenes generadas por computadora

 

Los jueces sostuvieron que el artículo 128 del Código Penal, reformado por la Ley 27.436, contempla las representaciones de menores en situaciones sexuales explícitas, sin importar cómo hayan sido creadas. La clave está en el término «representación», que incluye «imagen o idea que sustituye a la realidad». De esta manera marcaron precedente jurídico.

 

La Justicia argentina en un precedente histórico e inédito en el país. Un fallo de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Zárate-Campana dictaminó que el actual artículo 128 del Código Penal argentino comprende y penaliza las representaciones de abuso sexual infantil generadas o modificadas mediante IA, incluso cuando no hay víctimas reales identificadas.

 

CODIGO PENAL ESPAÑOL ART189.

 

-“Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada…”

-“ Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con discapacidad necesitada deespecial protección…”

 

Caso Almendralejo Sentencia del Juzgado de Menores de Badajoz, de 20 de junio de 2024 (caso Almendralejo, Deepfakes de menores).

 

Libertad vigilada durante un año. Ya hay sentencia para el primer caso de gran repercusión pública sobre la manipulación y difusión de imágenes desnudas elaboradas con Inteligencia Artificial sobre un grupo de 20 chicas menores de edad.

 

El Juzgado de Menores de Badajoz los ha declarado responsables de un total veinte delitos de pornografía infantil y otros veinte delitos contra la integridad moral por «manipular con inteligencia artificial y difundir imágenes de menores

 

Precedentes derecho al honor a la propia imagen

 

Se exige autorización para hacer uso de una  fotografía y publicarla o divulgarla de una forma distinta, pues no constituye el «consentimiento expreso» que prevé el art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982 (de protección de derecho al honor y la propia imagen) como excluyente de la ilicitud de la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona.

 

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-SENTENCIA 23/2010, de 27 de abril(BOE núm. 129, de 27 de mayo de 2010)

“En su edición de 1 de mayo de 1995, la revista humorística “Noticias del Mundo”, hoy desparecida, publicó un reportaje caricaturesco sobre doña Isabel Iglesias Preysler, personaje conocido y habitual en la prensa del momento. En el mismo, bajo el titular “La doble de Chabeli se desnuda” y “gran exclusiva” aparecía una composición fotográfica en la que, mediante técnicas de manipulación de la imagen, se conjuntaba la cabeza y el rostro de la recurrente con el cuerpo de otra mujer.”

El texto que acompañaba a la fotografía, firmado por don Juan Tárrega, en ningún momento revelaba que se tratase de un montaje fotográfico.

Con motivo de la difusión de esta publicación, doña Isabel Iglesias Preysler formuló demanda incidental al amparo de la Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen.

La demanda fue estimada por Sentencia de 3 de marzo de 1997 del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Alcobendas, que declaró la existencia de intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen de la demandante, condenando a los demandados a publicar la Sentencia y a indemnizar a la actora en la cantidad de 750.000 pesetas. La Sentencia considera probado que no se trata de la foto de alguien parecido a la actora, sino de una composición fotográfica con su auténtico rostro.

Se reconoce intromisión en la propia imagen; procede indemnización y publicación de la sentencia en su día.

 

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MEDIDAS BANCO SEGURIDAD

 

Los deepfakes pueden utilizarse para burlar los sistemas de verificación de identidad mediante la suplantación visual o auditiva. Esto puede llevar a unauthorized access to accounts, transferencias fraudulentas, y robo de identidad. Teniendo en cuenta que la confianza es un pilar de la industria financiera, el daño reputacional puede ser considerable si los clientes sienten que sus activos no están seguros.

 

Invertir en soluciones de tecnología biométrica, como el reconocimiento facial avanzado que incluye detección de vivacidad, puede ser un método eficiente. Estos sistemas están diseñados para detectar manipulaciones y distinguir entre una persona real y una representación generada por IA.

En Jumio (es una empresa líder en soluciones de verificación de identidad digital que utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático para autenticar documentos de identidad y confirmar la identidad de los usuarios en línea.) se han implementado soluciones que combinan biometría facial, verificación en tiempo real, patrones de luz y reflejos aleatorios en el rostro, con el fin de impedir que un video grabado suplante una selfie. La detección de inconsistencias, como el uso de cámaras virtuales, cambios en la textura de la piel o movimientos atípicos en la pupila, funciona como barrera frente a los intentos de fraude.

Las plataformas actuales cruzan datos biométricos y revisan el historial transaccional de cada perfil, detectando si una misma fotografía o documento se ha vinculado previamente a otros nombres o identificaciones en el sistema. De esta forma, se refuerza el control sobre registros en organizaciones distintas, apuntando a frenar los fraudes más elaborados y las cadenas de suplantación.

 

El BBVA dice la IA puede ser tanto una aliada como una amenaza en el mundo digital. Está en los dos lados de la ciberseguridad.

Asociación de Certificadores de Fraude (ACFE, por sus siglas en inglés) destaca que una de las principales estrategias para identificar señales de fraude es analizar de manera eficaz los datos para detectar anomalías, una tarea que ya lleva a cabo el 90% de las organizaciones. Para alcanzar este objetivo, se utilizan diversas herramientas impulsadas por inteligencia artificial.

 

La IA, gracias al aprendizaje automático tiene la capacidad de adaptarse en tiempo real a un contexto de amenazas cambiantes. «Estos modelos pueden identificar patrones anómalos, como transacciones inusualmente altas, compras en ubicaciones poco habituales o intervalos extraños entre transacciones.

 

Si tiene un problema relacionado con la Inteligencia Artificial, concierte una cita con los abogados para poder resolvérselo.

 

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Abogados especialistas Comunidades de Propietarios

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En Letradox Abogados colaboramos con las principales administraciones de fincas de Madrid y la Comunidad de Madrid llevando todos los asuntos legales más frecuentes en Comunidades de propiedades.

Si Usted también tiene algún conflicto con algunas de estas cuestiones, estamos a su disposición:

1. Reclamación de cuotas e impagos (Proceso Monitorio)
2. Regulación y veto de Viviendas de Uso Turístico (VUT)
3. Impugnación de acuerdos de la junta de propietarios
4. Gestión de obras de accesibilidad y rehabilitación energética
5. Acoso inmobiliario, actividades molestas y «okupación»
6. Redacción y modificación de Estatutos y Reglamentos Internos
7. Reclamación por defectos constructivos y vicios ocultos
8. CUMPLIMIENTO de la Protección de Datos (RGPD) y Videovigilancia
9. Conflictos con contratos de proveedores y mantenimientos
10. Reclamaciones a compañías de seguros (Siniestralidad)

 

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Impuesto a las grandes fortunas. LETRADOX Abogados

Impuesto a las grandes fortunas. LETRADOX Abogados

En LETRADOX llevamos el asesoramiento jurídico de grandes patrimonios desde hace más de 10 años.

Es por ello que para todos nuestros clientes, esta noticia les puede ser de interés. Sin perjuicio del asesoramiento particular que resulta necesario en cada caso, a continuación reseñamos algunas de las novedades del ITSGF.

Para tratar su caso, le esperamos en:

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Impuesto a las grandes fortunas. LETRADOX Abogados

 

El ITSGF es un tributo de carácter directo, de naturaleza personal y complementario del
Impuesto sobre el Patrimonio que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía
superior a 3.000.000 de euros. Es un impuesto periódico, ya que su hecho imponible se
reitera en el tiempo y es progresivo, puesto que su tipo de gravamen aumenta a medida que
aumenta el nivel de patrimonio

Es un impuesto estatal complementario al Impuesto sobre el Patrimonio, introducido por la
ley 38/2022, de 27 de diciembre, se encuentra regulado en el artículo 3 de dicha ley. Este
impuesto tiene una duración prevista de dos años, aplicándose en los dos primeros ejercicios
fiscales posteriores a su entrada en vigor. No obstante, incluye una cláusula de revisión que
permitirá evaluar sus resultados al término de ese período y decidir si debe mantenerse o
eliminarse.

Posee dos finalidades, una recaudatoria, con el objetivo de pedir a quienes se encuentran en
una situación de mayor capacidad económica, como una muestra de solidaridad de las
grandes fortunas.

La segunda es la armonizadora, cuyo fin es disminuir las diferencias en el gravamen del
patrimonio de las distintas CC.AA., sobre todo para evitar que la carga fiscal de los
contribuyentes que residen en Comunidades Autónomas que han eliminado total o
parcialmente el Impuesto sobre el Patrimonio no sea significativamente diferente de la de
aquellos que residen en Comunidades Autónomas donde no se han aplicado reducciones a
este impuesto.

El Ámbito de aplicación, el impuesto va dirigido a personas físicas con un patrimonio
superior a 3 millones de euros, entre el 1 y 31 de julio de 2023 se empezó a aplicar a todos
los contribuyentes que tuvieran un patrimonio como el mencionado anteriormente, cuando
el resultado de la declaración les hubiera dado como resultado a pagar.
Además los primeros 700.000 euros de patrimonio están bonificados para quienes tributen
por obligación personal.

Las personas físicas que tributan por obligación real en este impuesto son aquellas que no
tienen su residencia habitual en España, según los criterios del IRPF. Estas personas deben
tributar por los bienes y derechos que posean, siempre que estén ubicados en España, puedan
ejercerse en el territorio español o deban cumplirse allí. En este caso, el ITSGF solo se aplica
a esos bienes o derechos específicos.

El impuesto se aplica en todo el territorio español, respetando los regímenes fiscales
especiales del Concierto Económico en el País Vasco y del Convenio Económico en Navarra,
así como lo establecido en los tratados o convenios internacionales incorporados al
ordenamiento jurídico nacional. Asimismo, se establece de forma explícita que este impuesto
no podrá ser transferido a las comunidades autónomas.
También cabe resaltar que las comunidades autónomas no gestionan este nuevo impuesto, los
contribuyentes del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas solo pagarán

impuestos sobre la parte de su patrimonio que no haya sido previamente grabada por su
Comunidad Autónoma.

Por lo que se refiere a la compatibilidad con el Impuesto sobre el Patrimonio,
pueden ser deducibles del nuevo impuesto las cuotas pagadas por el Impuesto sobre el
Patrimonio para evitar doble imposición.

 

Impuesto a las grandes fortunas. LETRADOX Abogados

 

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Es por ello que para todos nuestros clientes, esta noticia les puede ser de interés. Sin perjuicio del asesoramiento particular que resulta necesario en cada caso, a continuación reseñamos algunas de las novedades del ITSGF.

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Abogados ERE y prejubilación Telefónica Vodafone

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ERES y Prejubilaciones en empresas en general

 

 

Si eres uno de los trabajadores de Teléfonica o Vodafone que necesita asesoramiento jurídico para obtener la mejor indemnización, en LETRADOX Abogados te acompañamos en todo el proceso, como venimos con cientos de clientes en toda España que han tomado la decisión correcta.

 

Sea cual sea tu población, nuestros letrados te ayudarán. Ponte en contacto para más información.

 

Preguntas y Respuestas básicas:

 

La prejubilación ¿Qué es?

  • Es un acuerdo

¿entre quiénes se pacta la prejubilación?

  • Entre el trabajador y la empresa

¿qué se obtiene por la prejubilación?

  • Puedes no trabajar antes de la edad normal de jubilación.

¿Recibo una compensación económica?

  • Sí, el trabajador recibe una cuantía si se prejubila

¿Se percibe una sola compensación al prejubilarte?

  • Puede ser un solo pago o puedes recibirlo mensualmente.

¿Hace falta que cumpla con los requisitos de la jubilación anticipada para prejubilarme?

  • No es necesario.

¿Puede negociar mi prejubilación sin abogado independiente?

  • No es aconsejable dado que hay que tratar cuestiones importantes para tu futuro.
  • Es mejor además tener un abogado que no sea de empresa y que sólo vele por tus intereses.

¿En LETRADOX Abogados me ayudáis para todo el asesoramiento de la prejubilación?

Sí.

¿Tenéis experiencia y trabajáis en toda España?

Sí, hemos ganado cientos de casos en toda España y asesorado a trabajadores como tú.

 

Abogados ERE y prejubilación Telefónica Vodafone

 

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Abogados expertos comisiones inmobiliarias. LETRADOX

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Si ud es una inmobiliaria que ha sido denunciada por cobro de comisiones ilegales o prácticas abusivas o bien es un inquilino o propietario que quiere efectuar denuncia contra inmobiliaria; en LETRADOX Abogados somos expertos en cuestiones inmobiliarias y podemos ayudarle.

Contacte en nuestros datos de contacto para reservar su cita con nuestros abogados. 

EL COBRO DE COMISIONES ILEGALES EN EL MERCADO DEL ALQUILER

 

1. Introducción al problema
2. Marco jurídico
2.1 Ley Estatal de Vivienda
2.2 Ley de Arrendamientos Urbanos
2.3 Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
3. Prácticas abusivas identificadas
3.1 Cobro de comisiones a inquilinos
3.2 Contratos temporales injustificados
3.3 El seguro de impago
4. Análisis de Sentencias Judiciales sobre el seguro de Impago
5. Sanciones por el cobro de comisiones ilegales
5.1 Sanciones Generales
5.2 Sanciones específicas
6. Conclusiones

 

1. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA

El cobro de comisiones ilegales en el mercado de alquiler se ha convertido en un problema
recurrente en España. Las agencias inmobiliarias, en muchos casos, exigen a los inquilinos
pagos adicionales en concepto de “mes de agencia” u otros servicios de gestión que benefician
al propietario, como el seguro de impago, a pesar de que la nueva Ley Estatal de Vivienda
prohíbe explícitamente estas prácticas.

 

2.1 Ley Estatal de Vivienda

Aprobada en mayo de 2023, la Ley Estatal de Vivienda establece un marco jurídico orientado a
la protección de los derechos de los inquilinos, representando un avance significativo en la
regulación del alquiler en España. Esta ley refuerza el derecho de acceso a una vivienda digna y
adecuada, y define nuevas obligaciones tanto para los propietarios como para los agentes
inmobiliarios.

 

2.2 Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) regula los aspectos clave en los contratos de alquiler
de viviendas en España y establece disposiciones significativas que buscan proteger los
derechos de los inquilinos y estabilizar el mercado de arrendamiento. En el contexto de esta
investigación, la LAU es particularmente relevante porque define los derechos y obligaciones
en cuanto a la duración de los contratos, el reparto de gastos entre arrendador e inquilino, y la
prohibición de ciertas prácticas abusivas.

 

3. PRÁCTICAS ABUSIVAS IDENTIFICADAS EN EL MERCADO DE ALQUILER
A continuación, se detallan las prácticas abusivas más comunes detectadas en el mercado de
alquiler, especialmente aquellas que afectan directamente a los derechos de los inquilinos.
Estas prácticas no solo incrementan los costes para el arrendatario, sino que también vulneran
la normativa vigente que protege sus derechos.
Las principales prácticas identificadas son:

3.1 Cobro de comisiones a inquilinos: “Mes de agencia” u otros cargos.

3.2 Contratos temporales injustificados

3.3 El Seguro de Impago

El seguro de impago es una práctica que algunas inmobiliarias emplean para eludir la
prohibición de comisiones adicionales, trasladando al inquilino el coste de una póliza que
cubre el riesgo de impago para el propietario. Este seguro beneficia casi exclusivamente al
propietario, quien se asegura protección en caso de que el inquilino deje de pagar. Sin
embargo, el coste de esta póliza se impone al arrendatario, incrementando injustificadamente
sus gastos de alquiler sin ofrecerle un beneficio directo.

 

4. ANÁLISIS DE SENTENCIAS JUDICIALES SOBRE EL SEGURO DE IMPAGO

El análisis jurisprudencial sobre el seguro de impago es aún limitado debido a la reciente
entrada en vigor de la Ley Estatal de Vivienda en mayo de 2023. Esta normativa establece un
marco general para proteger a los inquilinos frente a la ilegalidad del seguro de impago, pero
hasta la fecha solo se han emitido dos sentencias destacadas que abordan esta problemática.

En el despacho contamos ya con las primeras sentencias de España sobre esta materia.

 

5. SANCIONES POR EL COBRO DE COMISIONES ILEGALES EN EL MERCADO DEL
ALQUILER

5.1 Sanciones generales

La legislación española establece sanciones a nivel general que tienen como objetivo proteger a
los consumidores de prácticas abusivas en el mercado inmobiliario, especialmente cuando se
trata del cobro de comisiones ilegales. A continuación, se explican las normativas clave y el tipo
de sanciones que pueden imponerse:

• Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU): Esta ley
permite sancionar a las empresas que apliquen cláusulas abusivas o prácticas desleales
que perjudiquen a los consumidores. Las sanciones pueden variar según la gravedad de
la infracción:
Infracciones leves: Multas que van desde los 150 hasta los 10.000 euros.
graves: Multas entre 10.001 y 600.000 euros.
o muy graves: hasta un millón de euros y posibles sanciones
adicionales, como la suspensión temporal de la actividad o la prohibición de operar
en el sector durante un tiempo determinado.

• Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y Ley Estatal de Vivienda:

Estas leyes establecen
que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato deben ser asumidos
por el arrendador y no por el inquilino.

El incumplimiento de esta normativa se
considera una infracción que, de ser denunciada por el afectado, puede llevar a la
nulidad de la cláusula y a sanciones administrativas. La nulidad implica que el
arrendador o la inmobiliaria debe devolver al inquilino las cantidades pagadas
ilegalmente.

5.2 Sanciones específicas según el tipo de actuación ilícita

Dependiendo del tipo de actuación ilícita que se cometa, las consecuencias legales y sanciones
aplicables varían. A continuación, se detallan algunos de los tipos de infracciones más comunes
y las sanciones correspondientes:

a. Cobro directo del “mes de agencia” o comisiones por servicios de gestión

• Consecuencias legales: Se considera una cláusula abusiva que puede ser declarada nula
por los tribunales. Esto implica la devolución de las cantidades cobradas
indebidamente.

• Sanciones administrativas: La Dirección General de Consumo y las autoridades de
protección al consumidor pueden imponer sanciones económicas a las inmobiliarias que
persistan en aplicar este tipo de comisiones, que oscilan entre infracciones leves y
graves dependiendo de la frecuencia y del importe de los cobros.

b) Exigir al inquilino el pago de un seguro de impago

• Consecuencias legales: La cláusula que impone el seguro de impago al inquilino puede
ser declarada nula. La inmobiliaria o el propietario estarían obligados a reembolsar las
cantidades abonadas por el seguro.

• Sanciones administrativas: Al tratarse de una infracción grave, puede llevar a multas de
hasta 600.000 euros si se considera que la práctica es sistemática y afecta a un número
significativo de consumidores.

c) Incluir cláusulas abusivas que limitan los derechos del inquilino

Estas cláusulas pueden incluir la retención de fianzas de manera injustificada, la penalización
excesiva en caso de retraso en el desalojo, o la prohibición de realizar mejoras mínimas en la
vivienda. Estas disposiciones limitan indebidamente los derechos del inquilino.

• Consecuencias legales: Las cláusulas abusivas pueden ser declaradas nulas, y el
arrendador o la inmobiliaria deben abstenerse de su aplicación. El arrendador podría
estar obligado a devolver los importes cobrados en exceso y, en algunos casos, a
indemnizar al inquilino.

• Sanciones administrativas: En función de la gravedad y el alcance de la infracción, estas
prácticas pueden ser consideradas infracciones graves o muy graves, con sanciones que
pueden alcanzar hasta el millón de euros, especialmente si afectan a un colectivo
amplio de consumidores.

6. CONCLUSIONES

En conclusión, el presente proyecto ha examinado detalladamente el impacto y la respuesta
jurídica ante prácticas abusivas en el sector de los arrendamientos residenciales,
particularmente tras la reciente implementación de la Ley Estatal de Vivienda en mayo de
2023.

Esta ley, junto con otras normativas relevantes como la Ley de Arrendamientos Urbanos y
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, proporciona un marco de
protección para los inquilinos. Sin embargo, diversas prácticas abusivas —como el cobro de
comisiones adicionales, los contratos temporales injustificados y la imposición del seguro de
impago al arrendatario— han evidenciado la necesidad de una regulación más clara y de la
intervención judicial para garantizar el equilibrio contractual y los derechos de los
consumidores en el alquiler de viviendas.

 

Abogados expertos comisiones inmobiliarias. LETRADOX

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Nobleza y títulos nobiliarios. LETRADOX Abogados

NOBLEZA

 

Preguntas y respuestas sobre Nobleza y títulos nobiliarios. LETRADOX Abogados

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ENTREVISTA a

LETRADOX Abogados

 

Letradox Abogados es un despacho de abogados especializado en derecho nobiliario, títulos nobiliarios y derecho premial. Los socios del despacho poseen linaje nobiliario por lo que tanto por su formación jurídica como por su componente familiar, están altamente especializados en estas cuestiones jurídicas.

 ¿Qué son los títulos nobiliarios ? ¿Cuántos títulos hay en España? 

En 2026 había en España 2709 títulos nobiliarios en posesión de 2218 personas.

En la actualidad, los títulos nobiliarios encuentran su encuadre legal en el artículo 62, apartado f, de la Constitución Española de 1978, que regula la prerrogativa del Rey a conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.

Los consortes legales de quienes tienen dignidades nobiliarias y los cónyuges viudos mientras permanezcan en ese estado, disfrutan del mismo tratamiento que sus cónyuges.

La legislación española reconoce los títulos nobiliarios y protege a sus poseedores legales frente a terceros.

Los títulos nobiliarios españoles no son en ningún caso susceptibles de compra ni de venta, ya que su sucesión se encuentra estrictamente reservada a los parientes de mejor derecho del poseedor del título.

¿Cómo se ingresa en las corporaciones nobiliarias de España?

Hay que probar la nobleza con las pruebas y de la manera admitida en cada una de ellas y según lo que se recoge en sus propias normativas.

Los letrados de Letradox Abogados pertenecen a las corporaciones nobiliarias de la Real Asociación de Hidalgos de España y a la Real Antiquísima y Muy Ilustre Cofradía de Nobles de Nuestra Sra. del Portillo de Zaragoza, de las más antiguas y prestigiosas de España.

¿Debería haber una normativa uniforme aplicable a fin de aportar unidad de criterio en materia nobiliaria?

Como juristas y expertos en leyes, desde Letradox consideramos que por supuesto que nuestra respuesta es evidente y es que Sí, porque así se aportaría un criterio uniforme con mayor seguridad  jurídica y menos discrecionalidad,  si bien no solamente son normas jurídicas sino que también hay un componente de adecuación o de afinidad a la corporación en concreto y valoración de otros requisitos no normativizados en los que la positivización  resulta complicada.

¿Como empezó el interés de su despacho de abogados Letradox en esta materia ?

Nuestra historia familiar ha estado vinculada siempre a esta materia porque al pertenecer a la nobleza desde hace siglos y tener, vamos a decir , un árbol genealógico ; de nobles; pues el interés siempre ha estado ahí.

Nuestra formación jurídica y trayectoria se unió hace años lo que era más un hobbie y un interés personal en esta materia y ha cristalizado hoy en una rama más de las que llevamos en el despacho y en la que se une nuestro interés personal con nuestra profesión de jurista.

¿Quién puede llevar casos de títulos nobiliarios o asesoramiento jurídico en materia? 

Abogados en ejercicio colegiados y con experiencia en materia de Derecho civil y administrativo , como es en el caso de LETRADOX abogados .

¿El ser doctor en Derecho supone tener conocimiento jurídico en materia jurídico-nobiliaria?

Es una pregunta interesante y que creemos importante matizar porque hay mucha confusión al respecto.  Doctor en Derecho , al contrario de lo que determina su propio nombre, es alguien que no tiene que haber estudiado la carrera de Derecho, es decir , ni es jurista ni es abogado; es  alguien que ha investigado y defendido una tesis, enfocado en la especialización académica, doctrinal. Generalmente puede haber hecho un estudio sobre Historia del Derecho y no toda la historia del Derecho sino una cuestión concreta de la Historia.

Por tanto; la conclusión y consecuencia es clara: no tiene la formación jurídica ni puede llevar cuestiones legales ni de títulos nobiliarios ni de legislación nobiliaria en general y tiene que ser un abogado colegiado en ejercicio quien tiene que presentar una demanda judicial o contestar a la misma.  El asesoramiento que pueda dar en materias similares es del todo punto insuficiente y siempre debe haber ser representado por un abogado para cualquier cuestión judicial.  Si no hay formación jurídica no hay asesoramiento adecuado.

Sería conveniente que solamente pudieran ser doctores en Derecho los licenciados en Derecho, porque es mucho más coherente; pero esa es una cuestión de política legislativa, y un debate que se debe abordar cuando haya una reforma en la materia de Universidades. Este debate es más profundo y extralimita el objeto de esta entrevista.

¿Y en cuánto a la formación en Archivos o en Historia, acredita formación jurídica?

La respuesta es la misma; en archivos como mucho se puede hacer un curso sobre propiedad intelectual o de Derecho Administrativo y Público para tener algo de conocimiento de la legislación que regula los documentos en instituciones públicas, pero nunca suple el conocimiento de un jurista y de un abogado en ejercicio y desde luego el entendimiento que puedan tener sobre Sentencias judiciales o por ejemplo dictámenes del Consejo de Estado en títulos nobiliarios es siempre mucho más limitado.

Además a ello se suma que al no ser abogado en ejercicio, la forma de facturar servicios de asesoramiento debe estar o bien como una sociedad o como autónomo; y no estaría sujeto a la responsabilidad y a las estrictas reglas que tenemos los abogados colegiados.

¿Quién sí puede asesorar en materia de derecho nobiliario y premial?

Un jurista. Un jurista es un concepto más amplio que define a cualquier profesional dedicado al estudio, interpretación, enseñanza o aplicación profunda del derecho (jueces, académicos, abogados colegiados).

¿Qué servicios ofrecen desde Letradox Abogados en materia nobiliaria?

Un servicio jurídico integral profesional que abarca todas las cuestiones legales en esta materia; desde la redacción de escritos al Ministerio de Justicia para solicitar la sucesión de títulos nobiliarios, la demanda de mejor derecho de títulos nobiliarios, la contestación a la demanda; recurso de casación ante el Tribunal Supremo, redacción y búsqueda de información y partidas de expedientes de ingreso en corporaciones nobiliarias, etc…

Nuestra experiencia nos avala y nos ha consolidado como un despacho de referencia en España en materia nobiliaria, gracias a un equipo de juristas que conocen por su profesión y por su linaje todas estas cuestiones a la perfección. Además nuestro prestigio profesional y honestidad nos diferencia y nos mantiene con altos estándares en la realización del trabajo encomendado, de principio a fin.

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A continuación incorporamos  fotografía del ingreso de doña Mercedes de Parada y Rodríguez en la Real Asociación de Hidalgos de España y en la Real Antiquísima y Muy Ilustre Cofradía de Nobles de Nuestra Señora del Portillo de Zaragoza, la asistencia de los letrados socios del despacho de abogados Letradox a conferencias y congresos de Realeza y Nobleza en distintas ciudades y  la asistencia a foros expertos. En las fotos con el Rey Simeón de Bulgaria y la aspirante al trono de Portugal, la Duquesa de Braganza.

 

Momento de la jura, entrega de Diploma e Insignia de la Cofradía del Portillo de Zaragoza a la Ilma. Sra. doña Mercedes de Parada Rodríguez.

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ABOGADOS ESPAÑA ESTADOS UNIDOS. LETRADOX

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CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la embajadora de Estados Unidos en España, Julissa Reynoso, en representación del Gobierno de su país, han firmado el 8 de abril de 2024, el Convenio de Seguridad Social entre España y EE UU que introduce mejoras en la protección social de los trabajadores que desarrollen parte de su vida laboral en ambos países.

PRINCIPALES NOVEDADES.

Las principales novedades que incluye el nuevo texto afectan, en primer lugar, AL CÁLCULO DE LAS PENSIONES ESPAÑOLAS DE SEGURIDAD SOCIAL QUE RESULTARÁN MÁS BENEFICIOSAS. A partir de ahora, se harán DOS CÁLCULOS DE PENSIÓN. Un primero contando únicamente con las cotizaciones en España, y un segundo sumando a ellas el tiempo cotizado en Estados Unidos. Comparados los dos cálculos, se abonará el más favorable.

Hasta ahora, si se tenía derecho a pensión sólo con las cotizaciones en España se pagaba dicha prestación sin que se pudiera hacer el segundo cálculo sumando las cotizaciones en Estados Unidos, aunque el mismo hubiera podido ser de mayor cuantía. Además, SE HA MEJORADO EL CÁLCULO DE LA BASE REGULADORA DE LAS PRESTACIONES cuando se totalizan cotizaciones de España y Estados Unidos, basándose en las bases de cotización reales anteriores al último día de trabajo en España. Este cambio beneficia especialmente a aquellas personas que desarrollan la última parte de su vida laboral en Estados Unidos, sin que ello perjudique a los que han trabajado en España inmediatamente antes de la solicitud de la prestación.

Otra de las novedades se refiere a la INCORPORACIÓN EN EL CAMPO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO AL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO DE LOS REGÍMENES DE FUNCIONARIOS CIVILES Y MILITARES. Esto supone que aquellas personas que tienen cotizaciones en España en dicho régimen pueden ver mejorados sus derechos a pensión.

Por último, el Convenio introduce MEJORAS EN EL DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES por cuenta propia y amplía el periodo de ese desplazamiento, tanto para autónomos como para trabajadores por cuenta ajena, hasta los 5 años de duración, prorrogables en 2 años por circunstancias excepcionales y sujeto a autorización por la autoridad competente.

El primer convenio bilateral entre ambos países se firmó en 1986 y está en vigor desde 1988. Este nuevo texto tiene por objetivo FAVORECER LA MOVILIDAD DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN ESPAÑA Y EEUU Y ESTIMULAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA BILATERAL.

Al acto protocolario de firma del Convenio han asistido también el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez; la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, y la secretaria general de Inclusión, Mónica Martinez-Bravo. Por parte de EEUU, han asistido Rian Harris, ministra consejera en la Embajada de Estados Unidos y Louise Guallpa-Lliguichuzhca, cónsul general.

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PREGUNTAS FRECUENTES.

¿A QUIÉN SE APLICA EL CONVENIO? A las personas que trabajen o hayan trabajado en uno o ambos países, así como a sus derechohabientes.

¿QUÉ PRESTACIONES SE PUEDEN OBTENER CON EL CONVENIO?

En relación con España: se aplica a las siguientes prestaciones de carácter contributivo del sistema de la Seguridad Social:

  • Pensión por jubilación.
  • Prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia por enfermedad común o accidente no laboral.

En relación con Estados Unidos: se aplica al Programa Federal de Seguro de Vejez, Supervivencia e Invalidez.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE ESTE CONVENIO? Este Convenio suma los períodos cotizados a la Seguridad Social de España y de Estados Unidos, pero no se suman las cotizaciones concurrentes.

Así pues, la Administración de la Seguridad Social norteamericana tendrá en cuenta todos sus períodos en que el interesado ha cotizado y sólo computará aquellos períodos cotizados a la Seguridad Social española que no se superpongan con los suyos.

De la misma manera, la Seguridad Social española tomará todos sus períodos cotizados, con independencia de que sean obligatorios o voluntarios, y sólo los períodos americanos que no se superpongan.

¿CUÁNDO DEBE SOLICITARSE LA APLICACIÓN DE ESTE CONVENIO? Las pensiones por jubilación se deben solicitar al terminar la vida laboral en Estados Unidos si se reside en Estados Unidos, o en España si se residiera en España en ese momento. Las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia por enfermedad común o accidente no laboral se deben solicitar cuando se tengan esas circunstancias.

¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO? Para la jubilación, incapacidad permanente (invalidez) y supervivencia (viudedad y orfandad): Cada país examinará por separado la solicitud de pensión atendiendo los requisitos exigidos por las legislaciones de ambos países para tener derecho a la pensión contributiva en la forma siguiente:

  • Si el interesado alcanza derecho a la pensión sin necesidad de sumar los períodos de seguro del otro país, le concederá la pensión que le corresponda teniendo en cuenta, únicamente, sus propios periodos de seguro.
  • Si el interesado no alcanza derecho a la pensión según el apartado anterior, se sumarán los periodos de seguro acreditados en el otro país. El importe de la pensión no será íntegro, sino según la proporción existente entre los periodos de seguro cumplidos en el país que la otorgue y la suma de los periodos de España y Estados Unidos.

¿CÓMO SE PERCIBEN LAS PRESTACIONES? Las pensiones por jubilación, invalidez y supervivencia se podrán percibir con independencia de que el interesado resida o se encuentre en España o en Estados Unidos.

Cada país abonará sus propias prestaciones directamente al beneficiario. Las personas que reúnan los requisitos exigidos por las legislaciones de ambos países para tener derecho a pensión contributiva podrán percibir ésta de cada uno de ellos.

¿DÓNDE SE PRESENTA LA SOLICITUD DE ESTAS PRESTACIONES ESPAÑOLAS Y NORTEAMERICANAS? La solicitud se dirigirá a la institución competente del país donde resida el interesado:

  • EN ESPAÑA: los centros de atención e información del Instituto Nacional de la Seguridad Social o Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina cuando se trate de trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, mediante el impreso de solicitud de jubilación. (y el formulario específico facilitado por el CAISS).
  • EN ESTADOS UNIDOS: la Administración de la Seguridad Social (Social Security Administration, OIO/ Totalization, P.O. Box 17769, Baltimore, Maryland 21235-7741) presentando el impreso E/USA de solicitud de prestaciones a través de Convenio. Dicho impreso lo puede proporcionar la Seguridad Social norteamericana, o pinche en el enlace anterior para bajarlo a su ordenador, o llámenos y le enviaremos una copia.

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RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS.

Los principales acuerdos, convenios o tratados que tienen en común España y Estados Unidos son los siguientes:

  • Acuerdo de Defensa entre España y Estados Unidos (1953): Este acuerdo establece la cooperación en materia de defensa entre ambos países, incluyendo la presencia de bases militares estadounidenses en territorio español.
  • Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal entre España y Estados Unidos (1990): Este convenio establece los procedimientos de cooperación judicial en casos penales entre ambos países.
  • Acuerdo de Cooperación en Materia de Lucha contra el Narcotráfico (1991): Este acuerdo tiene como objetivo la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado entre España y Estados Unidos.
  • Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta entre España y Estados Unidos (1990): Este convenio tiene como objetivo evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta entre ambos países.
  • Tratado de Extradición entre España y Estados Unidos (1970): Este tratado establece los procedimientos de extradición entre ambos países en casos de delitos graves.
  • Acuerdo de Cooperación en la Lucha contra el Terrorismo (2005): Este acuerdo tiene como objetivo la cooperación en la lucha contra el terrorismo y el intercambio de información entre España y Estados Unidos.
  • Acuerdo Marco de Cooperación en Ciencia y Tecnología (2003): Este acuerdo tiene como objetivo fomentar la cooperación en ciencia y tecnología entre España y Estados Unidos, incluyendo la colaboración en investigación y desarrollo.
  • Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre España y Estados Unidos (2007).
  • Acuerdo sobre Cooperación en la Investigación y Utilización del Espacio Exterior con Fines Pacíficos entre España y Estados Unidos (2007).
  • Acuerdo Marco de Cooperación en Ciencia y Tecnología entre España y Estados Unidos (2003).
  • Acuerdo sobre Cooperación en Investigación, Desarrollo y Adquisición de Tecnología de Defensa (2002).
  • Acuerdo sobre Cooperación en la Lucha contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (2006).
  • Acuerdo sobre Cooperación en la Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional (2011).
  • Acuerdo sobre Cooperación en Materia de Seguridad Nuclear (2011).
  • Acuerdo sobre Cooperación en el Desarrollo de Energías Renovables y Eficiencia Energética (2010).
  • Acuerdo sobre Cooperación en la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Migrantes (2008).

 

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ABOGADOS EXPERTOS CATASTRO. LETRADOX

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¿Necesita asesoramiento o realizar algún trámite con el catastro? En LETRADOX podemos ayudarle como venimos haciendo con cientos de clientes en estos casos desde hace años.

A continuación le indicamos algunas de las cuestiones que realizamos y una breve descripción de cada una de ellas:

 

  1. CAMBIO DE TITULARIDAD CATASTRAL

El cambio de titularidad catastral es el procedimiento que permite actualizar los datos de propiedad de un bien inmueble en el Catastro, reflejando quién es el actual titular. Este trámite es fundamental para que el Catastro y el Registro de la Propiedad estén actualizados, lo que facilita la correcta gestión fiscal y asegura que las obligaciones (como el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles) recaigan sobre el propietario actual.

 

  1. SOLICITUDES

Las solicitudes relacionadas con el Catastro permiten gestionar y actualizar distintos aspectos de los bienes inmuebles inscritos, facilitando que su descripción y datos correspondan a la situación real y jurídica. A continuación, se desglosan los principales tipos de solicitudes, con la normativa y el procedimiento correspondiente para cada caso.

 

2.1 MODIFICACIÓN DE COEFICIENTES DE PROPIEDAD

La modificación de coeficientes de propiedad en el contexto de la Propiedad Horizontal se refiere al cambio en las cuotas de participación asignadas a cada propietario en un edificio dividido en varios inmuebles independientes. Estas cuotas determinan el porcentaje de gastos comunes que cada propietario debe asumir y los derechos de voto en las juntas de propietarios y los coeficientes se calculan en función de la superficie, el uso o el valor de cada unidad.

Regulación legal específica:

  • LPH Art. 17: Regula las relaciones entre propietarios en edificios divididos en unidades independientes, estableciendo que cualquier cambio en los coeficientes de propiedad requiere el acuerdo unánime de todos los propietarios.

2.2 MODIFICACIONES POR CAMBIOS DE USOS

La modificación por cambio de uso se realiza cuando el propietario cambia el destino del inmueble (por ejemplo, de uso residencial a comercial o viceversa). Este cambio debe reflejarse en el Catastro para que la valoración y el uso registrados correspondan a la realidad actual del inmueble, asegurando su correcta fiscalidad y concordancia con su destino real.

Regulación legal específica:

  • LH Art. 201: Permite la rectificación de la descripción registral en el Registro de la Propiedad en ciertos casos de modificación de destino o clasificación del inmueble, siempre que el cambio esté debidamente justificado. Este artículo es aplicable en casos donde el cambio de uso implique una alteración significativa en el destino o características físicas de la finca.

 

2.3 BAJA DE INMUEBLES (POR VENTA O POR SER DE SU PROPIEDAD)

La baja de un inmueble en el Catastro se produce cuando una propiedad deja de ser titularidad de una persona, ya sea por transmisión de la misma (venta) o por su salida del ámbito catastral (por ejemplo, demolición).

 

2.4 CERTIFICADOS DE BIENES A NOMBRES DE PERSONAS FÍSICAS O SOCIEDADES (A NIVEL NACIONAL)

Este trámite permite solicitar al Catastro un certificado que acredite los bienes inmuebles inscritos a nombre de una persona física o jurídica en el ámbito nacional. Estos certificados son útiles para múltiples fines, como procedimientos judiciales, transacciones inmobiliarias, herencias, o para la gestión de patrimonios. El certificado refleja los datos catastrales de los inmuebles y puede ser solicitado tanto por el titular como por terceros que demuestren un interés legítimo.

 

Regulación legal específica:

  • RCI art 83: Establece las especificaciones y procedimientos para la emisión de certificaciones catastrales, detallando los requisitos de identificación y los datos que deben incluirse en el certificado solicitado.

2.5 CARTOGRAFÍA CATASTRAL

La cartografía catastral es el conjunto de mapas y planos que reflejan la delimitación, forma y localización de los bienes inmuebles inscritos en el Catastro. Este servicio permite obtener información visual sobre la disposición y los límites de una parcela en relación con sus colindantes, y es de gran utilidad en casos de replanteo de límites, deslindes, gestión de obras y otros procedimientos. La cartografía catastral está disponible para consulta y puede ser solicitada en formato digital o impreso.

 

Regulación legal específica:

  • RCI Art 80: Regula el acceso y uso de la cartografía catastral, estableciendo que los datos gráficos pueden ser consultados y obtenidos por cualquier interesado en la Gerencia del Catastro o a través de servicios en línea, como la Sede Electrónica del Catastro.

 

2.6 FOTOGRAFÍAS AÉREAS CON CERTIFICACIÓN DE FECHA DE VUELO

Este trámite permite a los interesados solicitar fotografías aéreas certificadas que incluyen la fecha exacta de vuelo, las cuales son útiles para verificar el estado o características de una propiedad en un momento específico. Estas imágenes son frecuentemente utilizadas en procedimientos judiciales, gestiones administrativas, conflictos de límites de propiedad y en la documentación de proyectos de urbanismo o medio ambiente.

Regulación legal específica:

  • RCI art 80 Regula el acceso a las imágenes aéreas y establece los procedimientos para obtener copias certificadas con la fecha de vuelo. Este artículo asegura que las imágenes obtenidas tienen una validez oficial en cuanto a su origen y fecha.

 

  1. SUBSANACIÓN DE DISCREPANCIAS

El procedimiento de subsanación de discrepancias permite corregir errores en la información catastral sin necesidad de recurrir a la vía de revisión de los artículos 218 y 219 de la Ley General Tributaria (LGT). Su finalidad es ajustar las descripciones de los inmuebles (como superficie, número de plantas o características constructivas) a la realidad física del bien, ofreciendo una alternativa para corregir errores en el Catastro.

El Catastro Inmobiliario es un registro administrativo de bienes inmuebles al servicio de Administraciones públicas, fedatarios y ciudadanos. Aunque no otorga fe pública sobre la titularidad ni derechos reales, lo cual es competencia exclusiva del Registro de la Propiedad, el Catastro tiene valor probatorio de los datos contenidos en sus registros, los cuales se presumen ciertos (TRLCI Art. 3.3), salvo prueba en contrario.

Tipos de Subsanación de Discrepancias

  1. Por Diferencias en Forma y Superficie: Este tipo de subsanación se aplica cuando existen discrepancias en la descripción física de la superficie o forma de una parcela. Los propietarios deben aportar documentación técnica y gráfica que justifique el cambio, permitiendo así que el Catastro refleje con precisión las características físicas de la propiedad.

 

  1. Por Diferencias por Falta de Plantas: Se utiliza cuando el número de plantas de un inmueble está incorrectamente registrado. Esto puede afectar a la valoración catastral y a la tributación. En estos casos, los titulares deben informar el número correcto de plantas, aportando la documentación pertinente para que el Catastro actualice los datos de acuerdo a la estructura real del edificio.

 

  1. DESLINDES

El deslinde catastral es el procedimiento que permite definir y actualizar los límites exactos entre parcelas colindantes, asegurando una correcta representación en el Catastro y evitando conflictos sobre la ubicación y extensión de las propiedades. Este procedimiento se divide en dos subprocesos clave: el replanteo de parcelas entre colindantes y la presentación de rectificaciones catastrales.

Subprocesos clave:

  1. Replanteos de parcelas entre colindantes: El replanteo de parcelas es el acto de verificar y acordar los límites entre propiedades vecinas. En este proceso, los colindantes, con o sin asistencia de un técnico, establecen de común acuerdo las líneas divisorias entre sus parcelas. Esto es particularmente relevante en caso de incertidumbre o conflicto sobre los límites físicos entre propiedades, que pueden afectar al Catastro y al Registro de la Propiedad.

 

  1. Presentación de Rectificaciones: La rectificación catastral permite corregir errores en los datos catastrales que afectan a los límites, la superficie o la forma de las parcelas. Estas rectificaciones pueden solicitarse cuando existen errores en la delimitación o en la cartografía que no coinciden con la realidad física. Este proceso garantiza que la información catastral sea precisa, lo cual es esencial para la correcta aplicación de impuestos y la prevención de conflictos.

 

  1. SEGREGACIONES Y/O AGRUPACIONES

La segregación es el proceso de dividir una parcela o inmueble en varias partes independientes, mientras que la agrupación consiste en unir dos o más parcelas o unidades en una sola. Este trámite es útil para adaptar la estructura de las propiedades a las necesidades del propietario, como la creación de nuevas unidades inmobiliarias o la fusión de parcelas para simplificar su gestión y administración.

Regulación Legal Específica:

  • Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria: Introducir la necesidad de coordinación entre el Catastro y el Registro de la Propiedad en las operaciones de segregación y agrupación, asegurando que los datos registrales y catastrales coincidan y proporcionando seguridad jurídica en cuanto a la delimitación y superficie de las fincas.

 

  • Ley del Suelo Estatal 8/2007 y PGOU (Plan General de Ordenación Urbana): En el caso de inmuebles urbanos, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y las leyes del suelo de cada comunidad autónoma determinan los requisitos para realizar segregaciones y agrupaciones. de parcelas urbanas. La Ley del Suelo de ámbito estatal regula el desarrollo urbanístico y establece los criterios mínimos para la parcelación urbana, como el tamaño mínimo de parcela y el acceso a servicios básicos.

 

  1. RECURSOS Y ALEGACIONES: NOTIFICACIONES CATASTRALES

Las notificaciones catastrales son actos administrativos mediante los cuales el Catastro informa a los titulares sobre cualquier cambio, actualización o valoración en los datos de sus inmuebles. Estas notificaciones son esenciales para mantener informados a los propietarios sobre decisiones que pueden afectar el valor catastral, la clasificación del suelo o la titularidad. En caso de desacuerdo, los titulares tienen derecho a presentar recursos o alegaciones.

 

  1. ALTAS DE INMUEBLES

 

El alta catastral de inmuebles es el proceso mediante el cual se incorporan nuevos bienes inmuebles al Catastro o se actualizan aquellos que han experimentado cambios físicos o estructurales relevantes. Este procedimiento permite que el Catastro mantenga una base de datos precisa sobre los inmuebles, asegurando una correcta valoración y clasificación de cada propiedad.

 

  1. CERTIFICACIONES DESCRIPTIVAS Y GRÁFICAS DE BIENES INMUEBLES

 

La certificación descriptiva y gráfica de un bien inmueble es un documento expedido por el Catastro que describe las características físicas, económicas y legales de una propiedad, incluyendo su representación gráfica y localización. Este certificado es útil para trámites de compraventa, herencias, hipotecas o cualquier acto jurídico que requiera información detallada del inmueble. Puede aplicarse tanto a bienes rústicos como urbanos y es fundamental para garantizar la transparencia en las transacciones y procedimientos legales que involucran el inmueble.

 

9. EMBARGOS, TRAMITACIÓN Y APLAZAMIENTOS

Este trámite permite al contribuyente gestionar situaciones de embargo o solicitar aplazamientos en el pago de deudas relacionadas con el IBI y otras contribuciones gestionadas por la Diputación Provincial. El aplazamiento puede facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales en situaciones de dificultad económica, mientras que la gestión del embargo busca resolver o negociar las deudas antes de la ejecución.

 

RECLAMACIÓN (POR DUPLICIDAD DE PAGOS U OTROS)

 

Este trámite permite reclamar a la Diputación Provincial en caso de errores en el cobro del IBI, como duplicidades de pago, errores en las importaciones o cualquier otra incidencia en el recibo. Las reclamaciones buscan corregir posibles errores administrativos y evitar cargos indebidos al contribuyente

 

 

Estamos a su disposición para ayudarle con todas las cuestiones extrajudiciales o judiciales en relación con el catastro o el Registro de la Propiedad.

 

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